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Hallazgos fiscales por el orden de los $8.157 millones de pesos, fueron los que determinó la Contraloría General de la República, al término de una Actuación Especial que adelantó en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en la cual se evaluó la gestión que adelanta dicha entidad como administradora de los bienes que se encuentran extintos o en proceso de extinción de dominio.

En total fueron 16 hallazgos fiscales en los que la Contraloría califica de “balance poco alentador la gestión de la SAE”.

Como resultado de esta Actuación, la Contraloría concluyó que “la gestión de la SAE es inefectiva respecto de la administración de los bienes inmuebles con medidas cautelares”.

En total, el organismo de control determinó 27 hallazgos administrativos, 16 de los cuales tienen incidencia fiscal por valor total de 8.157.953.409 pesos, y están originados precisamente en la falta de gestión de la SAE en la recuperación de los recursos obtenidos por concepto de la productividad de los bienes del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) que administra.

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Según la Contraloría, hasta el 2018 la SAE administraba 47.275 bienes avaluados en $8,4 billones de pesos.

La Contraloría relacionó los bienes de los cuales se ha perdido titularidad, por falta de diligencia y cuidado de la SAE en su administración. Es el caso de los inmuebles con Ficha Comercial Inmueble FMI  080-38313, 080-28092 y 080-48254 de la zona de El Rodadero, en Santa Marta; 370-328529 ubicado en Cali; y 50 N-20079500 de Bogotá.

También estableció que los sistemas de información dispuestos por SAE, para el procesamiento y control de la información de bienes inmuebles y sus bases de datos no cumplen a cabalidad con los criterios de seguridad (confidencialidad, integridad y disponibilidad), calidad (efectividad, eficiencia y confiabilidad) y cumplimiento (oportunidad y satisfacción de necesidades de clientes tanto internos como externos).

Sin embargo de lo más grave que encontró la CGR figura que pese a que la SAE ha removido a depositarios que han incumplido con sus obligaciones, los bienes correspondientes continúan bajo su administración, debido a la falta de retoma física por parte de esta entidad, situación que pone en riesgo los recursos de la productividad, toda vez que el ocupante continúa cancelando los cánones de arrendamiento al depositario removido.

De una muestra seleccionada de depositarios provisionales removidos por la SAE (6), se encontró que todos ellos adeudan recursos al FRISCO hasta mayo de 2019, por un valor de $5.502 millones de pesos.

Tal es el caso del exdiplomático Luis Guillermo Grillo, quien fue nombrado por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) como administrador provisional de 22 bienes que se les quitaron a delincuentes en Magdalena. En el 2017 la SAE lo removió del cargo tras comprobar que Grillo no pagaba al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) los recursos que obtenía por arrendar esos inmuebles. Y apenas en junio del 2019, es decir dos años después fue que inició acciones legales para cobrarle a Grillo $1.301 millones de pesos que debe, como mínimo.

También se evidenció que la firma Inversiones Granvivienda S. A. S., de Bogotá, removida en diciembre del 2017 la SAE le está cobrando 899 millones de pesos que no consignó al Frisco. Otro caso es el de Camilo Andrés López Herrera, nombrado depositario de 14 bienes en el 2015. Fue removido en agosto del 2018 porque no le entregó al Estado  $2.041 millones de pesos. Lo peor es que pasaron 60 meses desde que López dejó de girar los recursos hasta su expulsión.

En este y otros casos, la Contraloría evidenció que aunque el depositario había sido removido, en la práctica seguía administrando los bienes y recibiendo el dinero de arrendamiento.

Según la Contraloría, la SAE comenzó su tarea en el 2015 y a la fecha “no tiene un inventario actualizado, depurado y confiable sobre el estado administrativo, jurídico, financiero y económico de los activos”.

Además el organismo fiscalizador, advierte que el problema no es solo de este organismo, sino de otros que participan en el proceso, como la Fiscalía y las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, por no comunicar a tiempo medidas cautelares sobre bienes, los procedimientos de englobe y desenglobe.

La Contraloría encontró que de 18.580 bienes en proceso de extinción, con un valor catastral de $3,22 billones, el 47 por ciento están ocupados ilegalmente. Y en 2.944 bienes extintos, cuyo valor supera los $704.659 millones de pesos, estas ocupaciones llegan al 42 por ciento.

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