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La Contraloría General de la República confirmó –mediante notificación al actual alcalde de Santo Tomás, Tomás Guardiola Sarmiento– que los ex alcaldes de ese municipio Blas Fruto Maldonado y Luis Alberto Escorcia Castro, incurrieron (posiblemente en contubernio) en un oscuro procedimiento de fraude con el pago de deudas del municipio y terminaron robándose $541.507.958 millones de pesos.

Blas Ramón Fruto Maldonado fue alcalde de Santo Tomás entre los años 2012 -2014. De acuerdo con el concepto de Wilson Durán de la Cruz, contralor delegado para este caso, los hallazgos detectados tienen connotación fiscal, disciplinaria y penal, por lo que se solicita al actual alcalde disponer los medios para que los dos exmandatarios sean denunciados penalmente.

Inicialmente Corrupción al Día, denunció que el Banco Agrario –que maneja determinados fondos de la Alcaldía de Santo Tomás– pagó al ex alcalde Luis Alberto Escorcia Castro, mediante cheque de gerencia número 0689835, la suma en pesos de $249.932.710.00, por concepto de títulos judiciales que habían quedado como remanentes luego de un acuerdo de pago de una deuda de la alcaldía y el Banco Popular, pero el burgomaestre los desvió a sus cuentas personales.

La Contraloría, de acuerdo con nuestra denuncia, alertó al actual alcalde tomasino sobre el entramado de corrupción entre los dos ex mandatarios y recomendó poner al corriente a la justicia. El organismo de control señaló en la misiva: “Con lo anterior se observan debilidades en el manejo de los recursos del ente territorial, lo cual origina detrimento a los recursos de subsidios de agua potable para la comunidad municipal, inobservando los principios de moralidad, economía, de la función administrativa y no incorporando los recursos al presupuesto y la contabilidad del municipio de Santo Tomás, Atlántico”.

Pues bien, la Contraloría General de la República confirma, que la sucia movida no sólo benefició a Luis Escorcia Castro y expone –años atrás– las actuaciones de Blas Ramón Fruto Maldonado. El documento dice que los hechos se consumaron en la tarde del 2 de julio del año 2015, cuando el Banco Agrario pagó en efectivo $291.575.248.00 en cuatro títulos judiciales que fueron reembolsados por el Banco Popular y dejados a disposición del municipio de Santo Tomás, para ser reinvertidos en programas de agua potable y saneamiento básico, los programas del Sistema General de Participaciones.

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La Contraloría pone al descubierto lo que podría ser una “jugadita” entre los ex alcaldes Blas Fruto Maldonado y Luis Alberto Escorcia Castro, a quienes les correspondió encarar –como alcaldes– las demandas del Banco Popular como acreedor de viejas deudas del municipio. Es de aclarar que las deudas del municipio de Santo Tomás fueron adquiridas “Para inversiones en agua potable, infraestructura y mejoras en vivienda para comunidades desposeídas de Santo Tomás”. En todos los casos, los pagos fueron cargados al Sistema General de Participaciones.

Los dos alcaldes destinaron fuertes sumas de dinero público para saldar esas cuentas (posiblemente inflaron los montos), lograron acuerdos de pago con sumas inferiores a las giradas, pagan las deudas, pero no devuelven a los fondos de la Alcaldía los remanentes, los cuales terminaron en sus cuentas personales, (se roban el vuelto). El señor Blas Fruto Maldonado nunca le dijo a sus gobernados que el municipio tenía esos fondos para reinvertirlos y contrario a ello, los cobró en efectivo y se los robó“, relató a Corrupción al Día Oswaldo Pérez, veedor ciudadano que tiene bajo su lupa esta sucia trama.

En el caso del exalcalde Blas Fruto Maldonado, su municipio le debía al Banco Popular la suma de $541.507.958.00. El Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Barranquilla, aprobó la conciliación presentada entre el Banco Popular y la alcaldía de Santo Tomás bajo el radicado 08-001-33-31-011-2003-21111, y el día 17 de abril del 2015 ordenó fraccionar los montos del título 416010002433056, entregándole $250 millones de pesos al demandante, Banco Popular, (con lo cual quedaba saldada la cuenta original) y devolver a las arcas del municipio la suma de $291.575.248.00. Pero esa plata nunca llegó a los fondos de la alcaldía de Santo Tomás.

Corrupción al Día conoció que Blas Fruto Maldonado cobró cuatro títulos judiciales en efectivo, en un solo día y terminó su gestión sin notificar a los tomasinos que llevaba los bolsillos repletos de dineros públicos. Los cobros se realizaron de la siguiente manera:

Título  Fecha cobro  Pagados a:
4160110002410865 02/07/2015 Blas Fruto Maldonado
4160110002421130 02/07/2015 Blas Fruto Maldonado
4160110002492994 02/07/2015 Blas Fruto Maldonado
4160110002509819 02/07/2015 Blas Fruto Maldonado
4160110003190226 14/12/2019 Luis A Escorcia Castro

 

Cada uno de los títulos cobrados de manera directa por Blas Fruto Maldonado tiene un valor de $72.893.812.00, lo que significa que ese día salió del banco con una tula con $291.575.248 millones de pesos para no ver más los rostros de los lugareños que confiaron en él para el manejo de los programas de agua, energía eléctrica, pavimentos y mejoras en su calidad de vida.

En el mismo informe la Contraloría General de la República reseña que se solicitó un informe a la alcaldía de Santo Tomás para establecer si los alcaldes devolvieron –de algún modo- los dineros tan burdamente sustraídos y se confirmó que en las cuentas del Sistema General de Participaciones no ha sido consignado un solo peso de esos dineros entregados a los burgomaestres Blas Fruto Maldonado y Luis Alberto Escorcia Castro.

“Que una vez revisados los extractos bancarios de la cuenta número 416603002621 del Sistema general de Participaciones, Agua Potable y Saneamiento Básico, vigencias 2015 y 2019 del municipio de Santo Tomás, no refleja movimientos relacionados con los (5) depósitos judiciales que pagó el Banco Agrario a los señores Blas Ramón Fruto Maldonado y Luis Alberto Escorcia Castro, exalcaldes de ese municipio en fechas 02/07/2015 y 14/11/2019 respectivamente, atendiendo la providencia de fecha 17 de abril de 2015”

La alcaldía de Santo Tomás cuenta con cinco días hábiles para responder los requerimientos hechos por el delincuencial procedimiento de los dos alcaldes.

 

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