No eran 6.402. Nunca fueron solo 6.402. Y el sistema que fabricó esas muertes sigue buscando volver al poder con el mismo manual.
Hay un número que Colombia llevaba años repitiendo como si fuera definitivo: 6.402. Seis mil cuatrocientos dos civiles asesinados por miembros del Ejército Nacional, vestidos con uniformes de guerrilleros muertos en combate para inflar estadísticas, cobrar recompensas y ganar ascensos. Un negocio de sangre tan sistemático que tenía incentivos, protocolos y cadena de mando. El 28 de abril de 2026, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que esa cifra estaba equivocada. Pero no porque fuera demasiado alta. Sino porque era demasiado baja.
La nueva cifra oficial es 7.837 víctimas, un aumento de aproximadamente 22% frente al registro anterior. Y lo peor: el magistrado presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, dejó en claro que ese número es provisional. Todavía faltan fuentes por cruzar. Todavía hay exmilitares confesando asesinatos que nunca fueron investigados. La cifra seguirá creciendo.
Bienvenidos al Ciclo Secreto. No al de una novela ni al de una teoría conspirativa. Al del Estado colombiano fabricando muertos para mostrar resultados, y al de los que hoy quieren volver al poder negando que eso ocurrió.
EL MECANISMO EXPUESTO — Cómo se fabrica un guerrillero
El negocio era elegante en su brutalidad. Los «falsos positivos» consistieron en el asesinato de civiles —en su mayoría jóvenes y campesinos— que posteriormente eran presentados como guerrilleros muertos en combate, en un contexto en el que algunos integrantes de la Fuerza Pública buscaban beneficios como ascensos, permisos o reconocimientos.
No era improvisación. Era ingeniería criminal con lógica institucional. La JEP identificó cuatro modalidades principales: asesinatos de civiles señalados sin pruebas, engaños con falsas ofertas laborales, homicidios de combatientes fuera de combate y ejecuciones oportunistas para inflar resultados operacionales.
¿Cómo funciona el Ciclo Secreto en este caso? Así: el sistema crea un incentivo perverso —más «bajas» equivalen a más beneficios—, la institución lo normaliza como cultura interna, los mandos medios lo gestionan operativamente, los altos mandos lo toleran o lo impulsan, y el sistema político lo celebra como éxito de seguridad. Después, cuando el escándalo explota, viene la fase de negación: son casos aislados, son inventos de la izquierda, son ataques al Ejército.
El ciclo cierra cuando los negacionistas ganan elecciones y el mecanismo queda intacto para la próxima vez.
La nueva cifra resulta del cruce de al menos cinco fuentes de información: los informes de organizaciones de víctimas recibidos desde 2018, los datos propios del macrocaso 03, las bases de datos de la Fiscalía, de la Procuraduría General y del Centro Nacional de Memoria Histórica, además de cerca de 1.000 informes adicionales de víctimas. Eso no es politización. Eso es metodología. El tipo de metodología que los negacionistas llaman «inadecuada» cuando no les convienen los resultados.
LOS ACTORES Y SUS ROLES — Sin eufemismos
Pongamos los datos sobre la mesa sin la anestesia del lenguaje oficial.
Las ejecuciones extrajudiciales fueron 470 entre 1990 y 1994; 334 entre 1995 y 1998; 708 entre 1999 y 2002; 6.503 entre 2003 y 2010; y 272 entre 2011 y 2016. Eso significa que la práctica existía antes del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y continuó después. Pero también significa —con la contundencia que solo dan los números— que durante las dos administraciones de Uribe se concentró el 83% de todas las ejecuciones extrajudiciales registradas en un período de 26 años.
En el marco del Caso 03, la Sala de Reconocimiento ha avanzado en la imputación de 21 generales, de los cuales siete ya aceptaron su responsabilidad. El tribunal ahora enfoca sus esfuerzos en documentar la cadena de mando nacional entre 2005 y 2008, el período en que habrían operado las directrices que incentivaron estos crímenes.
El magistrado Ramelli señaló que no se descarta que los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos puedan rendir una declaración voluntaria ante la JEP.
Y mientras eso ocurre en sede judicial, ¿qué ocurre en sede política? La senadora Paloma Valencia propone a Uribe Vélez como ministro de Defensa si gana las elecciones presidenciales de 2026. Porque claro, ¿qué mejor forma de cerrar el ciclo que devolver el poder a quien lo inauguró?
El papel de Miguel Polo Polo merece un párrafo propio, aunque ya no ocupe curul. En noviembre de 2024, este personaje arrojó a la basura unas botas que las madres de las víctimas habían colocado en la Plaza de Bolívar como memorial. Esto le valió una condena judicial y críticas por su actitud insensible hacia las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Qué casualidad que quien vociferaba contra la «metodología inadecuada» de la JEP terminara condenado por insultar a las madres de los asesinados. Polo Polo no fue reelegido en las elecciones de 2026. Las urnas a veces también hacen justicia.
EL IMPACTO REAL — Nombres, no estadísticas
7.837 no es un número abstracto. Es el resultado de sumar a Jhon Jairo, reclutado con promesas de trabajo en una finca, asesinado a 400 kilómetros de su casa, presentado como guerrillero. Es Elkin, joven con discapacidad cognitiva de Soacha, que nunca entendió por qué lo subieron a un bus. Es el hijo de las Madres de Soacha, mujeres que salieron a buscar a sus chicos y encontraron una fosa.
Las víctimas eran en su mayoría jóvenes pobres o personas con discapacidad captadas con falsas promesas de empleo y trasladadas a otras regiones del país, donde eran ejecutadas y presentadas como guerrilleros dados de baja en combate.
Solo en Antioquia se registraron 1.932 víctimas. La JEP determinó la existencia de una coordinación criminal entre unidades del Ejército Nacional, específicamente de la Decimoséptima Brigada y el Batallón Vélez, con grupos paramilitares en la región de Urabá durante los años 2004 y 2005. En el subcaso de Antioquia, 228 víctimas fueron desaparecidas forzadamente y 41 torturadas. Actualmente, 99 personas continúan desaparecidas.
Noventa y nueve personas. Noventa y nueve familias que no tienen tumba donde llorar. Noventa y nueve casos que el Ciclo Secreto quisiera que siguieran en el olvido.
El costo de oportunidad es inimaginable: cada peso gastado en sostener este sistema criminal fue un peso que no fue a hospitales, a escuelas rurales, a infraestructura en los municipios donde vivían estos jóvenes. El Estado invirtió recursos en matar a sus propios ciudadanos y en pagar los incentivos para hacerlo. Eso también es corrupción. La más brutal de todas.
EL SISTEMA QUE LO PERMITE — Por qué el ciclo no se rompe solo
La pregunta que debería hacerse Colombia no es cuántos fueron. La pregunta es por qué el sistema que los produjo sigue funcionando.
El Ciclo Secreto de los falsos positivos tiene una característica que lo hace especialmente resistente: no requiere conspiraciones ocultas. Opera a plena luz. Funciona cuando los incentivos institucionales priman sobre la ética, cuando la cultura del resultado numérico destruye la cultura del derecho, cuando los comandantes miran hacia otro lado porque las cifras de bajas los hacen quedar bien ante sus superiores políticos.
La evolución de las cifras muestra cómo ha cambiado la comprensión del fenómeno: inicialmente, la Fiscalía hablaba de 2.248 casos; en 2021, la JEP elevó el número a 6.402 víctimas; en 2026, el nuevo cruce de información lo lleva a 7.837. Cada vez que se amplían los datos, la cifra crece. Eso no es falla metodológica: es la demostración de que el sistema estuvo diseñado para que estos crímenes no quedaran registrados.
El negacionismo no es solo un fenómeno psicológico. Es una estrategia política. Mientras se debate si la cifra es confiable, nadie habla de los responsables. Mientras se cuestiona a la JEP, nadie responde por la cadena de mando. Mientras Polo Polo vocifera en redes, las madres de Soacha siguen esperando que alguien juzgue a los generales.
El magistrado Óscar Parra informó que se han iniciado llamados a comandantes del Ejército que ejercieron funciones durante el período en estudio, con el propósito de avanzar en el esclarecimiento de hechos y estructuras relacionadas con estos casos. Estas diligencias incluyen la convocatoria a oficiales que ocuparon cargos en niveles operativos, de inteligencia y de inspección dentro de la institución. IFM Noticias
Y la JEP espera cerrar los macrocasos entre 2026 y 2027. La resolución final del Macrocaso 03 dirá, con nombre, rango y firma, quién ordenó qué, cuándo y por qué. Eso aterra más a algunos sectores políticos que cualquier debate electoral.
Colombia tiene una oportunidad histórica y una tentación peligrosa que ocurren al mismo tiempo. La oportunidad es la verdad documentada: 7.837 víctimas con nombres, fechas, modalidades y responsables identificados. La tentación es el olvido electoral: votar en 2026 como si esos números no existieran, como si proponer a Uribe Vélez como ministro de Defensa fuera una propuesta de política pública normal.
No lo es.
El Ciclo Secreto no se rompe solo. Se rompe cuando los ciudadanos deciden que saber la verdad importa más que la nostalgia de una seguridad que se construyó sobre cadáveres. Se rompe cuando las madres de Soacha pesan más en el debate público que los generales que nunca responderán voluntariamente.
La pregunta no es si hubo crímenes de Estado. La JEP ya la respondió. La pregunta es si Colombia va a seguir eligiendo a quienes los negaron.
