La Verdad Oculta: Más allá de los titulares, la Red que devora a Colombia
Córdoba, ese rincón entre la costa y Antioquia, se ha ganado a pulso su infame título de hito nacional en la cartografía de la corrupción institucional. Aquí, la podredumbre no distingue rangos: gobernadores, alcaldes, senadores, representantes, con su cortejo de parientes y socios, todos están intrincadamente urdidos en una telaraña de saqueo sistemático. Contratos multimillonarios, curules congresionales con propiedad absoluta, alcaldías escrituradas y fraudes a la carta contra el Estado colombiano son el pan de cada día. Y para colmo de males, los organismos de control, esos entes miopes por excelencia, parecen tener una misión tan difusa como el horizonte cordobés.
La política, en su esencia más cruda, no es más que un juego de poder, una arquitectura invisible que, aunque sostenida por palabras, se cimenta en el hambre, la ignorancia y la dependencia. Los sistemas, como bien sabemos, no se construyen para liberar, sino para perdurar, exigiendo sacrificios para que «unos poquitos tengan mucho y muchos no tengan nada». En este escenario desolador, el departamento se ha parcelado en feudos económicos, donde familias como los Chagüi de Cereté controlan con precisión milimétrica cada hilo, desde un contrato mastodóntico hasta la compra de una simple resma de papel.
La Dinastía Chagüi: Un Poder Sembrado en la Tierra y Cosechado en los Pasillos del Poder
La historia de los Chagüi en Cereté es un manual de cómo el poder económico, cimentado en la tierra y la agroindustria, se traduce en control político absoluto. Desde el siglo XIX, con la llegada de los sirio-libaneses que transformaron el paisaje con la ganadería extensiva, se gestó una casta de latifundistas que pronto entendió que la riqueza material era la llave al dominio político.
Los Chagüi, con seis décadas dedicadas a la siembra del «oro blanco» (algodón) y el maíz, no solo fundaron empresas como Pro Agros del Sinú, sino que colonizaron el ámbito público. Su influencia es tan profunda que cualquier movimiento político en Cereté debe pasar por su aprobación; de esta alianza depende el triunfo o la derrota en elecciones para cualquier curul, la gobernación o una alcaldía.
Julio Chagüi Flórez: El senador y la melcocha de la contratación
El actual senador Julio Elías Chagüi Flórez, figura central en este entramado, es un testimonio de cómo se llega al Senado sin mayor experiencia ni trascendencia política, sino a través de «sistemáticas redes regionales clientelares que garantizan cuantiosas votaciones«. Su papel en el escandaloso desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) es, como diría el exdirector Olmedo López, «fundamental«. Chagüi, según los informes, fue el puente entre nueve congresistas ávidos de «mermelada» para asegurar los votos de la reforma a la salud.
Los $31.000 millones de pesos, una «linda suma para torcer cualquier ideología«, que le correspondían a Chagüi, eran para un contrato de mitigación de inundaciones en Sahagún. Aunque el escándalo nacional lo frenó por un lado, la «mermelada» se sirvió por otro. En medio de la desesperación gubernamental, la UNGRD adjudicó un contrato al Consorcio Río Arauca, representado por Juan Carlos Amador, socio de Chagüi en la Compañía Panameña de Inversiones Amachi S.A.. Sí, el socio y el senador, ¡qué casualidad!
La red familiar: Un vínculo inquebrantable de impunidad
La destitución del alcalde Salim Chagüi, por violar el régimen de inhabilidades al tener contratos con el departamento menos de un año antes de su elección, fue un mero trámite. ¿Quien dijo miedo? Su tío, Elber Chagüi Saker, fue elegido en unas elecciones atípicas, asegurando que «todo otra vez quedaba en familia«.
La impunidad, esa «enfermedad crónica» que carcome a Colombia, encuentra un terreno fértil en esta red. Los mecanismos legales y políticos, desde el aforamiento hasta la lentitud judicial, pasando por la complicidad de «ciertos sectores judiciales«, están «diseñados para proteger a la élite política«.
- Sara Piedrahita Lyons y Elber Elías Chagüi Spath: Elber, primo y esposo de la exrepresentante Sara Piedrahita Lyons, fue condenado por homicidio culposo, y ambos estuvieron implicados en el infame «cartel de la hemofilia«. Sara, para evadir a la Corte Suprema de Justicia, no se presentó a las elecciones, y el aval del partido, «
otra vez la familia de por medio«, le fue entregado a su primo Julio Elías. La misma Sara que, según denuncias de la congresista Cathy Juvinao, se benefició del cabildeo de Carlos Camargo, hermano de Antonio Camargo (con «historial contractual interesante» y nexos con los Chagüi), para mantener su curul. La corrupción no es solo el acto, es el sistema que la permite. - Ruby Chagüi: Senadora y exjefa de prensa de Álvaro Uribe Vélez, su historia está ligada a la agroindustria y los subsidios estatales. La empresa familiar, Pro-Agros del Sinú, recibió millones en beneficios de programas como Agro Ingreso Seguro (AIS) y de apoyo a la siembra de algodón. Su vasto poder territorial se evidencia en las 19 propiedades que ella y su familia poseen solo en Cereté, además de otras en Montería. Su cuñado, Abraham Ganem Bechara, ostenta 102 inmuebles y ha sido acusado por la Contraloría por acumulación de baldíos. Para rematar, el esposo de Ruby Chagüi fue nombrado representante legal de Bayer, proveedora de glifosato, y su hermana Olga Chagüi, representante legal de una proveedora de medicinas, ha sido reseñada por la Contraloría por un contrato irregular con un hospital. Es la «
verdad que otros prefieren ocultar«.
Negocios de Familia: Un Pulpo Corporativo con Tentáculos en lo Público
La familia de la senadora Ruby Chagüi Spath está directamente relacionada con 15 empresas, con un marcado enfoque en el sector agrícola y pecuario, dominando la producción y comercialización de algodón, sorgo y maíz. La emblemática Chagüi & Chagüi Ltda (hoy Pro-Agros del Sinú), constituida por su abuelo, no solo es el corazón de su imperio agroindustrial, sino que ha sido una asidua beneficiaria de programas estatales. Recibió jugosos subsidios de Agro Ingreso Seguro (AIS) en 2009 y entre 2007 y 2010, además de compensaciones por al menos $4.200 millones del programa de apoyo a la siembra de algodón del Ministerio de Agricultura entre 2011 y 2015. Toda la familia, incluyendo la misma senadora (a pesar de no tener la producción de algodón como actividad económica registrada), apareció en la lista de beneficiarios del programa Cosecha Costa Llanos 2013-2014, creado para «asegurar un ingreso base» a los productores. Vaya forma de «asegurar» los ingresos.
Pero el apetito del clan no se detiene en el campo. Sus tentáculos se extienden al lucrativo negocio de la salud. Nicolás Saade, el esposo de la senadora, fue nombrado en 2019 como representante legal para efectos contractuales de Bayer S.A., la subsidiaria de la gigante alemana dedicada a la distribución de medicamentos y, curiosamente, propietaria de Monsanto, el proveedor mundial de glifosato (ese mismo RoundUp usado en aspersiones aéreas durante el Plan Colombia). Desde su nombramiento, Bayer S.A. ha suscrito la módica suma de 27 contratos con entidades públicas, sumando más de $2.145 millones de pesos con hospitales de varias regiones de Colombia y el Instituto Nacional de Cancerología. Una coincidencia, sin duda, que su cónyuge tenga contratos millonarios con el Estado mientras ella ejerce control político.
Y si eso no bastara para ilustrar la trama, Mundial de Drogas I.P.S., una empresa creada por su primo Julio Elías Chagüi y donde su hermana Olga Chagüi es representante legal, protagonizó un escándalo en el Hospital San Jerónimo de Montería. En 2016, el Hospital le cedió una deuda por $1.647 millones que tenía con la EPS EmdiSalud. La Contraloría Departamental de Córdoba, en agosto de 2017, destapó el pastel: encontró tres irregularidades que apuntan a un «presunto detrimento patrimonial». Solo se le pagaron $465 millones, generando una diferencia abismal de más de $1.182 millones. El Hospital ni siquiera entregó los anexos que soportaban los pagos, y la deuda real era el doble de lo negociado. La gerente del Hospital en ese momento, Luz Patricia Sánchez, fue capturada por irregularidades. Parece que para algunos, la salud del pueblo es solo otra oportunidad de negocio.
Patrimonio y La Red: Cuando la Tierra y el Poder se Funden
La senadora Ruby Chagüi no se queda atrás en la acumulación de bienes. Declaró un patrimonio líquido de $882.534.000 en 2018, destacando sus semovientes valorados en más de $532 millones. Posee tres predios en Córdoba: un baldío adquirido en 2013, un lote con casa en Santiago de Tolú (comprado con su hermana por $602 millones en 2014) y un lote declarado en Coveñas por $156 millones. Las inconsistencias entre los valores declarados y los precios de compra no son para extrañar.
La red del clan Chagüi es un enjambre de familiares, políticos y aportantes de campaña. Su hermano, Elber Chagüi Spath, fundó Consultproject LTDA. con Sami Spath Storino, la «mano derecha» del condenado exgobernador Alejandro Lyons en los sonados escándalos de corrupción como el «cartel de la hemofilia» y el «desfalco de las regalías». Elber, además, es pareja de la exrepresentante Sara Piedrahita Lyons, prima del exgobernador. La impunidad, esa «enfermedad crónica» que carcome a Colombia, encuentra un terreno fértil en esta red. Los mecanismos legales y políticos, desde el aforamiento hasta la lentitud judicial, pasando por la complicidad de «ciertos sectores judiciales», están «diseñados para proteger a la élite política». La misma Sara que, según denuncias, mantuvo su curul gracias a la ayuda del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, cuyo hermano, Antonio Camargo, trabaja en la Unidad de Trabajo Legislativo de Ruby Chagüi. ¡Un círculo vicioso perfecto!
El cuñado de la senadora, Abraham Ganem Bechara, quien aportó $50 millones a su campaña, es otro eslabón crucial. Acusado por la Contraloría General de la República por la acumulación de baldíos (tierras de la nación), Ganem Bechara y su familia poseen 570 hectáreas en 17 predios en Córdoba. Curiosamente, la Contraloría también reportó a la Sociedad Agropecuaria ‘El Ubérrimo’ (de la familia Uribe Vélez, de quien Ruby fue asesora de prensa) por acumular baldíos. El abuelo de la senadora incluso le vendió un predio a Lina Moreno de Uribe (esposa del expresidente) donde se edifica la exclusiva urbanización Balmoral. La verdad que otros prefieren ocultar, aquí la destapamos.
La Ley y el Orden: Legislación a la Medida del Clan
La senadora Ruby Chagüi ha demostrado una particular afinidad por legislar en los mismos sectores donde su familia tiene sus jugosos negocios. Una «casualidad» que grita a los cuatro vientos.
- Proyecto de Ley Nº78 de 2020 (Salud): Este proyecto busca crear la «Óptima Acreditación de Calidad en Salud» y «Entidades de Apoyo a la Salud». Un detalle menor es que su hermana Olga Chagüi y su primo Julio Chagüi Flórez son socios fundadores de Mundial de Drogas IPS, su esposo Nicolás Saade es representante legal de Bayer S.A. (comercio de productos farmacéuticos), y su cuñado Abraham Ganem Bechara es médico gastroenterólogo con participación en varias sociedades médicas. ¿Legislar para el bien común o para el bien familiar? La pregunta es retórica.
- Proyecto de Ley N°181 de 2020 (Agropecuario): Esta iniciativa pretende «generar prioridad de otorgamientos de créditos a los micro y pequeños productores agropecuarios» y «crear un proceso de estructuración de créditos bajo criterios de tipos de cultivos y flujos de caja proyectados». Qué conveniente, ya que el negocio principal de la familia Chagüi es el cultivo y comercialización de algodón y maíz, y sus empresas han recibido millones en compensaciones y subsidios agrícolas. Además, busca «crear dos pilotos para la expansión de Unidades Agrícolas Familiares en territorios donde no hay desarrollo», justo cuando su jefe político, Álvaro Uribe Vélez, y su aportante de campaña, Abraham Ganem Bechara, fueron reportados por exceder las Unidades Agrícolas Familiares y acumular baldíos. ¡El descaro no tiene límites!
En el semáforo de transparencia de Cuestión Pública, la senadora Ruby Helena Chagüi Spath obtuvo un alarmante 4/8. Para 2017 y 2018 no entregó su declaración de renta completa. Y en su declaración juramentada de bienes y rentas de 2020, «olvidó» incluir la actividad económica de su cónyuge, Nicolás Saade, como representante de Bayer S.A. Transparencia, ¿para qué?
Más Allí de la Indignación: La Fuerza Transformadora del Civismo y la Sociedad Civil
Ante este panorama desolador, donde el Estado parece «secuestrado por una clase política que actúa como una casta parasitaria», la resignación y la indiferencia no pueden ser la respuesta. La verdadera política, la que importa, «no ocurre en los debates ni en las urnas; ocurre en pasillos sin cámaras, en reuniones sin acuerdos que nunca se publican». Es hora de que esa verdad sea conocida por todos.
La lucha contra la corrupción, esa «enfermedad crónica», no es una quimera. Requiere de una «regeneración profunda del sistema» y, sobre todo, de la «participación activa de la ciudadanía». Es aquí donde entra en juego la sociedad civil, esa «comunidad de ciudadanos libres y responsables que pactan las reglas del juego político antes de que haya un gobierno». La sociedad civil es el «auténtico soberano de una democracia libre», el «gran contrapeso al estado».
El civismo, esa «revolución silenciosa», es la herramienta más poderosa que tenemos. No es un lujo, es la base que hace avanzadas a las sociedades. Cada acto de cortesía, de responsabilidad, de exigencia, es una inversión en el banco de la confianza social. Las grandes transformaciones no siempre comienzan con revoluciones espectaculares; «a menudo empiezan con revoluciones muy pequeñas de personas que deciden ser mejores ciudadanos».
No podemos esperar que el poder nos salve; debemos organizarnos, informarnos, exigir y, si es necesario, desobedecer lo ilegítimo. El cambio no se logrará creyendo que un gobierno es la solución definitiva o confiando ciegamente en declaraciones mediáticas. La «verdadera revolución no será electoral, sino informativa».
El Sistema Silencioso que Convirtió un Municipio en Feudo Privado
Mientras Colombia se debate entre reformas y crisis políticas, en Cereté, Córdoba, opera uno de los sistemas silenciosos más perfectos de captura del Estado que haya documentado el periodismo investigativo nacional. No es casualidad, ni tampoco es nuevo. Es la consolidación de seis décadas de control absoluto ejercido por una sola familia: los Chagüi.
¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI una sola estirpe controle desde el senado hasta los contratos de papelería de un municipio? La respuesta no está en los titulares que leen cada mañana. Está en la Radiografía Profunda de un engranaje que funciona con la precisión de una máquina suiza, pero con la voracidad de una trituradora industrial.
El Mecanismo Invisible de la Impunidad
Lo que sucede en Cereté no es un caso aislado de corrupción familiar. Es la demostración práctica de cómo opera el Mecanismo Invisible que permite que la corrupción se perpetúe generación tras generación sin consecuencias reales.
Elber Chagüi Spath, el alcalde de la dinastía, tiene en su historial una condena por homicidio culposo tras atropellar a un niño de tres años. ¿Consecuencias políticas? Ninguna. Siguió ejerciendo cargos públicos y acumulando propiedades: 14 inmuebles entre Montería, Cereté y Bogotá.
La familia también está vinculada a Sami Spath Storino, conocido durante la gobernación de Alejandro Lyons como «el hombre de la tula«, encargado de llevar coimas a funcionarios corruptos en el cartel de la hemofilia. Fue capturado en Italia con circular roja de Interpol y extraditado a Colombia.
La Red Subterránea que nadie vigila
Los órganos de control que deberían fiscalizar estas redes de poder tienen «misión difusa con problemas de miopía«. No es casualidad. Es el resultado de décadas de captura institucional donde los controladores terminan siendo funcionales al sistema que deberían controlar.
Antonio Camargo, asesor del senador Chagüi, tiene un historial contractual que incluye contratos por más de $2.000 millones con diferentes alcaldías. Su hermano Carlos fue Defensor del Pueblo entre 2020 y 2024. ¿Conflicto de intereses? Para una familia que maneja el Estado como empresa privada, es simplemente diversificación de inversiones.
El Impacto Oculto en la Ciudadanía
Mientras los Chagüi acumulan propiedades, contratos y cargos públicos, Cereté sigue siendo un municipio con necesidades básicas insatisfechas. El río Sinú y el caño Bugre que dieron prosperidad al territorio fueron «sistemáticamente aniquilados por la deforestación ejercida sobre terrenos baldíos».
Esta es la manifestación más cruda del Impacto Oculto: cada peso que se desvía hacia los bolsillos familiares es un peso menos para educación, salud, infraestructura y desarrollo social. Es el costo real de permitir que la política se convierta en una empresa familiar.
La conexión perdida entre Estado y ciudadanía
El caso de los Chagüi ejemplifica lo que en análisis político llamamos Conexión Perdida: la fractura entre las instituciones públicas y las necesidades reales de la ciudadanía. Cuando una familia controla todos los resortes del poder local y nacional, el Estado deja de ser un instrumento de bienestar colectivo para convertirse en una máquina extractiva al servicio de intereses privados.
«Cualquier movimiento político en Córdoba debe pasar por la aprobación y apoyo de esta familia en Cereté«, reconocen especialistas en corrupción en Córdob. Es la confesión implícita de que la democracia, en este territorio, es una ficción decorativa que encubre un sistema feudal del siglo XXI.
¿Hacia dónde vamos?
Los Chagüi no son un accidente histórico. Son la consecuencia lógica de un sistema político que permite la perpetuación dinástica del poder sin mecanismos efectivos de control ciudadano. Representan la versión perfeccionada de lo que el politólogo James Buchanan llamaría la captura del Estado por parte de grupos de interés que operan como ciudadanos anti-constitucionales.
El problema no es solo la familia Chagüi. El problema es un sistema que los produce, los protege y los perpetúa. Mientras los ciudadanos sigamos siendo espectadores pasivos de este teatro de la democracia, dinastías como esta seguirán tratando la cosa pública como patrimonio privado.
La Radiografía Profunda de Cereté nos muestra que la corrupción no es solo el desvío de recursos públicos. Es la apropiación sistemática del Estado por parte de grupos familiares que han convertido la política en una empresa hereditaria.
¿Estamos dispuestos a permitir que Colombia se convierta en una confederación de feudos familiares? La respuesta a esa pregunta definirá si tenemos futuro como democracia o si terminaremos siendo una colección de haciendas políticas administradas por clanes como los Chagüi.
Momento en que el Alcalde Carlos Sakr Espinosa entrega la banda al nuevo Alcalde de Cereté, Elber Chagüi Saker.
