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MARÍA CAMILA HERNÁNDEZ

Miembro de la Mesa Editorial de CONNECTAS. Trabajó en Noticias Uno, El Tiempo y Portafolio. Se especializa en temas económicos y tiene experiencia en investigación corporativa. Hizo parte del equipo que dio vida a France24 en español para Latinoamérica, donde presentaba la crónica económica.

A principios de noviembre, México se convirtió en el undécimo país en ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú. Así, se alcanzó el umbral mínimo para que el tratado entre en vigor. Eso significa que pasaron casi tres años para que los mismos países que adoptaron esta herramienta, en marzo del 2018, la firmaran y ratificaran. Pasó –y sigue pasando– una pandemia global; pasaron tormentas, inundaciones, incendios y sequías; pero, sobre todo, pasaron cientos de asesinatos de defensores del medio ambiente. La región ostenta, desde el 2012, el deshonroso primer lugar en número de muertes de personas que defienden los recursos naturales.

En el 2018, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, describía el acuerdo como “un hito ambiental”, “un instrumento multilateral sin precedentes”. Dijo también que la región tenía buenas razones para sentirse orgullosa de dicha herramienta, pues “además de ser el único tratado emanado de Río+20, es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el único de su tipo en contener disposiciones específicas para la promoción y protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales”.

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Como su nombre lo dice, el acuerdo busca garantizar que todas las personas tengan acceso a la información ambiental, que puedan participar en la toma de decisiones y que tengan acceso a la justicia en asuntos ambientales. En suma, el objetivo es proteger el derecho de las personas, “de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”, según la Cepal.

Sin embargo, este instrumento multilateral no ha comenzado a funcionar y algunos gobiernos parecen dispuestos a dejarlo oxidar. El camino hacia su implementación ha tenido más obstáculos de los que se esperaría de un acuerdo “negociado por y para la región”. De los 24 Estados firmantes –Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay– solo 11 lo han ratificado. Entre los pendientes se encuentran Colombia y Brasil, que ocupan el primer y tercer lugar, respectivamente, en número de asesinatos a defensores ambientales en el mundo durante el 2019, según Global Witness.

En Colombia, donde se registró un aumento de más del 150 ciento de homicidios de defensores medioambientales entre 2018 y 2019, la discusión para ratificar el Acuerdo de Escazú ha sido aplazada varias veces en el Congreso. Mientras el presidente Iván Duque aprovecha los escenarios internacionales para hacer llamados a proteger el medio ambiente, su partido le pone peros al tratado en casa. También se oponen varios gremios económicos, que ven en el Acuerdo un posible obstáculo al crecimiento económico. Aseguran que el tratado podría frenar proyectos necesarios para reactivar la economía en la pospandemia, y también que podría generar inseguridad jurídica para la inversión. “El compromiso del Centro Democrático es con la protección del medio ambiente, pero no podemos poner en riesgo los sectores productivos del país”, le dijo a El Tiempo el representante a la Cámara Juan David Vélez. 

Según los panelistas del Encuentro Virtual ‘Banca multilateral y la covid-19: viejas respuestas a nuevos problemas’, organizado por CONNECTAS y Ambiente y Sociedad, es un error contraponer crecimiento económico y sostenibilidad, y es necesario que los gobiernos regionales se enfoquen en proyectos sostenibles durante la recuperación económica después de la pandemia. “La economía depende de la naturaleza”, dijo Javier Dávalos, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

Como lo señala el más reciente Informe mundial de desastres de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), los planes de reactivación económica que se preparan en el mundo a raíz de la pandemia de covid-19, “brindan una oportunidad de reconstrucción en mejores condiciones, si esos recursos se destinan a favorecer una recuperación con sentido ecológico, que incluyan medidas de adaptación al cambio climático”.

Incluso la banca multilateral parece entender que la dicotomía entre proyectos productivos y sostenibilidad está mandada a recoger. De hecho, el BID ya incorporó varios aspectos del Acuerdo de Escazú en su nuevo marco de políticas ambientales y sociales. Según le dijo a El Espectador David Cruz, investigador de Ambiente y Sociedad, “durante el proceso de consulta de este marco uno de los pedidos fue que los clientes del BID, es decir, los gobiernos, tuvieran como referente lo pactado en Escazú”. Además del BID y la Cepal, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) también apoyan el tratado. Y es que, de acuerdo con el investigador Manuel Guzmán Hennessey, consultado por la Universidad Nacional de Colombia, el Acuerdo “facilita una gestión ambiental y un desarrollo transparentes ante la reactivación económica necesaria en 2021 y 2022”.

Otro argumento para oponerse a la ratificación del Acuerdo de Escazú es el de la pérdida de soberanía, porque obligaría, según sus detractores, a someter las controversias en las que se vean envueltos los países a las cortes internacionales. Según la Alianza Nacional por el Acuerdo de Escazú, este es uno de los mitos que se han utilizado en el debate para ratificar el tratado, ya sea por desconocimiento del documento o con el ánimo de desinformar. “El Acuerdo no pone en entredicho el orden normativo ambiental interno y es infundado sostener que este amenaza la soberanía nacional cuando justamente la reconoce como precondición y límite de sus disposiciones y su proceso de implementación”, señala el documento de Mitos y Verdades de la Alianza.

El mito de la soberanía también ha sido utilizado en Chile. El país que actualmente preside la COP25, cumbre sobre cambio climático de la ONU, y que promovió el Acuerdo de Escazú, se ha negado a firmar el mismo documento que ayudó a redactar, argumentando que su ambigüedad podría dar cabida a demandas internacionales. Pero, según le dijo a France24 Paulina Astroza, doctora en Ciencias políticas y sociales de la Universidad de Concepción, no existe ninguna razón jurídica desde el derecho internacional para no firmar el tratado, y señala que detrás de ese argumento se pueden esconder intereses económicos. 

A pesar de todo, los defensores del medio ambiente en ese país no pierden la esperanza, y confían en que la nueva Constitución incorpore los pilares del Acuerdo de Escazú, como le dijo a DW Josefina Correa, directora política de Greenpeace Chile. “Los mapuche, como pueblo originario, históricamente han visto cómo la imposición de un modelo de desarrollo ha destruido sus territorios y muchas veces se ven amenazados por su rol como defensores del medioambiente”, explicó.

Aunque se trata de un paso necesario para proteger a los líderes ambientales e impulsar un desarrollo sostenible en la región, el Acuerdo de Escazú no es una varita mágica. Incluso en los países que lo han firmado y ratificado, la toma de decisiones en materia ambiental sigue siendo contradictoria. En México, por ejemplo, el mismo Senado que ratificó el tratado también eliminó el fideicomiso para el mecanismo de protección de personas defensoras del medio ambiente, lo que en la práctica las deja más desprotegidas. 

En Antigua y Barbuda –donde se realizará la segunda reunión de países signatarios del Acuerdo de Escazú el próximo mes–, la destrucción de barreras naturales por la construcción de grandes proyectos de infraestructura deja aun más expuesto a este país a eventos naturales como la reciente tormenta Eta, según lo reveló la investigación de The Daily Observer, en alianza con CONNECTAS.

La ONU celebró la pronta entrada en vigor del tratado, que debe darse 90 días después de la ratificación de México. Señaló que el instrumento “ofrece esperanza a innumerables personas y comunidades de la región que sufren de la contaminación y los impactos negativos de las industrias extractivas” e incluye “fuertes salvaguardias para los pueblos indígenas y los defensores de derechos humanos en temas ambientales”. Sin embargo, también manifestó su preocupación por las campañas de desinformación que están empañando el debate en algunos países; campañas que, como en el caso de Paraguay, han llegado a afirmar que el tratado ambiental contiene una “ideología de género”. Astrid Puentes, codirectora ejecutiva de AIDA, considera que es clave la vigilancia de la sociedad civil. “Nuestro mayor indicador debe ser el que los números de ataques, amenazas y asesinatos comiencen a bajar y los ataques sean investigados y resarcidos”, le dijo a DW. 

Por ahora, el doble discurso de los gobiernos latinoamericanos parece demostrar que hace falta algo más que 11 firmas para que este instrumento inédito realmente funcione: una concepción de desarrollo en el que no se contraponga el crecimiento económico a la vida, en todas sus acepciones.

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