“En las sillas de las cortes están los protegidos de Ricaurte y Bustos”: Cecilia Orozco

(TOMADO DE EL ESPECTADOR) 

El Espectador habló con ella sobre sus impresiones del anuncio de la Fiscalía del pasado 15 de agosto, en el que salieron salpicados los dos exmagistrados en unos audios entre el exfiscal Moreno y su abogado, Leonardo Pinilla. Su testimonio cobra relevancia, pues por fin una autoridad confirma lo que ella había estado denunciando en sus espacios periodísticos: el alcance de la política en la justicia.

Usted lleva años denunciando el declive de la Rama Judicial y el papel de los magistrados en la política. ¿Qué interpreta de que la Fiscalía haya dicho que hay tres exmagistrados vinculados en un escándalo de corrupción?

Que también hace años que la ciudadanía ha debido conocer capítulos como este —que no es único ni nuevo—, porque tiene el derecho de saber lo que viene ocurriendo en las cortes de manera subrepticia y sin que casi nadie intente evitarlo o denunciarlo. Es una gran ofensa para la sociedad que en el Palacio de Justicia, donde se aloja la cúpula de los jueces, brillen los pisos mientras lo sucio se cocina en algunos de sus despachos.

En sus columnas de opinión usted ha sido crítica del trabajo de varios funcionarios, entre ellos el exmagistrado Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte (ambos fueron mencionados por la Fiscalía). ¿Cree que ha servido de algo?

Ha sido un trabajo periodístico difícil, ingrato e incomprendido y, la verdad, ha servido poco, casi nada. Una demanda de nulidad de la elección de Ricaurte en la Judicatura, que un grupo de juristas y columnistas presentamos ante el Consejo de Estado por violar la Constitución, surtió efecto: se anuló esa elección y Ricaurte tuvo que irse, aunque esa decisión no tocó su capacidad perniciosa de incidir en el nombramiento de nuevos magistrados. El poder inconmensurable de Bustos en la Suprema se ha mantenido durante años, pese a que critiqué en varias ocasiones su comportamiento, muy distante al de un juez digno. Él fue quien citó a rueda de prensa para anunciar que la Corte me iba a denunciar penalmente por mis opiniones. No sucedió, pero, claramente, con su amenaza pretendía intimidarme.

A una persona que hasta ahora aterrice en Colombia, cuéntele alguno de esos casos que usted ha denunciado en sus columnas sobre este tema.

No sólo en mis columnas, sino también en Noticias Uno: con una grabación demostramos que un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, también de enorme influencia en su ámbito de trabajo, visitaba a un militar procesado por falsos positivos, entre otros delitos, en su sitio de reclusión. Le ofreció arreglar su situación jurídica en materia disciplinaria porque contaba con el concurso de otros magistrados, compañeros de sala. Fue uno de los primeros casos con pruebas palpables de la corrupción en las denominadas altas cortes. Villarraga renunció después de que su situación se hizo insostenible, pero casi no se va. Hoy creo que anda por ahí, tranquilo y sin sanciones judiciales. Con Ricaurte, yo tuve un foco periodístico especial porque siempre pensé y creo que no me equivoqué, pues representaba el lado oscuro de un sector de magistrados que llegó a beneficiarse del cargo y a beneficiar a sus amigos. Y nunca tuvo en mente el interés público.

Personas cercanas al alto tribunal han dicho que magistrados como Bustos y Ricaurte alcanzaron a tener un poder en la Corte tan fuerte, que controlaban las elecciones para cargos como el de fiscal y procurador. ¿Qué sabe de eso?

Es completamente cierto y no sólo ellos. En la triste historia del clientelismo corruptor de las togas, que se ha usado por un largo tiempo como método para llenar las vacantes que van quedando, faltan nombres. Pero no es exagerado decir, y créame que lo afirmo con conocimiento de causa, que hoy, en un alto porcentaje, en las sillas de las cortes están los protegidos de Ricaurte, Bustos y por uno que otro más. Y que éstos también tuvieron incidencia en las votaciones de fiscal general, así como, al menos parcialmente, en las de procurador.

¿Cuáles cree que son las consecuencias más graves del anuncio de la Fiscalía?

Momentáneamente se afecta la imagen de las cortes, antes tan respetadas. Se afecta, de otro lado, la credibilidad social en los fallos y el acatamiento a éstos. Y es probable que la situación personal y profesional de Bustos y Ricaurte sea grave por unos meses. Después, quién sabe. Tal vez todo se eche al olvido. Mire el caso Pretelt: un magistrado que tiene un proceso abierto en la misma corte en que estuvieron Bustos y Ricaurte, y no se ha hecho gran cosa por adelantarlo. Al contrario.No me sorprendería que después de unos días de escándalo, todo pase y no se cuestione más el entorno permisivo de las cortes, la influencia definitiva de Bustos en la elección del actual fiscal, ni los nombramientos en la Fiscalía, que se deben a las recomendaciones del mismo Bustos. Hay mucha tela todavía por cortar. Pero dudo que el poder que emana del sistema político y judicial permita llegar al fondo.

Otro de los temas de los que más ha escrito es el caso de Jorge Pretelt, y ese acabó en una acusación ante la Corte Suprema. ¿Qué opina de ese proceso? ¿Va a pasar algo?

No estoy segura. Más bien soy pesimista. Resultaron más eficientes y eficaces la Comisión de Acusación de la Cámara, y las plenarias de Cámara y Senado que la Corte Suprema. En la Sala Penal escasamente se han hecho algunas diligencias ¿Para cuándo citó el magistrado ponente la próxima audiencia? Para octubre, un año después de que el caso salió del Congreso y diez meses después de llegar a la corte. Pasa el tiempo y el proceso no avanza para felicidad del involucrado.

Con respecto al caso de Bustos, Ricaurte y Camilo Tarquino, ¿cree que va a pasar algo?

Bueno, la eficacia de la Comisión de Acusación en el caso Pretelt se debe, más que a la estructura de esa célula, a la firmeza y valentía del representante investigador que sufrió toda clase de presiones y matoneo de los sectores cercanos a Pretelt. Hay que reconocer también que la composición de la Comisión en aquel momento y de la plenaria de Cámara fueron definitivas para concretar votaciones mayoritarias a pesar del esfuerzo del uribismo y de los conservadores por poner sus amistades políticas por encima de los principios éticos. Está por verse si la Comisión de hoy está en la misma disposición de investigar a estos otros tres involucrados en presuntos actos delictivos de negociación de fallos a cambio de dinero, o de traspaso de bienes.

¿Sabe de otra gente involucrada al proceso del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno?

Probablemente en el mismo caso del exgobernador Lyons no haya muchos más, aunque sorpresas nos hemos llevado. En cambio, no me asombraría que hubiera otros magistrados, fiscales y abogados que practicaran el delito de comprar o vender fallos. Con esos casos se podría escribir un libro en un país menos violento. Falta mucho por descubrir y muchas pruebas por encontrar.

¿Por qué cree que en la Corte Suprema se están generando estos escándalos de corrupción tan delicados?

Porque, en la práctica, las cortes y sus miembros no tienen controles de ningún orden: judicial, social o político. Por eso no permiten las reformas a la justicia. Pero déjeme decir también algo importante: no se puede partir de la base de que todos los magistrados son corruptos. Hay unos que han hecho una tarea valerosa, silenciosa y decente en su paso por esas corporaciones. La Corte Suprema de la parapolítica se enfrentó con dignidad al poderío inmenso del jefe de Estado de la época (Álvaro Uribe). Individualmente, unos togados soportaron, a un costo muy alto, la persecución y los montajes de las agencias de seguridad del Ejecutivo. Varias sentencias de la Corte Constitucional son admiradas en el mundo y un grupo de togados allí, mantuvieron una rectitud sin tacha, sin que les importaran los ataques que les organizaban sus enemigos. Y habría que rendirles homenaje a quienes siguen aguantando callados humillaciones e intimidaciones para someterlos sin lograrlo.

¿Podría mencionar algunos nombres de magistrados que no han resultado manchados por escándalos?

Algunos son exmagistrados y otros todavía están en la Corte. César Julio Valencia, por ejemplo, o María del Rosario González, María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas, Jorge Iván Palacio, Stella Conto y Gustavo Gómez. Y no hay que olvidar a Iván Velásquez, que prácticamente lo botó Bustos. Creo que su salida es el punto de picada de la Corte.

Históricamente para usted, ¿cuál es el momento en el que la justicia terminó siendo un arma política?

Creo que debe tenerse cuidado con ese concepto: es un expediente que han usado los corruptos con votos para disculpar, con el argumento de que son “perseguidos políticos de la justicia”, a sus aliados que han resultado delincuentes. La justicia se ha deteriorado por la mezcla de intereses personales, clientelistas y políticos de grupos de poder, y por la ausencia de controles democráticos que recorten sus influencias. Pero eso es distinto. Sin embargo, hay que admitir que tanto el expresidente Uribe como el exprocurador Ordóñez tienen una cuota grande de responsabilidad en la deplorable postración moral de las cortes de hoy.

¿Qué necesita la justicia para recuperar su credibilidad?

Muchos cambios: presencia activa y exigente de la ciudadanía que vigile y denuncie, sanciones efectivas y prontas para los jueces culpables, reformas serias en cuanto a la selección y elección de los miembros de cortes y tribunales, ascensos en la rama por concursos que no sean controlados por unos pocos, exigencia académica, eliminar la función de elegir fiscal general, etc.

¿Cree que es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente?

Me parece una propuesta oportunista que no busca limpiar las cortes, sino aprovechar el escándalo para eliminar conquistas democráticas que estorban a unos.