El periodismo está bajo ataque. En la misma semana, la Fiscalía ordenó una inspección de la redacción de la revista Cambio, aparentemente buscando identificar a una fuente protegida por la reserva constitucional que cubre la labor periodística. También anunció imputación contra el columnista Yohir Akerman por una columna que publicó en El Espectador. Al mismo tiempo, el periodista Gustavo Gómez, de Caracol Radio, recibió amenazas de acoso judicial del empresario Luis Alberto Ríos Velilla por haber expresado una opinión en su programa. El sistema judicial está siendo empleado como herramienta de presión y censura a la libertad de expresión y de prensa. Es inaceptable.

Un nuevo capítulo de vulneración al derecho a informar y ser informado que tiene cada colombiano, protagonizó la Fiscalía General de la Nación, en una abierta vulneración al sigilo profesional y a la reserva de la fuente, al ordenar una inspección judicial contra la revista digital Cambio. 

La noticia que motivó la diligencia que se cumplió hoy en la mañana, fue la portada titulada «Esta es la puta guerra»: General reconoce alianza con narcotraficantes para enfrentar disidencias de las Farc

Al respecto la revista Cambio publicó: “Cambio no tiene nada que agregar a lo que está publicado. Los periodistas de Cambio, por razones éticas y soportadas en la ley y la jurisprudencia sobre el tema, preservarán la reserva de la fuente”.  

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En la información publicada, en febrero de 2022, Cambio conoció una serie de audios de una conferencia del general Jorge Hernando Herrera Díaz con algunos de sus subordinados, donde les decía que tenía conversaciones y hacía acuerdos con la banda de Los Pocillos para combatir las disidencias de Gentil Duarte, en Cauca, donde existía un corredor por el que fluían 150 toneladas de cocaína al año, el 15 por ciento del consumo mundial. Esto ocurrió en la Brigada 29 del Ejército Nacional.  

En las grabaciones reveladas por la alianza investigativa Cambio-Noticias Uno, el general, después de hablar de sus reuniones y acuerdos con esta banda delincuencial, concluyó “esa es la puta guerra”, frente a su relación con el grupo narcotraficante. 

El 13 de febrero de 2022, el Ejército Nacional anunció el retiro del general Jorge Hernando Herrera Díaz y «el traslado de la información (…) a la Fiscalía General de la Nación». 

La alianza investigativa Cambio-Noticias Uno obtuvo grabaciones de la reunión. En ellas el general explica cómo funciona la organización criminal de Los Pocillos, admite sus reuniones con ellos y las justifica como estrategia contra las disidencias de Gentil Duarte, que aún intentan tomar el control del corredor del río Micay. 

La conversación sucedió en julio de 2019. En la sala de comando de la brigada, en Popayán, el general Herrera Díaz les contó a sus oficiales subalternos que él se reunía con los jefes del narcotráfico en la zona:  

Caliche era el de la parte armada y el de finanzas, Pocillo. Este man (Grillo) ya no está ahí. Estos dos manes (Pocillo y Caliche) están ahí, más Ramiro o Ramirito, que es del frente 29, Listo. El ELN está ahí. Estos manes, cuando yo... hermano, entienda, los manes siguen manejando el narcotráfico, siguen delinquiendo. Yo me reúno con ellos, ellos vienen acá, hablan conmigo

Tres meses antes de la reunión de comando en la Brigada 29, el general Herrera había informado personalmente a los medios sobre la muerte de alias Jayson, uno de los líderes de las disidencias de Gentil Duarte. 

El diario El País de Cali reprodujo su declaración en estos términos: “Se neutralizó a alias Jayson y se capturó a otros dos disidentes, además se incautaron también dos fusiles, una ametralladora, un lanzagranadas M-79, uniformes y propaganda terrorista. El combate duró cerca de dos horas en la parte norte de Argelia y sur de El Tambo”. 

Sin embargo, en la conferencia con sus subalternos, el general dejó claro que prefiere ver a los enemigos muertos que capturados: “Y, usted tiene que neutralizar esa estructura, pero neutralizar es darlos de baja”. 

En el Cauca había rumores de que el Ejército apoyaba unas bandas criminales en la zona para perseguir a otras. Las propias disidencias de Gentil Duarte lo habían dicho en lo que denominan “boletines de guerra”. En noviembre de 2019 hubo movilizaciones de campesinos para denunciar el hecho y pedir el retiro de las tropas de los municipios de Argelia y El Tambo.  

Ese año, alias Jhonier, líder del que Gentil Duarte llamó Comando Conjunto Occidental, CCO, quien fue luego abatido, en entrevista con el investigador Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, había dicho que sus hombres se habían enfrentado con guerrilleros del ELN revueltos con soldados del Ejército en el norte del Cauca. Y que su encuentro en la zona con las disidencias de Iván Márquez había sido, según él, otra farsa: “Hemos encontrado donde aparecen cinco o seis individuos con brazaletes de la Segunda Marquetalia. Hemos mandado nuestras estructuras a verificar y terminamos dándonos bala con el Ejército, que tiene un relacionamiento con un grupo armado allá, que se llama los Pocillos, donde el comandante es uno que le dicen Pocillo y otro que le dicen Caliche”. 

Es decir, los mismos hombres que se reunían con el general Herrera, según él lo contó a sus subalternos. 

Reveló Cambio en dicho informe que los rumores sobre operaciones conjuntas del Ejército con guerrilleros del ELN y la banda de Los Pocillos llegaron a la reunión de comandoEl general Herrera Díaz intentó una explicación estratégica. Dijo que Los Pocillos eran las cabezas de una estructura que administraba todo el corredor del narcotráfico, en la que se incluían organizaciones de exguerrilleros y de civiles. Mencionó específicamente a la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia, Ascamta. 

En Argelia hay 11.400 familias cocaleras con sus parcelas inscritas en los programas de sustitución voluntaria hasta ahora no implementados. 

El general comenzó por describir a la asociación de campesinos (Ascamta) como principal beneficiario del narcotráfico: “Ah, ¿quiénes manejan eso? Ellos no lo manejan. Los presidentes de juntas de acción comunal de todas las veredas de Ascamta. Y ¿Ascamta por qué recibe esto? Porque ellos son los que les cobran a los narcotraficantes. ¿De dónde? Del Norte del Valle, los de Cali o los que quieran entran allá”.  

Al final de la investigación Cambio indicaba: “Que miembros de la fuerza pública hagan alianza con grupos de narcotraficantes para enfrentar a otros delincuentes no es algo nuevo en Colombia, pero siempre ha sido ilegal y clandestino. De hecho, Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar) funcionaron como punta de lanza de la Policía y Agencias Federales de Estados Unidos para lograr la caída del mayor capo de la historia. Eso es tan cierto y evidente como indemostrable en el terreno judicial. Lo raro es que un general de la República admita en una reunión de mando que le importa más el fin que los medios y que adelanta una operación claramente ilegal aliado con narcotraficantes y guerrilleros”. 

Lo que dijo la Fiscalía 

En respuesta a la queja de la revista Cambio por la actuación de la Fiscalía, la entidad emitió un comunicado, dando explicaciones sobre la diligencia. 

El documento dice lo siguiente: 

Con relación a la noticia emitida por el portal de internet Cambio Colombia de las últimas horas en la que asegura que ‘La Fiscalía solicita inspección a Cambio por información sobre relación de general con narcotraficantes’, la entidad se permite informar que: 

  • Un fiscal Delegado ante la corte Suprema de Justicia, dentro de la investigación que adelanta por perfilamientos en ese caso, ordenó obtener la publicación del portal Cambio, por estimarla pertinente, conducente y útil para el proceso. La Fiscalía no está realizando ningún tipo de registro, ni allanamiento, ni actuación que intervenga el fuero de libertad de prensa. 
  • Es importante destacar que este tipo de solicitudes son normales y se han realizado a diferentes medios de comunicación, que por su actividad periodística pueden tener información valiosa y clave para los procesos que adelanta la Fiscalía General de la Nación, pero que además al divulgarse se convierte en pública. 
  • La Fiscalía General de la Nación es garante y respetuosa de los derechos de los periodistas y ha adelantado investigaciones en las que se ha puesto en riesgo la vida y el trabajo de los comunicadores.
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