En materia de corrupción, en el departamento del Magdalena se ha visto de todo, es un departamento azotado y cooptado por mafias que sostienen con tesón el estandarte de la corrupción, y mantienen un “exitoso” nivel de vida envidiable a costa del erario y los recursos públicos.

La segunda semana de noviembre de 2020, durante la entrega protocolaria del inmueble del Centro de Atención Especializada (CAE) a la Alcaldía de Santa Marta, el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo anunció con decisión que iba a presentar una denuncia penal contra la ex gobernadora Rosa Cotes, el contratista y la interventoría por las irregularidades en la construcción de esta obra, en total abandono desde 2018, lo cual le causó un detrimento patrimonial al departamento, es decir, a todos los magdalenenses. 

Caicedo recordó que la primera fase del CAE para menores infractores fue contratada el 30 de diciembre de 2015, un día antes de terminar el mandato del exgobernador Luis Miguel Cotes con la Unión Temporal CAE del Magdalena por un valor inicial de $749.994.726 y un plazo de ejecución de seis meses. 

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Como representante de la la Unión Temporal CAE, firmaba Alexander Rodríguez Pacheco, nombre que veremos más adelante representando otras uniones temporales que manejan multimillonarios contratos, lo que presupone que se mueve con mucha destreza en la contratación pública del departamento.

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El 27 de noviembre de 2017, cuando ya la construcción del CAE presentaba retrasos en su ejecución, la tía de Luis Miguel Cotes, la entonces gobernadora Rosa Cotes adicionó el valor del contrato en un 50%, es decir, $374.997.663, con lo cual esta obra terminó costándole a los magdalenenses $1.124.991.992. 

El CAE debió ser entregado 10 meses después, pero lo hicieron en marzo de 2018, casi tres años después, sin que la administración de Rosa Cotes hiciera efectiva las pólizas que cubrían los riesgos de cumplimiento, buen manejo del anticipo, responsabilidad civil y estabilidad de la obra. 

En julio de 2019, un equipo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) realizó una visita técnica de inspección antes de darle inicio a la segunda fase de esta obra, pero hallaron una serie de irregularidades tanto en el diseño como en la estructura física de la edificación, por lo que decidieron no continuar con la obra

Esto también trajo como consecuencia que Findeter decidiera retirar el aporte de $3.000 millones que había comprometido para financiar la segunda etapa del CAE. 

“La administración de Rosa Cotes pasó por alto los hallazgos del ICBF, hizo caso omiso de la situación y prefirió prescindir de la oportunidad de tener en el Magdalena un CAE para menores infractores y aquí tenemos el resultado: un inmueble abandonado a su suerte, deteriorándose con el paso del tiempo, generando un daño emergente, un lucro cesante para el erario público y un contratista sin de qué preocuparse gracias a la complicidad de la exgobernadora”, afirmó Caicedo. 

Con el fin de evitar que este inmueble continúe deteriorándose, el gobernador Caicedo decidió aceptar la solicitud de la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, de entregarlo en comodato por el término de dos años para que allí funcione un centro de detención transitoria para sindicados y de esta forma ayudar a la descongestión de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de policía. 

Caicedo reveló que por la no entrada en funcionamiento de este centro para menores infractores, 14 jóvenes fueron trasladados a otras ciudades Medellín, Manizales, Bogotá, Pasto y Montería, y a la Gobernación le ha tocado asumir los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los familiares que los visitan en los últimos 4 años.  

En la Procuraduría  

Esta denuncia que anunció el mandatario se sumaría a la investigación disciplinaria que abrió la Procuraduría General de la Nación el pasado 12 de febrero de 2020 contra:  

Luis Miguel Cotes Habeych, en su calidad de gobernador del Magdalena. Alexander Rodríguez Pacheco, representante legal de la Unión Temporal CAE. Edgar Vesga, en calidad de secretario de Infraestructura de la gobernación del Magdalena. Carlos Alberto Sánchez Cantillo, representante legal de la empresa Cevielec Ltda e interventor del contrato. Luis Alberto Coba Choles, en calidad de interventor. Juliana Pungiluppi, directora general ICBF. Karen Abudinen Abuchaibe, directora general del ICBF. Liliana María Zapata Bustamante, secretaria general de Findeter y Alejandro Callejas Aristizábal, vicepresidente técnico de la misma entidad. 

El ex gobernador del Magdalena Luis Miguel Cotes, al su izquierda, con camisa blanca, Edgar Vesga, su secretario de Infraestructura.

La investigación busca establecer entre otras cosas las razones por las cuales el proyecto para la construcción del CAE se encuentra en estado desfinanciado y determinar si en relación con los estudios, planos y diseños para la realización del contrato hay deficiencias desde el punto de vista técnico y financiero, especialmente en lo referido a incongruencias entre el diseño arquitectónico y el diseño estructural, e identificar si hubo modificaciones y sus implicaciones desde el punto de vista técnico y financiero, y si las obras son funcionales y cumplen con las normas técnicas obligatorias considerando que el ICBF se niega a recibirlas.  

Otro cuestionamiento 

Llama la atención como el representante legal del mencionado consorcio, Alexander Rodríguez Pacheco, curiosamente, también figura con ese cargo en otras uniones temporales que han conseguido millonarios contratos, pese al cuestionamiento que se le hace. 

Alexander Rodríguez Pacheco

Pacheco funge como representante legal de la firma Servicio Integral de la Costa Caribe e Ingeniería SAS, contratada por la Alcaldía del municipio Zona Bananera en junio del 2018 para ejecutar el proyecto de recuperación hidráulica y obras de mitigación de riesgo de inundación en el río Sevilla y en el canal El Limoncito por un valor de $2,856,702,857 y con un plazo de ejecución de 4 meses. 

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La misma alcaldía de Zona Bananera le adjudicó en diciembre de 2019 a la misma firma, el contrato para la Construcción de obras para la recuperación hidráulica y ambiental del río Tucurinca por $4.086’294.516 con un plazo de ejecución de 6 meses. 

Luego este año, el 8 de abril el mismo municipio Zona Bananera, adjudicó la licitación para contratar la construcción de la II etapa de las obras para la recuperación hidráulica y ambiental del río Tucurinca por $11.422.683.398 con el Consorcio Dragado Tucurinca II, cuyo representante legal es Alexander Rodríguez .  

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Consorcio que según el contrato firmado con el alcalde Carlos Alberto Muñoz, está integrado por las firmas: Servicio Integral de la Costa Caribe e Ingenieria S.A.S. (Ceincoc Ingeniería SAS) con un porcentaje de participación del 50%, CFD Ingeniería con una participación del 3%, y Marlin Ingeniería SAS con un porcentaje de participación del 47%. 

Pero aquí no paran las sorpresas frente a la sospechosa muy ‘eficiente labor’ que ejerce como representante legal Rodríguez Pacheco. 

Luego de firmado el contrato para la intervención en el río Tucurinca, el alcalde de Zona Bananera, Efraín Ortega Parejo radicó ante Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) una solicitud de liquidación por servicios de evaluación para la obtención de un permiso de ocupación de cauce para el proyecto. 

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Para dar trámite a esta solicitud, el pasado 21 de mayo Corpamag tuvo que resolver un impedimento presentado por su director general Carlos Francisco Diaz Granados, en el que se decidió nombrar un director Ad Hoc, porque el Consorcio Dragado Tucurinca II, encargado de estas obras, cuenta como participante a la firma CFD Ingeniería SAS, tiene como representante legal a Carlos Francisco Diazgranados Guerra, hijo del director de Corpamag. 

Además, el documento de Corpamag indica que esa firma CFD Ingeniería SAS tiene una participación del 50%, siendo que en el contrato supuestamente su participación era apenas del 3%, lo que hace suponer una modificación en la participación accionaria, una vez firmado. 

En resumen, los últimos cuatro años las firmas que representa Alexander Rodríguez Pacheco han logrado contratos que superan los 18 mil millones de pesos donde todos, a excepción del último que aún no ha cumplido su plazo de ejecución, han tenido atrasos en sus desarrollos. 

De prosperar la denuncia que entablará el gobernador Caicedo, Rodríguez Pacheco quizás revelará su secreto para salir ganancioso en los procesos licitatorios. 

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