Un golpe a la transparencia
La abrupta destitución de Ana Cristina Muñoz, exdirectora de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño, el pasado 6 de septiembre, ha desatado un torbellino de preguntas y acusaciones. A solo seis días de cumplir un año en su cargo, Muñoz fue declarada insubsistente por el director nacional de la entidad, Giovanni Yule, lo que ella califica como un ataque orquestado por políticos corruptos que se benefician de la falta de transparencia.
La historia de un ataque mediático
La saga comenzó tres meses antes de su destitución, cuando Muñoz enfrentó ataques mediáticos que cuestionaban su certificación de experiencia, otorgada por la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia (ONIC). Sin embargo, la exdirectora asegura que estas alegaciones han sido desmentidas por procesos legales, incluida una acción de tutela que ratificó la validez de su certificación.
Muñoz revela que durante la investigación sobre su certificación, se descubrió que no figuraba como cotizante del Sistema General de Seguridad Social en Salud entre 2018 y 2020. No obstante, aclara que esto se debió a su vinculación a un trabajo voluntario Ad honorem, es decir, sin recibir ningún pago.
Los verdaderos motivos detrás de su destitución
Pero el trasfondo de su remoción va más allá de los ataques mediáticos. Ana Cristina Muñoz sostiene que su firme compromiso con la transparencia y su lucha anticorrupción en una región con serios desafíos fueron las razones reales de su salida. “Estábamos haciendo un buen trabajo en el territorio, reivindicando los derechos de los campesinos. Eso no le gusta a nuestros políticos de este departamento”, afirmó.
La exfuncionaria denuncia que su destitución es un retroceso a las políticas del presidente Gustavo Petro y que quienes se oponen al cambio en el departamento están detrás de este golpe. “Se salen con la suya los opositores al cambio”, lamentó Muñoz, quien considera que su labor en la URT había generado resultados positivos para la comunidad.
Un impacto en la lucha por la restitución de tierras
La situación ha generado preocupación en los sectores que apoyan la restitución de tierras y la lucha contra la corrupción. Muchos ven en la destitución de Muñoz un retroceso en los esfuerzos por proteger los derechos de las comunidades y promover la transparencia en la gestión pública.
La pregunta que queda en el aire es: ¿es esta una lucha contra la corrupción o una maniobra política para silenciar a una voz incómoda? La respuesta solo se conocerá cuando se revele la verdad detrás de esta historia de poder y corrupción en Córdoba.
Compromiso con la verdad
Ana Cristina Muñoz, defensora de derechos humanos y activista, ha decidido emprender acciones legales para proteger su reputación. Confía en que el Gobierno valorará su compromiso con la transparencia y la justicia. Sin embargo, su destitución pone de relieve los desafíos que enfrenta el país en la lucha contra la corrupción y la necesidad urgente de defender los derechos de quienes buscan justicia.