Las dos caras de una misma moneda: cómo el Estado colombiano falla a sus jóvenes y permite que la impunidad florezca
Por: Equipo de Investigación
La infancia robada y la justicia burlada
En las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, un joven de 17 años que llamaremos C porta un rifle AR-15 con una mezcla de torpeza y orgullo. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, en diferentes ciudades del Caribe colombiano, Miller David Hernández —»El Niño Diabólico«— celebra su enésima liberación tras ser capturado por homicidio. Dos historias aparentemente inconexas que, bajo el microscopio del análisis social, revelan la misma enfermedad: un Estado que ha perdido el control de sus territorios y su sistema judicial.
La historia de C, el adolescente reclutado por las Autodefensas Conquistadoras, y la de Miller, el sicario de 22 años del Clan del Golfo, no son anomalías. Son los síntomas perfectamente predecibles de un sistema que abandonó a sus ciudadanos más vulnerables.
La mecánica invisible del reclutamiento
«Plata para eso no había en la casa«, explica C cuando se le pregunta sobre sus sueños universitarios truncados. Sus palabras desnudan el mecanismo invisible que alimenta la maquinaria de guerra: la pobreza sistémica, la ausencia estatal y la falta de oportunidades.
C vio morir a su padre asesinado por un sicario. Intentó trabajar legalmente en el campo, pero el salario —otro abandono estatal— no alcanzaba para mantener a su madre y sus cinco hermanos menores. La ecuación es brutalmente simple: donde el Estado no provee educación, seguridad ni trabajo digno, los grupos armados ofrecen una alternativa perversa pero funcional.
«En los últimos cinco años, más de 800 niños y jóvenes han sido reclutados en Colombia«, revela el reportaje de Julián Ríos Monroy (Ver). Sin embargo, la cifra real probablemente sea mucho mayor, considerando las zonas donde las autoridades ni siquiera pueden ingresar para documentar estos crímenes.
El sicario que burla la justicia: radiografía de la impunidad
En el otro extremo del mismo espectro de la fallida institucionalidad colombiana, encontramos a Miller David Hernández, alias «El Niño Diabólico«. Su historial es aterrador: más de 20 homicidios documentados, múltiples capturas y —lo más perturbador— múltiples liberaciones.
Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, Miller fue capturado al menos cinco veces, incluyendo enfrentamientos armados con la policía. En cada ocasión, inexplicablemente, recuperó su libertad. «¿Pacto con el diablo o pacto con la justicia?«, cuestiona acertadamente la fuente original.
La pregunta es retórica. No existen pactos sobrenaturales, sino una justicia corrupta donde fiscales, jueces y en ocasiones agentes de la ley participan en un sistema de impunidad comprado al mejor postor. Los familiares de las víctimas de Miller lo saben bien: han documentado meticulosamente cada captura y cada liberación, exponiendo el ciclo secreto que mantiene a criminales en las calles.
Dos caminos, mismo origen: el Estado ausente
Si analizamos detenidamente estas historias paralelas, emergen patrones devastadores:
- Abandono territorial: Tanto en la Sierra Nevada como en los municipios del Cesar y el Magdalena, el Estado colombiano ha cedido el control a grupos armados.
- Justicia disfuncional: Ya sea por corrupción o incompetencia, el sistema judicial falla sistemáticamente en proteger a los ciudadanos.
- Ciclos perpetuados: La violencia genera más violencia. El padre asesinado de C alimenta su deseo de venganza, mientras que Miller, hijo de una familia marcada por venganzas entre clanes, reproduce el ciclo de violencia.
- Economía criminal normalizada: Desde el reclutamiento hasta la extorsión, estas actividades ilegales se han convertido en parte del tejido social y económico de regiones enteras.
La verdad que nadie quiere ver
Lo más perturbador de estas historias no son los detalles escabrosos, sino la normalización de lo aberrante. Un adolescente porta un rifle como quien lleva un cuaderno escolar. Un sicario celebra su libertad aplaudiendo en audiencias judiciales. Ambos escenarios ocurren a plena luz del día, sin esconderse, porque la excepción se ha vuelto regla.
«Es un crimen de los grupos, claro, pero también hay una responsabilidad estatal«, afirma acertadamente Julián Ríos Monroy. Esta responsabilidad no es simplemente por omisión, sino por diseño estructural. Un Estado que ha priorizado históricamente el control de recursos y territorios estratégicos, abandonando vastas regiones a su suerte.
Miller controla territorios en Valledupar, sur del Cesar, Centro del Magdalena, Barranquilla y Santa Marta. Sus hermanas, «La Beba» y «La Nena Fina», manejan redes de extorsión y narcotráfico. No estamos hablando de una célula criminal aislada, sino de un poder paralelo que opera con impunidad en múltiples departamentos.
La batalla olvidada por las instituciones
Mientras políticos y funcionarios discuten reformas abstractas en Bogotá, los territorios colombianos viven bajo leyes no escritas impuestas por actores armados. El caso de Miller es particularmente revelador: cada vez que es capturado, invariablemente queda libre «por errores en su captura» o tecnicismos legales.
Estos «errores» no son casuales ni fortuitos. Son el resultado de un sistema judicial penetrado por la corrupción, donde la justicia tiene precio. Los familiares de las víctimas —verdaderos héroes anónimos— documentan cada uno de estos ciclos de captura y liberación, exponiendo una verdad que las autoridades prefieren ignorar.
Una mirada al futuro: ¿hay esperanza?
C espera su primer combate «sin entender muy bien la guerra que le va a tocar librar«. Miller seguramente planea su próximo asesinato, confiado en que el sistema seguirá protegiéndolo. Entre ambos, miles de colombianos atrapados en territorios donde la ley es dictada por el más fuerte o el mejor armado.
La verdadera tragedia es que estas historias no son excepcionales. Son ejemplos de un patrón sistemático que sigue reproduciéndose mientras el Estado colombiano finge no ver, o peor aún, participa activamente en mantener estas dinámicas.
Para romper estos ciclos se requeriría más que operativos policiales o reformas cosméticas. Se necesitaría una transformación profunda de las instituciones, una presencia estatal integral en los territorios abandonados, y un compromiso real con la justicia que vaya más allá de los discursos.
Mientras tanto, C sigue aprendiendo a usar su rifle, y Miller posiblemente ya esté libre nuevamente, ambos productos de un sistema diseñado para fallar a quienes más protección necesitan.
