Bienvenidos al paraíso de la corrupción carcelaria, donde robar es más fácil que respirar
Más allá de los titulares sobre «crisis carcelaria» se esconde una verdad que nadie quiere contar: Colombia ha convertido sus prisiones en máquinas de hacer dinero a costa de vidas humanas. Mientras 78.493 millones de pesos desaparecen en irregularidades documentadas por la Contraloría, mujeres con cáncer esperan meses por quimioterapias que nunca llegan y la malla perimetral de El Pedregal se desploma como metáfora perfecta de un sistema diseñado para fallar.
Porque claro, ¿para qué curar a una mujer con cáncer cuando ese dinero puede «perderse» en contratos fantasma? ¿Para qué reparar una malla perimetral cuando la inseguridad justifica más presupuesto el año siguiente? Bienvenidos al genio perverso de la corrupción carcelaria colombiana, donde cada peso robado es una muerte programada y cada silencio cómplice, una condena perpetua para los más vulnerables.
LA RADIOGRAFÍA DEL HORROR: CÓMO FUNCIONA LA MÁQUINA DE MATAR
La auditoría de la Contraloría no es un documento técnico. Es un manual de instrucciones sobre cómo asesinar personas con burocracia. En el Buen Pastor, las internas oncológicas llevan meses sin quimioterapia por «falta de convenio» con el Instituto Nacional de Cancerología. Traducción: alguien decidió que era más rentable dejar morir a estas mujeres que firmar un papel.
En La Picota, 316 procedimientos médicos represados. No estamos hablando de cirugías estéticas; hablamos de radiografías, tomografías, curaciones básicas. Imaginen la creatividad que se necesita para convertir una curación en un trámite imposible. Solo en Colombia se logra que una inyección se vuelva un obstáculo burocrático insuperable.
Y por supuesto, los medicamentos llegan tarde, incompletos o vencidos. Porque administrar medicamentos a tiempo requiere una coordinación que, aparentemente, está más allá de las capacidades de quienes se embolsillan millones en irregularidades. Qué casualidad que la eficiencia brille por su ausencia justo donde más se necesita, pero nunca falta cuando se trata de aprobar contratos sobrevalorados.
LOS ARQUITECTOS DE LA IMPUNIDAD: QUIÉNES Y CÓMO ROBAN
La Uspec y el Inpec no son instituciones fallidas. Son instituciones que funcionan perfectamente… para sus verdaderos propósitos. Mientras el Auto 1745 de la Corte Constitucional exigía obras terminadas para abril de 2025, ninguna fue entregada. Cero. Absolutamente ninguna. Esto no es incompetencia; es sabotaje institucional.
4.783 cupos inhabilitados porque las obras del nuevo Eron en Pereira y Sábanas de San Ángel están en el limbo eterno de la contratación colombiana. Las estructuras modulares en Itagüí siguen esperando su turno, como si fueran solicitudes de visa para el cielo. Porque claro, construir una cárcel es más complejo que enviar un cohete a la Luna… o al menos eso quieren hacernos creer.
El caso de El Pedregal es una obra maestra del cinismo: la malla perimetral colapsó, facilitando fugas, y el Contrato 404 de 2021 para repararla sigue sin ejecutarse. Tres años después, la Contraloría constata que «tanto el muro como la malla continúan caídos«. Es como si hubieran descubierto que el agua moja, pero con $78 mil millones de pesos de por medio.
EL COSTO HUMANO DE LA CODICIA INSTITUCIONAL
Cada peso robado tiene nombre y apellido. Las pacientes oncológicas del Buen Pastor que no reciben quimioterapia no son estadísticas; son mujeres condenadas a muerte por la avaricia burocrática. Los 316 procedimientos represados en La Picota representan 316 vidas puestas en pausa para que algunos funcionarios puedan financiar sus mansiones en Miami.
La insalubridad en las cocinas no es descuido; es un acto deliberado de tortura. Pisos agrietados, palomas en el área de preparación, escombros acumulados. Porque mantener condiciones mínimas de higiene requiere inversión, y la inversión reduce las oportunidades de «comisiones especiales» en cada contrato.
El hacinamiento en estaciones de policía, donde personas condenadas permanecen indefinidamente, viola directamente las órdenes de la Corte Constitucional. Pero cumplir órdenes judiciales es menos rentable que inventar excusas creativas para justificar la inacción.
EL SISTEMA QUE CONVIERTE LA MISERIA EN NEGOCIO
Esta no es la historia de unos funcionarios corruptos. Es la radiografía de un sistema diseñado para convertir el sufrimiento humano en commodity. La crisis carcelaria no es una falla del sistema; es su producto estrella. Cada hacinamiento justifica más presupuesto, cada muerte por desatención médica se archiva como «tragedia inevitable«, cada fuga se convierte en argumento para más recursos de seguridad.
La filosofía es sencilla: mantener la crisis perpetua para justificar el presupuesto perpetuo. Es el modelo de negocio perfecto: crear el problema, vender la solución, ejecutar mal la solución, culpar a factores externos, solicitar más presupuesto. Y repetir el ciclo eternamente.
Los $78.493 millones en irregularidades no son un error contable; son el costo de mantener funcionando esta máquina de hacer dinero. Cada peso mal usado es una inversión en la perpetuación del sistema que permite que sigan mal usándose pesos.
LA PREGUNTA QUE NADIE SE HACE
¿Por qué un país que puede organizar un Mundial de Fútbol no puede mantener funcionando una cárcel? ¿Por qué una nación que construye túneles y puentes no puede reparar una malla perimetral? La respuesta es obscenamente simple: porque el fútbol y la infraestructura vistosa generan votos, pero las cárceles solo generan oportunidades de robo sin rendición de cuentas.
La crisis carcelaria es el laboratorio perfecto de la corrupción institucional. Sin medios mirando constantemente, sin ciudadanos votantes directamente afectados, sin accountability real. Es el paraíso de la impunidad, donde se puede robar sin consecuencias y matar sin responsabilidad.
La Contraloría presenta sus hallazgos, los medios publican la noticia, los funcionarios prometen «tomar medidas«, y en seis meses todo vuelve a la normalidad. Porque el sistema no está diseñado para cambiar; está diseñado para simular que cambia mientras perpetúa exactamente las mismas dinámicas.
EL ESPEJO DE NUESTRA SOCIEDAD
Esta crisis carcelaria no es un problema del sistema penitenciario. Es el reflejo perfecto de lo que somos como sociedad: una nación que prefiere la indignación momentánea a la acción sostenida, que se escandaliza con los titulares pero se olvida de las causas, que exige justicia pero no está dispuesta a pagar el precio político de conseguirla.
Cada peso robado en las cárceles es posible porque como sociedad hemos normalizado que robar al Estado no es robar a nadie. Cada muerte por desatención médica es posible porque hemos aceptado que la vida de un interno vale menos que la tranquilidad de no tener que pensar en el tema.
La pregunta no es si hubo corrupción en el sistema carcelario. La pregunta es si vamos a seguir permitiendo que la corrupción tenga víctimas con nombres y apellidos. La pregunta es si 78 mil millones robados nos van a indignar hasta el próximo escándalo o si esta vez vamos a exigir que alguien, por fin, pague por estos crímenes.
Porque cada peso robado es una oportunidad perdida de salvar una vida. Cada silencio cómplice es una condena a muerte. Y cada vez que miramos hacia otro lado, nos convertimos en cómplices de un sistema que ha convertido la miseria humana en su modelo de negocio más exitoso.
El sistema carcelario no se va a reformar solo. Pero tampoco puede seguir funcionando sin nuestra complicidad. La próxima vez que lean sobre «irregularidades» en las cárceles, recuerden que detrás de cada peso robado hay una mujer con cáncer esperando una quimioterapia que nunca va a llegar.
