José Miguel Vivanco, director de la ONG Human Rights Watch (HRW), presentó ante el presidente Iván Duque un informe que señala “abusos gravísimos” de la Policía contra los manifestantes desde el inicio del paro.

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De un total de 68 muertes registradas han comprobado que 34 ocurrieron en el marco de las protestas, de las cuales en 20 casos se vincula a miembros de la institución, así como por haber llevado a cabo disparos a la cara, golpes, abusos sexuales y detenciones arbitrarias, entre otras.

Entre las 34 personas mencionadas se incluye a dos policías y un investigador del CTI. Una de las principales propuestas formuladas es la de adelantar la reforma a la Policía Nacional, que el presidente Duque anunció el domingo pasado y a la cual hicimos referencia en este espacio.

Al Estado le corresponde buscar respuesta a los señalamientos hechos, los cuales se presentan en el momento en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visita el país y también presentará un informe con recomendaciones.

El de HRW documenta cómo la Policía ha disparado cartuchos directamente contra los manifestantes, en contra de los protocolos de disparar al aire; se ha utilizado de forma peligrosa el sistema de lanzamiento de proyectiles múltiples Venom en varias ciudades, entre ellas Bogotá y Popayán, y más de 1.100 manifestantes y transeúntes han sufrido lesiones, así como más de 1.200 uniformados. El informe incluye los casos de nueve personas que sufrieron lesiones oculares graves, debido a cartuchos de gases lacrimógenos o proyectiles disparados por el ESMAD.

La apertura que ha demostrado el jefe de Estado, a pesar de la reticencia inicial a la visita de la CIDH, para reunirse con la Comisión y escuchar a HRW es positiva. Sin embargo, lo que no puede suceder es que dichas reuniones y los graves hechos denunciados queden, como en otras ocasiones, solo como una concesión temporal a la preocupación de la comunidad internacional.

Las recomendaciones que plantea HRW al Gobierno —incluido el director de la Policía Nacional—, el Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría están enmarcadas en el ámbito institucional colombiano y en las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, derivadas de los tratados internacionales de los cuales Colombia hace parte. Es esencial que las recomendaciones sean aplicadas con un enfoque de derechos y asumirlas como un aporte en la atención e implementación de medidas concretas que permitan la realización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y ambientales, hacia la superación de su vulneración histórica que nos ha llevado a una crisis estructural.

EDITORIAL DE EL ESPECTADOR

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