Dos clanes familiares marcados por condenas, sobornos y contratos millonarios cuestionados acaban de ganar curul en el Congreso. Su historia no empieza el 8 de marzo de 2026. Lleva décadas construyéndose con dinero público.
Por corrupcionaldia.com — Unidad de Investigación Periodística
La verdad que los titulares no dijeron
El domingo 8 de marzo de 2026, mientras Colombia contaba votos, dos apellidos regresan al Congreso de la República cargando algo más que avales del Partido Liberal: cargan el peso documentado de condenas judiciales, investigaciones penales activas, contratos estatales con sobrecostos probados y audios de presunta compra de votos. Sus nombres son Camilo Torres Villalba y Yesid Pulgar. Sobrino del megacontratista Euclides Torres, uno. Hermano del exsenador Eduardo Pulgar —condenado por sobornar a un juez con $200 millones—, el otro.
No llegaron a pesar de sus vínculos familiares. Llegaron, en parte, gracias a ellos. Gracias a una maquinaria política aceitada con contratos del Estado. Gracias a una institucionalidad que no tiene memoria —o finge no tenerla. Gracias a un sistema electoral que permite que los apellidos de los condenados sigan siendo franquicias electorales en el Caribe colombiano.
Esta es la disección de cómo funciona ese sistema. Línea por línea.
🔬 EL MECANISMO EXPUESTO — Cómo un clan convierte el Estado en un negocio familiar
La historia del clan Torres no es una historia de corrupción episódica. Es una arquitectura de poder que combina política, contratos y cargos públicos en un mismo circuito cerrado, perfectamente diseñado para que el dinero del Estado entre por una puerta y salga —en forma de contratos— por otra del mismo edificio familiar.
En el centro del sistema está Euclides Torres, empresario barranquillero a quien la investigación de La Silla Vacía describió sin eufemismos: «el nuevo zar de la transición energética financiada por el Estado«. Sus tentáculos empresariales —una red de al menos 40 empresas interconectadas— se han hecho a contratos con el gobierno Petro que suman $180.000 millones de pesos. Los detalles son elocuentes:
- Contrato 1 — $95.000 millones: Adjudicado por el Fondo de Energías No Convencionales (Fenoge) el 31 de enero de 2024 a la Unión Temporal Energiza —donde participan empresas de la red Torres— para instalar paneles solares en estratos 1 y 2 del Caribe. Resultado: suspendido el 18 de marzo de 2024 por falta de experiencia acreditada y señalamientos de irregularidades en el proceso. El director de Fenoge renunció días después.
- Contrato 2 — $51.000 millones (luego ampliado en $18.000 millones): Unión Temporal Energía Eficiente de Colombia, donde ET Progresiva SAS —empresa del clan Torres— controla el 90% del negocio. El objeto: neveras, aires acondicionados y paneles solares para escuelas y hospitales públicos del país.
- Contrato 3 — $11.000 millones: Nuevamente ET Progresiva SAS, con el 50%, para instalar paneles a pequeños emprendedores y campesinos en marco de la «economía popular».
- Contrato de interventoría — $5.302 millones: Lo más revelador del esquema: el Consorcio Interluces —también vinculado a empresas del grupo Torres— fue contratado para vigilar la ejecución de contratos asignados a otras empresas del mismo grupo Torres. Es decir: el contratista se vigilaba a sí mismo con dinero público.
La investigación de La Silla Vacía documentó además cotizaciones falsas utilizadas para inflar precios de referencia: aires acondicionados del mercado valorados en $7 millones fueron pagados por el Estado a $11 millones. Una diferencia del 57% que, multiplicada por miles de unidades, representa un desvío de recursos de enorme magnitud. Las empresas citadas en esas cotizaciones negaron haberlas emitido.
¿Quién financia este clan? El mismo Estado al que pretenden controlar legislativamente desde el Senado. Pero hay un dato adicional que lo ata todo: Euclides Torres no sólo es contratista del gobierno Petro. Según la Fiscalía, financió la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, incluyendo la célebre tarima en forma de «P» en Barranquilla que hoy ya es símbolo de ese intercambio de favores no escritos.
👤 LOS ACTORES Y SUS ROLES — Familia, poder e impunidad como herencia
Camilo Torres Villalba: el sobrino que llega con 122.025 votos y un audio incómodo
Camilo Torres Villalba nació políticamente en 2023, cuando fue elegido diputado del Atlántico con 55.504 votos. Apenas dos años después, renunció a esa curul para dar el salto al Senado. No es un político emergente forjado en la sociedad civil. Es el heredero de un clan.
Su padre, Camilo Torres Romero, es hermano de Euclides Torres y fue alcalde de Puerto Colombia (Atlántico). Su madre, Martha Villalba, también fue alcaldesa del mismo municipio y fórmula a la Cámara de Representantes del entonces senador Armando Benedetti —hoy ministro del Interior del gobierno Petro y quien actuó como puente político para que la casa Torres apoyara la candidatura presidencial de Petro en 2022.
El nuevo senador no llega solo al Congreso: viene en tándem con la representante Jezmi Lizeth Barraza, del mismo Partido Liberal y heredera electoral del caudal de Dolcey Torres —otro hermano de Euclides, que en 2022 obtuvo 58.794 votos como representante. El clan sigue sus propias reglas de sucesión.
En el Senado también está Pedro Flórez, congresista del Pacto Histórico y esposo de una hija de una de las hermanas de Euclides Torres. Flórez es investigado por la Corte Suprema por presunta financiación indebida de su campaña en 2022. En febrero de 2025, la Sala de Instrucción de la Corte citó a declarar al ex narcotraficante conocido como «el Hombre Marlboro» en relación con esa investigación. El clan Torres tiene, en suma, tres senadores en la legislatura que comienza en julio de 2026, procedentes de tres partidos distintos.
Pero hay un elemento que merece análisis forense independiente: durante la campaña, circuló un audio con la voz identificada como de Torres Villalba dirigiéndose a trabajadores de campaña en Montelíbano, Córdoba. La transcripción es precisa:
"Yo les agradezco que las muchachas que no votan aquí en Montelíbano y trabajaron conmigo en la campaña se consigan personas que sí voten acá y me consigan esos datos, para que el día de las elecciones puedan reclamar la bonificación. Porque esas cédulas las van a verificar allá si la persona vota aquí. Si la persona no vota aquí, tengan por seguro que a mí no me van a dar plata para darles a ustedes, porque ellos lo que necesitan es mostrar los votos aquí en Montelíbano."
Análisis jurídico de la conducta descrita: La acción narrada en el audio —ofrecer dinero («bonificaciones») condicionadas a la verificación del sufragio en un municipio específico— configura los elementos del tipo penal de corrupción al sufragante (artículo 390 del Código Penal colombiano), que establece penas de 4 a 9 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. A la fecha de publicación de este artículo, no existe proceso penal abierto formalmente contra Torres Villalba por este hecho. En Montelíbano, el candidato obtuvo exactamente 4.457 votos.
Yesid Pulgar: el hermano leal de un condenado por soborno
La historia del clan Pulgar tiene sentencia. No como metáfora: tiene sentencia judicial firmada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
Eduardo Pulgar Daza, senador del Partido de la U, fue capturado el 18 de diciembre de 2020 por el CTI en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. La orden de captura la había emitido la Corte Suprema de Justicia. El caso lo destapó el periodista Daniel Coronell en el portal Los Danieles con la columna titulada, con irónica precisión, «Pulgarcito».
Los hechos: en 2017, el entonces senador Eduardo Pulgar invitó a su casa al juez municipal de Usiacurí (Atlántico), Andrés Rodríguez Caez. El propósito de la reunión era —según el fallo de la Corte— conseguir que el funcionario judicial fallara a favor de la familia Acosta en el proceso de control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, institución que facturaba $80.000 millones de pesos anuales. El juez, alerta ante la naturaleza irregular de la convocatoria, grabó la conversación.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema condenó a Eduardo Pulgar el 25 de junio de 2021 por dos delitos en concurso:
- Tráfico de influencias de servidor público (artículo 411 Código Penal)
- Cohecho por dar u ofrecer (artículo 407 Código Penal)
La pena inicial calculada: 106 meses (más de 8 años). Al aceptar los cargos, se redujo a 58 meses y 25 días (4 años y 10 meses). Adicionalmente, fue inhabilitado por 63 meses y 19 días para ejercer funciones públicas. En febrero de 2024, quedó en libertad condicional por «conducta ejemplar» en La Picota. La maquinaria política, sin embargo, nunca se detuvo.
Yesid Pulgar, hermano del condenado, fue investigado en 2015 por presunto fraude electoral y es señalado públicamente como parte de la estructura política que Eduardo consolidó en el Atlántico. En las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, con el aval del Partido Liberal, obtuvo curul en el Senado de la República.
El dato que lo dice todo: mientras Eduardo Pulgar cumplía su condena en La Picota, sus aliados y familiares mantenían y expandían la maquinaria política en Soledad y en el Congreso. El clan no esperó. El clan nunca espera.
🗳️ ANATOMÍA DEL VOTANTE: ¿QUIÉN LOS ELIGIÓ Y POR QUÉ?
La pregunta más incómoda de este relato no es quiénes son estos senadores. Es quiénes los votaron. Y la respuesta, en toda su complejidad, obliga a ir más allá de la indignación fácil y a diseccionar el tejido social, político y afectivo sobre el cual se construyen estos caudales electorales en el Caribe colombiano.
Camilo Torres Villalba no llegó al Senado únicamente gracias a las planillas de verificación de voto que La Silla Vacía documentó en Puerto Colombia —su fortín histórico— ni exclusivamente por el polémico audio de Montelíbano. Llegó también porque construyó durante dos años de diputación departamental una narrativa cuidadosamente diseñada para una generación joven que quiere creer en algo nuevo: la imagen de un administrador de empresas de 30 años, sin pasado judicial propio, que habla de «juventud, cultura y el Caribe» y llena recintos con 20.000 personas en sus cierres de campaña.
En Córdoba, su segundo bastión electoral con más de 19.500 votos, operó a través del movimiento Nuevo Futuro del diputado Gabriel Calle Aguas —hermano, cabe anotar, del expresidente de la Cámara Andrés Calle, privado de la libertad por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo—, construyendo redes de apoyo territorial en los municipios del sur y del San Jorge, comunidades históricamente abandonadas donde cualquier presencia política se convierte en capital electoral.
En esos territorios, los paneles solares de Fenoge, las neveras entregadas por contratos de $51.000 millones, los aires acondicionados para escuelas: todo ese flujo de recursos del clan —cuestionado o no— se traduce en algo que los politólogos llaman vinculación clientelar de proximidad: la sensación comunitaria de que «esa familia sí llega, sí entrega, sí está«. Esa sensación, legítima en su origen emocional y fraudulenta en su arquitectura real, es el combustible que convierte los escándalos en paisaje y los apellidos comprometidos en marcas electorales resilientes. Los analistas consultados por la revista Cambio son precisos al respecto: el clan Torres pasó de mover votos en Puerto Colombia a disputarle la hegemonía a los Char en todo el Atlántico, precisamente porque la proximidad al gobierno Petro les permitió demostrar, obra por obra —cuestionada o no—, que tienen acceso al Estado y que ese acceso se puede traducir en beneficios locales tangibles. En ese ecosistema, votar por Torres Villalba no es solo lealtad a un apellido: para miles de votantes del Caribe, es apostar por el único canal que conocen hacia los recursos del Estado.
¿Quién votó por ellos? Votaron los contratistas que deben 20 votos para mantener su puesto. Votaron las familias que recibieron un empleo, una obra, un trámite resuelto. Votaron los operadores políticos que tienen cuota en la nómina pública. Y también votaron ciudadanos comunes que, entre una oferta política abstracta y un apellido conocido que alguna vez les hizo un favor concreto, eligieron lo conocido. Eso no es ignorancia. Es la consecuencia lógica de décadas de abandono institucional convertido en dependencia política.
Yesid Pulgar, por su parte, construyó su capital electoral sobre los cimientos que su hermano Eduardo levantó durante años en Soledad —municipio de 750.000 habitantes, el segundo más poblado del Atlántico y uno de los más pobres— antes de ir a la cárcel.
La estructura que Eduardo dejó no desapareció con la condena: siguió operando con aliados locales, líderes comunales, redes de juntas de acción comunal y, reveladoramente, con el respaldo explícito de líderes religiosos y pastores evangélicos que en un acto multitudinario en Soledad expresaron su apoyo público al candidato. Esa alianza con las iglesias no es casual ni nueva en la política costeña: es uno de los mecanismos más eficientes de penetración territorial, porque los pastores son líderes comunitarios con autoridad moral real sobre sus congregaciones, y cuando esa autoridad se pone al servicio de una candidatura, los votos fluyen con una legitimidad que ninguna pauta publicitaria puede replicar.
Yesid Pulgar fue además el senador liberal más votado en el Atlántico con 21.468 votos departamentales, superando a Torres Villalba en el propio territorio. Su posicionamiento de campaña, según los registros periodísticos disponibles, giró en torno a un mensaje deceptivamente simple: el «trabajo directo con las comunidades«.
No hay constancia pública documentada de gestión legislativa propia ni de obras verificables atribuibles específicamente a Yesid —a diferencia de su hermano, que sí acumuló obra pública como senador antes de la condena—, lo que sugiere que su voto no es un reconocimiento a logros individuales sino a una herencia política de lealtades territoriales que sobrevive a la cárcel, a la condena y al escándalo.
El ciudadano que votó por Pulgar no necesariamente ignora lo que hizo Eduardo: en muchos casos lo sabe, lo justifica como «un error» o lo relativiza frente a la expectativa de que la maquinaria familiar siga respondiendo con empleo informal, contratos locales, gestiones de servicios públicos y la promesa de que «nosotros somos de aquí y sabemos lo que les hace falta«.
Eso es lo que en Colombia se llama clientelismo de subsistencia: una transacción política entre comunidades que no tienen acceso institucional al Estado por otra vía y operadores políticos que han convertido ese acceso en negocio. Llamarlo solo corrupción es insuficiente. Llamarlo solo pobreza tampoco alcanza. Es la intersección exacta de ambas, donde la democracia se convierte en mercado y el voto en moneda de cambio.
🏛️ EL IMPACTO REAL — Lo que esto le cuesta al ciudadano
Traducir las cifras a realidades concretas es la obligación ética del periodismo que no se conforma con los comunicados de prensa.
Los $180.000 millones de pesos en contratos cuestionados del clan Torres son equivalentes a:
- Aproximadamente 90 escuelas rurales completamente equipadas en Colombia.
- Casi 18.000 millones de pesos en sobrecostos documentados solo en electrodomésticos —la diferencia entre el precio de mercado y el precio pagado por el Estado en los contratos de Fenoge.
- Los aires acondicionados del contrato de $51.000 millones, pagados a $11 millones por unidad cuando el mercado los ofrece a $7 millones, representan —con solo 1.000 unidades contratadas— un sobrecosto de $4.000 millones.
El soborno de Eduardo Pulgar no fue solo una transacción entre un político y un juez. Fue la captura institucional de una universidad que factura $80.000 millones anuales, maniobra que afectó directamente a miles de estudiantes, trabajadores y pacientes del Hospital Universitario Metropolitano vinculado a la misma estructura.
Y el audio de presunta compra de votos de Torres Villalba en Montelíbano representa algo más profundo: la degradación del sufragio como acto político, reduciéndolo a una transacción mercantil donde el voto se convierte en moneda de cambio. Eso no daña solo una elección. Daña la democracia como concepto.
⚙️ EL SISTEMA QUE LO PERMITE — La anatomía de la impunidad estructural
¿Cómo es posible que el hermano de un condenado por la Corte Suprema llegue al Senado con el aval de un partido político nacional? ¿Cómo es posible que el sobrino del contratista más cuestionado del gobierno Petro obtenga la segunda votación más alta del Partido Liberal?
La respuesta no es simple, pero tampoco es misteriosa. Hay un sistema funcionando exactamente como fue diseñado.
Primero: la debilidad estructural del sistema de avales. En Colombia, los partidos políticos no tienen la obligación legal de negar avales a candidatos con familiares condenados. La ley exige verificar antecedentes del candidato mismo, no de su red familiar. Un vacío normativo que los clanes conocen y explotan con maestría.
Segundo: el Estado Profundo como protección. Como señala el texto político de análisis que fundamenta este reportaje, «el poder no se consigue con las elecciones». Las redes de interés económico, político y judicial que conforman lo que analistas denominan el «Estado Profundo» colombiano son transversales a los gobiernos. El clan Torres operó con Uribe, con Santos, con Duque, con Petro. La variable independiente es el clan, no el presidente de turno.
Tercero: la impunidad como recurso político. Eduardo Pulgar fue condenado en 2021. Quedó libre en 2024. En 2026, su hermano es senador. El ciclo completo tomó cinco años. Eso no es una anomalía del sistema: eso es el sistema. La condena penal no extingue la maquinaria política porque la maquinaria no depende de un individuo: depende de las estructuras territoriales, los operadores electorales, los recursos acumulados y las lealtades compradas. Un senador va a la cárcel; la maquinaria sigue eligiendo.
Cuarto: los sesgos cognitivos como aliados estructurales de la corrupción. El sesgo de confirmación hace que quien ya confía en el apellido Pulgar o Torres sólo lea noticias que confirmen esa confianza. La paradoja de la elección —demasiadas opciones, demasiada información fragmentada— paraliza al votante indignado. Y el efecto de normalización convierte en paisaje lo que debería ser escándalo. Así es como el clan sigue ganando: no porque sus militantes ignoren los escándalos, sino porque el sistema ha normalizado los escándalos hasta hacerlos parte del paisaje electoral.
Quinto: la colusión partido-clan. El Partido Liberal colombiano otorgó su aval a Yesid Pulgar y a Camilo Torres Villalba de manera consciente. No fue un error de procedimiento. Fue una decisión política deliberada. Esa decisión no tiene sanción legal alguna en Colombia. Y eso revela el núcleo del problema: un sistema de partidos que no responde ante sus electores, sino ante los clanes que financian sus campañas.
🔍 ANÁLISIS JURÍDICO RIGUROSO
| Hecho documentado | Norma aplicable | Estado procesal |
|---|---|---|
| Audio Torres Villalba en Montelíbano (compra de votos) | Art. 390 C.P. — Corrupción al sufragante (4-9 años) | Sin proceso formal conocido a la fecha |
| Contratos Fenoge clan Torres con cotizaciones falsas | Art. 397 C.P. — Peculado por apropiación | Suspensión administrativa; sin condena |
| Interventor = contratista (conflicto de interés) | Ley 80/93, Art. 8 — Inhabilidades | Sin sanción conocida |
| Eduardo Pulgar — cohecho + tráfico influencias | Arts. 407 y 411 C.P. | Condenado: 58 meses y 25 días (Corte Suprema, 2021) |
| Yesid Pulgar — fraude electoral (2015) | Art. 386 C.P. — Fraude en inscripción de cédulas | Investigado (estado procesal no confirmado públicamente) |
| Pedro Flórez — financiación irregular campaña 2022 | Ley 1475/2011, Art. 27 | Investigación activa — Corte Suprema (versión libre 2025) |
Nota metodológica: Este análisis se basa en fuentes judiciales públicas (Corte Suprema de Justicia), periodísticas verificadas (El Tiempo, La Silla Vacía, El Colombiano, Infobae Colombia, Semana, Caracol Radio, La FM) y registros electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La tabla de análisis jurídico refleja los hechos documentados a la fecha de cierre de edición. Los imputados gozan de la presunción de inocencia en los procesos aún no resueltos.
📡 METODOLOGÍA TRANSPARENTE Y REPLICABLE
Fuentes primarias consultadas:
- El Tiempo — Unidad Investigativa: Artículo del 11 de marzo de 2026 sobre los dos senadores con parientes condenados (eltiempo.com)
- La Silla Vacía: Investigación «Gobierno Petro entrega contratos millonarios a Euclides Torres» (lasillavacia.com)
- El Colombiano: Perfil «La historia detrás del senador Camilo Torres, heredero de Euclides Torres» (elcolombiano.com)
- Infobae Colombia: «Corte Suprema condena a 4 años y 10 meses al exsenador Eduardo Pulgar por cohecho» (infobae.com)
- Caracol Radio: «Los polémicos candidatos al Congreso por el Atlántico» (caracol.com.co)
Fuentes de contraste:
- Semana, La FM, Infobae Colombia (investigación Fenoge), El Colombiano (condena Pulgar, contratos Torres)
Documentos de referencia jurídica:
- Fallo Sala Especial de Primera Instancia, Corte Suprema de Justicia, 25 de junio de 2021 (Eduardo Pulgar Daza)
- Resolución Fenoge del 18 de marzo de 2024 (suspensión contrato Euclides Torres)
✊ La pregunta que el Congreso no responderá
Colombia acaba de elegir, con votos y con aplausos, a dos hombres cuyos apellidos familiares están escritos en los archivos de la Corte Suprema de Justicia y en los expedientes de la Fiscalía General de la Nación. No llegaron a pesar del sistema: llegaron gracias a él.
El Partido Liberal los avaló. El Estado les dio contratos. La institucionalidad miró hacia otro lado. Y el ciudadano, atrapado entre la resignación, la indiferencia y los sesgos cognitivos que hacen de la corrupción un paisaje normalizado, volvió a votar por los mismos apellidos.
El 20 de julio de 2026, cuando Camilo Torres Villalba y Yesid Pulgar tomen posesión en el Senado de la República, no será el inicio de nada nuevo. Será la continuación de un ciclo que lleva décadas repitiéndose, en el que los herederos de los condenados ocupan los asientos que sus familias siempre consideraron suyos.
La pregunta que Colombia debe hacerse no es cómo llegaron estos senadores al Congreso. La pregunta es qué tipo de país construimos cuando seguimos llamando democracia a esto.
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