Mientras los colombianos pagan la luz más cara de la región, el ministro de Petro perfeccionó el arte de convertir empresas públicas en cajas menores familiares
LA RADIOGRAFÍA PROFUNDA DE UN SISTEMA QUE SE DEVORA A SÍ MISMO
¿Se han preguntado alguna vez por qué en Colombia los escándalos de corrupción se suceden como capítulos de una telenovela interminable, pero los protagonistas siempre terminan ascendidos? Edwin Palma Egea, actual ministro de Minas y Energía, acaba de regalarnos la respuesta perfecta: porque el sistema está diseñado para premiar precisamente a quienes mejor lo saben explotar.
La historia de Palma en Air-E no es solo otro caso de nepotismo y manejo turbio de recursos. Es la radiografía exacta de cómo funciona la maquinaria invisible que convierte el Estado colombiano en una empresa familiar de extracción de recursos, donde cada cargo público es una oportunidad de oro y cada institución, un botín a repartir entre parientes y aliados.
CUANDO LA INTERVENCIÓN SE CONVIERTE EN INVASIÓN
Empecemos por lo obvio, que aparentemente en Colombia ya no lo es tanto: Edwin Palma nunca debió estar al frente de Air-E. La Resolución SSPD-20231000264475 establece claramente los procedimientos para designar interventores de empresas públicas. Palma jamás participó en esa convocatoria. Fue designado «a dedo» por el mismo sistema que ahora lo premia con un ministerio.
¿La justificación? Su curriculum como sindicalista de la USO. Porque claro, ser líder sindical automáticamente te convierte en experto en administración de empresas eléctricas que manejan cientos de miles de millones de pesos. Es como poner a un chef a cargo de una cirugía a corazón abierto, pero hey, ambos usan cuchillos, ¿no?
Una vez instalado en Air-E, Palma desplegó lo que podríamos llamar el «Manual de Intervención Familiar»: primer paso, colocar a los parientes en posiciones clave. Juan Pablo Nieto Egea, su primo hermano, fue nombrado gerente contable en noviembre de 2024. ¿La explicación de Palma? «El contador que tenía la empresa me tocó sacarlo porque me ocultó información, no me obedecía y me tocó poner a alguien de mi entera confianza.«
Traducción al español: «Necesitaba a alguien que firmara lo que yo le pidiera sin hacer preguntas incómodas.» Y vaya si funcionó.
CUANDO 335 MIL MILLONES SE CONVIERTEN EN 18 MILLONES
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, y por interesante me refiero a criminal. El primo-contador de Palma envió una certificación a la Fiscalía en junio de 2025 afirmando que los subsidios pendientes de pago por parte del Ministerio de Minas y Energía ascendían a solo $18 millones de pesos a septiembre de 2024.
Pero resulta que el diagnóstico de intervención firmado por el mismo Palma y su primo el 30 de noviembre de 2024 consignaba que, al 31 de octubre de ese año, la cifra real era de $335.000 millones de pesos.
Lean eso otra vez. Lentamente.
Estamos hablando de una «diferencia» de más de $334.982 millones de pesos. No es un error de coma decimal. Es una alteración deliberada de cifras que hace ver pequeños los trucos de los contadores creativos de Enron.
¿Para qué sirve mentirle a la Fiscalía sobre una cifra tan astronómica? Simple: para justificar la "necesidad urgente" de recursos adicionales, facilitar préstamos y abrir la puerta a contratos cuestionados. Es el viejo truco de «primero creamos la crisis, luego vendemos la solución.«
DE LA CRISIS ARTIFICIAL AL NEGOCIO GARANTIZADO
Y efectivamente, la «solución» llegó puntual. Entre octubre y diciembre de 2024, Air-E recibió un préstamo de $148.000 millones de pesos del fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. Dinero público, obviamente.
¿Qué hizo Palma con esos recursos? En diciembre de 2024, destinó $30.000 millones de pesos para pagarle a Interaseo, empresa de William Vélez, en contra de la instrucción presidencial expresa de no saldar deudas previas a la intervención.
La justificación de Palma roza lo poético: «Yo como agente de interventor soy un servidor público y no iba a incurrir en un delito al meterme en ese pleito.«
¡Qué conveniente descubrir la legalidad justo cuando hay que pagarle a empresarios específicos! Pero cuando se trata de nombrar familiares en cargos clave, ahí sí «es una empresa privada» y no aplican las restricciones constitucionales.
Es la lógica del sistema corrupto en toda su gloria: las reglas se interpretan de manera elástica según convenga al negocio del momento.
CONTRATOS FANTASMA Y ANTICIPOS MILLONARIOS
Pero el show no había terminado. En febrero de 2025, Palma aprobó el contrato C00132025 para suministro de materiales eléctricos con el Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia – SEC, integrado principalmente por Macro Integral Soluciones S.A.S.
¿Cuál era el currículum de esta empresa? Había sido creada apenas 20 días antes de la adjudicación, con un capital de 20 millones de pesos y sin experiencia en el sector energético. Básicamente, era una empresa de garaje que de la noche a la mañana se convirtió en proveedora de una de las distribuidoras eléctricas más importantes del país.
¿El valor del contrato? Incluía anticipos por $14.000 millones de pesos sin la entrega correspondiente de materiales. Catorce mil millones de pesos a una empresa recién creada, sin experiencia, sin garantías reales.
Cuando el nuevo interventor revisó el contrato, lo suspendió inmediatamente por detectar órdenes de compra con sobrecostos. Qué sorpresa, ¿verdad?
MIENTRAS TANTO, EN LA COSTA CARIBE…
Mientras Edwin Palma convertía Air-E en la sucursal familiar del Ministerio de Minas, los usuarios del Caribe colombiano siguieron pagando una de las tarifas eléctricas más altas del país por un servicio deficiente. Las interrupciones constantes, la mala calidad del suministro y los cobros abusivos continuaron siendo el pan de cada día para millones de colombianos.
Pero claro, ¿para qué mejorar el servicio cuando se puede mejorar el negocio?
Los $148.000 millones de pesos que recibió Air-E durante la intervención de Palma podrían haber financiado:
- La construcción de 500 escuelas rurales
- 50.000 becas universitarias completas
- Programas de conectividad para 200.000 familias rurales
- Mejoras en infraestructura hospitalaria para 20 departamentos
En cambio, se destinaron a pagar deudas a empresarios específicos y a financiar contratos con empresas fantasma creadas semanas antes de las adjudicaciones.
EL ASCENSO COMO PREMIO A LA IMPUNIDAD
Y aquí llegamos al corazón del sistema. Después de todo este performance administrativo, ¿cuál fue el castigo de Edwin Palma? Un ascenso a ministro de Minas y Energía en marzo de 2025.
No es casualidad. Es la confirmación de que en Colombia el sistema premia exactamente a quienes mejor demuestran su capacidad para convertir las instituciones públicas en negocios familiares.
Palma ya tenía antecedentes. En agosto del año pasado renunció como viceministro de Relaciones Laborales después de enfrentamientos internos en el Ministerio del Trabajo, donde también había ubicado a asesores de su confianza. Antes había sido puesto en la junta directiva de Ecopetrol por el presidente Petro, únicamente por su historial sindical.
El patrón es claro: cada escándalo se convierte en un escalón hacia arriba. Cada demostración de «lealtad» al sistema se traduce en mayores responsabilidades y mejores oportunidades de negocio.
PUERTA TRANSPARENTE: EL MANUAL ESTÁ A LA VISTA
Lo más preocupante de todo esto no son los hechos individuales, sino la sistematización del saqueo. Edwin Palma no inventó nada nuevo. Simplemente aplicó, con precisión milimétrica, el manual de corrupción estructural que gobierna Colombia desde hace décadas:
- Designación a dedo: Saltarse todos los procedimientos legales para ubicar a los «propios»
- Nepotismo estratégico: Colocar familiares en posiciones clave para garantizar obediencia absoluta
- Manipulación de cifras: Alterar información oficial para justificar «necesidades urgentes»
- Creación de crisis artificial: Generar problemas para después vender las soluciones
- Contratos con empresas fantasma: Direccionar recursos hacia empresas sin experiencia ni capacidad real
- Narrativa de víctima: Cuando todo sale a la luz, presentarse como servidor público cumplidor
- Ascenso como premio: El sistema recompensa la lealtad con mayores responsabilidades
Este no es un caso aislado de un funcionario corrupto. Es la demostración práctica de cómo funciona un Estado capturado, donde las instituciones existen no para servir a los ciudadanos, sino para ser explotadas por redes familiares y de amigos.
LA VERDAD QUE NO QUEREMOS VER
Edwin Palma está siendo investigado por la Fiscalía, pero ¿alguien cree realmente que va a pasar algo? ¿Cuántos ministros, exministros, gobernadores y alcaldes hemos visto «siendo investigados» que terminan absueltos, prescritos o simplemente olvidados?
La impunidad no es una falla del sistema. ES el sistema.
Y mientras los colombianos sigamos esperando que las instituciones se reparen a sí mismas, mientras sigamos creyendo que el próximo gobierno será diferente, mientras sigamos resignados a que «todos son iguales», Edwin Palma y sus sucesores seguirán convirtiendo cada peso del erario público en oportunidades de negocio familiar.
La pregunta no es si Edwin Palma es corrupto. Los hechos hablan por sí solos. La pregunta es si los colombianos estamos dispuestos a seguir financiando con nuestros impuestos estos manuales de enriquecimiento familiar, o si finalmente entenderemos que la verdad no solo se lee, se siente, y sobre todo, se actúa.
Porque mientras nosotros pagamos las facturas más altas de energía de la región, ellos perfeccionan el arte de convertir la crisis eléctrica en su prosperidad económica.
¿Hasta cuándo?
Esta investigación continuará desarrollándose. Los colombianos merecemos saber no solo qué está pasando, sino por qué sigue pasando. Porque la corrupción no es solo información, es una herida abierta en el corazón de la democracia que solo puede sanar con verdad, transparencia y acción ciudadana.
