La corrupción en el sector salud no da tregua ni descanso y así lo acaba de corroborar la propia Contraloría General de la República al proferir fallo de responsabilidad fiscal por 2.723 millones de pesos contra el exgobernador del departamento de Sucre, Julio César Guerra Tulena, por el detrimento al patrimonio público que se dio con el llamado “Cartel de los Enfermos Mentales”.
Guerra Tulena ordenó (con recursos del Sistema General de Participaciones y de Regalías) pagos de servicios no prestados por la IPS Clínica de Rehabilitación Nuevo Amaneceres de Sucre, como fue la supuesta internación y atención de pacientes ficticios (de población pobre no asegurada) con trastornos del comportamiento por consumo de sustancias psicoactivas.
El organismo de control consideró que Guerra Tulena incurrió en conducta gravemente culposa, con la que faltó a su deber de garantizar la administración y debida utilización de los recursos destinados a la salud, pues no desarrolló una gestión eficiente, tendiente a supervisar y controlar su correcta inversión.
Consideró la Contraloría que el exgobernador ocasionó el desmedro de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados para la atención en salud de la población pobre no asegurada y los asignados por el Sistema General de Regalías para la Restructuración de pasivos, al ordenar el pago de bienes y servicios de salud, que no fueron efectivamente prestados por la IPS Clínica de Rehabilitación Nuevo Amaneceres de Sucre.
Nunca existió la atención de urgencias que esta IPS aseguró haber realizado y lo que se determinó por parte de la Contraloría es que lo único que perseguía la misma era obtener de manera fraudulenta el pago de unos servicios que nunca prestó y facturó con documentación adulterada.
El fallo con responsabilidad fiscal cobija también a dos exsecretarios de Salud Departamental: Nayibe del Carmen Padilla y Efraìn Suárez, en la misma cuantía ($2.723 millones), que al igual que el exgobernador tendrán que responder con su propio patrimonio, en forma solidaria.
Igualmente afecta a los siguientes funcionarios y contratistas de la Gobernación de Sucre en el momento de los hechos que dieron lugar al detrimento patrimonial:
*Samir Gregorio Serpa Àlvarez, en su condición de líder del Programa de auditoría de la secretaría de Salud Departamental de Sucre.
*Oswaldo Marcial Contreras Gómez, auditor del grupo de auditoría de la secretaría Departamental de Salud de Sucre.
*Samuel Enrique Palencia Tovar, auditor adscrito a la secretaría de Salud del Departamento de Sucre.
*Jorge Ramírez Mattar, auditor médico adscrito a la secretaría de Salud Departamental.
*Nadín Farak Arrieta, auditor de cuentas de la secretaría de Salud Departamental de Sucre.
*Ana Silveria Vergara Ortega, profesional especializado de la secretaría de Salud Departamental.
Finalmente, se falló con responsabilidad fiscal contra la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre S.A.S, y el señor Ernesto González Ospino, propietario y representante legal de esta IPS.
En el Tolima
En otra investigación, esta vez en el centro del país, en el Tolima, la misma Contraloría determinó a través de 22 hallazgos fiscales y disciplinarios por 718 millones de pesos, irregularidades que se dieron en la ejecución del contrato interadministrativo 637 de 2016, suscrito entre la secretaría de Salud del Tolima y el Hospital San Juan Bautista de Chaparral con el objeto de apoyar actividades de promoción, prevención y control de dengue, chikunguya y zika, en 11 municipios de este departamento.
El Hospital subcontrató tales actividades con la IPS Fundasalud, empresa que a su vez realizó otra subcontratación, y cobraron y se les pagó indebidamente por gastos operativos en el manejo de los contratos, sin que los ejecutaran directamente.
El contrato inicial que suscribieron la Secretaría y el Hospital tenía un valor total de 1.000 millones de pesos, de los cuales 930 millones de pesos, terminaron en Fundasalud IPS.
Las actividades contratadas debían adelantarse en los municipios de Coyaima, Carmen de Apicalá, Líbano, Honda, Mariquita, Purificación, Prado, Saldaña, Rovira, Alvarado y San Antonio.
Y esto solo por referenciar dos casos.
La corrupción pasa incluso por las propias entidades de vigilancia, como lo ocurrido en la Superintendencia Nacional de Salud, entidad donde algunos de sus funcionarios se vieron involucrados en uno de los escándalos de corrupción de los últimos tiempos.
Irregularidades como agilizar pagos de dinero que eran adeudados por EPS como Cafesalud y entidades territoriales; proporcionar información sobre trámites de inspección y vigilancia o de carácter financiero de EPS y cajas de compensación al grupo de particulares que integraban una red y quienes terminaban asesorando a los sujetos vigilados; incidir en los trámites de reorganización para la toma de decisiones en el ente de control favoreciendo las EPS y las cajas de compensación y facilitar el incremento de población afiliada a las EPS en distintas zonas del territorio nacional, con lo que aumentaban los ingresos por compensación por parte del Estado, fueron algunos de los hechos de corrupción detectados por la Fiscalía General de la Nación en el seno de la Superintendencia Nacional de Salud.
Por estos hallazgos fueron capturados Eva Katerine Carrascal, ex superintendente delegada para la supervisión institucional de Supersalud; Guillermo Enrique Grosso ex interventor de Saludcoop y ex presidente de Cafesalud; John Alexander Colmenares quien estuvo al frente de varias Ips y socio de Grosso y Javier Peña Ramírez, director médico de Cajacopi Eps Barranquilla. Para la Fiscalía se trata de una red criminal que se enquistó en la Superintendencia de Salud.
Financiar campañas
Hace poco, el propio procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, denunció que los recursos de la salud están siendo utilizados para financiar campañas y partidos políticos en el país.
Lo dijo durante el foro ‘La tutela y los derechos a la salud y la seguridad social 2018’, organizado por la Defensoría del Pueblo, en Bogotá, donde recordó que la Procuraduría ha descubierto cerca de siete ‘carteles’ como el de la hemofilia, síndrome de Down, VIH y el de las cajas dentales, entre otros.
“Aquí estamos hablando de un derecho fundamental y de cómo la corrupción se ha pegado como una costra al sector salud, al sector educación, lo que sigue siendo absolutamente inaceptable e impresentable en el manejo de los recursos de este país”, señaló Carrilo Flórez.
“La relación diabólica entre el financiamiento de las campañas y la corrupción por cuenta de atacar los derechos sociales y económicos de los colombianos hay que acabarla, por lo que seguiremos atacando los carteles de la salud en varios departamentos”.
Más corrupción, más tutelas
Y es que el grado de desgreño y de saqueo de los recursos de la salud, pareciera estar directamente ligado al grado de inconformismo que muchos colombianos tienen con la atención en los servicios de salud, y las constantes quejas por la mala calidad y falta de oportunidad y pertinencia en el servicio.
La mejor evidencia de esta situación son las 207.734 acciones de tutela que el año pasado fueron interpuestas ante estrados judiciales para reclamar servicios de salud.
207.734 acciones de tutela fueron interpuestas en 2018 ante estrados judiciales para reclamar servicios de salud.
Durante el 2018, reveló el defensor del Pueblo, Carlos Negret, se presentaron 607.308 acciones de tutela por violaciones a un derecho fundamental. De estas, 207.734 corresponden a transgresiones al derecho a la salud”.
607.308 acciones de tutela se instauraron en 2018 por violaciones a un derecho fundamental. 207.734 corresponden a transgresiones al derecho a la salud
Las tutelas se presentaron especialmente en 5 departamentos del país: Antioquia 48 mil tutelas (24%), seguido por Valle del Cauca con 23 mil (11%), Bogotá 14.000 (7%), Norte de Santander 13 mil (6%) y Santander con 12 mil (6%). Negret señaló que “en 1019 municipios hubo, por lo menos, una tutela para reclamar un derecho, es decir, en el 91% de las poblaciones colombianas».
Las entidades prestadoras de salud, EPS, son las instancias sobre las que recayó la mayor cantidad de estos recursos ya que del total de tutelas instauradas en el 85% fueron en su contra, siendo Medimás la EPS contra la que más tutelas se presentan, seguida por Coomeva, Nueva EPS y Savia Salud.
La petición de tratamiento integral y oportuno por negación, demora o entrega parcial de servicios de salud y citas médicas especializadas, son los servicios de salud más reclamados por los colombianos mediante tutelas.
“Las consultas especializadas en oncología son las peticiones más frecuentes, seguidas de cirugía de cabeza, urología y ginecología. En el caso de oncología encontramos solicitudes para TAC y detección de tumor, entre otros exámenes”, puntualizó Negret.
Luis Alberto Martínez Saldarriaga, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), ha declarado que el incremento sustancial de las tutelas reclamando servicios de salud se ha dado a partir del año 2014, año en el cual se aprobó la política de fortalecimiento de las EPS con recursos de giros directos del valor anticipado correspondiente a lo que paga el Estado por la Unidad de Pago por Capitación UPC, y que les dio de 7 a 10 años para que se recuperaran patrimonialmente, lo que bien podría haber puesto en una posición todavía más dominante a las EPS dentro de los actores del sector salud.
Lo cierto es que el mismo superintendente nacional de Salud, Fabio Aristizábal ha reconocido la práctica de por lo menos 36 modalidades de corrupción para apropiarse de los recursos del sistema de salud, cuyo presupuesto anual alcanza los 42 billones de pesos y que si los castigos no son ejemplarizantes y el sistema no se regula, el dinero seguirá quedándose en manos de los corruptos y sacrificando no solo la salud de los colombianos, sino el trabajo del personal médico y de enfermeras en todo el territorio nacional.
