Cuando un paciente muere esperando atención médica, cuando un hospital cierra sus puertas por falta de recursos, o cuando un médico rural trabaja sin los insumos básicos, pocos piensan en las cifras que la Contraloría General acaba de confirmar: $11 billones de pesos del sistema de salud colombiano están «embolatados» —por usar un eufemismo—. En realidad, han sido sistemáticamente saqueados mientras millones de colombianos siguen esperando por una atención digna.
La magnitud del desfalco resulta abrumadora: 522 procesos abiertos, 111 imputaciones por daños al patrimonio público y 41 fallos de responsabilidad fiscal por $542 mil millones de pesos contra varias Empresas Promotoras de Salud (EPS). Traducido al lenguaje cotidiano: dinero que debía comprar medicamentos, pagar médicos y salvar vidas, terminó en los bolsillos de quienes juraron administrar con transparencia los recursos de la salud.
La anatomía de un desfalco planificado
«Los recursos deberían estar obligatoriamente resguardados bajo las reservas técnicas; sin embargo, solo hay 6 billones en 4 o 5 EPS, el resto lo han desaparecido«, señala Vicente Calvo, uno de los expertos que lleva años advirtiendo sobre este colapso anunciado. No estamos ante un simple error administrativo o una mala gestión financiera: enfrentamos un esquema deliberado que ha carcomido los cimientos del sistema.
La Contraloría ha logrado recuperar apenas $185.080 millones de pesos —menos del 18% del presunto desfalco—. Para dimensionar la tragedia, piense en esto: los hospitales públicos de varias regiones podrían haber sido completamente renovados, miles de especialistas contratados y millones de tratamientos garantizados con esos recursos que ahora son apenas un asiento contable en expedientes judiciales.
El mito de la UPC insuficiente
Las EPS han construido durante años una narrativa conveniente: «El Gobierno no nos da suficiente dinero para operar». La Unidad de Pago por Capitación (UPC), ese valor que reciben por cada afiliado, supuestamente no alcanza para cubrir los servicios. Sin embargo, la Contraloría acaba de desnudar esta falacia: muchas EPS entraron al sistema «sin el músculo financiero suficiente, ni las reservas técnicas con que debe contar cualquier entidad que se dedique al aseguramiento«.
Más grave aún: aproximadamente $6 billones de pesos de la UPC, que debían destinarse a reservas técnicas para garantizar la prestación de servicios, fueron desviados para pagar deudas antiguas, algunas con más de 13 años de antigüedad. Mientras tanto, otros $5 billones se pagaron a IPS «sin facturas ni soportes«.
Piénselo así: es como si el administrador del edificio cobrara la cuota de seguridad mensual y luego alegara que no alcanza para pagar a los guardias, mientras transfiere el dinero a cuentas personales sin ningún registro.
La política como cómplice silencioso
La corrupción en el sistema de salud no opera en el vacío. El vicecontralor General, Carlos Mario Zuluaga Pardo, ha puesto el dedo en la llaga: «A pesar de que la ley establece procesos de meritocracia para la selección de directivos en hospitales públicos, éste poco se cumple y en su mayoría los gerentes de las Empresas Sociales del Estado (ESE) siguen siendo cuotas políticas de políticos locales o regionales«.
Esta politización no es un detalle menor. Es la grieta perfecta por donde se filtran los intereses particulares que han convertido la salud pública en un botín electoral. Cada nombramiento clientelista en un hospital, cada contrato direccionado, cada presupuesto inflado, tiene consecuencias directas: personas reales que sufren cuando el sistema colapsa.
El dinero fantasma de la pandemia
En medio del dolor colectivo por miles de muertos durante la pandemia de COVID-19, otro escándalo pasó casi desapercibido. Según Vicente Calvo, «la plata que no usaron durante la pandemia (11 billones) también se la robaron, como demostró la Contraloría«.
Piense en lo obsceno de esta situación: mientras médicos y enfermeras trabajaban con equipos de protección insuficientes, mientras familias enteras perdían a sus seres queridos por falta de UCI, los recursos asignados para enfrentar la mayor crisis sanitaria del siglo simplemente desaparecieron en el agujero negro de un sistema diseñado para el saqueo.
Un edificio construido para colapsar
Visto en perspectiva, el actual colapso del sistema de salud colombiano no es accidental ni sorpresivo. «Se robaron los cimientos del sistema y el edificio se cayó«, resume con brutal claridad el experto Vicente Calvo. Las EPS acumulan deudas con los prestadores que superan los $25 billones de pesos, mientras sus directivos siguen defendiendo un modelo que les ha permitido operar con mínima supervisión y máximos beneficios.
Lo más perturbador es que este desfalco se ha ejecutado a plena luz del día, bajo el manto de complejas operaciones financieras y tecnicismos legales que pocos ciudadanos pueden comprender. Mientras los titulares se ocupan de distracciones políticas momentáneas, el verdadero crimen —uno que afecta a cada colombiano cuando enferma— sigue desarrollándose en las sombras.
El desafío: reformar sin repetir
Colombia enfrenta ahora el monumental desafío de reformar su sistema de salud sin repetir los errores estructurales que permitieron este saqueo sistemático. «Sin mecanismos de transparencia y rendición de cuentas adecuados, persiste el riesgo de que los fondos del sector sean utilizados para intereses particulares en lugar de garantizar el acceso a servicios de calidad», advierte la Contraloría.
La pregunta que todos deberíamos hacernos es incómoda pero necesaria: ¿cuántas vidas se han perdido mientras esperábamos exámenes, cirugías o tratamientos que nunca llegaron porque el dinero destinado a garantizar esos servicios estaba siendo desviado?
Los $11 billones de pesos «embolatados» no son solo una cifra en un informe oficial. Son oportunidades perdidas, son familias empobrecidas pagando de su bolsillo lo que el sistema debía cubrir, son personas que murieron esperando una atención que nunca llegó porque alguien decidió que su ganancia personal era más importante que cumplir con su deber.
La verdadera reforma del sistema de salud colombiano no pasará solo por decretos o leyes. Requerirá desmantelar las redes de corrupción que se han enquistado en cada nivel del sistema y construir mecanismos de vigilancia ciudadana que impidan que la historia se repita. Porque la salud no puede seguir siendo un negocio donde unos pocos ganan mientras millones de colombianos pierden su derecho más fundamental: el derecho a vivir con dignidad.
