Una región saqueada con una fórmula legal
Desde hace décadas, el Caribe colombiano ha sido víctima de lo que llamamos en Verdad Oculta un “mecanismo invisible”: un sistema de abuso legitimado desde el poder, disfrazado de regulación. Entre 2019 y 2024, millones de familias costeñas vieron cómo sus facturas de energía eléctrica se convertían en sentencias mensuales de pobreza. Pero lo que parecía una simple alza de tarifas, escondía en realidad una estrategia sistemática de socialización de pérdidas privadas y privatización de ganancias políticas.
El llamado “régimen tarifario especial” no fue un error de cálculo técnico ni una medida improvisada: fue un plan cuidadosamente diseñado para transferir los costos del colapso de Electricaribe a los usuarios, con la excusa de “rescatar el servicio”. Se incluyeron sobrecostos del 20% en administración, recargos por cartera vencida, y lo más absurdo: se autorizó el cobro por pérdidas no técnicas, como si el robo de energía también fuese responsabilidad del ciudadano honesto.
El fallo judicial: grieta en el muro de impunidad
La decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico que obligó a la CREG y al Ministerio de Minas a desmontar este régimen no solo representó una victoria jurídica. Fue la prueba de que los ciudadanos organizados aún pueden resquebrajar los aparatos que blindan la corrupción estructural.
La acción popular liderada por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha fue el catalizador que convirtió la indignación colectiva en jurisprudencia. Pero esta victoria no cayó del cielo: fue el fruto de años de resistencia legal, movilización civil y presión mediática, respaldada por universidades, gremios y organizaciones sociales.
Electricaribe: el síntoma de un sistema podrido
Para comprender esta historia, hay que ir más allá de Electricaribe como empresa. Su intervención en 2017 fue presentada como un acto de salvación, pero en realidad fue el punto de partida para uno de los mayores saqueos legales del siglo XXI en Colombia.
La Financiera de Desarrollo Nacional diagnosticó la enfermedad: Electricaribe estaba financieramente en ruinas, con una red deteriorada y sin capacidad de inversión. La cura, impuesta por el gobierno de Iván Duque, fue crear un régimen normativo que saneó las cuentas de la empresa con recursos públicos y ajustó la tarifa para garantizar atractivos retornos a futuros operadores privados.
Esta lógica —tan común en la corrupción institucionalizada— trasladó la culpa del desastre a quienes menos responsabilidad tenían: los usuarios. En lugar de sancionar a los administradores de Electricaribe, el Estado legalizó el castigo colectivo.
El Plan de Desarrollo como coartada del abuso
El “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” —nombre cínico si los hay— fue el documento que oficializó esta estrategia. En su Sección III, Subsección 7, se incluyó un paquete de medidas que parecían pensadas por un burócrata con alergia a la justicia:
- Sobretasa de energía para estratos medios y altos.
- Contribuciones adicionales al Fondo Empresarial.
- Permiso para que los nuevos operadores tuviesen más concentración de mercado.
- Transferencia del pasivo pensional de Electricaribe a la Nación.
Estas medidas no solo legalizaron la concentración económica y el abuso tarifario, sino que constituyeron un verdadero subsidio a las empresas que reemplazaron a Electricaribe. La excusa era la eficiencia; el resultado, el empobrecimiento sistemático de toda una región.
Air-e y Afinia: nuevos nombres, misma lógica
Cuando Empresas Públicas de Medellín y el Consorcio de la Costa (Enerpereira) asumieron la operación en 2020, el discurso fue optimista: inversión, modernización, eficiencia. Pero el modelo económico seguía intacto: un esquema que garantizaba retorno financiero asegurado con dinero extraído de la desesperación del Caribe.
La resolución actual de la CREG, que reduce el costo del kilovatio hora en $54 para usuarios de Air-e y en $23 para los de Afinia, es sin duda un alivio. Pero no es suficiente. El daño ya está hecho: miles de hogares endeudados, pequeños negocios cerrados, y una desconfianza generalizada hacia las instituciones que permitió esta estafa.
Lo que no dicen los titulares: ¿quién ganó con este modelo?
Detrás de cada peso pagado de más por los usuarios, hay nombres, firmas, reuniones. La ingeniería del régimen tarifario fue diseñada para beneficiar a:
- Firmas intermediarias y consultoras vinculadas a la estructuración de la liquidación.
- Operadores privados que recibieron empresas saneadas gracias al esfuerzo fiscal colectivo.
- Congresistas de la región Caribe que votaron a favor del régimen, traicionando a sus votantes.
Lo que Verdad Oculta evidencia aquí es un modelo de simulación democrática: el sistema parece funcionar, pero en realidad opera como una maquinaria al servicio de intereses privados que se esconden detrás de la institucionalidad.
¿Y ahora qué? El desafío de reconstruir el sentido de justicia
La resolución que desmonta el régimen tarifario es una rendija por la que se filtra un poco de justicia, pero la estructura que permitió el abuso sigue en pie. El Estado colombiano debe ir más allá del ajuste tarifario. Se necesita:
- Una reforma estructural del modelo tarifario que impida volver a socializar pérdidas privadas.
- Un mecanismo ciudadano de auditoría permanente sobre los contratos y fórmulas tarifarias.
- Sanciones reales, no simbólicas, a los funcionarios que promovieron este régimen abusivo.
Mientras tanto, la ciudadanía del Caribe debe seguir organizada, vigilante y combativa. Porque como ha quedado demostrado, la lucha jurídica y social sí puede romper el ciclo del abuso cuando se conecta con una lectura profunda del sistema.
