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El pasado mes de junio la Superintendencia de Sociedades aceptó la solicitud de la compañía Bioenergy, filial de producción de biocombustibles de Ecopetrol, para acogerse a la Ley 116 de Insolvencia económica, dejando así sin futuro, un proyecto que se suponía era el más ambicioso que había abordado el Estado colombiano en el desarrollo de la agroindustria.

Bionergy vio vida cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez, vendió la idea de que el país podía embarcarse en la aventura de producir diariamente entre millón, millón 50, millón 100 mil litros de etanol, provenientes de la caña de azúcar.

Con la bendición de su Gobierno, Ecopetrol, en alianza con las empresas cañiculturas arrancó Bioenergy, donde el Estado inicialmente presupuestó invertir $344 millones de dólares y cuya planta estaría funcionando en tres o cuatro años contados a partir del 2009. Pero lo que pasó en realidad fue que la inversión total ascendió a casi $850 millones de dólares, la planta ubicada en Puerto López (Meta) solo empezó a funcionar en el 2017 y sus operaciones nunca dieron los resultados esperados.

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Bioenergy, se conformó como una sociedad privada que la junta directiva de Ecopetrol aprobó comprar, en 2008, por $140 millones de dólares. De esa suma, $40 millones irían al componente agrícola y $100 al industrial. En ese momento faltaba todo. Había que comprar los terrenos, levantar los cultivos, diseñar y construir la planta industrial para transformar la caña en etanol y poner en marcha la empresa con su operación comercial.

El objetivo era crear la planta de mayor capacidad del país, capaz de producir a diario 408.000 litros de etanol proveniente de 14.400 hectáreas de cultivo. Bioenergy, al menos en el papel, generaría una cuarta parte de la producción total del biocombustible, cuya demanda nacional era de 1,6 millones de litros diarios. Pero una vez entró al negocio, los estimativos de los costos empezaron a crecer como espuma. Ecopetrol pagó realmente un banderazo de $340 millones de dólares.

Relata la revista Semana que “para construir la planta abrieron una convocatoria. Se presentaron tres proponentes: la firma Engevix ofreció $261 millones de dólares; Praj Schrader Camargo, $221 millones, e Isolux, la menos calificada y hasta con líos por incumplimientos en otros países, propuso hacer la planta a cambio de $159 millones de dólares. Las tres propuestas rebasaban el presupuesto, por lo que el proceso se declaró desierto. Pero más adelante la española Isolux se quedó con el negocio al proponer una oferta ajustada por $126 millones de dólares”.

Una vez en el terreno, Isolux empezó a alegar que la tarea implicaba gastos extra, pues el proyecto no tenía estudios de ingeniería conceptual y mucho menos de detalle. Y al realizarlos, el precio subió una vez más. Al contrato le incorporaron hasta cuatro otrosíes. El enredo llegó a tal punto que, en medio de la improvisación, Isolux terminó por subcontratar a Praj, la firma más calificada, pero descartada desde el comienzo.

Los líos aumentaron al punto que en el 2014 Bioenergy decidió dar por terminado el contrato con Isolux por los reiterados retrasos e incumplimientos. La filial de Ecopetrol tomó el control de la obra a medio hacer y salió a buscar un nuevo ejecutante. El choque entre Bioenergy e Isolux llegó al tribunal de arbitraje empresarial de Houston, Estados Unidos. Allá Colombia pretendía recuperar algo de la plata perdida, pero el tribunal determinó “restituciones mutuas”, algo así como empate. En la práctica significó que Ecopetrol perdió todo lo que asumió por los sobrecostos, además de cerca de $13 millones de dólares que dejó de recibir por el retraso del proyecto.

Al final Ecopetrol a través de su filial decidió contratar a la firma Menegua, que de entrada advirtió que el avance reportado no correspondía al estado real del proyecto.

Lo cierto es que ya para esas alturas la debacle de lo que algunos han calificado como el elefante blanco más grande en la historia del país, era inminente.

Las razones que hoy tienen a punto de liquidar la empresa son varias

Tanto Bioenergy como Bioenergy Zona Franca estaban inmersas en una incapacidad de pago inminente para este 2020, desde el punto de vista operacional y financiero, ya que los ingresos obtenidos no lograban cubrir el flujo operacional, es decir, la suma de costos, gastos, inversiones en activos (capex), el impuesto de renta y las cuentas de capital de trabajo proyectadas para el año, lo que se evidenció en un flujo de operación negativo a partir del mes de enero y marzo, respectivamente.

Ambas sociedades no contaban con una generación de caja operativa suficiente para cubrir el servicio de su deuda, de ahí que la Superintendencia de Sociedades señala textualmente: “de folio 430 a 437 del memorial 2020-01-031835, obran las causas que generaron la insolvencia dentro de las cuales se encuentran” que, tras haberse constituido en 2008 como la primera planta dedicada a la producción de etanol a partir de caña de azúcar en los Llanos Orientales, la productividad ha estado fuertemente golpeada.
Las razones que dan son tan previsibles y denotan la poca planeación y visión de futuro con que el Estado se embarcó en esa fracasada industria, que sin embargo, como suele suceder, si le permitió a empresarios del sector sacar beneficios.

La empresa adujo por ejemplo entre otros, la edad del cultivo dados los atrasos del proyecto y las condiciones climáticas con una pluviometría en 2018 y 2019 por un 40 por ciento por encima del promedio histórico de los últimos 10 años en la zona.

Echar mano de condiciones climáticas, para justificar un despilfarro de semejante tamaño solo deja ver el poco estudio de terrenos y de situaciónes venideras.

Luego argumentan que en el fracaso del proyecto incidió el desarrollo aún en curso de variedades comerciales adaptadas a la zona de la altillanura, dada su condición de frontera agrícola de caña de azúcar, las duras condiciones para levantar el cultivo (plagas endémicas, floración, entre otros) debido a la tradición histórica ganadera en la zona, sumado a las condiciones climáticas y la curva de aprendizaje en el manejo agrícola en esta región del país.

Y añaden que la competencia con el etanol proveniente de Estados Unidos, que además es subsidiado, no permitió despegar ni llenar las expectativas planteadas.

En este punto, fuentes conocedoras del tema, ya habían advertido lo que iba a suceder.

¿Por qué? Porque en el 2008, cuando se concibió el proyecto, ya Estados Unidos y Brasil eran dos grandes exportadores de biocombustibles, mercado en el que habían incursionado desde 1973, cuando sucedió la primera crisis petrolera y el petróleo se encareció enormemente.

Pese a esto la construcción de la planta siguió su curso con créditos bancarios que al final terminaron ahogando al proyecto.

En el auto de admisión de la Supersociedades, a Bionergy Zona Franca S.A.S., correspondiente al expediente 84.859, se explica que desde el 29 de junio de 2018, a través de la Federación Nacional de Biocombustibles (Fedebiocombustibles), los productores nacionales solicitaron al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) la apertura de una actuación por derechos compensatorios, al establecer que el etanol estadounidense, y su principal materia prima (maíz), son objeto de subsidios o ayudas federales y estatales que distorsionan los precios de las exportaciones a Colombia por la existencia de más de 30 programas de apoyo.

En síntesis los dueños de la empresa determinaron tirar la toalla ante el desolador panorama de la compañía en las condiciones actuales, en las que se padecen las consecuencias de haber financiado con deuda bancaria la mitad de un proyecto con expectativas de ser terminado en dos años, pero que finalmente se tomó siete, es decir tuvo un desafortunado retraso de cinco años.
Demasiado tiempo con intereses bancarios sin venderse un solo litro de alcohol carburante, con el agravante de que los costos presupuestados se iban incrementando exponencialmente.

Sin contar que la planta solo ha logrado operar en la mitad de su capacidad, ello por déficit de materia prima, es decir, de la caña que se produce en las 20.000 hectáreas del proyecto.

Solo a comienzos de 2017 Bioenergy logró procesar el primer litro de etanol en El Alcaraván, una década después de que Ecopetrol se metió al proyecto.

Los recursos del Estado

Por este caso, la semana pasada la Fiscalía adelantó la audiencia preparatoria al juicio contra Jaime Leonardo Flórez Muñoz y el español Ignacio Juan Revilla Fernández, representantes legales de Isolux, acusados de interés indebido en la celebración de contratos. Hasta ahora no ha tomado ninguna determinación penal respecto a representantes de Ecopetrol.

Mientras que la Contraloría calcula que la cuantía de los procesos que adelanta asciende a cerca de un billón de pesos. “Tenemos cinco procesos para tomar decisión una vez se levanten los términos procesales que están suspendidos por la pandemia desde marzo. Y hay otros tres procesos en práctica de pruebas avanzada”, dice el Contralor Felipe Córdoba.

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