(Primera Parte)

Barranquilla es una ciudad muy pobre en monumentos públicos de reconocidos maestros, por eso después de varios años muchos ciudadanos inquietos se preguntan dónde está el cóndor del artista Alejandro Obregón, la única obra majestuosa que exhibía la ciudad en una de sus plazas, específicamente en la tradicional plaza de Telecom. 

Nos dimos a la tarea de indagar por este monumento y, ¡vaya sorpresa! Descubrimos todo un monumento de corrupción erigido conexamente a la desaparición del cóndor del maestro Obregón.

Momentos en que desmontaban el cóndor del maestro Obregón.

Se trata de un contrato de más de $8 mil millones de pesos, responsable en una de sus partes en la remodelación de la plaza del antiguo Telecom, donde estaba ubicado el preciado monumento del pintor y escultor barranquillero de adopción. 

En ese contrato son protagonistas: el contratista Carlos Vengal Pérez, responsable también de la construcción del fracasado Megatanque del 7 de Abril, y Luis Enrique Guzmán Chams, quien denunció que había pagado las multimillonarias coimas para la contratación de ese megatanque.

Veamos cómo el cóndor voló dejando un nido de corrupción.

El cóndor voló…

EL COMODATO

El 15 de agosto de 2017 la Secretaria General del distrito de Barranquilla, Ana María Aljure, firmó el contrato número 025-2017 con el Consejo Superior de la Judicatura, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial seccional Atlántico, con el fin de recibir en comodato “a título gratuito” por cinco años “el uso, goce y disfrute de la escultura en bronce denominada Telecondor, de la autoría del maestro Alejandro Obregón”.

En el parágrafo de la cláusula primera del contrato de comodato se especifica que “la escultura a entregar en préstamo de uso tienen las siguientes características: Escultura de bronce del maestro Alejandro Obregón, la cual se encuentra ubicada en la Plazoleta Principal del bien inmueble ubicado en la carrera 44 No.38-26 de la ciudad de Barranquilla, identificado con folio de matricula inmobiliaria No.040-174103 y referencia catastral No.01- 02-0098-0001-000”.

Ni en esta ni en las siguientes cláusulas del contrato se especifica claramente si el comodato es únicamente por la escultura o si también incluye la plazoleta, que en el parágrafo anotado quedó incluida con todas las letras y números.  

Llama la atención que el distrito, meses después, sin más ni más asumió la remodelación de esa plazoleta que pertenece a la Rama Judicial, a través del contrato de obra que habíamos referenciado al comienzo de este escrito, otorgado a Carlos Vengal y Luis Eduardo Guzmán Chams.  

En el punto dos de la cláusula quinta (obligaciones de las partes), se dice que el distrito asumirá los costos del traslado, la restauración y las obra civil que se requiere para la reubicación de la escultura en el nuevo pedestal que ya se encuentra ubicado en el par vial de la carrera 50.

Este año 2022 se cumple el plazo del comodato y nadie ha visto la escultura.  Han pasado cinco años y los barranquilleros no hemos podido gozar ni disfrutar del Telecondor del maestro Alejandro Obregón, pues el distrito contrató al curador cartagenero Salim Osta Lefranc por $75 millones, mediante contrato No.01*2017*002553, para que lo  desinstalara y lo restaurara, y no supimos más de la famosa escultura.  Sin embargo, la secretaría de cultura del distrito de Barranquilla ha dicho que el Telecondor está guardado en espera de su traslado final al par vial de la carrera 50.

Así fue restaurado el Telecóndor de Obregón.

LA PLAZOLETA

El día 7 de abril de 2017,  para celebrar el cumpleaños de la ciudad de Barranquilla, la secretaría general del distrito celebró el contrato No.01*2017*001130, con el objeto “construcción de nuevos espacios públicos para las diferentes localidades del distrito de Barranquilla”.

Previamente, la secretaría general había abierto la licitación pública LP-007-2017 con del objeto anotado anteriormente, en donde se presentaron 11 proponentes, resultando ganador, con un puntaje de 999.968, la Unión Temporal Nuevos Espacios 2017, conformada por Carlos Vengal Pérez como persona natural, con c.c. 7.456.295, con una participación del 51%, y JPS Construcciones del Caribe SAS, nit 900.676.801-9, con el 49%, de propiedad de Luis Enrique Guzmán Chams (C.C 72.310.777).

Este era un contrato de obra, que incluía la remodelación de algunos colegios, plazas y parques, por un monte de $7.975.988.604 de pesos y con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2017 (264 días, es decir, 8 meses y 24 días).  Posteriormente, a este contrato se le incluyó las obras de remodelación y recuperación  de la plazoleta de Telecom

La modalidad de pago se pactó por acta de obra entregada y el interventor asignado (30 de mazo de 2017)  fue la empresa de economía mixta Edubar, mediante contrato No.01-2017-001054, por valor de $400.000.000, incluído el IVA.

Algo muy curioso, y aquí está la primera bandera roja de probable corrupción, se presenta con la asignación de la interventoría en una fecha anterior a la del contrato de obra.  Lo usual es que primero se seccione el contratista de la obra y después el interventor, y en algunos casos puede suceder de manera paralela.

Esta selección inusual de escoger a una empresa de economía mixta, como lo es Edubar, contraría lo estipulado en Ley (Ley 80 de 1993, artículo 32, numeral 1) que dice: en los contratos de obra el interventor será seleccionado mediante proceso de licitación pública y deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueran imputables en los términos previstos del articulo 53 de esta Ley.

SEGUNDA BANDERA: LOS IMPUESTOS A PAGAR

El contratista ganador tenía 10 días hábiles para pagar tanto los impuestos distritales como los departamentales. Pero solo hasta el 6 de junio, dos meses después de firmado el contrato, pagaron los impuestos distritales y el 7 de junio canceló los impuestos departamentales.

La interventoría, a cargo de Edubar, no pagó los impuestos distritales completos. Solamente hay soporte del pago del Itsa, que equivale al 0.3% (0.003) del valor del contrato.

En este punto queremos anotar una anomalía contable que seguramente se convierte con el tiempo en delito.  Se trata de la manera en que el distrito liquida la estampilla Pro Itsa utilizando una base gravable errónea.  Se toma como base los $400.000.000 del valor de contrato, lo cual es un error, pues este valor contiene incluido el valor del IVA (16%) que es $55.172.414.

Esto quiere decir que el valor real del contrato es $344.827.586. Y si a este valor le aplicamos el 0.3%, tenemos que el valor exacto de la estampilla Pro Itsa es de $1.034.483. 

Entonces tenemos que el distrito le está cobrando al contratista un excedente de $165.517. La pregunta entonces es: ¿a dónde va a parar esta cuenta? Si el distrito le debe girar a la Dian los $55.172.414 del IVA de este contrato, por lo tanto, los $165.517 quedan en el aire.

Por Ley los impuestos no pueden ser gravados o castigados con otros impuestos.

Por otro lado, vemos que Edubar no canceló el impuesto de Dotación a la Tercera Edad, equivalente al 2.5% (0.025) del valor del contrato ($344.827.586 x 0.025), es decir $8.620.690.

Tampoco canceló la Estampilla Pro Cultura, equivalente 2.0% (0.02) del valor del contrato, que es igual a $6.896.552.

La suma de estos dos valores es $15.517.642, que hasta el día de hoy no los ha cancelado. 

El articulo 41 de la Ley 80 es claro al advertir que un contratista no podrá ejecutar el contrato sin antes pagar todos los impuestos necesarios para su perfeccionamiento. Igualmente en la cláusula XXV del contrato (Anexos del Contrato) se advierte en el inciso d) que el contratista tiene la obligación de anexar constancia de pago de los impuestos y contribuciones que correspondan.

Aquí levantamos una gran bandera roja de corrupción, pues tanto el contratista como el interventor de la obra actuaron violando la Ley, pues el acta de inicio firmado por el interventor carece de validez, ya que Edubar no perfeccionó nunca el contrato al violar la cláusula XXV, inciso d) del contrato.

El articulo 898 del Código de Comercio dice que un contrato es inexistente cuando no tiene legalidad, como ocurre en el caso de el contrato de interventoría No.01-2017-001054.

LOS DUEÑOS DEL CONTRATO

Aquí entran en escena dos personajes muy cuestionados en la contratación pública en el Atlántico y que uno de ellos venía monopolizando en este departamento desde hacía más de tres décadas.  

En primer lugar Carlos Vengal Pérez, un reconocido jugador de básquetbol amateur de la selección atlanticense en los años 60 y 70, quien saltó al negocio de la contratación pública en los años 80 de manos del fallecido político liberal José Name Terán, padre del actual senador José David Name Cardozo.

Carlos Vengal Pérez

Vengal integra la Unión Temporal Nuevos Espacios 2017 como persona natural, con una participación 51%.  El otro 49% es de la empresa JPS Construcciones del Caribe SAS, de propiedad de Luis Enrique Guzmán Chams, quien además actúa como suplente de la gerente Sandra Milena Pimentel Gómez, según consta en el certificado de existencia y representación legal de la empresa. 

Guzmán Chams es un abogado, ganadero, prestamista y contratista de obra desde 2013 cuando constituyó la firma GPS Construcciones del Caribe S.A.S, un año antes de que Carlos Vengal Pérez obtuviera el contrato para la construcción del megatanque del 7 de Abril. 

Luis Enrique Guzmán Chams

De acuerdo a declaraciones hechas a la periodista María Jimena Duzán, (Ver enlace), el mismo Luis Enrique Guzmán Chams se define como un comerciante que a pesar de ser abogado le apuesta económicamente a varias actividades, sobre todo al préstamos de dinero para financiar la operatividad de contratos de obras públicas, sobre todo para el pago de coimas a funcionarios públicos del distrito de Barranquilla y la gobernación del Atlántico.

Hoy, con todo el material aportado a la Fiscalía y a los medios de comunicación por parte de Luis Enrique Guzmán Chams, sabemos que el ex-basquetbolista Vengal y Guzmán Chams no solo eran socios en la la Unión Temporal Nuevos Espacios 2017, sino que desde 2015 tenían una relación estrecha de negocios, ya que el segundo le había prestado al primero, $2.300 millones de pesos para pagar las coimas  del contrato para la construcción del megatanque 7 de Abril. 

Carlos Vengal necesitaba urgentemente hacer este pago para “destrabar” la ejecución del contrato AMB.LP-002-2014 por $23.580.648.690, por lo que Guzmán Chams entró como socio en la sombra en el negocio para construcción del tanque de almacenamiento de agua más grande de Latinoamérica.

Por obvia razones, podemos inferir que en el contrato No.01*2017*001130, con el objeto “construcción de nuevos espacios públicos para las diferentes localidades del distrito de Barranquilla”, con el que se reconstruyó a modo de “empanada” la plaza de Telecom donde estaba la escultura del maestro Alejandro Obregón, sucedió lo mismo: Guzman Chams pagó seguramente una coima mayor a los $700 millones de pesos, equivalente al 10% del valor del contrato ($7.980.000.000).

EL MEGATANQUE Y LA PLAZA DE TELECOM

Si sumamos todos dineros invertidos en estos dos contratos tenemos una suma que supera los $45.000 millones de pesos. Estos dos contratos tienen un denominador común: Carlos Vengal y Luis Enrique Chams, quienes de socios pasaron a enemigos a muerte y por ello se destapó el entramado de corrupción que devela todo el sistema perverso de contratación pública en el el departamento del Atlántico y su capital.

El inútil megatanque del 7 de Abril.

Otro denominador común es que ninguna de estas obras han sido terminadas, se han convertido en elefantes blancos.

En las siguientes entregas nos proponemos describir todo el entramado de corrupción entre estos dos contratos de obras, que va desde los procesos de selección hasta la ejecución de los contratos en el Atlántico.

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