La corrupción electoral no solo es un delito, es una grieta en los cimientos de nuestra democracia
El expediente que nadie quiere tocar
En los pasillos de la Fiscalía General se acumulan expedientes que parecen tener un peso invisible. Entre ellos destaca uno particularmente inmóvil: la investigación por compra de votos contra el senador Miguel Ángel Pinto, revelada recientemente por la revista Raya en colaboración con Señal Colombia. Un caso que, como tantos otros en nuestro sistema judicial, parece condenado a dormir eternamente en las gavetas institucionales.
No es casualidad. No es negligencia. Es el «Sistema Silencioso» en pleno funcionamiento.
La flagrancia que no basta
El 13 de marzo de 2022, día de las elecciones legislativas, la Policía capturó en Bucaramanga a dos hombres a las afueras del puesto de votación denominado Sena Salud: Ramón Nonato Pontón Molina y Ciro Alfonso Niño Torres.
A Ramón Nonato le encontraron un canguro con 20 sobres individuales con dinero en efectivo, 903 stickers alusivos a Miguel Ángel Pinto, 36 recibos de caja menor con el rótulo «ciudad de Bucaramanga» y dos planillas tituladas «Evidencia para la entrega del dinero en efectivo«. En estas últimas aparecía explícitamente: «Para la entrega de los 70.000 pesos debe presentar el certificado electoral sin excepción«.
Los detenidos actualmente enfrentan un juicio por compra de votos, pero el presunto determinador —el senador Pinto, quien resultó elegido con 110.000 votos— permanece intocable.
La anatomía de una estrategia perfecta
Con las planillas en su poder, la Fiscalía interrogó a varias personas del listado, quienes confirmaron haber recibido dinero a cambio de su voto por el Partido Liberal, direccionados por una líder del barrio Alfonso López de Bucaramanga.
El caso inicialmente avanzaba. El 30 de marzo de 2022, el fiscal asignado incluso solicitó a la Delegada para la Seguridad Territorial que confirmara si Pinto era un aforado. Sin embargo, por alguna razón misteriosa, el proceso quedó frenado. Mientras tanto, el senador liberal fue posesionado para su quinto período consecutivo en el Congreso.
«Señal Investigativa habló con el actual fiscal quinto de Bucaramanga, que tiene el caso, Giovany Torres Villamizar, para indagar por qué no ha enviado el proceso a la Corte Suprema«, revela el informe. La respuesta del funcionario resulta desconcertante: aseguró no haber analizado las pruebas mencionadas y dijo desconocer qué le corresponde a la Fiscalía y qué a la Corte Suprema.
«A mí me entregaron el caso en agosto pasado y usted está hablando de hechos que se dieron en 2022. Tocaría hablar con el fiscal del momento para saber qué fue lo que pasó«, fue su justificación.
Contraste con otros casos: justicia selectiva
La situación contrasta dramáticamente con otros casos similares. Aída Merlano, por ejemplo, recibió 5 años y medio de prisión y una multa de más de 3.000 millones de pesos por un delito de menor gravedad: la violación de los topes de gastos en las campañas electorales.
«Pero en el caso de Pinto por lo visto cuenta con más amigos que Merlano dentro de los estamentos judiciales y políticos«, sugiere el informe de la revista Raya, planteando una inquietante asimetría en la aplicación de la justicia.
Los hilos que conectan el sistema
La red de influencias del senador Pinto explica mucho sobre esta aparente inmunidad judicial. Según información documentada por el portal Cuestión Pública, Pinto es cuñado del fallecido narcotraficante Ernesto Tavera, cuya madre, Zoraida Rodríguez, fue socia del senador en 2009.
En febrero de 2010, la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio secuestró y embargó 10 negocios de la familia Tavera, incluyendo uno de la socia de Pinto. Sin embargo, en 2011, tras un cambio de fiscal, la medida fue sorprendentemente levantada.
La Fundación Paz y Reconciliación ubica a Pinto como integrante del «clan Tavera«, liderado por Didier Tavera, exgobernador de Santander. Sus conexiones se extienden a diversas esferas de poder regional:
- Es aliado de Edgar Jesús Rojas, exdirector regional de Invías para Santander, quien aportó a su campaña en 2010.
- Mantiene vínculos con Omar Lengerke, rector de las Unidades Tecnológicas de Santander, donde dos hermanos del senador han ocupado cargos estratégicos.
- Recibió aportes de campaña de Sonia Sánchez, exalcaldesa de Sabana de Torres, quien fue señalada por alias «Ernesto Báez«, comandante del Bloque Central Bolívar de las AUC, de apoyar a la organización paramilitar.
El patrimonio familiar cuestionado
La influencia política de Pinto parece haberse traducido en beneficios económicos para su círculo cercano. Según Cuestión Pública, sus familiares habían registrado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 63 contratos entre 2010 y 2020, por $6.411.882.081, de los cuales 58 fueron adjudicados cuando Pinto ya era congresista. Más inquietante aún: 29 de ellos fueron otorgados por contratación directa.
Dos entidades mixtas constituidas en Santander (2011) y Cundinamarca (2019) tienen participación de la familia Tavera, de aportantes de campaña del senador y de un exasesor de su Unidad de Trabajo Legislativo.
Contrariamente a este entramado, Miguel Ángel Pinto Hernández declaró ante la DIAN en 2018 un patrimonio líquido de apenas $111.979.000 y la propiedad de un apartamento en Bogotá.
El poder político en acción
El poder de Pinto en el Congreso quedó demostrado cuando fue señalado como «autor intelectual» de la muerte anticipada de la reforma laboral propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, tal como había hecho un año antes con la reforma a la salud. Como político tradicional del Partido Liberal y cercano al expresidente César Gaviria, ha demostrado su capacidad para incidir en decisiones legislativas cruciales.
La decisión está en nuestras manos
El caso del senador Pinto refleja las profundas contradicciones de nuestro sistema democrático: mientras los autores materiales de un delito enfrentan la justicia, los presuntos determinadores con poder político parecen moverse en un plano diferente, protegidos por un sistema que ellos mismos ayudaron a construir.
La verdad no solo se lee en los informes periodísticos que valientemente desafían el silencio institucional. Se siente en la desconfianza ciudadana hacia un sistema judicial que parece aplicar la ley selectivamente.
El expediente puede seguir dormido en las gavetas de la Fiscalía, pero nuestra indignación y exigencia de justicia no pueden permanecer calladas ante este Sistema Silencioso que perpetúa la impunidad.
¿Hasta cuándo permitiremos que quienes compran votos sigan decidiendo el futuro de nuestra democracia?
