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El Hotel El Prado, uno de los iconos de la hotelería en Colombia y bien cultural de interés nacional se encuentra secuestrado. No solo metafóricamente, con las desastrosas intervenciones administrativas desde su expropiación por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y del Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), manejado por burócratas capitalinos que de una forma sistemática se han dedicado a usufructuar sin plantear las inversiones que necesita un establecimiento de comercio de esta categoría.

Ahora, por cuenta de las actuaciones nada transparentes de su actual concesionario FTP con sus proveedores que ha provocado en consecuencia sentencias en su contra en los estrados judiciales, varias áreas comerciales del hotel se encuentran “secuestradas” por parte de la empresa Salam Delivery, entre ellas el Patio Andaluz, mientras que las obligaciones y promesas planteadas por FTP-por ejemplo, la llegada de la cadena Marriot- cada vez más se diluyen y se convierten en expectativas fallidas.

La historia se inicia en el 2016, cuando la administración del hotel, en manos de funcionarios de Fontur, llega a un punto de cierre por las deudas acumuladas, la baja ocupación y la evidente obsolescencia de su infraestructura. La Ministra Lacouture habla de por lo menos dos meses clausurado mientras entra, llave en mano, el nuevo concesionario FTP y sus planes de intervención para posteriormente, en punto óptimo las instalaciones, entregar sus operaciones a la cadena Marriot.

Se les anunció con evidente sentido de pánico a los trabajadores sobre el posible e inmediato cierre, advirtiendo que habían unos recursos disponibles (los $4800 millones que puso el concesionario de entrada al negocio) para su liquidación, presentando un plan de retiros general de la planta de personal quedando varias áreas desguarnecidas. Allí es donde entra, en calidad de outsourcing de administración y de tercerización laboral la empresa Salam Delivery comisionados conjuntamente tanto por la administración de Fontur que se retiraba, como de los socios entrantes Jaime Espinoza, de Espidel Ltda. y Bart Seidler, norteamericano, de FTP Investments Colombia para que suplieran y actuaran en diversas operaciones del hotel que abarcaba desde el manejo de casinos –restaurantes-, preparación y montaje de eventos (92 realizados en total), asesoría en logística e incluso en el préstamo de dinero pues todavía el norteamericano Seidler no había moneterizado a nivel nacional su inversión, situación a todas luces anormal para una intervención de esta tipología soportada en aportes financieros para su optima operatividad.

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Allí empiezan los problemas jurídicos y los síntomas actuales que presenta el Hotel El Prado mostrando una operación de concesión irregular e incumplida en sus diversos aspectos constitutivos.

Los socios entran en disputa

Bajo el control de FTP Investments, todavía sin presupuesto de inversión a la mano, Jaime Espinoza, uno de los socios y que actuaba en calidad de mandatario, aprobaba diversas intervenciones de Salam Delivery con la anuencia del otro socio, el norteamericano Bart Saidler. Una de ellas, en ese año 2016, fue el pago de los servicios de energía eléctrica –los cuales habían sido suspendidos- con un cheque de gerencia de $40 millones entregados a la secretaría general del consorcio.

Nada menos. En el fondo Hassam Delivery se convirtió no solo en prestador de servicios de outsourcing, en la contratación de trabajadores en tercerización para las áreas del hotel bajo su control, asesor en logística y prestamista de recursos financieros. Una pieza clave para que el Hotel El Prado siguiera funcionando para darle un parte de tranquilidad a la ciudadanía que se encontraba alerta con los procesos de deterioro y posible cierre y dando, además, la imagen que la empresa concesionaria FTP Investments estaba “actuando” dentro de los planes estratégicos ofrecidos al Fontur y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Algunos de los préstamos y servicios que prestó Salam Delivery ese año al Hotel El Prado le fueron cancelados. Todo seguía un aparente curso “normal” mientras la ciudad se fabricaba ilusiones en el sentido de la llegada inminente a las operaciones del Hotel de la cadena Marriot. Pero los globos de aire se revientan con un escándalo imprevisto y es así como al socio Jaime Espinoza, de Espidel Ltda. recibe una visita nada amistosa de algunos prestamistas reclamando el pago inmediato de sus acreencias y si ello no era posible, que les pagara con su parte accionaria lo que efectivamente sucedió.

El otro socio, Bart Saidler, cuando se enteró de los sucesos, pasa del estupor al enojo, y de este al recelo, pues no se sentía a gusto según las fuentes, con los “nuevos” socios que ingresaban vía Espidel Ltda. a la operación. Rompe relaciones en medio de discusiones con Jaime Espinoza y se apresta a la recompra de las acciones con evidente tensión. Ahora es el propietario del 100% de las dos empresas socias concesionarias del Hotel El Prado.

Es en ese momento en que Salam Delivery le pasa una cuenta de cobro acumulada por los servicios prestados por la suma de $700 millones de pesos y Saidler, evidentemente preocupado por las sumas pagadas por las acciones de recompra de Espidel Ltda. les pide paciencia para la respectiva cancelación del pago.

Pasados los incidentes, nuevamente Salam Delivery le solicita el pago y es allí donde Bart Saidler presenta su argumentación en el sentido que no piensa cancelarla y ante la amenaza de un inminente pleito judicial responde que se encuentra dispuesto a contratar abogados para que lo representen, lo que efectivamente sucedió a un costo de $10.000 dólares mensuales.

Empiezan los procesos

Todo el entramado de pleitos, comisiones, pagos pendientes no parecían representar la imagen de estabilidad que unos empresarios pudieran ofrecerles a un hotel con graves problemas. Todo lo contrario, eran síntomas alarmantes, aunque parece que el interventor de Fontur que cada dos meses –por disposición contractual- para revista a las inversiones para la estabilidad y cumplimiento del establecimiento de comercio, parece no percatarse.

No se dio cuenta, por ejemplo, en el año 2016, de una curiosa importación de mobiliario desde Estados Unidos comprados por Bart Saidler como parte de sus obligaciones de renovación logística de la infraestructura del Hotel El Prado. Equipos de cocina y otros muebles de segunda que hacían parte del mobiliario del famoso hotel Waldorf Astoria un icónico edificio art déco de 47 pisos situado en la avenida Park de Manhattan, New York, comprado en el 2014 por el grupo asegurador chino Angbang quienes decidieron cambiarle en forma integral su interior, incluidos por supuesto, los viejos muebles. Una parte de ellos llegaron a Barranquilla para el Hotel El Prado produciendo problemas con la DIAN, pues no se pueden importar estos equipamientos de infraestructura de segunda mano.

Ese es el estilo del concesionario propietario Saidler. Una especie de desprecio inmarcesible a la legislación colombiana con ínfulas, según cuentan sus conocidos, de arrogancia y prepotencia basado en su abultadas cuentas bancarias y propiedades en el exterior que no lo libraron de un pleito largo y costoso que ya va por $1400 millones de pesos sin incluir honorarios de abogados.

Los hechos judiciales

El consorcio FTP celebra el contrato FNTBN 039 con la fiduciaria Colombia de Comercio Exterior (FIDUCOLDEX S.A.) y el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) tras ganar una convocatoria en su calidad de único aspirante para ejercer la función del concesionario del Hotel El Prado en Barranquilla que se encontraba en esos momentos en una severa crisis económica con pérdidas diarias acumuladas de 10 millones de pesos, deterioro general de su infraestructura de establecimiento comercial, un cuantiosa carga laboral y ante un inminente cierre –con la consecuente ruina del bien expropiado- que ostenta el carácter de interés cultural de la nación según resolución expedida en 2005 por el Ministerio de Cultura.

Ante la negativa de pago del concesionario FTP, el 20 de febrero de 2017, Salam Delivery Fas Sas inició un cobro prejurídico por la suma de $710 millones, incorporada a un pagaré suscrito y autenticado ante la Notaría 9 del Círculo de Barranquilla. Allí se le notificó al consorcio FTP que en caso de hacer caso omiso a la cancelación de este pago se le iniciaría un proceso ejecutivo de cobro.

Así sucedió, pues FTP insistió en no pagar acudiendo Salam Delivery a las vías judiciales, presentando su apoderado Antonio José Morales una demanda ejecutiva singular de mayor cuantía que tras su reparto respectivo le correspondió al Juzgado 9 Civil del Circuito, el cual libró el 1 de junio de 2017 orden de mandamiento de pago en contra de los socios de la concesión FTP del Hotel El Prado, las firmas FTP Investments Colombia Sucursal y Espidel Ltda.

En un documento anexo, la demandante Salam Delivery presentó una serie de medidas cautelares en las cuentas de los bancos en la ciudad en que aparecían las sociedades demandadas. En otras palabras, un embargo para obligar al respectivo pago de las obligaciones adquiridas y reafirmadas por la vía legal. Estas cuentas se encuentran en los bancos Colpatria y City Bank.

Los socios de Salam estaban prevenidos contra cualquier intento de desvirtuar el contenido de las obligaciones y tras reunirse con el abogado de la contraparte le advierten que se encuentran atentos a cualquier circunstancia que altere la marcha regular del proceso y que no aceptarían “trampas” de ninguna naturaleza. Una fuente que prefirió guardar la debida reserva de identidad afirmó que en una de las etapas del largo pleito hubo una especie de puja a ver quién lograba convencer a los juzgadores de las bondades de su causa.

Pero el consorcio FTP al que se le adjudicó la operación del Hotel El Prado acudió al método de evadir el mandamiento de pago y de sus cuentas bancarias con otra ilegalidad. De forma dolosa, sin tener atribuciones para ello, contrariando el contrato suscrito con Fontur, decidió cederle bajo un contrato de mandato fijo la administración del hotel a la firma GY G Hoteles, con Nit. N°990994078-3 con la cuenta corriente 73001473-5 del Banco Av Villas para evadir sus obligaciones legales de los embargos, configurando además la tipicidad del artículo 454 del Código Penal: Fraude a Resolución Judicial.

En agosto de 2017 la parte demandada, el consorcio FTP contesta, presentando excepciones de fondo y en un escrito por separado, el mismo día, presenta un recurso de reposición contra el mandamiento de pago. Pero no les funciona pues unos días después, en ese mismo agosto de 2017, el juez del conocimiento resuelve no revocar el mandamiento de pago, declarando no probada la excepción de inepta demanda por falla en los requisitos formales presentados por las sociedades FTP Colombia Sucursal y Espidel Ltda. ambas controladas por el norteamericano Bart Saidler.

En un auto del 29 de mayo de 2018, bajo las excepciones de fondo del demandando consorcio FTP se procedió a la audiencia de juzgamiento, en donde el perito judicial Pedro Bujato presenta la validez de la suma adeudada tomada directamente de los libros de contabilidad de la empresa Salam Delivery, mientras el perito de la entidad demandada no pudo demostrar la invalidez de tales obligaciones monetarias.

Por ello el 13 de noviembre de 2018 el abogado de Salam Delivery solicita el embargo y secuestre de las sumas depositadas en las cuentas bancarias corrientes 73001473-5 DOC del Banco Av Villas a nombre de GY G Hoteles, empresa a la que le fue cedido ilegalmente el mandato de representación del consorcio FTP que fue la entidad firmante del contrato con Fontur. Por ello el 22 de noviembre de 2018 el juez del conocimiento del caso decretó el embargo y retención de las sumas de dinero de GY G Hoteles SAS.

Es preciso señalar que la empresa GY G Hoteles pertenece al consorcio FTP, el consorcio administrador de la concesión del bien público establecimiento comercial Hotel El Prado, compuesta por las sociedades FTP Colombia Sucursal y Espidel Ltda. Todas las tres empresas son del norteamericano Bart Saidler.

Pero el desarrollo jurídico no termina allí. El apoderado de FTP y GY G Hoteles incoa una acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla considerando que se habían violado los derechos al debido proceso por parte del Juzgado Noveno Civil del Circuito por la ordenación de las medidas cautelares.

Mientras tanto, la juez dicta el 5 de diciembre de 2018 dicta sentencia a favor de la sociedad Salam Delivery declarando no probadas las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada, por lo que el consorcio FTP Investments Sucursal y Espidel Ltda. recurren al recurso jurídico de alzada, apelando la decisión. El Tribunal Superior confirma la sentencia apelada y es enviada a la Corte Suprema de Justicia en Bogotá que la declara improcedente, lo que a su vez el demandante, en un desgaste evidente del aparataje judicial colombiano, decide impugnarla ante la Corte Constitucional donde también la rechazan.

A todas estas, el juzgado nombra un secuestre para algunos de los establecimientos comerciales dentro del Hotel El Prado, labores entorpecidas por su administración aunque han logrado recaudar dineros de alquiler de algunas áreas en arriendo tales como restaurantes.

Lo curioso del caso es que Fontur tiene una queja disciplinaria instaurada el 17 de septiembre de 2019 en la Procuraduría General de la Nación por su acción omisiva ante las reiteradas violaciones del contrato de administración suscrito por FTP en la administración del Hotel El Prado de Barranquilla. A estas horas, de los $18.000 millones de pesos de inversión en infraestructura a que estaba comprometido el consorcio FTP solo ha cambiado los aires acondicionados, contratando a una empresa de limpieza de pisos, comprado los muebles de segunda del Hotel Waldorf Astoria de New York, pintura en general, mientras los huéspedes, tal como fue mostrado en la parte segunda de este reportaje se quejan públicamente en la página Tripadvisor de los malos servicios de un aparente hotel de 5 estrellas. Otra fuente, vinculada al hotel, señala que los equipos de cocina instalados carecen de los requerimientos técnicos de un establecimiento de las características del hotel.

Cuatro años después de la administración del consorcio FTP, el Hotel El Prado marcha a la deriva enfrascado en litigios jurídicos largos y costosos con proveedores de servicios, el gerente que supuestamente envió la Marriot, el chileno Rodrigo Spivak se fue a mediados del año 2019 en circunstancias no muy claras de malos manejos.

Nadie volvió a mencionar a la cadena norteamericana y mientras tanto aparece en escena la firma G Y G Hoteles (no confundir con la cadena GHL Hoteles) para “administrar” el hotel sin tener capacidad jurídica para ello de acuerdo a lo pactado entre FTP y Fontur.

En fin, el Hotel El Prado no sale del cautiverio de su largo secuestro por malas administraciones de su establecimiento de comercio y el futuro de este bien de interés cultural nacional sigue en perfecta duda.

Emisora Atlántico Jazz Band, en el Hotel El Prado
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