La verdad detrás de la burocracia: una empresa que cobra pero no responde
En Colombia, cada vez que aparece un radar de fotomultas, los ciudadanos no solo deben temer por sus bolsillos, sino por lo que hay detrás del lente: una telaraña de contratos, opacidad y posible corrupción. Fundación, en el departamento del Magdalena, es hoy epicentro de una historia que desenmascara una vez más ese sistema silencioso que, con apariencia legal, exprime recursos públicos mientras escapa del escrutinio.
El protagonista de esta historia es la Sociedad para la Prevención de la Morbilidad y la Accidentalidad Vial S.A.S. —más conocida como Sopremavi— una sociedad de economía mixta que firmó en 2016 un convenio con el Instituto de Tránsito y Transporte del municipio de Fundación (Intrasfun). Un matrimonio entre lo público y lo privado en apariencia funcional, pero que al ser examinado revela un patrón preocupante: falta de transparencia, omisión de información clave y un uso cuestionable de los recursos recaudados.
Una empresa sin controles, pero con muchos ingresos
Un grupo de ciudadanos organizados en una veeduría ciudadana intentó ejercer su derecho a saber. Presentaron un derecho de petición solicitando documentos esenciales: contratos de interventoría, plan de inversiones, distribución de utilidades, número de fotomultas impuestas, detalles sobre los giros recibidos por Intrasfun, entre otros.
La respuesta de Sopremavi fue un recital de evasivas y tecnicismos jurídicos. Afirmaron no contar con interventoría sino con “supervisión”, que la información requerida estaba en poder de Intrasfun y, lo más alarmante, que al ser una sociedad privada no estaban obligados a contar con un plan anticorrupción. Esto último, a pesar de ser una sociedad de economía mixta, que debería tener el deber de transparencia que exige el uso de recursos públicos.
Y como si se tratara de un acto de prestidigitación contable, Sopremavi tampoco ofreció detalles de los montos recaudados por las fotomultas. La única luz sobre este tema vino por parte de Intrasfun, que certificó que el recaudo por fotomultas se inició el 16 de agosto de 2024, y que estos dineros, tras pasar por el consorcio SERVIT, son trasladados a Sopremavi para la ejecución del convenio.
58% privado, 42% público: el reparto que deja preguntas sin responder
¿Quién se queda con qué? Sopremavi respondió que las utilidades se reparten según la proporción accionaria: 58% privado, 42% público. Pero no detallaron cuánto han sido esas utilidades, quién las ha recibido específicamente, ni cómo se ha fiscalizado su uso.
El modelo de negocios parece claro: el municipio le entrega a una empresa mixta la operación del sistema de fotodetección. Los ciudadanos pagan sus multas. Parte del dinero va a Intrasfun y el rfesto a Sopremavi. Pero lo que ocurre después es un misterio cubierto con la manta de “no somos entidad estatal”.
¿Y los gastos operativos? Incluyen desde nómina hasta mensajería. Pero no hay desglose, no hay auditoría pública, no hay interventoría externa. Solo una revisoría fiscal interna nombrada por los mismos socios. En otras palabras: el control lo ejercen quienes se benefician del negocio.
¿Transparencia? Solo si no preguntas mucho
Que una empresa privada con fachnada de economía mixta rechace presentar su plan anticorrupción alegando que “no está obligada” es una señal clara de cómo se normaliza el abuso institucional en Colombia. Es la esencia misma de lo que Alejandro Nieto denominó en su libro El desgobierno de lo público: una estructura capturada por intereses particulares que convierte lo público en un mercado privatizado donde el ciudadano solo cuenta cuando debe pagar.
Y es también un ejemplo de lo que el enfoque de “La Cara Oculta del Poder” denuncia: la política y la administración no son servicios al bien común, sino arquitecturas invisibles de control y renta privada. Las decisiones sobre tu bolsillo se toman en convenios firmados a puerta cerrada, sin debate, sin vigilancia, sin ética.
¿Qué se está haciendo con el dinero?
La contadora de Intrasfun certificó que los recursos de las fotomultas son utilizados para dotación, educación vial, operación e infraestructura. Todo suena muy bien… en el papel. Porque no se presentaron pruebas concretas, ni informes de ejecución detallados, ni datos que permitan verificar cuánto se ha gastado y en qué se ha invertido.
Aquí no se trata de atacar la tecnología para controlar la movilidad, sino de exigir que cada peso público sea visible, trazable y auditable. Sopremavi, como ejecutora de un convenio con dineros de todos, debe responder ante todos.
Civismo: la revolución silenciosa que sí cambia las cosas
Frente a esta opacidad convertida en rutina, el civismo aparece como una fuerza revolucionaria. Como lo dice el manifiesto del civismo: cada acto de exigencia ciudadana es una inversión en la cuenta de confianza colectiva. Preguntar, exigir, fiscalizar: esos son los nuevos gestos de cortesía social que el país necesita.
Porque el civismo no es solo no tirar basura en la calle. Es también no permitir que unos pocos roben desde los escritorios mientras la mayoría guarda silencio. Es entender que el poder se oxida si nadie lo vigila.
Conclusión:
Lo que ocurre con Sopremavi no es una anomalía, es el síntoma de un sistema donde el control público ha sido reemplazado por la simulación. Donde el lenguaje jurídico se usa para blindar privilegios y desinformar. Donde las sociedades con fachadas de economía mixta se convierten en trincheras de impunidad. Pero también es un llamado a actuar. Porque la transparencia no se mendiga: se exige.
