El papel anónimo que vale más que una bala
En Colombia, el periodismo de investigación no necesita premios ni reconocimientos para demostrar su valor: basta un pedazo de papel arrugado dejado en la puerta de la casa de un periodista para recordarle que está incomodando demasiado. Eso le ocurrió a Francisco “Tachi” Nieto, veedor ciudadano y periodista de Fundación (Magdalena), quien desde 2018 ha hecho lo que las instituciones se niegan: desnudar la podredumbre de los contratos públicos.
El 30 de julio de 2025 encontró una nota con la sutileza habitual del hampa política: “No te metas en nada. Quédate quieto. No te lo avisamos más”. Un día después, un hombre desde un número privado le advirtió: “Deja de mover esas denuncias”. La Fiscalía radicó la denuncia con el número 2025080300530. Bien por la radicación; lástima que los expedientes en Colombia sirvan más para acumular polvo que para impartir justicia.
Los contratos malditos: acueducto fantasma, vías infladas y hospitales de cartón
Lo que Nieto ha denunciado no son caprichos, son elefantes blancos y contratos que huelen a rapiña del erario:
- Acueducto de Doña María: Regalías por $1.600 millones enterradas en tierra seca. La Contraloría lo catalogó como un elefante blanco.
- Vías urbanas (2020–2023): Proyecto de $5.000 millones con presuntas falsedades contractuales y peculado.
- Hospital San Rafael:
- Contratos dudosos bajo la exgerente Diana Celedón, incluyendo uno con un falso intensivista.
- El escándalo del bebé fallecido entregado en una caja de cartón, símbolo de la negligencia y el desprecio por la vida.
- Nombramiento irregular del gerente Sergio Aragón Cotes.
- Fundación Bastidas–ICBF: Contrato por $4.000 millones para programas sociales que no llegan a los niños de Fundación ni de Aracataca.
Cada peso perdido es un derecho mutilado. Cada contrato inflado es una lápida para la confianza pública.
La política local: teatro de sombras
Lo que vive Tachi Nieto no es un caso aislado: es la lógica invisible de un sistema donde la política no sirve al pueblo sino al bolsillo propio. Denunciar en municipios como Fundación es convertirse en una amenaza al orden natural del clientelismo. Mientras el periodista teme por su vida, los mismos actores políticos y contratistas siguen intocados, blindados por la impunidad estructural que describía Alejandro Nieto: un Estado capturado por mafias disfrazadas de instituciones.
El costo humano de decir la verdad
Nieto lo resume con amargura: “Si hubiera sabido que denunciar traería consecuencias, jamás hubiera interpuesto alguna”. Su miedo es legítimo; su labor, necesaria. Mientras tanto, la Fiscalía invita con jingles patrióticos a denunciar la corrupción, pero no garantiza protección ni justicia.
Y no es un caso nuevo: el presidente Gustavo Petro exigió hace tres años una investigación urgente por el asesinato de los periodistas Leiner Montero y Dilia Contreras en Magdalena. Tres años después, lo único urgente es la impunidad.
Civismo y sociedad civil: la respuesta que no pueden silenciar
Frente a este panorama asfixiante, no queda otra que mirar hacia el civismo como revolución silenciosa. Cada ciudadano que respeta lo público, que denuncia, que no se calla ni aplaude al corrupto, está construyendo la muralla que las instituciones se niegan a levantar.
La sociedad civil, como enseñaba James Buchanan, es el verdadero soberano de la democracia. Si ella se organiza, el Estado se disciplina. Si calla, el Estado se convierte en verdugo.
Hoy, la defensa de Tachi Nieto no es un asunto individual: es una causa colectiva. Porque lo que está en juego no es solo la vida de un periodista, sino la posibilidad de que la verdad siga teniendo voz en un país que tantas veces ha preferido matar al mensajero antes que castigar al ladrón.
La pregunta no es quién amenaza a Tachi Nieto, sino quién protege a los corruptos que él denuncia. Mientras no la respondamos, cada ciudadano que alce la voz estará condenado a caminar con una lápida invisible.
