
Adlai Stevenson Samper
@AdlaiSteven
La guerra sin fin en el Catatumbo expone la ausencia del Estado y el control de la delincuencia. Un espejo de muchos municipios en Colombia como Soledad, Atlántico.
Un territorio donde reina la violencia y el narcotráfico
El Catatumbo, en el noreste de Colombia, es un ejemplo palpable de la ausencia del Estado. En esta región binacional, la violencia, el narcotráfico y los negocios ilegales han tejido un manto de terror que afecta cada aspecto de la vida diaria. El control territorial no pertenece al gobierno, sino a guerrillas como el ELN, disidencias de las FARC, y carteles internacionales como el de los Soles y los mexicanos. ¿El resultado? Más de 100 muertos, heridos, y un éxodo masivo de civiles aterrorizados, buscando refugio en ciudades como Ocaña y Cúcuta.
Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro ha visitado la región en dos ocasiones, prometiendo proyectos como una universidad y sustitución de cultivos. Pero las promesas se diluyen en medio de la guerra. El 18 de noviembre de 2024, se constituyó la Zona de Reserva Campesina (ZRC) “Paz y Unión Campesina del Catatumbo” para beneficiar a 7.900 habitantes. Esta iniciativa abarca 81.400 hectáreas y responde a décadas de demandas sociales. Sin embargo, estas acciones apenas son un bálsamo en una región asfixiada por el control de actores armados y la indiferencia estatal.

Lo que temíamos los agoreros sobre el inmenso y rico territorio binacional del Catatumbo nuevamente ha sucedido. El miedo recorre cada uno de sus habitantes ante la cruenta guerra entre el ELN y una disidencia de la desmovilizada FARC por el control de sembradíos, producción y tráfico de cocaína sumado a los negocios extorsivos a los que usufructúan las riquezas extractivas como el petróleo, el carbón, el uranio y el oro que ha producido más de 100 muertos, heridos, secuestrados con las consecuentes oleadas de migrantes -tales como los maestros y personal de salud- en caravanas por las carreteras agitando banderas blancas de pacificación rumbo a las mayores ciudades del departamento de Norte de Santander: Ocaña y Cúcuta.

El estado fallido con sus diversos organismos es una mofa permeada por la corrupción y la indiferencia. Dos veces ha ido el presidente Gustavo Petro durante su mandato prometiendo una universidad en lenta planificación, inversión en el agro para sustitución de cultivos y un fondo incierto con los recortes fiscales por $3,2 billones de pesos. Solo el 18 de noviembre de 2024 se adelantó la la audiencia pública de delimitación y constitución de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) que lleva por nombre Paz y Unión Campesina del Catatumbo beneficiando a más de 7.900 habitantes de 106 veredas de los municipios de La Playa de Belén, Ábrego, Bucarasica y Hacarí, en Norte de Santander. Tiene 81.400 hectáreas y es una vieja reivindicación social de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo – ASUNCAT, Jóvenes por el Catatumbo- JOVENCAT y Cooperativa de Productores Municipales – COOPROMU, apoyadas técnicamente por Baluarte Nacional Campesino.
Pero más puede la violencia generada por el narcotráfico con actores de diversos calibres que aspiran a convertirse en amos y señores feudales de las tierras. Allí hay de todo: guerrillas como las FARC y el ELN, el cartel de los soles venezolano, los mexicanos quienes han impuestos sus corridos de embarques en las cantinas pletóricas de putas, borrachos derrochando dineros y la cocaína como materia de trueque.

Aparece otra vez como un fantasma desde las sombras de la desmovilización en el 2006 del Bloque Catatumbo, organización paramilitar; tal como lo anunciaron con evidente desaliento en un reciente comunicado el obispo de Ocaña junto a las organizaciones sociales del Catatumbo. No se sabe quién es quién: si se trata de reductos del viejo paramilitarismo, de la irrupción lenta del clan del golfo; o de los dos signados en sus objetivos por idéntico factor: el control de la prodigiosa veta económica del narcotráfico.
En el Catatumbo plomo es lo que hay. Es el pan nuestro de todos los días, décadas de incertidumbre sangrienta con duelos colectivos azuzados por un terror creciente mientras un estado centralista apático, fallido, que ante semejante conflicto social se mueve con la parsimonia de un gigantesco mamut actuando como bombero cuando la candela aparece devastadora.

Repaso por la triste historia de los catatumberos
Durante la llamada ‘guerra de los colores’ por la violencia bipartidista el 16 de noviembre de 1949, un escuadrón -nuevamente el estado violento propulsor- de la policía chulavita efectuaron una cruenta masacre en un municipio de El Carmen, un bastión del más rancio liberalismo. Sus habitantes sobrevivientes todavía recuerdan la destrucción de un busto de Jorge Eliecer Gaitán en la plaza principal mientras asesinaban a los rojos, uno por uno, en sus casas por parte de la ‘policía chulavita’.
En la década de los setenta aparecen células del ELN reivindicando causas sociales y políticas con voladuras del oleoducto Caño Limón-Coveñas, extorsión a empresarios dedicados a la minería y su extracción, los secuestros a terratenientes mientras la policía se resguardaba asustada y se les construían fuertes estratégicos a las tropas del ejército. No pocas veces las fuerzas de seguridad actuaron en consuno con los paramilitares y guerrilla en contra de la población civil.
Tras la desmovilización de las FARC en el gobierno de Belisario Betancourt y la constitución del partido Unión Patriótica se inició un control político de la región del Catatumbo ganando varias alcaldías y concejos que lentamente; ante la aparición de paramilitares, fueron sistemáticamente asesinados hasta desaparecerlos. En 1987, del 7 al 13 de junio, las organizaciones sociales promovieron el Paro Cívico del Nororiente con la participación de asociaciones integradas por 120.000 campesinos.
Fue un campanazo de alerta para el presidente cucuteño Virgilio Barco Vargas, atolondrado por los acontecimientos en una región que había dado origen a su fortuna familiar petrolera -la Concesión Barco- y un exceso de confianza en que todo lo que podía haber pasado allí ya sucedió y que el porvenir era segura ganancia. Estaba rotundamente equivocado pues por el contrario, era el prolegómeno de una escalada de violencia formidable.
La aparición del Bloque Catatumbo del paramilitarismo -promovida desde el departamento de Córdoba- de las Autodefensas Unidas de Colombia creadas bajo directrices de Salvatore Mancuso y los hermanos Vicente y Carlos Castaño con apoyo de Los Pepes (perseguidos de Pablo Escobar) y Los Prada aunados a autoridades militares, civiles, latifundistas y comerciantes propició las primeras ‘limpiezas’ políticas entre militantes de partidos de izquierda acusados de pertenecer o ser colaboradores de las FARC y el ELN.
Una tenebrosa alianza con la fuerza pública asesinando, con lista en mano y ejecución a miembros de la Unión Patriótica, del FILA, A LUCHAR, estudiantes y sindicalistas. No quedó nadie vivo en el Catatumbo que estuviese vinculando a los partidos de izquierda. Los sobrevivientes salieron de allí despavoridos saltando cercas, montes, cruzando serranías para colocarse a buen recaudo en Ocaña, Cúcuta, Aguachica y otras ciudades.
El 21 de agosto de 1999 el corregimiento de La Gabarra; municipio de Tibú, a orillas del río Catatumbo, fue tomado por el Bloque Catatumbo de la AUC. Iniciaron su labor sangrienta de casa en casa, preguntando por identificación y señas de la lista que llevaban para aplicarles la justicia del exterminio en un crimen de lesa humanidad. Fueron sacados de sus casas 45 personas entre gritos, llantos y pedidos de clemencia para luego ser ajusticiados en la plaza del poblado tirando cadáveres al río. No fueron los únicos. En la zona circundante asesinaron más de 100 personas. Violaron mujeres, dispararon a infantes, ancianos en una furia terrible de odio visceral.
Previo a la toma de los paramilitares la energía eléctrica del pueblo fue cortada misteriosamente -para que en las sombras nadie se percatará de los sucesos que sobrevendrían- y el ejercito acantonado se esfumó. Retirados por orden del mayor Mauricio Llorente que después, como cómplice del exterminio, fue sentenciado a 40 años de prisión. Como si fuera poco en el mismo corregimiento de La Gabarra, en el 2004, se presentó otra masacre esta vez promovida por las FARC. A la larga, por todos estos hechos en contra de la población civil, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca obligó al estado colombiano al pago de $45.000 millones de pesos.
Nada mas los paramilitares -desmovilizados en el 2006- propiciaron más de 115 masacres, 5000 asesinatos y su industria de terrores montó allí hornos crematorios para que no quedaran huellas de las víctimas que entraban en estadísticas como desaparecidos. Solo al final del 2024 Salvatore Mancuso, nombrado gestor de paz por el gobierno Petro, dio algunas pistas sobre su ubicación. Las cifras parciales por crímenes contra la población del Catatumbo conjeturan en 11.200 asesinados, sin contar cuerpos desmembrados, 600 desaparecidos en los hornos crematorios, 114.000 desplazados a los que se le sumaron 68 asesinados de los llamados ‘falsos positivos’ o muertos en aparente combate contra la insurgencia por parte de la Brigada Móvil Contraguerilla 15 y el Batallón Santander (BISAN) de Ocaña. Según el registro único de víctimas (RUV) toda esta escalada de violencia ha dejado 130.660 afectados.
El afán de Estados Unidos para controlar el tráfico de narcóticos; vano e infructuoso por demás, promovió una serie de ayudas y certificaciones al gobierno colombiano cuya contraprestación era la erradicación de los llamados cultivos ilícitos -la ancestral coca- por parte de las Fuerzas Armadas sumada a fumigación intensiva devastadora. Los campesinos, que dependen en su totalidad de estos cultivos, iniciaron una vasta protesta entre junio y julio de 2013 inmovilizando carreteras, bloqueando zonas, intentos de toma del aeropuerto Aguas Claras de Ocaña con una represión policial y del ejercito que produjo números heridos, sangres en calles y carreteras con un saldo de cuatro muertos.
Hasta allí llegó el enviado especial Lucho Garzón, de parte del presidente Juan Manuel Santos, prometiendo todo tipo de ayudas, pero negando de plano cualquier solución en forma de reserva campesina. Para aumentar el etiquetamiento, Santos, en uno de sus alardes satíricos, dijo que el “Catatumbo era el Bronx colombiano”.
Cuentos bogotanos de coctel pues en la estricta realidad el estado; corrupto hasta su medulas e hipócrita en sus propuestas, hace rato perdió el control del Catatumbo que es percibido desde las alturas del gobierno, como un conflicto de cocaleros, guerrillas, paramilitares y ante el cual solo acude ante el llamado de empresas petroleras, mineras o de vastos latifundios de palma.
En octubre de 2024 fue asesinado por un francotirador el comandante de policía de Teorama, uno de los municipios del Catatumbo. Para que no queden dudas del verdadero mandato sobre el territorio. Todo ello mientras los asesores del gobierno Petro se devanan los sesos formulando políticas y planes por un lado mientras la escalada violenta contra la población civil va por otro. Una perfecta dicotomía socio política.
El 15 de enero del 2025; en la vía que conduce de Tibú a Cúcuta fueron asesinados Zulay Durán, su esposo Miguel Ángel López y una bebe de ocho meses de nacida. Era el propietario de la funeraria de Tibú y contaba cuando se le inquiría al respecto de su oficio -ironías de la vida y la muerte- como le tocaba preparar los cadáveres que aparecían tirados en veredas y trochas para su sepultura. Ese infausto día le tocó a él y su familia. El crimen fue desmentido por el ELN a través de un comunicado y luego fui atribuido al grupo de delincuencia Clan del Golfo. Para que no queden dudas de lo que sucede allí; los cadáveres pudieron ser reseñados y analizados por medicina legal u otros organismos estatales por la peligrosa presencia armada en la zona. Nadie se mete allí.
El último episodio de esta cruenta guerra, de una violencia histórica sinigual, la protagonizan el ELN y una de las llamadas disidencias de las FARC por el control territorial del tráfico de cocaína y el recaudo ante las empresas mineras y extractivistas de extorsiones con pagos de vacunas para la seguridad. Lo dijeron ellos mismos en un esclarecedor comunicado. Las imágenes son impactantes. Cadáveres tirados en carreteras, trochas, degollados, con tiros de gracia en una confrontación de varios días con más de 50 muertos a cuestas. Por ello la población civil, cruzada entre dos fuegos, sale corriendo aterrorizada en migración en lo que pueda: motos atiborradas, carros, buses, camiones en un verdadero espanto ante la presencia de la carnicería desatada y que motivó; otra vez, a un desplazamiento hacia la martirizada región del Catatumbo del presidente Petro con su equipo de gobierno y el alto mando militar.
Una región sobre diagnosticada y abandonada
La ironía es que el Catatumbo es una región sobre diagnosticada, con planes y proyectos de diversa índole, algunos incluso patrocinados por la USAID de Estados Unidos y la Unión Europea o; en la construcción de modelos hipotéticos llamado con cierta pompa ceremonial, Red de Paz del Catatumbo por campesinos, firmantes de acuerdos de paz -bien supremo de la nación según la constitución política- y otros actores estratégicos vinculados como la seccional Ocaña de la Universidad Francisco de Paula Santander, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), la Unidad Solidaria, SENA, programa mundial de alimentos, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Dirección de sustitución de economías ilegales (DSCI) y muchos más.
De todo un poco, tal como se vislumbra. Pero inefectivos a la hora de enfocar los verdaderos problemas del Catatumbo que implican un cambio a fondo de los paradigmas administrativos y políticos -cabe pensar de todo, hasta la conformación de una nueva entidad territorial- la conformación con Venezuela de una vasta zona, el respeto al medio ambiente, el respeto a la etnia Barí sojuzgada y arrinconada en resguardos, el impulso al mercadeo agropecuario, un estratégico sistema de inteligencia sobre grupos armados y sus financiadores, y sobre todo, el más importante: dejar a un lado el cuento bobo de que erradicando los cultivos de coca se controla o disminuye del narcotráfico internacional de la cocaína.
Parece que es hora de diseñar una legalización para encausar todo este complicado andamiaje industrial, agropecuario y comercial. Esa guerra y control del negocio ilegal de cocaína lleva muchos muertos. ¡Todavía faltan!
Un espejo de muchos municipios en Colombia
La situación del Catatumbo no es única. Municipios como Soledad, Atlántico, también viven bajo el control de la delincuencia. En Soledad, bandas criminales manejan el territorio como feudos, imponiendo su ley mientras el Estado brilla por su ausencia. La falta de instituciones sólidas y el avance de la corrupción convierten estos lugares en territorios ingobernables, reflejando la crisis nacional.
Conclusión: Un llamado a la acción
La ausencia del Estado en Colombia no solo afecta al Catatumbo; es un mal que carcome municipios de todo el país. Es hora de dejar atrás las promesas vacías y enfrentar de manera integral el problema de la corrupción y la delincuencia. Esto requiere estrategias reales, sostenibles y justas, capaces de devolver la esperanza a las comunidades olvidadas. ¿Hasta cuándo permitiremos que el miedo y la violencia dominen?