Como productividad de tres años, un profesor de la UFPS registró 12 libros y 106 artículos logrando subir su sueldo, de por vida, de 6 a 29 millones de pesos, gracias al Decreto 1279.

El caso que a continuación se presentará no es único y, tristemente, en la universidad pública parece ser más común de lo imaginado: La forma como se está aplicando el Decreto 1279 de 2002, por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las Universidades Estatales, define los criterios que deben reconocerse en cuanto a formación, experiencia de los docentes para su reconocimiento y, sobre todo, la manera como sus ingresos pueden incrementarse a través de su productividad académica.

Esto significa que a medida que los docentes demuestran que han publicado o incidido en artículos en revistas especializadas, libros, patentes, premios nacionales e internacionales, entre otros, las universidades estatales, a través de los respectivos Comités Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes (CIARP) -generamente coordinados desde las vicerrectorías académicas- les asignan puntos que, a su vez, se traducen en factor salarial permanente a partir del momento del reconocimiento y en adelante.

A manera de comprensión de cómo funciona este complejo proceso de reconocimiento de puntos e interpretaciones de parte de Minciencias y las universidades, en este link puede ver una síntesis de los conceptos del año 2021 del Grupo de Seguimiento al Régimen Salarial y Prestacional de las Profesores de Universidades Públicas.

En términos prácticos, y aunque esto suceda en pocos casos, estos casos disparan la nómina docente, pues implica para el Estado, por ejemplo, reconocer de por vida, en un incremento salarial, la escritura artículos escritos 10, 15 y hasta 20 años atrás. 

Por eso mismo las universidades privadas, al advertir el posible desangre que esto representa para sus finanzas, han optado por premiar la productividad intelectual de sus docentes investigadores a través de bonificaciones de mera liberalidad, que no constituyen salario.

Como lo recordó este Observatorio de la Universidad Colombiana, en el país el ingreso salarial de los docentes de universidades públicas -en interpretación avalada por el Departamento Administrativo de la Función Pública– no tiene techo presupuestal; esto es, pueden ganar, como efectivamente pasa en algunos casos, mucho más que el propio Presidente de la República.

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El problema se agrava porque, además de las enormes posibilidades que da el Decreto para el incremento salarial, paralelamente han aparecido prácticas contrarias a la ética a la que recurren algunos docentes para asegurar esos puntos y convertirlos en incrementos salariales como algunos de estos, por ejemplo:

– Fraccionar textos para convertirlos en varios artículos para sumar más puntos;

– Pagar a revistas depredadoras (portales de internet que asemejan ser repositorios de revistas de contenido científico muy riguroso, a veces engañando en su nombre y diseño), para que les publiquen sus artículos con mínimos, o nulos, requisitos de calidad. Por ejemplo, pagar 200 dólares (aprox. un millón de pesos) por una única vez para que le publiquen el artículo que luego se presenta al Comité de Asignación de Puntaje que le reconoce unos 15 puntos (en 2022, cada punto para el Decreto 1279 es de $16.441) que, a valor actual se traducirán en $246 mil mensuales de aumento en el salario de por vida y que, incluso, llegarán hasta su pensión y la desus herederos.

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• Aliarse con otros docentes, de la misma universidad o de otras universidades, para que se alternen la titularidad en los diversos trabajos o simplemente para que los agreguen nominalmente en las investigaciones, para que ambos “cobren” puntos por ello.

• Participar, o poner su nombre, en productividad académica sospechosamente de un área disciplinar totalmente ajena a la propia en la que el docente se especializó y ha hecho carrera.

• Los favores mutuos. “Yo te cito y te publico, y tú me citas y me publicas”, para que ambos mejoren sus índices de visibilidad y registros para efectos de productividad.

• Aprovecharse, y a veces apropiarse, de los trabajos de investigación de estudiantes a cargo.

• Plagios.

Aunque las universidades estatales no hacen de conocimiento público esta situación (el SUE tampoco se ha pronunciado al respecto, ni las asociaciones de profesores), en el sector se habla de casos de docentes de más de 40, 50 y hasta 60 millones de pesos, gracias al Decreto 1279.

Por si no faltaran impactos fiscales, vale recordar que los docentes de las universidades públicas, en el estatuto tributario, tienen desde hace mucho tiempo, el beneficio de poder descontar hasta el 50 % de su salario en la declaración de renta, como si fueran gastos de representación.

La posible reforma del Decreto 1279 ha sido una necesidad que los diferentes Ministerios y muchos profesores, conscientes de la situación, admiten, pero que no ha encontrado el viceministro, director de Planeación, congresista o similar que se juegue el pellejo político por sacarlo adelante. Al fin y al cabo, esto significa “torear” el sindicalismo docente, que hábilmente puede mover la opinión pública, y el estudiantado, en defensa de sus intereses.

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Los argumentos de los profesores universitarios en rechazo de la posible reforma del 1279

… y el sector no se atreve a modificar el Decreto 1279 de 2002

El caso Jahn Piero Rojas Suárez

En medio del acalorado debate electoral, político y legal que actualmente se disputa por la rectoría de la Universidad Francisco de Paula Santander -UFPS-, se ha conocido (de parte del autodenominado veedor ciudadano en Cúcuta, Jaime Vásquez -foto derecha), que el docente, exvicerrector de investigaciones, exrector (e) y uno de los fuertes aspirantes a ganar la contienda, Jahn Piero Rojas Suárez (foto izquierda), ha recurrido a cuestionables prácticas académicas para elevarse de una manera sorprendente su salario, gracias a la aplicación del Decreto 1279 de 2002.

Lo detallado en la denuncia de Vásquez (en dos entregas en Facebook –ver parte 1ver parte 2) permite comprender perfectamente el “modus operandi” para aprovecharse del 1279, y que se resume así:

Jhan Piero Rojas Suárez (foto), ingeniero civil de la UFPS (2002), con especialización en ingeniería civil de la Universidad Distrital (2005) y la Javeriana (2010), maestría en ingeniería civil de la Universidad de Los Andes (2005) y estudios de doctorado en formulación de proyectos (no graduado) de la Universidad Internacional Iberoamericana de México, es profesor de tiempo completo de la Universidad Francisco de Paula Santander, en Cúcuta, desde el año 2013.

Entre 2018 y 2020 se desempeño, bajó la rectoría de Héctor Miguel Parra López, como vicerrector de Investigaciones, y tan pronto salió de la Vicerrectoría y nuevamente en calidad de docente pidió a la Universidad que se le reconocieran los puntos, a la luz del Decreto 1279, por la productividad de 12 libros y 106 artículos de investigación que, al parecer, produjo en esos casi tres años en que fue, al mismo tiempo, funcionario directivo de la universidad.

El CIARP le aprobó 1.400 puntos y, según la denuncia, con esto el salario de Rojas Suárez pasó de $6.6 millones en 2020, cuando era vicerrector de Investigaciones, a $29.1 millones en la actualidad. Rojas Suárez no ha desmentido esto. Dice que “el reconocimiento de los puntos se dio bajo los procedimientos y reglas que orientan el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP), el cual preside el vicerrector académico de turno y cuyas resoluciones son revisadas por la Oficina Jurídica de la Universidad y el Rector de turno, quien finalmente las firma”.

De esta forma, Rojas Suárez también confirma que, como vicerrector de Investigaciones y rector (e), intervino en otras aprobaciones del CIARP.

Además de la impresionante productividad académica para mostrar estos resultados (un libro cada 3 meses y un artículo cada semana), el análisis de los contenidos, realizados por Vásquez, advierten que la producción del ingeniero civil también incluye escritos en temas como biología, mecánica, agronomía, ingeniería industrial, educación y hasta ventiladores aerodinámicos, y que hay casos en los que, incluso, los contenidos y la redacción dejan mucho qué desear.

Según Rojas Suárez él estuvo siete años en cargos administrativos en la Universidad, “dentro de los cuales, por la misma normatividad, no es posible que se me reconocieran los puntos en el salario, es decir, quedaron congelados, y sólo después que salí de dichos puestos, la Universidad reconoció el aumento de mi salario. Llegar a esa productividad ha sido un proceso, desde que inicié como docente de planta en la Universidad y está plenamente amparada por todos los lineamientos vigentes”.

Las denuncias de Vásquez menciona otros docentes de la UFPS que, al parecer, también han recurrido a esta clase de prácticas, como Mawency Vergel Ortega, Martha Sofía Orjuela Abril, Edwin Espinel, John Antuny Pabón y el profesor de la Universidad del Atlántico Guillermo Eliécer Valencia Ochoa.

A propósito, lea: Uniatlántico: Fiscalía analiza posible peculado en puntajes de escalafón

Los argumentos de defensa de Rojas Suárez

Dice Jhan Piero Rojas Suárez que “todos los docentes de planta de la UFPS y del país tienen derecho a mejorar sus condiciones salariales a partir de lo que el Estado colombiano reglamentó en el decreto 1279 de junio 19 de 2002”.

Señala que “satanizar la posibilidad que tienen los docentes de mejorar sus salarios mediante la productividad científica, es alarmante y desconcertante, pues se trata de bloquear los indicadores de la Universidad para que siga sosteniendo su posición en los rankings”.

Por lo mismo, “si no hay productividad científica de alto nivel, cuyo costo es elevado y debe ser en la mayoría de casos asumido por los propios docentes, no sería posible sostener la categorización de investigadores y grupos de investigación ante Minciencias según los criterios que desde hace años rigen este asunto”.

Finalmente, Rojas Suárez aclaró a este Observatorio que en medio del actual contexto electoral de la UFPS “toda la información que circula sobre mi situación salarial ha sido tergiversada y sacada de contexto, inflando cifras, omitiendo asuntos relevantes y desconociendo el proceso de años, los elementos que constituyen salario y los múltiples roles, estrategias y trabajos inter y transdisciplinares que podemos realizar como investigadores”.

Asimismo aclara que “no tengo ninguna investigación por órganos de control u órgano judicial, tampoco por mecanismos internos asociados a la existencia de irregularidades sobre la productividad científica que he alcanzado con mis compañeros docentes de otras áreas del conocimiento, lo cual quieren hacer ver como un delito”.

El nombre de Rojas Suárez ya había sido relacionado con estos temas desde el año pasado, en una denuncia que se hizo ante la Fiscalía y Procuraduría (y que al parecer no avanzó) por peculado por apropiación y concierto para delinquir por recibir puntos salariales por publicaciones en revistas no reconocidas como válidas.

Nota de El Observatorio

No es política de El Observatorio de la Universidad Colombiana publicar hechos que afecten positiva o negativamente la imagen de aspirantes a rectorías en plena campaña, pero la magnitud e impacto de lo aquí informado y, sobre todo, lo que significa para el sistema de educación superior la manera como se está dando interpretación y beneficios del Decreto 1279, en momentos en los que el país requiere hacer un análisis detallado de sus finanzas y recursos para la educación superior, lo amerita.

Aunque los profesores de la Universidad de Antioquia, Marco Antonio Vélez y John Mario Muñoz, advierten que hay propuestas que buscan modificar el decreto 1279 “ante el peregrino argumento de que hay remuneraciones muy altas, producto del sistema de obtención de puntos por publicaciones”, es claro, como ellos mismos lo dicen que “es posible poner topes al Decreto de remuneración salarial, por arriba y en la base”, no sólo para evitar la deslegitimación social de la productividad y el trabajo de los docentes de las universidades públicas, sino también para que el gobierno, que busca mecanismos de respaldo financiero para el sector, encuentre la certeza técnica y de equidad, en sus asignaciones.

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