El colmo de de la corrupción: las EPS que se administran desde las cárceles

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Aún después de ser detenidos, los implicados en la defraudación a los recursos de la salud, develada a través de la Operación Quirófano que adelantó la Fiscalía General de la República, siguen controlando a través de interpuestas personas los recursos de la Unidad de Pago por Capitación en dos EPS del país.

En la EPS Cajacopi los implicados en esa defraudación como Javier Peña, ex director médico nacional de Cajacopi, y Jhon Alexánder Colmenares Russi, siguen desde sus centros de reclusión direccionando pagos correspondientes a la UPC, que terminan en una veintena de IPS, entre las que sobresalen Oncovihda IPS Ltda, Auditoria Asesorías y Administración del Caribe Ltda, Oinsamed y Clinica San Diego, entre otras.

Por solo citar un ejemplo, este medio pudo constatar en el reporte de giro directo mensual de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) que la EPS Cajacopi contrata con la empresa Auditoria Asesorías y Administración del Caribe Ltda, servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades, y no de ahora, sino desde hace más de cinco años.

Solo este año (entre enero y junio) esa compañía que curiosamente no aparece en el Registro de Prestadores de Servicios de Salud REPS del Ministerio de Salud y según su hoja de vida, cuenta apenas con 14 empleados, ha recibido la nada despreciable suma de $3.921 millones de pesos, casi $4 mil millones de pesos por giro directo de la Unidad de Pago por Capitación. Llama la atención que solo le presta sus “servicios de salud” a la EPS Cajacopi.

Otro caso llamativo es el de la IPS Clínica La Misericordia Internacional con sede en Barranquilla, que este año ha recibido por giro directo de la EPS Cajacopi, $9.200 millones de pesos (de enero a junio) y aunque también recibió recursos por parte de otras EPS, ninguna alcanza el monto de los giros que le ha hecho Cajacopi.

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Una muestra más de que los manejos abusivos se siguen dando al interior de Cajacopi son los desembolsos a la IPS Oncovihda que atiende pacientes con VIH y que cuenta con sedes en Barranquilla, Santa Marta y Valledupar. Solo mantiene contratos con Cajacopi y entre marzo y junio se le han destinado por giro directo la suma de $2.020 millones de pesos.

Una mirada rápida a los reportes de pago publicados por la Administradora de Recursos de la Salud, ADRES, nos muestra algunos desembolsos realizados a través del mecanismo de giro directo en el mes de abril.

ONCOVIHDA IPS LTDA          $300.000.000
ONCOVIHDA MAGDALENA IPS LTDA            $80.000.000
ONCOVIHDA IPS CESAR LTDA          $150.000.000
AUDITORIA ASESORIAS Y ADMINISTRACION DEL CARIBE LTDA          $826.672.597
OINSAMED S.A.S.      $1.799.999.999
CENTROS HOSPITALARIOS DEL CARIBE SAS    $688.846.502,00
ONCOVIHDA IPS LTDA        $200.000.000,00

Es menester recordar que en el pasado la EPS de Cajacopi ha resultado ligada a escándalos en el sector salud e incluso con hechos de grave implicación.

En el 2007 estando al frente de la ARS Cajacopi, resultó asesinada en Barranquilla Luz Ángela Macías quien era investigada por la Fiscalía por un supuesto desvío de 730 millones de pesos del sector salud de Planadas (Tolima), a las Farc; por los mismo hechos también resultó involucrado el director general de Cajacopi Atlántico, Eduardo Enrique Galofre Manotas.

En cuanto a Colmenares Russi, su familia no ha sido extraña a los escándalos del sector salud.

Hace algunos años este apellido estuvo ligado a una investigación, en la cual la Clínica la Candelaria de Bogotá, realizó un préstamo de $70.000 millones de pesos al holding Interbolsa, que luego se declaró en quiebra;  Los Colmenares también están vinculados a la debacle y liquidación de la EPS Solsalud, en la que tenían una importante participación accionaria. Recientemente se conoció  el pago de un apartamento con plata de las empresas de Jhon Colmenares Russi y de su madre Ofelia Russi Cervantes en favor de Eva Carrascal, como parte del pago de favores que la funcionaria realizaba mientras ejercía como Superintendente Delegada para Supervisión Institucional.

Jhon Colmenares Russi y Eva Carrascal.

Al momento de la captura, los arriba señalados, habían logrado el control accionario de la EPS Ecoopsos y ubicado a varios funcionarios en cargos representativos en la EPS de Cajacopi, lo cual según fuentes de información conocida por Corrupción Al Día, les ha permitido continuar direccionando pagos desde el sitio de reclusión.

Cajacopi y Ecoopsos son dos EPS del régimen subsidiado, la primera de ellas cuenta con un millón de afiliados y la segunda con 360 mil asegurados.

Las dos entidades como todas las 40 EPS restantes que funcionan en el país, fueron sometidas por el Ministerio de Salud y Protección Social a un proceso de reorganización o de capitalización, situación que fue aprovechada por políticos e inversionistas inescrupulosos, para organizar una red de corrupción, que la Fiscalía desmanteló a través de la Operación Quirófano.

En el caso de Ecoopsos era una EPS de economía solidaria, cooperativa que se transformó en Sociedad Anónima Simplificada denominada Ecoopsos EPS SAS, cuya junta directiva responde a los intereses de los antes mencionados.

Como se recordará el pasado mes de octubre la Fiscalía General de la Nación develó el entramado de corrupción urdido por grupo de inversionistas, exfuncionarios de la Superintendencia Nacional de Salud y políticos, para hacerse al control de varias EPS y apropiarse de recursos del sector salud.

Fueron capturados Guillermo Enrique Grosso Sandoval, agente interventor de Saludcoop EPS, luego presidente de Cafesalud EPS; Javier Peña Ramírez, quien se desempeñaba como gerente del programa de Cajacopi EPS Barranquilla, Jhon Alexánder Colmenares Russi, conocido inversionista del sector salud y Eva Katherine Carrascal es delegada de temas institucionales de la Superintendencia Nacional de Salud.

Dentro del mismo proceso la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al Senador de la República, Luis Eduardo Díaz-Granados, y al exrepresentante a la Cámara, Cristóbal Rodríguez, por corrupción en el sector salud.

Pero Cajacopi y Ecoopsos si bien son los más recientes casos develados por la Fiscalía, no son los únicos donde sus cabezas visibles siguen ejerciendo su poder desde fuera.

El caso ya se vivió con la EPS indígena Manexca que funcionaba en Córdoba y cuya liquidación está ya en proceso por parte de la Supersalud.

Manexca nació de la mano del médico cordobés Pedro César Pestana Rojas o ‘el Indio’, como era conocido. Fue cuando estaba como médico en San Andrés de Sotavento que el líder campesino Juan Almanza lo invitó a hacer parte de un grupo de indígenas que, agrupados en el Resguardo Indígena Zenú Córdoba – Sucre, fundó el 1 de abril de 1998 la EPS Indígena Manexka.

En el año en el que se fundó, la empresa pasó de unos tres mil afiliados en abril a casi 10 mil en diciembre, la mayoría indígenas. Entre el 2000 y el 2002 se consolidó en el sector salud en la región y amplió su red a más pueblos en los dos departamentos.

Pero Manexca no escapó a la sombra paramilitar que cubrió buena parte del Caribe. Posteriormente Pestana fue acusado de hacer alianzas con el sanguinario Rodrigo Mercado Pelufo alias ‘Cadena’, a quien ‘el Indio’ supuestamente terminó rindiéndole cuentas y girándole recursos de la empresa de salud.

En el 2006 la Fiscalía conoció pruebas reveladas por los exparamilitares ‘Jorge 40’ y ‘Don Antonio’, sobre una supuesta alianza que hicieron las autodefensas con líderes políticos de Sucre para tomarse el poder administrativo de la región. Ese año se le libró una orden de captura a Pestana pero antes de que se hiciera efectiva se entregó ante las autoridades indígenas e hizo que lo recluyeran en la cárcel del resguardo Mexión en San Andrés de Sotavento.

Allí permaneció por 13 años y ninguna autoridad pudo hacer efectiva su detención amparado en que debía ser juzgado por las leyes indígenas dada su condición de origen Zenú.

Fue condenado en el 2009 a seis años de cárcel, los cuales nunca cumplió y en el 2014 fue ordenada su libertad por supuesta pena cumplida por un juez de Chinú (Córdoba).

Pestana alcanzó tal poder incluso estando supuestamente recluido en el resguardo, que convirtió a su hermana Yamina en Senadora de la República tras lograr la quinta mayor votación del Partido Conservador en 2014 y cinco alcaldes de Córdoba ganaron con su respaldo.

En el 2017, con Pestana mandando desde afuera, la Superintenencia Nacional de Salud, autorizó la liquidación de la EPS indígena Manexca  tras revelar graves hallazgos en la entidad que advertían el desvío de más de 30  mil millones de pesos y atención no adecuada a más 200 mil afiliados de Córdoba y Sucre.

El proceso de liquidación se suspendió y solo se retomó en enero de este año luego de que la Corte Constitucional profiriera la sentencia T103 que avaló el cierre definitivo de la EPS por presuntos hechos de corrupción.

Curiosamente después de esta intervención de la Supersalud, el indio Pestana falleció de un infarto el pasado 10 de abril en la ciudad de Sincelejo.

La continuidad de  la liquidación también se da en teniendo en cuenta la sentencia T103 proferida por la Corte Constitucional que avala el cierre definitivo de la Eps por presuntos hechos de corrupción.

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