Los rectores de la universidad del Atlántico han tenido como política muy particular la de vincular a miembros del poder judicial o sus familiares a la universidad, por lo que esta relación ha venido condicionando la imparcialidad en las decisiones que deben tomar los funcionarios judiciales cuando este centro de educación superior es objeto de demandas, puesto que se tienden a producir fallos favorables a la institución educativa.
Esta sospechosa e impune situación durante la era Prasca fue muy evidente, cuando el Consejo Superior de la universidad del Atlántico se convirtió en un violador de la Ley sin importarle la situación jurídica provocada, pues tenían y tienen a su servicio miembros del poder judicial (ver demandas de nulidades simple electorales y tutelas en contra de las decisiones del consejo superior tomadas sin inmutarse en actos administrativos espurios).
Es importante señalar, por ejemplo, el grado de amistad que existe entre el ex rector Carlos Prasca con la Magistrada del Tribunal Administrativo del Atlántico Judith Romero Ibarra; amistad que se forjó cuando la hoy magistrada se desempeñaba como jefe de núcleo en la secretaría de educación departamental y el furibundo ex Rector Prasca era rector de un colegio en el municipio de soledad.
Curioso es que la magistrada del Tribunal Administrativo nunca se ha declarado impedida para conocer de los procesos que cursan en su despacho que afectan a la universidad del Atlántico, en contra de los principios éticos en los que se funda la administración de justicia.
Otro ejemplo es el del Magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico Eduardo Cerra quien es esposo de una funcionaria de un cargo directivo en la universidad del Atlántico Maritza Nolazco, si bien cierto que el magistrado se declara impedido en los procesos que llegan por reparto a su despacho cuando la universidad del Atlántico es parte en ellos, el vinculo de su esposa con la universidad adquiere una inusitada sospecha que versa en la existencia de tráfico de influencias a favor de esta institución, hecho que es voz populi en la comunidad universidad debido al poder que tiene la mencionada funcionaria en el Tribunal Administrativo del Atlántico, especialmente su vínculo de amistad y cercanía con la magistrada Judith Romero Ibarra.
Otros casos que son conocidos al interior de la universidad del Atlántico también impunes públicamente, es la vinculación de los abogados de la oficina jurídica de la universidad Elkin Santodomingo quien ejecuta un contrato con la universidad del Atlántico siendo conjuez en el Tribunal Administrativo del Atlántico.
Así mismo, David Guarguatti Méndez hijo de la magistrada del Tribunal Superior del Atlántico Sala Laboral Nora Méndez Álvarez, quien, por su parte fue docente de la universidad del Atlántico en la facultad de ciencias jurídicas, su hijo actúa como apoderado de la universidad según consta en el contrato 063 que tiene fecha de inicio enero de 2019.
Confirman las fuentes internas que ambos abogados se mueven en el tribunal administrativo del atlántico encargadas de lagartear si se permite el término en los despachos del tribunal para obtener favorecimientos en los procesos en los que es parte la universidad del Atlántico, con el propósito de obtener fallos judiciales a favor de la misma.
Es importante la oferta laboral que la universidad ofrece a los empleados de la rama judicial para vincularlos en calidad de docentes catedráticos para que se desempeñen en la facultad de ciencias jurídicas, es cierto que la Ley 270 de 1996 articulo 151 parágrafo 2 establece «que los funcionarios y empleados de la rama judicial podrán ejercer la docencia universitaria en materia jurídica hasta por 5 horas semanales, siempre que no se perjudique el normal funcionamiento del despacho judicial, igualmente con las mismas limitaciones puede realizar labores de investigación jurídica»
Sin embargo, la vicerrectoría de docencia por razones extrañamente administrativas explica que no es posible la asignación de 5 horas que establece la Ley, si no que entrega a estos funcionarios más horas laborales a las legalmente establecidas por ejemplo: el magistrado del Tribunal Superior del Atlántico Sala Civil Abdón Sierra; el magistrado Omar Mejía Amador del Tribunal Superior del Atlántico Sala Laboral; Edgardo Noriega, Juez Penal del Circuito; Josías Mojica Domínguez, Juez Penal Municipal; Néstor Ochoa Andrade, secretario de un Juzgado de Cartagena; incluido el Magistrado Adjunto de la Corte Suprema de Justicia Elvis Jiménez Vasco en la especialización en derecho laboral.
Estos funcionarios de la rama judicial, son vinculados a dedo sospechosamente en la universidad muchas veces por politiqueros como lo son el ex rector Prasca y un ex miembro del consejo superior, vinculaciones que han servido para construir el cartel de la toga que hoy opera al servicio de la universidad del atlántico.
