Elecciones amañadas, politizadas y con visos de corrupción

Por estos días se llevó a cabo en todos los concejos y asambleas del país la elección de contralores de municipios, distritos y departamentos, quienes por ley tienen la misión de velar por la correcta ejecución de los dineros públicos, para que no se despilfarren ni se los roben.  

Sin embargo, tal misión se queda solo en el papel, pues por años la elección de contralores, igual que de personeros, se ha convertido en un proceso poco transparente, amañado y politizado, cuyas consecuencias se ven en unas contralorías cada vez menos eficientes en su razón de ser, donde la gran mayoría son fichas políticas dispuestas para tapar la gestión del alcalde o gobernador, si son de su cuerda electoral, o para hacerle la vida imposible, si son de la oposición. 

Esto último los lleva a llenar sus arcas personales en muy pocos años, lo que nos obliga a recordar a un contralor en al Atlántico que lo llamaban “cien millones”, porque a todo los investigados les decía que los problemas se le arreglaban con cien millones de pesos.

Algunos casos 

Ya la Procuraduría General de la Nación anunció una indagación preliminar por las presuntas irregularidades que se registraron en la elección del contralor departamental de Santander, Fredy Anaya

El representante a la Cámara Fabián Díaz, aseguró que desde que inició el proceso de selección de este cargo se ha hecho un trabajo juicioso para denunciar las irregularidades que se registraron. 

«Ya sabíamos que el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, iba a poner allí su ficha como contralor para seguir haciendo de las suyas, ya que su gobernación esta envuelta en irregularidades, está envuelta en diferentes actos de corrupción que hemos denunciado. Lo mismo que ha sucedido con su hermano Richard Aguilar cuando este fue gobernador», añadió el representante a la Cámara por el Partido Verde. 

En noviembre pasado la Procuraduría advirtió posibles irregularidades en el Concurso Público y Abierto de Méritos para la elección de los contralores departamentales de Santander y Antioquia, así como del contralor municipal de Bucaramanga para el periodo 2022 – 2025. 

«El órgano de control disciplinario recordó que tiene la lupa puesta sobre el concurso para la elección de contralores territoriales del periodo (2022-2025), para prevenir la ocurrencia de irregularidades tanto en la selección de las universidades a través de las cuales desarrollan el concurso, como en la elección de los contralores», señaló la entidad. 

En el caso de Bucaramanga, en medio de una polémica fue elegida la nueva contralora, Marcela Viviana Blanco Morales

Marcela Viviana Blanco Morales

La votación terminó sobre las 11:50 de la noche del pasado domingo en medio de varios cuestionamientos de concejales de la minoría. El cuestionamiento que se había hecho a esta candidata radica en que es la madrina de bautizo de la hija del actual presidente del Concejo, Fabian Oviedo.  

«Se pasó por encima todos los conflictos de intereses comenzando con el hecho de que la nueva contralora es la madrina de la hija del presidente del Concejo y lo otro es que una concejal de la minoría de la Liga de Gobernantes votó a favor de ella», indicó Carlos Parra, concejal del partido Verde. 

La nueva contralora quedó elegida con 10 votos a favor de 19 totales.   

Hace un mes se conoció que Blanco Morales era la madrina de la hija menor del presidente del Concejo, por este hecho el saliente contralor de Santander pidió que Fabian Oviedo se declara impedido para votar y que incluso Blanco Morales no pudiera participar en el concurso por conflicto de intereses.  

Sin embargo, el concejo votó para que esta elección siguiera adelante y la oficina jurídica no tomó en cuenta el oficio del saliente contralor de Santander, Carlos Fernando Pérez.

El nuevo contralor de Cali es Pablo Ordóñez, quien fue elegido con 17 votos. Es egresado de la Universidad Central del Valle, UCEVA, Licenciado en Ciencias Sociales y Abogado, especializado en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás de Bogotá.

Sin embargo, su elección ha generado toda una polémica en la ciudad, pues en su discurso mencionó a Juan Carlos Abadía, un polémico exgobernador del Valle del Cauca señalado por corrupción. 

«No podría dejar pasar este momento sin dar un saludo especial a una persona muy querida por los vallecaucanos, el exgobernador Juan Carlos Abadía», dijo Ordóñez. 

Entre los cuatro concejales que no votaron por él, estuvo Diana Rojas quien se mostró bastante molesta por la elección. 

«Acaba de elegirse al nuevo contralor, lo eligieron con 17 votos a favor y le dio un saludo afectuoso a Juan Carlos Abadía en su discurso. Así estamos en Cali ¡Qué vergüenza!», dijo Rojas

Por su parte, el concejal Roberto Ortiz dijo «Voté en blanco porque considero que detrás de la elección del contralor estaba Juan Carlos Abadía y personas cercanas a la administración del alcalde Ospina». 

Cabe resaltar que la Universidad del Valle fue la entidad que se escogió para hacer el examen y la preselección de estos candidatos. 

Y en Cúcuta, fue elegido el optómetra Óscar Enrique Sandoval Blanco, muy cercano al movimiento político que lidera el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, opositor al gobierno actual.

Óscar Enrique Sandoval Blanco

Suárez Corzo fue investigado por sus nexos con los paramilitares, quienes señalaron al exalcalde de ser el autor intelectual del homicidio de dos de sus rivales políticos. En septiembre de 2007, Suárez fue capturado por el homicidio del exasesor de la alcaldía Alfredo Enrique Flórez Ramírez y condenado a pagar 27 años de cárcel. Sin embargo, sigue manejando el poder político desde la cárcel. 

La Opinión de Cúcuta publicó que, con la llegada de Sandoval Blanco, «el ramirismo logra mantener el dominio del ente de control fiscal, ahora por cuatro años, luego de que en 2020 lograra elegir a Martha María Reyes, mano derecha del condenado exalcalde». 

Modelo fracasado 

En el 2018, en su artículo “¿Por qué la presencia de las contralorías no disminuye la corrupción en Colombia? Análisis desde la perspectiva de un modelo de agencia”, los investigadores Federico Corredor (profesor) y Valentina Cortés (estudiante de maestría en Gobierno y Políticas Públicas) de la Universidad Externado de Colombia, explican las razones de la inviabilidad de este modelo.  

Según los investigadores, las contralorías departamentales fracasaron en el intento de reducir la corrupción en la ejecución del gasto público. «Como guardianes del erario, han sido capturadas por el regulado en un ambiente en el que el clientelismo regional facilita los sobornos y dádivas que dan lugar a acuerdos colusorios en pro de intereses particulares», dicen los investigadores. 

Ellos encontraron que, en primer lugar, a nivel regional hacer acuerdos ilegales entre el vigilante (la Contraloría) y el vigilado (gobernadores, alcaldes, políticos), para apropiarse de recursos públicos y repartirlos, y evitar que estos movimientos salgan a la luz, son prácticas relativamente fáciles de realizar, con pocos riesgos, como lo demuestra el bajísimo nivel de resultados en procesos de responsabilidad fiscal. Son bajos los costos de transacción en este escenario. 

Subrayan la inexistencia de independencia entre el vigilado y el vigilante, pues los aspirantes a contralores compran su elección y pagan entregando los cargos disponibles, no a los más capaces y a los más honestos, sino a los amigos o recomendados de los políticos.

«Al menos en quince ciudades los concejales le pusieron precio a su voto en la elección de contralores […] si los contralores tienen que pagar por los votos para ser elegidos, comprometer cuotas burocráticas o incluso parte de sus salarios a concejales y diputados, es a este último grupo de personas al que los encargados del control fiscal deben rendir cuentas y no a la ciudadanía», asegura el informe. 

Finalmente, está el problema de la eficiencia de la tecnología de supervisión, que suma el atraso tecnológico con las deficientes capacidades del personal para ponerlo en marcha y, de otro lado, con la ausencia de una cultura de la participación de una ciudadanía que no sabe cómo o no le interesa denunciar o vigilar. 

Y todo esto está inmerso en la ‘kafkiana’ situación de la multiplicidad de supervisores que bien describen los investigadores: «se han identificado siete niveles de supervisores en el esquema de supervisión sobre la producción de bienes públicos en Colombia. Siete guardianes de guardianes, que vigilan al vigilante que vigila a los vigilantes de vigilantes, y la corrupción en Colombia no disminuye, y cada día sus proporciones son más escandalosas».  

El artículo está contenido en la colección “La corrupción en Colombia” (4 tomos), segunda serie de investigaciones sobre grandes temas del país que, a su vez, hacen parte el proyecto “Así habla el Externado”. 

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