Cada vez que se avecinan elecciones regionales en el país, el nombre del condenado exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, vuelve a estar en el ojo público y este año no iba a ser la excepción, pues pese a haber sido condenado a 27 años de cárcel por asesinato, los políticos de Norte de Santander siguen buscando su apoyo electoral. 

Pero, en esta ocasión, el descaro no solo suyo, sino de su séquito de “colaboradores”, para sacar adelante las campañas de sus candidatos, ha sobrepasado cualquier límite. 

Según reveló en un reportaje el periodista Daniel Coronell, Suárez Corzo prácticamente montó un comando político en el piso 11 del hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, desde donde lidera la campaña del candidato a la alcaldía de Cúcuta, Leonardo Jácome y busca apoyos para el candidato a la gobernación, William Villamizar

Suárez Corzo lleva más de un mes recluido en ese centro asistencial, por supuestas afectaciones de salud, pero, por lo que se comenta en Cúcuta, la única afectación de base que padece el exalcalde es la diabetes, y que las incapacidades que se estarían expidiendo para mantenerlo recluido en dicha suite hospitalaria, no tendrían sustento real. 

Una fuente consultada por el diario La Opinión de Cúcuta, incluso confirmó que la gerencia del hospital, en cabeza de Tonino Botta, uno de los aliados de Suárez Corzo desde épocas pasadas, procedió a retirar a un médico que se negó a firmar una incapacidad para Suárez «por no existir motivo científico». 

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Y días antes de este hecho, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), también había retirado a la enfermera privada que contrató para que lo asistiera durante su hospitalización. “El tratamiento que debe recibir será el mismo que se da a  los presos regulares”, habría dicho el citado instituto al momento de ordenar el retiro de la asistente del condenado exalcalde. 

Pero el retiro de la enfermera fue posteriormente reemplazado por una enfermera del hospital que habría delegado el gerente del centro asistencial. 

El condenado alcalde llegó al hospital luego de que el pasado 20 de julio, hace un mes y tres días, un juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad le revocara el beneficio de casa por cárcel de la que había gozado tres años. 

Reveló Coronell que el despacho judicial ordenó volverlo a enviar a una cárcel por una serie de abusos cometidos durante la reclusión domiciliaria: 

Del4 al 8 de octubre del año pasado, Suárez Corzo salió de su casa sin ningún permiso y no contestó llamadas. Se fue muy tranquilo y sin explicaciones. 

El 11 de agosto del año pasado también se había perdido. Se quedó sin batería el grillete electrónico que tiene la obligación de mantener cargado. 

En un traslado autorizado de Bogotá a Cúcuta se tomó cinco días. La defensa dice que la demora se explica porque viajó por tierra. El juzgado rechazó la explicación en estos términos “A menos de que hayan ocurrido eventos de fuerza mayor o caso fortuito durante el traslado por carretera, no hay forma de que un viaje de esa distancia tarde cinco días a un ritmo normal”. 

En junio de 2022, el condenado reportó que se había dañado el grillete electrónico porque se cayó de la cama. Sin embargo, los técnicos conceptuaron: “Se evidencia que hubo una transgresión por parte de un tercero”. Es decir, alguien le ayudó a dañar el brazalete para que no supieran donde estaba. 

El 25 de marzo también se había ido de la casa a las 7:00 de la noche y solamente volvió en la madrugada del 26. La explicación de Ramiro Suárez Corzo fue que estaba “bastante afectado anímicamente, sicológicamente, no conciliaba mi descanso, ni mi sueño”. No había excusa médica, ni nada

Cuando después de todos estos antecedentes un juez le quitó la casa por cárcel y ordenó su traslado a una prisión vigilada, Suárez Corzo se declaró enfermo, pues era evidente que adportas de una campaña política, le iba a quedar mucho más difícil coordinar las “actividades” desde una cárcel

Y que mejor sitio para ser hospitalizado, que el centro asistencial donde el gerente es uno de sus coequiperos. 

Conociendo los antecedentes corruptos al interior del Inpec, no es raro entonces que con la complicidad de esta entidad, se estén permitiendo las romerías de visitas que a diario recibe el exalcalde, como lo confirman varios testigos en Cúcuta. Incluso presuntamente el candidato Jácome ya ha ido a visitarlo en varias ocasiones. 

Por ahora el Inpec no se ha pronunicado sobre estas denuncias. 

Mientras que el director del Hospital, Tonino Botta, emitió un comunicado donde afirma que las labores de monitoreo, seguimiento, control, custodia y vigilancia de Suárez se encuentran asignadas al Inpec y se encuentra sujeto al reglamento interno de cada establecimiento de reclusión. 

En cuanto a los señalamientos que hablan de que el condenado excalcalde tiene convertida la suite del hospital en directorio político, Botta respondió que “la autorización para visitas y acompañamiento del personal privado de la libertad, corresponde al director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Media Seguridad de Cúcuta. 

A la pregunta que le hizo La Opinión, sobre el retiro de un médico que se negó a firmar una incapacidad para Suárez Corzo, Botta se limitó a responder que las incapacidades hacen parte de la historia clínica de los pacientes y se trata de información reservada. 

Pero, la corrupta conducta de Suárez, no dista mucho de la del gerente del hospital, de comprobarse las versiones que circulan sobre el tema, primero por tratarse de un hospital público, que han convertido en sede de campaña política, y segundo, por que estaría Botta, participando en política. 

El exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, fue condenado a 27 años de cárcel por el homicidio del abogado Alfredo Enrique Flórez, en el 2003. 

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, dijo que reforzará la guardia de la suite hospitalaria para que el poderoso homicida no siga haciendo política. 

Y advierte Coronell que bien podría Medicina Legal determinar si Suárez Corzo realmente necesita estar en un hospital o si puede recuperarse satisfactoriamente en una cárcel mientras paga su deuda con la sociedad.

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