La Contraloría General de la República vinculó a la firma Intec de la Costa SAS, socio de la Unión Temporal Centros Poblados, a un proceso de responsabilidad fiscal por más de $1.337 millones que abrió en el departamento de Sucre por irregularidades en el fallido proyecto de construcción de un puente militar sobre el río San Jorge, en la vereda La Solera del municipio de Caimito, donde está perdido el anticipo de $1.253 millones entregado al contratista (Consorcio Puente San Jorge 2019).
En este caso, Intec de la Costa SAS aparece como integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, con un 80 por ciento de participación. Dicho Consorcio tiene contrato suscrito con el municipio de Caimito por valor de $2.507 millones para adelantar las obras complementarias del puente y desde hace tiempo se ha denunciado la ocurrencia de varias presuntas irregularidades.
La misma administración municipal denunció una supuesta falsedad documental en el acto de conformación de este consorcio.
Precisamente una denuncia que recibió la CGR, originó una auditoría adelantada en el municipio de Caimito, sobre el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), que determinó un presunto hallazgo fiscal cuyo traslado dio lugar a la apertura de este proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Gerencia Departamental de la CGR en Sucre.
El hallazgo detectado en esta auditoría tiene que ver con deficiencias en la ejecución del contrato suscrito por el municipio de Caimito con el Consorcio Puente San Jorge 2019, particularmente en la inversión del anticipo de obra.
Al momento de realizarse la auditoría se determinó que no reposaba en la cuenta bancaria que abrió el contratista la totalidad de los recursos del anticipo que debía haber allí, aunque no se había amortizado y no había avance en la ejecución de la obra.
En visita que realizó a la misma un ingeniero civil de la Contraloría a principios 2020, se verificó que se encontraba abandonada sin ejecutar.
Pólizas vencidas y otros líos
Aparte de un mal manejo del anticipo, la Contraloría ha determinado también que las pólizas del contrato suscrito por el Consorcio Puente San Jorge 2019 están vencidas y no se constituyeron correctamente para los riesgos de cumplimiento del mismo y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.
El organismo de control encontró igualmente que el secretario de Planeación del municipio de Caimito para la fecha de los hechos investigados, supervisor del contrato de obra pública y del de interventoría, habría tenido incidencia directa en el vencimiento del plazo del contrato de obra al suscribir un acta de suspensión sin estar facultado para ello, situación que, a su vez, condujo al vencimiento del período de vigencia de los amparos constituidos en la respectiva póliza de seguro de cumplimiento.
Y hay más: la obra inició sin el trámite de los respectivos permisos de Ocupación de Cause y permiso de Aprovechamiento Forestal. Y no está soportada la procedencia legal de los materiales de construcción utilizados.
Causa del daño patrimonial
En el proceso de responsabilidad fiscal abierto por la Contraloría en este caso, el supuesto daño patrimonial se deriva de las deficiencias detectadas en la estructuración y ejecución del contrato de obra pública suscrito por el municipio de Caimito (Sucre) con el Consorcio Puente San Jorge 2019.
A esto se suma el perjuicio derivado del incumplimiento del contrato de interventoría que suscribió con el Consorcio Interpuentes 2019, que según la Contraloría claramente desatendió sus obligaciones contractuales y legales, al abstenerse de verificar que el contrato de obra cumpliera con todos los requisitos y condiciones necesarias para su ejecución, además de pasar inadvertidas las deficiencias en las garantías constituidas por el Consorcio Puente San Jorge 2019.
Por otra parte, el contrato de interventoría también posee deficiencias en las pólizas de seguro para los riesgos de cumplimiento del contrato y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.
La CGR vinculó a este proceso, como presuntos responsables fiscales, a:
–Víctor Miguel Ricardo Vega, en calidad alcalde del municipio de Caimito (Sucre), para la época de ocurrencia de los hechos investigados.
–Kevin Ricardo Caly, en calidad de secretario de planeación del municipio de Caimito para la fecha de los hechos investigados, supervisor del contrato de obra pública y del contrato de interventoría.
–Intec de la Costa S.A.S, como integrante del Consorcio Puente san Jorge 2019, contratista ejecutor del contrato de obra pública, Esta vinculación opera con relación a la cuantía de $1.253.542.637,50, correspondiente al valor percibido como anticipo.-Dialco Construcciones SAS, otro integrante del Consorcio con participación del 20%, contratista ejecutor del contrato de obra.
–Walter David Sánchez Urzola, representante legal del Consorcio Puente San Jorge 2019, ante una supuesta falsedad en la constitución del mismo. Su vinculación se hace con relación a la suma de $1.253.542.637,50, correspondiente al valor percibido por este consorcio como anticipo.
–Covilco Ltda., integrante del Consorcio con participación del 50%.
–Javier Jopsé Pereira Areiza, integrante del Consorcio Interpuentes 2019 -con participación del 50%-, y quien ejecutóla interventoría.
El proceso de responsabilidad fiscal se abrió por una cuantía inicial estimada en $1.337.790.621, correspondientes al valor de los pagos realizados a los contratistas de obra y de interventoría.
Lupa a contratos de socios de Centros Poblados
Vale recordar que la Contraloría ha puesto su lupa sobre los contratos que han tenido desde 2014 las firmas que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados, vinculada al proceso de responsabilidad fiscal abierto por la pérdida de más $70 mil millones que recibió en calidad de anticipo por la ejecución de un contrato que suscribió con el MinTIC para llevar internet a colegios públicos rurales del país.
Aparte de Intec de la Costa SAS, son socios de la UT Centros Poblados otras tres empresas: Omega Buildings Constructora SAS, ICM Ingenieros SAS y Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería Seguridad e Innovación (Funtics, ahora Novotic).
Funcionarios corruptos de vieja data
Vale recordar que en noviembre del 2019 fueron capturados en Caimito el entonces alcalde de esa población, Víctor Ricardo Vega, Rafael Parra Cruz, quien fungía como Jefe de Presupuesto y Kevin Ricardo Caly, quien se desempeñaba como Secretario de Planeación.
Al parecer, las tres personas usaban sus cargos de servidores públicos de la Administración municipal de Caimito para omitir y manipular los requisitos exigidos para la celebración de contratos estatales a favor de terceros.
En concreto, en el 2016 hicieron un contrato de transporte escolar terrestre y acuático para estudiantes de la zona rural de este municipio del sur de Sucre.
De acuerdo con la Fiscalía 22 Seccional, los funcionarios omitieron sus funciones en el proceso de contratación, violando los principios de selección objetiva y planeación, entre otros.Ricardo Vega suscribió el contrato con la Sociedad Comercial Transportes Especiales, cuyo representante es Juan Cañas Uribe, por $339.999.120 pesos.
De acuerdo con el este de investigación, el contrato fue suscrito con varias irregularidades y se venía ejecutaba cuatro meses antes de haber sido firmado.
