Cómo un hombre con 27 procesos judiciales, nexos con figuras del crimen y guardaespaldas armados llegó a representar a los ciudadanos de Medellín — y por qué el sistema lo dejó pasar.
Hay políticos que tienen hoja de vida. Andrés Felipe Rodríguez Puerta, alias «El Gury», concejal de Medellín, tiene prontuario. Tres páginas en la Rama Judicial. Al menos 27 procesos como demandado o denunciado. Causas por tráfico de estupefacientes. Un proceso por violencia contra servidor público. Múltiples pleitos laborales por no reconocer derechos a trabajadores. Y, como si fuera poco, un guardaespaldas con vínculos documentados a una mujer capturada por secuestro extorsivo.
Más allá de los titulares que lo muestran blandiendo un bate adornado con la palabra «Diálogo» — uno de los chistes más siniestros de la política colombiana reciente — lo que hay detrás de El Gury es algo más preocupante que un concejal agresivo: es la radiografía de un sistema político que no solo tolera a sus energúmenos, sino que los premia con 6.000 votos y una curul.
El Mecanismo Expuesto
El Gury no inventó nada nuevo. En Colombia existe una larga tradición de convertir la intimidación en capital político. Lo que sí perfeccionó es la estética: el bate como símbolo, la máscara de Batman en sus stickers de respuesta a periodistas, el personaje de «defensor de la ciudad» construido sobre la teatralidad del matón de barrio.
Porque claro, «defensor de Medellín» suena mucho mejor que decir: «soy un usurpador del antiguo ESMAD reconvertido en edil, con un copartidario del pistolero caleño Andrés Escobar y con más procesos judiciales que propuestas legislativas verificables».
El columnista Pascual Gaviria, en El Espectador, lo definió con precisión quirúrgica: Rodríguez es el espécimen perfecto para definir la política como una rama de la vileza y la intimidación. No quiere la democracia como mecanismo de contención ciudadana. La quiere como herramienta para usar el instinto y la enajenación.
El bate no es una metáfora accidental. Es un programa de gobierno.
Los Actores y Sus Roles
Andrés Felipe Rodríguez Puerta sacó 6.000 votos para el Concejo de Medellín. Esos 6.000 ciudadanos eligieron a un hombre que, revisando la página de consulta de procesos de la Rama Judicial, aparece en al menos 27 procesos como demandado o denunciado.
El inventario es revelador: restitución de un vehículo por falta de pago a Bancolombia — es decir, el concejal es mala paga —; múltiples pleitos laborales por no reconocer derechos a trabajadores — el defensor del pueblo no reconoce derechos laborales —; tutelas por casos similares; y tres procesos penales precluidos o cerrados por la Fiscalía, entre ellos causas por tráfico de estupefacientes de 2009 y 2010, y un proceso por violencia contra servidor público en 2016.
Y luego está el entorno inmediato. En diciembre del año pasado, su conductor mató de un disparo en la cabeza a un presunto ladrón en una licorera en El Poblado. Las versiones entregadas a la policía esa noche y a la prensa a la mañana siguiente no coincidieron. Una investigación de El Armadillo lo documentó. Meses antes, una investigación de Vorágine reveló que el concejal tenía como «gestor comunitario» a un exmilitar con chaleco antibalas, actitud de escolta y permiso vigente de porte de armas — quien, además, había trabajado con La Madrina, una mujer capturada en mayo de 2025 por secuestro extorsivo.
Qué casualidad que el defensor de Medellín necesite a su lado a alguien con ese perfil.
El Impacto Real
La pregunta que los ciudadanos de Medellín deberían hacerse no es por qué El Gury actúa como actúa. La pregunta es: ¿qué dice de nosotros que llegó al Concejo?
Cada curul ocupada por un concejal con 27 procesos judiciales es una curul que no ocupa alguien con ideas, con ética, con propuestas para el transporte, la educación, la seguridad o la salud pública de Medellín. El costo de oportunidad de elegir a un hombre-bate no es solo simbólico: es la política pública que nunca se hizo, la propuesta que nunca se debatió, el debate que siempre terminó en intimidación.
Mientras tanto, los ciudadanos de Medellín que sí pagan sus deudas, que sí reconocen los derechos de sus empleados, que sí respetan a los servidores públicos, tienen como representante a alguien que no cumple ninguno de esos estándares mínimos.
El Sistema que lo Permite
El caso de El Gury no es una anomalía del sistema político colombiano. Es su funcionamiento normal con la careta caída.
En Colombia, los antecedentes penales no inhabilitan automáticamente para ejercer cargos de elección popular, salvo condena ejecutoriada. Eso significa que un candidato puede tener tres procesos penales — incluidos por tráfico de estupefacientes — y presentarse a elecciones sin ningún obstáculo legal. La Fiscalía puede precluir casos. Los procesos pueden cerrarse. Y el ciudadano que no tiene tiempo ni herramientas para consultar tres páginas de la Rama Judicial simplemente no sabe.
Como recordó el periodista Hipólito Palencia, la comparación no es caprichosa: en 1983, el periodista Guillermo Cano reveló los antecedentes de Pablo Escobar detenido por narcotráfico cuando este intentaba llegar al Congreso. Cuarenta y dos años después, el sistema sigue sin resolver cómo impedir que personas con ese tipo de prontuario accedan al poder — y cuando alguien lo revela, ya está adentro.
El Gury usa la silueta de Batman como chiste. Pero la impunidad que lo rodea no tiene nada de graciosa.
Reflexión
Quien tanto levanta un bate, tarde que temprano termina ponchado — como escribió Pascual Gaviria. Pero eso no es suficiente. La ciudadanía de Medellín merece saber con quién comparte el salón de sesiones del Concejo. Merece preguntarse cómo fue posible, qué falla en los filtros democráticos, quiénes avalaron esta candidatura y qué intereses mueve ese bate más allá de la pantalla.
La corrupción no siempre llega en corbata y maletín. A veces llega con un bate, una máscara de Batman y tres páginas en la Rama Judicial.
La pregunta no es si El Gury tiene prontuario. Es si vamos a seguir permitiendo que eso no importe.
