La reforma al sistema de salud anunciada por el gobierno de Gustavo Petro ha encendido una batalla campal entre quienes defienden la transformación y aquellos que, como las EPS, no quieren perder su papel como administradoras de los recursos públicos. En esta guerra, el argumento recurrente de las EPS es que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es insuficiente y que sin un incremento considerable, el sistema colapsará.
Pero si esta tesis fuera cierta, uno esperaría encontrar a los directivos de las EPS en bancarrota, no comprando propiedades de lujo, viajando a las ciudades más costosas del mundo y enviando fortunas a paraísos fiscales.
¿El problema es la UPC o la corrupción?
La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) insiste en que la crisis se debe a la baja UPC, exigiendo un incremento del 16.9% para 2025. Según ellos, cualquier cifra inferior pondrá en riesgo la salud de millones de colombianos. Pero esta narrativa no menciona las irregularidades documentadas por los organismos de control:
- Deudas impagables: Las EPS arrastran pasivos equivalentes a cuatro meses de UPC y pagan a los prestadores con retrasos de hasta cinco meses, mientras cobran por adelantado.
- Corrupción generalizada: Casos como los de SaludCoop, Cafesalud, Caprecom, Medimás y, recientemente, Coosalud, evidencian que las EPS han desviado recursos hacia negocios particulares de sus socios y accionistas.
- Reservas técnicas inexistentes: Estas empresas no han invertido en el resguardo financiero necesario, dejando al sistema vulnerable.
Como señaló el experto Vicente Calvo: “La crisis no se debe a una insuficiencia de recursos, sino a una pésima gestión y a un alto grado de corrupción acumulada en las empresas que usted representa
”.
Los lujos de los directivos: ¿quién está en crisis?
Mientras millones de colombianos esperan meses por una cita médica o sufren por la falta de medicamentos, los directivos de las EPS parecen vivir en un universo paralelo:
- Compran propiedades de lujo valoradas en millones de dólares.
- Construyen edificios ostentosos para sus sedes.
- Viajan con frecuencia a destinos exclusivos alrededor del mundo.
- Desvían recursos a paraísos fiscales.
Si la UPC realmente fuera insuficiente, estos directivos estarían enfrentando bancarrotas, no aumentando sus fortunas personales.
La reforma: ¿una amenaza para el negocio?
La verdadera raíz de esta oposición feroz no es el monto de la UPC, sino el temor de las EPS a perder el control de los recursos. La reforma propone que dejen de ser administradoras y se conviertan en facilitadoras del acceso a los usuarios, eliminando las posibilidades de desvío de fondos y corrupción que han caracterizado su gestión.
La narrativa de la ANDI: argumentos sin sustento
Bruce MacMaster, presidente de la ANDI, afirma que “los recursos no son suficientes
” y que esto ha generado la crisis actual. Sin embargo, sus argumentos omiten lo evidente: la corrupción estructural que carcome al sistema.
Como respondió la exministra Carolina Corcho: “Carece de todo rigor referirse a las cifras del sistema de salud, omitiendo los billonarios hechos de corrupción y desviación de reservas técnicas por parte de la mayoría de las EPS
”.
Señor Mac Master, toda su disertación tiene un problema de fondo, y de elemental lógica: carece de todo rigor referirse a las cifras del sistema de salud, con la omisión de los billonarios hechos de corrupción y desviación de reservas técnicas por la mayoría de las EPS, hechos… https://t.co/24OgnZXDqX
— Carolina Corcho (@carolinacorcho) December 22, 2024
Un chantaje disfrazado de preocupación
El mensaje es claro: si no se incrementa la UPC, las EPS dejarán de atender a los usuarios. Este chantaje amenaza con hacer aún más precaria la atención en salud, pero ignora que los colombianos ya sufren las consecuencias de su mala administración.
¿Por qué no exigieron antes?
Es curioso que este clamor por más recursos no surgiera en gobiernos anteriores. ¿Será porque ahora enfrentan una reforma que amenaza con desmontar sus privilegios? Mientras tanto, los usuarios siguen pagando el precio de un sistema capturado por intereses privados.
Conclusión: el problema no es la plata, es la gestión
La crisis de la salud en Colombia no se solucionará inyectando más dinero a un sistema mal administrado y plagado de corrupción. Es hora de cambiar el modelo, exigir transparencia y priorizar el bienestar de los colombianos sobre los intereses de las EPS y sus aliados.