La maquinaria oculta de la corrupción legislativa
La Fiscalía General de la Nación ha enviado a la Corte Suprema de Justicia una solicitud para investigar a 28 congresistas por su presunta implicación en un caso de corrupción relacionado con contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías). Este escándalo, que amenaza con superar en magnitud al descubierto en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), desnuda una vez más los mecanismos invisibles que operan en las altas esferas del poder legislativo colombiano.
La solicitud, presentada por María Cristina Patiño, fiscal delegada ante la Corte Suprema y líder del Grupo de Tareas Especiales, se basa fundamentalmente en el testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien en más de 11 horas de declaración, expuso con lujo de detalles cómo funciona esta red subterránea que conecta al Ejecutivo, el Legislativo y las entidades estatales.
El testimonio que destapa el sistema
Benavides, pieza central en este caso, reveló cómo desde su ingreso al Ministerio en 2020 (con el entonces ministro Carrasquilla) y posteriormente bajo la administración de Ricardo Bonilla, se convirtió en el enlace crucial entre el Ministerio de Hacienda y los congresistas implicados. Su testimonio dibuja un mapa de influencias donde los recursos públicos se convierten en moneda de cambio para la aprobación de proyectos legislativos.
«Él sabía lo que ocurría, me usó para ejecutar lo que él mismo había autorizado», declaró Benavides sobre el ministro Bonilla, dejando al descubierto que estas prácticas contarían con conocimiento y aprobación desde los más altos niveles del gobierno.
La exfuncionaria detalló cómo su comunicación con Sneyder Pinilla, entonces subdirector de la UNGRD, se centraba en acelerar la firma de contratos por $92.000 millones de pesos. Estos contratos, según su testimonio, estaban destinados a «comprar» votos de congresistas a cambio de su apoyo a proyectos cruciales del Gobierno en el Congreso.
Los hilos invisibles del poder
La conexión entre estos contratos y los votos en el Congreso revela el funcionamiento del sistema silencioso que ha operado históricamente en la política colombiana. Los recursos fueron canalizados estratégicamente en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), creando una red territorial de influencia que trasciende las fronteras institucionales.
El listado de 19 Representantes a la Cámara y 7 Senadores de la República proviene de diversos partidos políticos, mostrando que esta red subterránea no distingue colores políticos:
Representantes a la Cámara:
- Juan Loreto Gómez (Partido Conservador)
- Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde)
- Katherine Miranda (Alianza Verde)
- Wilmer Ramiro Carrillo (Partido de la U)
- Daniel Restrepo (Partido Conservador)
- Wadith Manzur Peinado (Partido Conservador)
- Juan Diego Muñoz (Alianza Verde)
- Wilmer Castellanos (Alianza Verde)
- Silvio José Carrasquilla (Partido Liberal)
- Álvaro Henry Monedero (Partido Liberal)
- Elkin Rodolfo Ospina (Alianza Verde)
- Wilder Iberson Escobar (Gente en Movimiento)
- Milena Jaraba (Partido de la U)
- Sandra Aristizábal (Partido Liberal)
- Kellyn Johana González (Partido Liberal)
- Yamil Arana (Partido Conservador)
- Juliana Aray Franco (Partido Conservador)
- Nestor Leonardo Rico (Cambio Radical)
- Willmer Yesid Guerrero (Partido Liberal)
Senadores de la República:
- Juan Diego Echavarría (Partido Liberal)
- Efraín Cepeda (Partido Conservador)
- Juan Carlos Garcés (Partido de la U)
- Juan Pablo Gallo (Partido Liberal)
- Jose Alfredo Gnecco (Partido de la U)
- Liliana Bitar (Partido Conservador – incluida en la investigación de la UNGRD)
- Karina Espinosa (Partido Liberal)
Más allá de los nombres: el ciclo secreto de la corrupción
Lo que hace a este caso particularmente revelador no son solo los nombres involucrados, sino el patrón que confirma: la existencia de un ciclo secreto de corrupción que se perpetúa independientemente de los gobiernos de turno. El Senado y la Cámara de Representantes constituyen el epicentro de este entramado, donde los votos se convierten en moneda de cambio para obtener beneficios personales o partidistas.
Este caso evidencia que, lejos de ser eventos aislados, los escándalos de corrupción como el de Invías y la UNGRD responden a una lógica sistémica que ha normalizado estas prácticas dentro de la institucionalidad colombiana. El actual gobierno, al igual que sus predecesores, no ha sido ajeno a la presión que ejercen los congresistas para acordar coaliciones que faciliten la aprobación de reformas y proyectos.
Las reacciones y el proceso judicial
Ante estas acusaciones, algunos de los congresistas mencionados ya han comenzado a pronunciarse. Katherine Miranda, representante por la Alianza Verde, emitió un comunicado rechazando categóricamente su vinculación al caso: «No tengo ninguna relación con ninguna obra, ni me he reunido con funcionarios del gobierno para gestionar recursos. No he visitado municipios ni alcaldes con el propósito de agenciar proyectos«. Además, afirmó que el uso de su nombre en el listado responde a «intereses políticos ajenos a la verdad«.
El caso ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia, donde el magistrado César Reyes, presidente de la Sala de Instrucción, deberá asignar por sorteo al magistrado ponente encargado de adelantar las indagaciones preliminares. Este proceso será fundamental para determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal contra los congresistas señalados.
La punta del iceberg
Según las primeras informaciones, este escándalo podría superar en magnitud al descubierto en la UNGRD, lo que plantea preguntas inquietantes sobre la profundidad de la corrupción en las instituciones colombianas. El testimonio de Benavides, quien estaría negociando un preacuerdo con la Fiscalía para obtener inmunidad judicial a cambio de su colaboración, promete revelar más detalles sobre este entramado en las próximas semanas.
El caso Invías-Congreso no es simplemente otra noticia de corrupción; es la confirmación de un sistema que opera en las sombras, conectando los poderes públicos con intereses privados a costa del erario y la confianza ciudadana. Este entramado invisible ha permitido que prácticas como la compra de votos y el tráfico de influencias se normalicen y perpetúen, transformando instituciones que deberían servir al interés público en instrumentos para el beneficio particular.
Más allá del escándalo: el impacto en la democracia colombiana
La verdadera dimensión de este caso trasciende a los 28 congresistas mencionados. Lo que está en juego es la integridad misma del sistema democrático colombiano, donde las instituciones diseñadas para representar y proteger los intereses ciudadanos terminan siendo capturadas por redes clientelares.
Este mecanismo invisible no solo desvía recursos públicos, sino que distorsiona el ejercicio de la democracia, convirtiendo el voto legislativo en una mercancía y las obras públicas en moneda de cambio. El resultado es un círculo vicioso donde la voluntad popular expresada en las urnas queda subordinada a los intereses particulares que se negocian en los pasillos del poder.
