La máquina estatal de terror que castigó a quien investigaba el asesinato de Jaime Garzón sigue cobrando víctimas judiciales, pero los responsables siguen libres
La décima condena por el mismo crimen: cuando la justicia llega tarde, la impunidad ya ganó
Giancarlo Auque de Silvestri acaba de recibir doce años de prisión por torturar a la periodista Claudia Julieta Duque. Es la décima condena relacionada con este caso. Diez funcionarios estatales condenados por un solo crimen: torturar sistemáticamente a una mujer cuyo único delito fue investigar la verdad sobre el asesinato de Jaime Garzón.
Pero aquí está lo perverso del asunto: Auque de Silvestri está prófugo desde 2016. Recibe su condena como «reo ausente» mientras disfruta de una libertad que el Estado colombiano le niega a ciudadanos comunes por infracciones menores. Diez condenas, cero funcionarios en prisión cumpliendo condena por este caso específico.
¿No es maravilloso cómo funciona nuestro sistema de justicia? Para el ciudadano común, una orden de captura significa persecución inmediata. Para un exdirector de Inteligencia del DAS que orquestó el terror psicológico contra una periodista, significa unas vacaciones permanentes en el extranjero.
El G3: cuando el Estado se convierte en cartel criminal
La sentencia lo dice sin eufemismos: «El G3 contó con toda libertad para usar equipos y vehículos, personal e infraestructura del DAS» para torturar a Claudia Julieta Duque. No fue un funcionario corrupto actuando por su cuenta. Fue el aparato estatal completo puesto al servicio del terror.
El grupo G3, liderado por Auqué de Silvestri, no era una célula criminal infiltrada en el DAS. Era el DAS convertido en célula criminal. Detectives, investigadores, fuentes humanas, directores y subdirectores: toda la cadena de mando participando en una operación de castigo contra una mujer cuyo crimen fue hacer periodismo.
¿Qué mensaje envía esto? Que en Colombia el Estado no solo permite la corrupción: la organiza, la financia y la ejecuta con recursos públicos. Los impuestos de Claudia Julieta Duque financiaron la maquinaria que la torturó. Los impuestos de todos nosotros pagaron los salarios de quienes decidieron que investigar la muerte de Jaime Garzón merecía castigo psicológico.
La tortura como política de Estado: el método invisible
En octubre de 2004, el DAS diseñó un esquema específico para «castigar» a Duque mediante terror psicológico. No fue improvisación ni exceso de celo. Fue planificación sistemática, con recursos asignados, personal designado y objetivos claros: quebrar psicológicamente a una periodista.
Las amenazas contra su hija menor de edad no fueron «daños colaterales». Fueron parte integral del plan. Porque estos criminales con credencial estatal sabían que la manera más efectiva de torturar a una madre es aterrorizar a su hijo. Y lo hicieron durante años, con el respaldo institucional completo.
Claudia Julieta Duque tuvo que exiliarse tres veces. Tres veces el Estado colombiano logró su objetivo: expulsar del país a una ciudadana cuyo único delito fue ejercer el periodismo investigativo. Mientras tanto, los responsables siguieron cobrando sueldos públicos, ascendiendo en sus cargos y planeando nuevas operaciones de terror.
El asesinato de Jaime Garzón: la verdad que no debía conocerse
¿Por qué tanto terror por investigar la muerte de un humorista? Porque Jaime Garzón no era solo un comediante: era un periodista que incomodaba al poder. Su asesinato, ordenado por el paramilitar Carlos Castaño «bajo sugerencias de altos mandos del DAS», reveló la alianza criminal entre Estado y paramilitarismo.
Garzón murió porque el DAS consideró que tenía «afinidad con las FARC». En la Colombia de los años 90 y 2000, esa era la sentencia de muerte perfecta: acusar de guerrillero a cualquiera que cuestionara al poder para justificar su eliminación. Y cuando Claudia Julieta Duque comenzó a investigar esa alianza entre Estado y paramilitares, se convirtió en el siguiente objetivo.
El mensaje era claro: quien investigue la corrupción del Estado será castigado por el Estado. Quien busque la verdad sobre nuestros crímenes se convertirá en nuestra próxima víctima.
La impunidad como sistema: diez condenas, cero responsables
Han pasado más de veinte años desde que comenzó la tortura sistemática contra Claudia Julieta Duque. Diez funcionarios han sido condenados. ¿Cuántos están en prisión? La respuesta es tan predecible como deprimente: prácticamente ninguno.
Auque de Silvestri está prófugo. Otros han muerto. Algunos cumplen condenas por otros delitos. Pero el sistema que permitió convertir al DAS en una máquina de terror estatal sigue intacto, solo que ahora tiene otros nombres y otras siglas.
Porque el problema no era el DAS como institución. El problema es un Estado que considera legítimo torturar ciudadanos cuando estos investigan sus crímenes. El DAS desapareció, pero la mentalidad que lo creó sigue viva en otros organismos, con otros funcionarios, ejecutando las mismas políticas de terror con recursos públicos.
El costo real de la corrupción estructural
Mientras Giancarlo Auque de Silvestri recibe su condena desde la comodidad del exilio, Claudia Julieta Duque sigue cargando las secuelas psicológicas de años de tortura estatal. Mientras los responsables disfrutan de impunidad práctica, una mujer y su hija cargan para siempre con el trauma de haber sido objetivo del terrorismo de Estado.
¿Cuánto le costó al país mantener durante años una operación de terror contra una periodista? ¿Cuántos recursos públicos se desviaron para financiar amenazas, seguimientos y operaciones psicológicas? ¿Cuántos funcionarios cobraron salarios del Estado por planificar y ejecutar crímenes contra ciudadanos?
El DAS no solo robó dinero: robó la libertad de prensa, robó la seguridad de los periodistas, robó la confianza en las instituciones. Y lo hizo con nuestros impuestos, en nuestro nombre, bajo la bandera de la «seguridad nacional».
El sistema que nunca muere
La verdadera tragedia no son las diez condenas tardías contra funcionarios prófugos o muertos. La tragedia es que el sistema que permitió todo esto sigue funcionando. Cambió de nombre, cambió de uniformes, cambió de siglas, pero la esencia permanece: un aparato estatal que considera legítimo castigar a quienes investiguen sus crímenes.
Hoy, mientras celebramos estas condenas simbólicas, otros periodistas están siendo amenazados por investigar la corrupción actual. Otros funcionarios están planeando operaciones de silenciamiento con recursos públicos. Otros ciudadanos están siendo convertidos en objetivos del terror estatal por el crimen de buscar la verdad.
Porque en Colombia aprendimos que la justicia llega tarde, llega incompleta y llega cuando los responsables ya están a salvo. Diez condenas por torturar a una periodista suenan impresionantes hasta que descubres que ninguno de los condenados está realmente pagando por sus crímenes.
La pregunta que nadie quiere responder
¿Cuántas Claudias Julietas Duque están siendo torturadas en este momento por organismos estatales que operan bajo otras siglas? ¿Cuántos periodistas están siendo castigados por investigar la corrupción actual? ¿Cuántos funcionarios están usando recursos públicos para silenciar voces incómodas?
La condena contra Auque de Silvestri no es justicia: es teatro. Justicia sería que estuviera en prisión. Justicia sería que devolviera cada peso gastado en torturar a una ciudadana. Justicia sería desmantelar el sistema que permitió convertir al Estado en una máquina de terror.
Pero la justicia real requiere algo que Colombia parece haber perdido: la capacidad de indignarse genuinamente cuando el Estado tortura a sus ciudadanos. Mientras celebremos condenas simbólicas contra prófugos, mientras aplaudamos sentencias tardías que nadie cumplirá, el sistema seguirá funcionando exactamente como fue diseñado: para proteger a los corruptos y castigar a quienes los investiguen.
La pregunta no es cuántos funcionarios del DAS serán condenados. Es cuántos más tendrán que ser torturados antes de que decidamos que el sistema debe cambiar de verdad.
