La red de empresas fantasma que sangra el sistema de salud colombiano mientras los hospitales públicos agonizan
La arquitectura de un saqueo perfecto
En un moderno edificio frente a la Plaza Colón en Madrid, nadie conoce a Venum Investments 2020 SL. Ningún empleado trabaja allí, ninguna placa identifica sus oficinas. Sin embargo, por esta empresa fantasma, constituida con apenas 3.000 euros (unos 12 millones de pesos), pasan miles de millones de pesos provenientes del sistema de salud colombiano.
Mientras hospitales públicos de Colombia envían desesperadas cartas a la Superintendencia de Salud implorando que les paguen las deudas pendientes, un selecto grupo de 18 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) reciben puntualmente sus pagos y hasta generosos anticipos.
¿La coincidencia? Todas forman parte de un entramado empresarial que conduce a Venum Investments y luego a Namose S.A., otra empresa ficticia en Uruguay, presidida por Federico Ponce de León, un «empresario» que simultáneamente dirigía al menos otras 12 compañías de papel.
Los arquitectos del laberinto
Nuestro recorrido por este laberinto financiero revela tres nombres que aparecen una y otra vez: Mario Urán, John Mauricio Marín y Laura Sarabia.
Urán, conocido lobista del sector salud, presionaba a EPS como Coosalud para garantizar pagos prioritarios a este selecto grupo de IPS, ignorando las deudas con hospitales públicos. Marín, expresidente de Fiduprevisora, habría sido el artífice del cambio en el modelo de salud para los maestros, transformando un sistema con 10 grandes contratistas a uno con más de 2.000 prestadores y un presupuesto de 12 billones de pesos. «¿Cómo se le hace auditoría a este monstruo?
«, se preguntan fuentes cercanas.

El listado completo de las afortunadas IPS que se extienden a lo largo y ancho de la geografía del país y que concentraron la recepción de recursos del sistema de salud es el siguiente: • Bienestar IPS • Avidanti S.A.S. • Eve Distribuciones S.A.S. • Organización Clínica General del Norte • Centro de Cirugía Ambulatoria IPS • Angiografía de Colombia • Diacor Soacha • Oncólogos de Occidente • Unión de Cirujanos • Centro de Cancerología de Boyacá • Sociedad de Radio Oncología Boyacá • Clínica Chía • Clínica Avidanti Armenia • Helpharma • Ronelly S.A.S. • Clínica Blas de Leso • Inverclínicas • Sociedad San José de Torices |
Y en medio de todo, la sombra de Laura Sarabia, actual ministra de Relaciones Exteriores, quien según tres fuentes vinculadas a las IPS de Venum Investments, junto a Marín y políticos del Partido de La U, «se lucran de los dividendos de estas IPS
«.

El superintendente que sabía demasiado
El entonces superintendente de salud, Luis Carlos Leal, alertó al presidente Gustavo Petro a finales de 2024 sobre el desvío de recursos del sistema de salud a través de EPS como Coosalud, pero también señaló que los desvíos podían estarse produciendo a través de varias IPS.
Curiosamente, el presidente solo hizo eco de la primera parte de la denuncia (la de las EPS) y guardó silencio sobre las IPS. A los pocos días, a Leal le pidieron la renuncia.
Dos fuentes de la Presidencia le confirmaron a W Radio que la salida del superintendente se produjo porque una persona del entorno cercano al presidente estaba preocupada por el alcance de los hallazgos relacionados con las IPS. Para evitar un escándalo mayor, «le hizo mal ambiente al entonces superintendente y convenció al presidente de la inconveniencia de mantener al funcionario en el cargo
«.
El dinero que nunca llega a los pacientes
El contraste es aberrante: mientras hospitales públicos de todo el país enviaban cartas desesperadas a la Superintendencia solicitando intervención para que Coosalud pagara sus deudas, las IPS vinculadas a Venum recibían puntualmente sus pagos, incluso con generosos anticipos.
La estrategia de desvío era simple pero efectiva. Los recursos que la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) giraba a las EPS debían fluir equitativamente hacia todos los centros de salud. Sin embargo, por presiones de Mario Urán, estas empresas priorizaban los pagos a 18 IPS específicas, las mismas que conforman el grupo empresarial encabezado por Venum Investments.
El premio a la corrupción
En este entramado, no hay castigos sino premios. Daniela Andrade, pareja de Jaime Ramírez Cobo (amigo personal y padrino de matrimonio de Laura Sarabia), aprobó contratos irregulares por 1,6 billones de pesos para las Uniones Temporales que atendían a los maestros.
Cuando estalló el escándalo, Andrade no fue investigada ni alejada del aparato estatal. Por el contrario, fue premiada con un puesto en «una de las notarías más lucrativas del país
«.
Mientras tanto, un informe de la Secretaría de Transparencia que señalaba a Andrade como posible responsable de delitos que incluían concusión, cohecho, celebración indebida de contratos y otros, terminó engavetado. El documento también mencionaba el desvío de dineros hacia España para garantizar su «blanqueamiento«, pero no hubo denuncia ni escándalo.
Un sistema diseñado para el saqueo
La historia de este entramado es también la historia de cómo se diseñan sistemas específicamente para facilitar el saqueo. John Mauricio Marín transformó el modelo de salud de los maestros creando un monstruo administrativo imposible de auditar: más de 2.000 prestadores manejando 12 billones de pesos.
Para lograr este cambio, Marín, Daniela Andrade y otros funcionarios de Fiduprevisora pactaron la liquidación de los antiguos prestadores del FOMAG, todo a cambio de un millonario negocio. Según fuentes presentes en las negociaciones, Marín y Óscar Ibáñez (reconocido abogado del Partido de La U) pactaron «por debajo de la mesa
» llevarse el 7% de comisión: 3,5% para cada uno.
El silencio cómplice
Mientras el dinero que debería salvar vidas se pierde en este laberinto, el silencio se compra con puestos y privilegios. El informe que revelaba el desvío de recursos hacia España terminó engavetado. La funcionaria señalada recibió una notaría. El superintendente que intentó exponer la red fue removido de su cargo.
Y los hospitales públicos siguen esperando pagos que nunca llegan, mientras los pacientes sufren las consecuencias de un sistema diseñado no para curar, sino para enriquecer a unos pocos privilegiados con conexiones en las altas esferas del poder.