Mientras María Camila Zambrano se pasea con tres escoltas y un vehículo blindado, los fundanenses siguen esperando que alguien defienda realmente sus derechos
La parafernalia del poder sin sustancia
Más allá de los titulares que apenas rozan la superficie, este caso revela un mecanismo invisible que opera en cada rincón del país: cómo los funcionarios públicos han convertido el servicio ciudadano en un espectáculo de autoridad vacía. La personera María Camila Zambrano no es solo un nombre más en el listado de servidores públicos desconectados de su función; es el símbolo perfecto de un sistema que prioriza la imagen del poder sobre el ejercicio real de la responsabilidad pública.
Porque claro, necesitar tres escoltas y un vehículo blindado para «servir» a una población de poco más de 60,000 habitantes suena mucho mejor que admitir que se ha perdido completamente el propósito de la función. En Fundación, la personera municipal ha logrado algo que ni la misma alcaldesa: convertirse en una figura tan inaccesible que su propia existencia se ha vuelto más importante que su trabajo.
El mecanismo invisible de la desconexión institucional
Este no es un caso aislado de mal servicio público; es la radiografía profunda de cómo funciona el sistema cuando los funcionarios olvidan que son servidores, no señores. La metodología es simple pero efectiva: crear barreras físicas y protocolarias que conviertan el acceso ciudadano en una odisea burocrática, mientras se justifica todo bajo el manto de la «seguridad» y los «procedimientos institucionales».
La lógica invisible opera así: mientras más inaccesible sea el funcionario, más importante parecerá su cargo. Mientras más protocolos de seguridad tenga, más «valiosa» será su función. Y mientras más tiempo haga esperar a los ciudadanos, más poder ejercerá sobre quienes supuestamente debe servir. Es la inversión perfecta de los principios democráticos, disfrazada de eficiencia administrativa.
Los actores de esta farsa institucional
María Camila Zambrano no llegó a esta situación por generación espontánea. Su esquema de seguridad desproporcionado, sus protocolos restrictivos y su negativa a habilitar canales de comunicación directos con la ciudadanía revelan una mentalidad que ha convertido el cargo público en patrimonio personal. Pero el problema va más allá de su actitud individual.
La Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional tienen preguntas serias que responder: ¿bajo qué criterios técnicos se asignó este nivel de protección? ¿Quién asume los costos? ¿Existe evaluación de riesgo real que justifique tal despliegue? Porque hasta ahora, el único riesgo evidente es que los ciudadanos efectivamente logren acceder a la funcionaria que pagan con sus impuestos.
Flor Pérez, la funcionaria con más de 20 años en la Personería, representa lo que debería ser la norma: experiencia, capacidad de resolución y cercanía ciudadana. Su reconocimiento por parte de la comunidad contrasta brutalmente con el desempeño de quien supuestamente la dirige, evidenciando que el problema no es de capacidad institucional, sino de prioridades distorsionadas.
El impacto real: cuando el servicio público se convierte en privilegio
Las consecuencias de esta desconexión no son abstractas. Mientras la personera mantiene su teatro de importancia, los fundanenses enfrentan problemas reales que requieren intervención del Ministerio Público:
Aqualia, la empresa de servicios de agua, acueducto y alcantarillado, opera sin supervisión efectiva de la Personería, aumentando tarifas mensualmente mientras brinda un servicio deficiente. Air-e, la empresa de energía, suministra un fluido eléctrico que la comunidad califica como «horripilante», sin que existan reportes o acciones de control por parte de quien debería vigilar estos servicios.
El costo de oportunidad es devastador: cada hora que los ciudadanos pierden esperando un turno para ser atendidos, cada queja que no puede ser presentada por falta de canales accesibles, cada empresa de servicios públicos que opera sin supervisión, representa la transformación del derecho ciudadano en favor político.
El sistema silencioso que permite la impunidad
Esta situación no es accidental; es el resultado de un sistema que ha normalizado la inversión de roles entre servidor y servido. Cuando los ciudadanos deben explicar su situación a un escolta antes de poder acceder a un funcionario público, cuando una personera considera su teléfono como «privado» en lugar de herramienta de servicio, cuando el acceso a la justicia se condiciona a protocolos dignos de una casa presidencial, estamos ante la consolidación de un modelo que convierte la función pública en privilegio privado.
La red subterránea opera mediante la complicidad del silencio institucional. ¿Dónde está la supervisión de la Procuraduría? ¿Dónde están los mecanismos de control interno? ¿Por qué las autoridades departamentales no han intervenido? Porque el sistema protege a quienes lo perpetúan, y castigar la desconexión de un funcionario implicaría admitir que el problema es estructural, no individual.
La conexión perdida entre poder y servicio
Fundación vive la paradoja de tener una Personería con presupuesto suficiente para arrendar sede independiente, con funcionarios experimentados como Flor Pérez, y con una comunidad que claramente identifica sus necesidades de supervisión y control, pero que no recibe el servicio por el cual paga. Es la distorsión perfecta del sentido de lo público: los recursos están, la capacidad existe, las necesidades son evidentes, pero la voluntad de servir ha sido reemplazada por la obsesión de aparentar.
Esta desconexión no es casualidad; es el resultado de un sistema que ha permitido que funcionarios como María Zambrano conviertan el servicio público en espectáculo personal, mientras los ciudadanos asumen el papel de público silencioso en lugar de ejercer su rol de soberanos de la democracia.
El ciclo que se perpetúa
Cada día que pasa sin que los fundanenses exijan rendición de cuentas real, cada vez que aceptan las dilaciones burocráticas como «procedimientos normales», cada ocasión en que normalizan la inaccesibilidad de sus funcionarios, están alimentando un ciclo que convierte la excepción en regla.
Porque la verdad que nadie cuenta es esta: María Zambrano no es el problema, es el síntoma. El problema es un sistema que permite que funcionarios públicos se comporten como señores feudales, que convierte el acceso a la justicia en favor personal, y que transforma el servicio ciudadano en espectáculo de poder.
La pregunta incómoda
¿Cuánto más están dispuestos a tolerar los fundanenses? ¿Seguirán aceptando que quien debe defenderlos se esconda tras escoltas? ¿Continuarán pagando con sus impuestos el teatro de una funcionaria que ha olvidado para qué existe su cargo?
La respuesta no la darán las instituciones que hasta ahora han guardado silencio. La darán los ciudadanos que decidan si merecen servidores públicos o señores blindados. Porque en una democracia real, los funcionarios no necesitan escoltas para protegerse de quienes los pagan; necesitan transparencia para demostrar que merecen la confianza depositada en ellos.
La personería de Fundación no es solo un caso de mal servicio; es la prueba de que cuando los ciudadanos dejan de exigir, los funcionarios dejan de servir. Y esa es una lección que va mucho más allá de los límites de Magdalena.
