La Contraloría General de la República ha tomado una decisión sin precedentes al asumir de manera excepcional la investigación por corrupción en Aguas Kpital Cúcuta, tras descubrir un presunto detrimento patrimonial de más de 1.1 billones de pesos que habría ocurrido durante casi dos décadas de operación del acueducto de la capital de Norte de Santander.
Esta intervención extraordinaria se produce después de que la Contraloría Municipal de Cúcuta dejara al descubierto una serie de irregularidades alarmantes en el Contrato No. 030 de 2006, mediante el cual se entregó en concesión la operación del sistema de acueducto a la empresa Aguas Kpital Cúcuta, bajo la tutela de EIS Cúcuta E.S.P., entidad de carácter municipal.
El caso representa uno de los escándalos de corrupción en servicios públicos más significativos en la región, con implicaciones que trascienden el ámbito local y que han motivado la intervención directa del máximo órgano de control fiscal del país. Los hallazgos preliminares apuntan a una gestión deficiente que habría puesto en riesgo tanto los recursos públicos como la salud pública de los ciudadanos cucuteños.
Intervención Excepcional de la Contraloría General de la República
La decisión de la Contraloría General de intervenir de manera excepcional en este proceso representa un hecho histórico en el control fiscal de la región. Esta medida, contemplada en el artículo 23 del Decreto Ley 403 de 2020, se aplica únicamente cuando se presentan circunstancias extraordinarias que justifican el desplazamiento de las competencias del órgano de control local hacia el nivel nacional.
La investigación fiscal que ahora asume el organismo nacional surge como respuesta a la complejidad y magnitud de las irregularidades encontradas, las cuales superan ampliamente la capacidad de respuesta y los recursos técnicos disponibles a nivel municipal. Este tipo de intervenciones excepcionales se reservan para casos de especial gravedad e impacto en el patrimonio público.
El proceso investigativo abarca múltiples dimensiones del contrato de concesión, incluyendo aspectos administrativos, ambientales, penales y fiscales, lo que demuestra la naturaleza integral de las presuntas irregularidades. La complejidad técnica de los hallazgos y la especialización requerida para su análisis fueron factores determinantes en la decisión de transferir la competencia al nivel nacional.
Razones que Justifican el Desplazamiento de Competencias
La intervención funcional excepcional se fundamenta en criterios objetivos establecidos por la normatividad vigente. Entre las razones principales que justificaron esta decisión se encuentran:
La falta de capacidad técnica y humana del órgano local para abordar la complejidad del caso, considerando la especialización requerida para analizar contratos de concesión de servicios públicos. La magnitud del presunto detrimento patrimonial, que supera ampliamente los 1.1 billones de pesos, excede claramente la capacidad de respuesta del organismo municipal.
Adicionalmente, se identificaron posibles injerencias externas y presiones políticas que podrían comprometer la objetividad de la investigación a nivel local. La pérdida de confianza institucional en la capacidad del órgano municipal para llevar a cabo una investigación imparcial y efectiva también constituyó un factor determinante.
Déficit de Capacidad Técnica en la Contraloría Municipal
La Contraloría Municipal de Cúcuta reconoció de manera explícita sus limitaciones para adelantar las investigaciones correspondientes. Este reconocimiento institucional de la falta de capacidad técnica es inusual en el ámbito del control fiscal y evidencia la gravedad de la situación.
El déficit de recursos humanos especializados en auditorías de contratos de concesión de servicios públicos se convirtió en un obstáculo insuperable para el desarrollo efectivo de la investigación. La complejidad técnica de los sistemas de acueducto, las normativas ambientales y la evaluación de impactos financieros requieren expertise específico que no estaba disponible a nivel municipal.
Esta situación pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas de los organismos de control territorial, especialmente en temas especializados como la supervisión de contratos de concesión de servicios públicos esenciales.
Los 41 Hallazgos que Sacuden el Contrato de Concesión
El informe de auditoría resultante de la denuncia ciudadana reveló un panorama devastador con 41 hallazgos distribuidos entre irregularidades penales, disciplinarias, fiscales y administrativas. Estos hallazgos abarcan desde deficiencias técnicas hasta presuntos delitos contra el medio ambiente, configurando un cuadro integral de irregularidades que comprometen tanto la eficiencia del servicio como la protección de los recursos públicos y la salud de los usuarios.
La naturaleza diversa de los hallazgos demuestra que las irregularidades no se limitan a aspectos puntuales, sino que configuran un patrón sistemático de incumplimientos que se ha mantenido durante casi dos décadas de ejecución del contrato. La identificación de presuntos delitos ambientales agrega una dimensión adicional de gravedad al caso, considerando el impacto potencial en la salud pública y el medio ambiente.
El proceso de auditoría reveló deficiencias estructurales en la supervisión y control del contrato, evidenciando fallas en los mecanismos de seguimiento que permitieron la perpetuación de estas irregularidades durante un período tan extenso. La magnitud de los hallazgos sugiere la necesidad de una revisión integral de los sistemas de control y supervisión de contratos de concesión de servicios públicos.
Índice de Agua No Contabilizada: El 46% que Supera lo Pactado
Uno de los hallazgos más alarmantes identificados en la auditoría es el Índice de Agua No Contabilizada (IANC), que se mantiene en un preocupante 46%, muy por encima del 35% pactado en el contrato original. Esta cifra resulta especialmente grave cuando se compara con el 60% registrado en 2005, antes del inicio de la operación de Aguas Kpital, lo que evidencia una mejora mínima e insuficiente después de casi dos décadas de gestión.
El IANC elevado representa pérdidas significativas de agua tratada que no llega a los usuarios finales, ya sea por fugas en la red, conexiones clandestinas, errores de medición o deficiencias en el sistema comercial. Este indicador es crucial para evaluar la eficiencia operativa del sistema de acueducto y su impacto directo en la sostenibilidad financiera del servicio.
La persistencia de este indicador por encima de los parámetros contractuales durante tantos años sugiere deficiencias sistemáticas en la gestión de la infraestructura y en los programas de reducción de pérdidas. La falta de mejoras significativas en este aspecto fundamental compromete tanto la calidad del servicio como la viabilidad económica del sistema.
Redes de Asbesto Cemento: 405 Kilómetros de Riesgo para la Salud
La Contraloría encontró que más de 405 kilómetros de redes de asbesto cemento continúan en funcionamiento, pese a que se han recaudado recursos por tarifa específicamente destinados a su renovación bajo el concepto de Costo Medio de Inversión (CMI). Esta situación configura un grave riesgo para la salud pública, considerando los efectos nocivos del asbesto en la salud humana.
El mantenimiento de estas redes de asbesto-cemento resulta particularmente preocupante dado que la empresa operadora tenía conocimiento del riesgo para la salud humana que representa este material. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado el asbesto como carcinógeno y ha recomendado su eliminación progresiva de los sistemas de distribución de agua potable.
La falta de renovación de estas redes, pese a contar con recursos específicos para tal fin, evidencia un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales y una gestión negligente de los recursos tarifarios. Esta situación no solo compromete la calidad del agua suministrada, sino que expone a la población a riesgos sanitarios evitables.
Presuntos Delitos Ambientales y Fiscales
La auditoría identificó presuntos delitos contra el medio ambiente que agravan significativamente el cuadro de irregularidades. Estos hallazgos incluyen posibles violaciones a la normatividad ambiental en el manejo de residuos, tratamiento de aguas y gestión de infraestructura que podrían tener impactos negativos en los ecosistemas locales.
Los presuntos delitos fiscales identificados se relacionan con el manejo inadecuado de recursos públicos, posibles desviaciones de fondos destinados a inversión en infraestructura y la falta de transparencia en la aplicación de los recursos tarifarios. La magnitud de estas irregularidades justifica la apertura de investigaciones penales paralelas.
La combinación de delitos ambientales y fiscales demuestra que las irregularidades trascienden el ámbito puramente administrativo y configuran posibles conductas punibles que requieren la intervención de la justicia penal. Esta situación agrava la responsabilidad de los funcionarios y directivos involucrados en la gestión del contrato.
El Cuestionable Manejo del Costo Medio de Inversión (CMI)
Uno de los aspectos más controvertidos identificados en la investigación fiscal es el manejo del Costo Medio de Inversión (CMI), un componente tarifario específicamente diseñado para financiar obras de reposición, ampliación y modernización de la infraestructura del acueducto. La auditoría reveló que este cobro se ha mantenido de manera sostenida durante años sin que exista evidencia suficiente que demuestre su aplicación efectiva en los proyectos para los cuales fue concebido.
El CMI representa uno de los mecanismos más importantes para garantizar la sostenibilidad técnica y financiera de los sistemas de acueducto, ya que permite la renovación y mejoramiento continuo de la infraestructura. Sin embargo, los hallazgos de la Contraloría sugieren que estos recursos no han sido destinados adecuadamente a su propósito original, configurando un posible desvío de recursos públicos.
Esta situación resulta especialmente grave considerando que los usuarios han venido pagando este componente tarifario con la expectativa legítima de que contribuiría al mejoramiento del servicio y la modernización de la infraestructura. La falta de transparencia en la aplicación de estos recursos erosiona la confianza ciudadana y compromete la legitimidad del sistema tarifario.
Cobros Sin Evidencia de Aplicación Efectiva
La documentación insuficiente sobre la aplicación del CMI constituye una de las fallas más graves identificadas en la auditoría. Pese a que Aguas Kpital ha recaudado recursos significativos bajo este concepto durante casi dos décadas, no existe evidencia clara y verificable de que estos fondos hayan sido efectivamente invertidos en los proyectos de infraestructura correspondientes.
La ausencia de documentación técnica que respalde las inversiones realizadas con recursos del CMI plantea serias dudas sobre la transparencia en la gestión financiera del contrato. Esta situación es particularmente preocupante considerando que la renovación de redes, especialmente las de asbesto cemento, era una prioridad identificada desde el inicio del contrato.
Los mecanismos de control y seguimiento implementados por la entidad tutora (EIS Cúcuta E.S.P.) evidentemente resultaron insuficientes para garantizar la correcta aplicación de estos recursos. Esta falla en la supervisión contribuyó a perpetuar una situación irregular que se mantuvo durante años sin ser detectada o corregida.
Falta de Transparencia en las Inversiones
La opacidad en el manejo financiero del CMI se extiende también a la falta de información clara y accesible para los usuarios sobre cómo se han invertido estos recursos. La ausencia de reportes periódicos y detallados sobre la aplicación del CMI impidió que la ciudadanía y las entidades de control pudieran realizar un seguimiento efectivo.
Esta falta de transparencia contrasta con las mejores prácticas en la gestión de servicios públicos, donde la rendición de cuentas y la información clara sobre el uso de recursos tarifarios son elementos fundamentales para mantener la legitimidad y confianza del sistema. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se invierten los recursos que paga a través de las tarifas.
La ausencia de mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento a las inversiones del CMI también contribuyó a crear un ambiente propicio para las irregularidades. La implementación de sistemas de información transparentes y mecanismos de participación ciudadana podría haber prevenido o detectado tempranamente estas situaciones.
Estructura Accionaria Polémica: Vínculos con el Grupo Nule
Uno de los hallazgos más inquietantes de la investigación de la Contraloría se relaciona con la composición accionaria de Aguas Kpital, que presenta características que generan serias dudas sobre la idoneidad y respaldo económico de los verdaderos controladores de la empresa. La estructura societaria actual no ofrece garantías claras sobre quiénes son los verdaderos socios de la compañía, situación que compromete la transparencia y gobernanza corporativa del operador del servicio público.
La opacidad en la estructura de propiedad de una empresa que maneja un servicio público esencial como el acueducto representa un riesgo significativo para la continuidad y calidad del servicio. La falta de claridad sobre la identidad de los propietarios reales dificulta la evaluación de su capacidad técnica, financiera y ética para operar un servicio de esta naturaleza.
Esta situación adquiere dimensiones aún más preocupantes cuando se considera que el contrato está próximo a vencer en 2026, lo que hace urgente clarificar la situación societaria para evaluar las opciones futuras de prestación del servicio de acueducto en Cúcuta.
Patrimonio Autónomo Sin Personería Jurídica
La Contraloría evidenció que actualmente el 77,6% de las acciones de Aguas Kpital se encuentran en manos de un patrimonio autónomo sin personería jurídica, una figura que, aunque legalmente válida, genera interrogantes sobre la transparencia en el control de la empresa. Esta estructura dificulta la identificación de los beneficiarios reales y limita las posibilidades de ejercer control sobre la gestión empresarial.
Los patrimonios autónomos pueden ser utilizados legítimamente para diversos fines empresariales, pero su uso en el control de empresas prestadoras de servicios públicos requiere niveles adicionales de transparencia y supervisión. La ausencia de personería jurídica del patrimonio hace más complejo el ejercicio de responsabilidades y la rendición de cuentas.
Esta estructura societaria compleja plantea desafíos adicionales para los organismos de control y supervisión, que encuentran dificultades para identificar a los responsables últimos de las decisiones empresariales y para evaluar su idoneidad para operar servicios públicos esenciales.
Conexión con el Carrusel de la Contratación de Bogotá
Aún más preocupante resulta el hallazgo de que otro 20,8% de las acciones se encuentra en manos de acreedores del Grupo Nule, conglomerado empresarial tristemente célebre por su participación en el escándalo del «carrusel de la contratación» en Bogotá, uno de los casos de corrupción más grandes en la historia reciente del país.
La vinculación con el Grupo Nule genera serias dudas sobre la idoneidad de estos accionistas para participar en la prestación de servicios públicos. El carrusel de la contratación involucró irregularidades masivas en la contratación pública, con perjuicios millonarios para el erario público y graves consecuencias para la credibilidad de las instituciones.
Esta conexión histórica con la corrupción no solo compromete la imagen de la empresa, sino que plantea interrogantes sobre los posibles vínculos entre las irregularidades encontradas en el contrato de Cúcuta y las prácticas corruptas asociadas con el Grupo Nule. La coincidencia de patrones de comportamiento sugiere la necesidad de investigaciones más profundas.
El órgano de control advirtió específicamente que esta estructura accionaria no ofrece garantías claras sobre la idoneidad ni el respaldo económico de los operadores del servicio público, situación que compromete la seguridad jurídica del contrato y la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.
Respuesta de Aguas Kpital y Defensa del Contrato
Frente a los graves hallazgos de la Contraloría, Aguas Kpital Cúcuta ha mantenido una posición defensiva, argumentando que ha cumplido con sus obligaciones contractuales y que los cuestionamientos no reflejan la realidad de su gestión. La empresa ha presentado una serie de argumentos técnicos y jurídicos para rebatir las conclusiones del organismo de control, generando un debate sobre la interpretación de los indicadores de gestión y el cumplimiento contractual.
La estrategia de defensa de la empresa se centra en destacar los logros alcanzados en términos de cobertura, continuidad y calidad del servicio, argumentando que estos resultados demuestran el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos. Sin embargo, esta posición contrasta significativamente con los hallazgos técnicos y financieros identificados por la auditoría.
La ausencia de pronunciamientos por parte de la Alcaldía de Cúcuta y de EIS Cúcuta E.S.P. frente a estos hallazgos ha generado un vacío de información que dificulta la evaluación integral de la situación. Esta falta de respuesta institucional contrasta con la gravedad de los hallazgos y la proximidad del vencimiento del contrato.
Argumentos Sobre el Cumplimiento de Compromisos
Aguas Kpital ha insistido sistemáticamente en que los compromisos contractuales de inversión se han cumplido año tras año, y que gracias a estas inversiones se han alcanzado los niveles de cobertura, continuidad y calidad del servicio exigidos por el contrato y valorados por los usuarios. La empresa argumenta que los indicadores operativos demuestran una mejora significativa con respecto a la situación preexistente.
La compañía sostiene que las inversiones realizadas han permitido modernizar significativamente la infraestructura del acueducto, mejorar la calidad del agua suministrada y ampliar la cobertura del servicio a sectores que anteriormente no contaban con acceso al agua potable. Estos argumentos buscan contrastar con las conclusiones negativas de la auditoría.
Sin embargo, estos argumentos de la empresa no logran explicar satisfactoriamente las inconsistencias identificadas por la Contraloría, particularmente en relación con el IANC elevado, la persistencia de redes de asbesto cemento y la falta de documentación sobre la aplicación efectiva del CMI. La brecha entre los argumentos empresariales y los hallazgos técnicos sugiere la necesidad de una evaluación más profunda.
Justificación de la Estructura de Patrimonios Autónomos
Frente a los cuestionamientos sobre su estructura accionaria, Aguas Kpital ha defendido el esquema de patrimonios autónomos como una figura jurídica válida que garantiza la destinación de los recursos al cumplimiento del contrato. La empresa argumenta que esta modalidad ha permitido apropiar los recursos necesarios no solo para cumplir con los compromisos de inversión, sino para alcanzar los indicadores del servicio.
La defensa jurídica de la empresa se fundamenta en la legalidad de los patrimonios autónomos como instrumentos de gestión empresarial, argumentando que su uso no implica irregularidades ni compromete la calidad de la gestión. Según la empresa, esta estructura ha demostrado su eficacia en la canalización de recursos hacia las inversiones requeridas.
No obstante, esta justificación empresarial no aborda las preocupaciones fundamentales expresadas por la Contraloría sobre la transparencia, la identificación de los beneficiarios reales y los vínculos con grupos empresariales cuestionados por casos de corrupción. La defensa técnica de la legalidad del instrumento no resuelve las dudas sobre la idoneidad de quienes controlan efectivamente la empresa.
El Futuro del Acueducto de Cúcuta: Contrato que Vence en 2026
Con el vencimiento del contrato en 2026, la ciudad de Cúcuta se encuentra en una encrucijada histórica que determinará el futuro de la prestación del servicio de acueducto. Los hallazgos de la Contraloría General han generado un panorama de incertidumbre que exige decisiones inmediatas y estructurales por parte de las autoridades locales y nacionales.
La proximidad del vencimiento contractual coincide con la revelación de irregularidades que comprometen la viabilidad de una eventual prórroga o renovación con el operador actual. Esta situación plantea desafíos técnicos, financieros y políticos que requieren una respuesta coordinada entre los diferentes niveles de gobierno y los organismos de control.
El proceso de transición hacia un nuevo esquema de prestación del servicio debe considerar no solo la corrección de las irregularidades identificadas, sino también la implementación de mecanismos robustos de control y supervisión que garanticen la transparencia en la gestión futura del acueducto.
Llamado Urgente al Alcalde Jorge Acevedo
La Contraloría General ha hecho un llamado específico al alcalde Jorge Acevedo para que tome medidas inmediatas frente a la crisis del acueducto. Este llamado representa no solo una responsabilidad política, sino también una oportunidad histórica para implementar reformas estructurales que garanticen la prestación eficiente y transparente del servicio público.
El mandatario local enfrenta la compleja tarea de liderar una transición ordenada que proteja los intereses de los usuarios mientras se resuelven las irregularidades identificadas. Esta responsabilidad incluye la coordinación con entidades nacionales, la definición de alternativas de prestación del servicio y la implementación de medidas correctivas inmediatas.
La respuesta del alcalde será determinante para evaluar el compromiso de la administración local con la transparencia y la eficiencia en la gestión de los servicios públicos. El silencio o la inacción podrían interpretarse como complicidad con las irregularidades o incapacidad para liderar procesos de cambio estructural.
Rol de la EIS Cúcuta E.S.P. en la Crisis
La EIS Cúcuta E.S.P., como entidad tutora del contrato de concesión, se encuentra en el centro de la controversia por su rol en la supervisión y control de Aguas Kpital. Los hallazgos de la Contraloría evidencian fallas sistemáticas en el ejercicio de las funciones de supervisión que permitieron la perpetuación de irregularidades durante casi dos décadas.
La responsabilidad institucional de EIS incluye no solo la supervisión técnica y financiera del contrato, sino también la protección de los intereses de los usuarios y la garantía de calidad en la prestación del servicio. La aparente falta de efectividad en estas funciones plantea interrogantes sobre la capacidad institucional y la independencia de la entidad frente a presiones externas.
El futuro de EIS como entidad tutora dependerá de su capacidad para implementar reformas internas que fortalezcan sus capacidades de control y supervisión, así como de su disposición para cooperar plenamente con las investigaciones en curso y la implementación de medidas correctivas.
La Verdad Oculta Detrás de Dos Décadas de Corrupción Sistemática
Este escándalo de corrupción en Aguas Kpital Cúcuta representa mucho más que una simple falla administrativa o un desvío de recursos puntuales. Estamos ante la revelación de un mecanismo invisible que operó durante dos décadas, aprovechando las debilidades del sistema de control y las emociones colectivas para perpetuar un esquema de saqueo al patrimonio público.
La metodología empleada en este caso revela patrones que trascienden lo evidente: la manipulación de estructuras societarias complejas, la utilización de figuras jurídicas opacas, y la explotación de vacíos en la supervisión institucional configuran un sistema silencioso que operó sin despertar sospechas hasta que una denuncia ciudadana destapó la magnitud del problema.
El Impacto Oculto en la Vida Cotidiana
Mientras los ciudadanos de Cúcuta pagaban religiosamente sus facturas de agua, confiando en que sus recursos se destinaban al mejoramiento del servicio, operaba en las sombras una maquinaria de desviación de fondos que comprometió tanto la calidad del agua como la salud pública. Los 405 kilómetros de redes de asbesto cemento que aún funcionan no son solo un dato técnico: representan 405 kilómetros de riesgo directo para la salud de las familias cucuteñas.
El 46% de agua no contabilizada no es simplemente un indicador de ineficiencia: es la evidencia tangible de cómo la corrupción se traduce en pérdidas reales que terminan pagando los usuarios a través de tarifas más altas y servicios deficientes. Cada litro de agua perdida representa recursos que se desvanecieron en beneficio de intereses privados.
La Red Subterránea de Complicidades
La estructura accionaria vinculada al Grupo Nule no es una coincidencia: es la evidencia de cómo las redes de corrupción trascienden las fronteras geográficas y se reproducen en diferentes territorios utilizando los mismos mecanismos de control y ocultamiento. La conexión con el carrusel de la contratación de Bogotá demuestra que estamos ante un patrón sistemático de apropiación del patrimonio público.
Esta red subterránea de intereses se alimentó del silencio institucional, de la falta de control efectivo y de la ausencia de mecanismos de participación ciudadana que permitieran un seguimiento real a la gestión del contrato. Durante 20 años, las instituciones locales fueron incapaces o no tuvieron la voluntad de detectar irregularidades que hoy resultan evidentes.
La Lógica Invisible del Sistema Corrupto
El caso de Aguas Kpital revela cómo opera la lógica invisible de la corrupción: se aprovechan las complejidades técnicas de los contratos de servicios públicos, se explotan las deficiencias en las capacidades de control local, y se crean estructuras societarias que dificultan la identificación de responsabilidades reales.
El Costo Medio de Inversión (CMI) se convirtió en el mecanismo perfecto para justificar cobros sin contraprestación real. Los ciudadanos pagaron durante años por inversiones que nunca se materializaron, mientras los recursos se desviaban hacia otros fines. Esta estrategia revela la sofisticación de un sistema que convirtió la confianza ciudadana en una fuente de financiación para actividades irregulares.
El Ciclo Secreto de la Perpetuación
Lo más grave de este caso es cómo se perpetuó durante dos décadas sin que ninguna institución local fuera capaz de detectar las irregularidades. Este ciclo secreto se alimentó de la normalización de la ineficiencia, de la aceptación pasiva de indicadores deficientes, y de la ausencia de una ciudadanía organizada que exigiera rendición de cuentas.
La Contraloría Municipal de Cúcuta llegó al extremo de reconocer públicamente su incapacidad técnica para adelantar las investigaciones, evidenciando cómo el sistema se diseñó para perpetuar la impunidad. Esta confesión institucional de impotencia no es solo una falla técnica: es la evidencia de cómo la corrupción logra capturar y neutralizar los mecanismos de control.
Una Puerta Transparente Hacia el Cambio
Sin embargo, este escándalo también abre una puerta transparente hacia la transformación. La intervención excepcional de la Contraloría General demuestra que cuando existe voluntad política y capacidad técnica, es posible desentrañar los mecanismos más sofisticados de corrupción.
El llamado al alcalde Jorge Acevedo y la proximidad del vencimiento del contrato en 2026 representan una oportunidad única para implementar un nuevo modelo de gestión que incorpore transparencia real, participación ciudadana efectiva, y mecanismos de control que impidan la repetición de estos esquemas.
La conexión perdida entre las instituciones y la ciudadanía puede reconstruirse a través de la implementación de sistemas de información transparentes, mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento a los contratos, y estructuras de gobernanza que garanticen la rendición de cuentas permanente.
El Momento de la Decisión
Cúcuta se encuentra en un momento histórico: puede elegir entre perpetuar los esquemas que permitieron dos décadas de saqueo o construir un nuevo modelo de gestión pública que sirva realmente a los intereses ciudadanos. La decisión no es solo técnica o administrativa: es fundamentalmente política y ética.
