Por fin la justicia le mete mano al cuestionado Fondo Mixto Sierra Nevada

El Fondo Mixto Sierra Nevada: cómo una red familiar, política y burocrática convirtió los recursos del posconflicto en un negocio privado de $2,7 billones de pesos

Por Gala Peña | corrupcionaldia.com | 18 de marzo de 2026

En Colombia, el dinero de la paz también tiene dueños. No son las víctimas del conflicto. No son los campesinos de los municipios PDET que esperaban las carreteras, el agua potable, la electrificación prometida. Son los mismos de siempre: un alcalde con audios comprometedores, un congresista con doce procesos en la Corte Suprema y una red de familiares que crearon empresas con treinta millones de pesos para ejecutar contratos de dieciocho mil millones. Bienvenidos al Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social Sierra Nevada. O, como lo conocen en los municipios donde debían quedar las obras: el fondo que se llevó la paz.

EL MECANISMO EXPUESTO — ARQUITECTURA DE UN SAQUEO

La historia empieza con una fecha y una formalidad: el 1° de marzo de 2021, en la Cámara de Comercio de Valledupar, se constituye el Fondo Mixto Sierra Nevada. Capital inicial: cinco millones de pesos. Sueños declarados: promover la infraestructura y el desarrollo integral. Realidad documentada: en menos de cuatro años, ese fondo captaría más de 150 contratos que superan los $500.000 millones de pesos y acumularía asignaciones por más de $2,7 billones de pesos en recursos del Sistema General de Regalías.

¿Cómo funciona el mecanismo? Con una elegancia burocrática que haría enrojecer a cualquier académico del derecho. La reforma a la Ley de Regalías de 2020 —aprobada con el beneplácito de los mismos congresistas que luego aparecerían en las investigaciones— habilitó a entidades de régimen mixto para ejecutar proyectos de regalías sin necesidad de licitación pública. No tienen que competir. No tienen que demostrar experiencia en igualdad de condiciones. Solo necesitan que alguien con poder en el OCAD-Paz los señale. Y en el OCAD-Paz, entre 2020 y 2021, el que señalaba era Martín Zuleta Mieles: exalcalde de La Paz (Cesar), representante de los alcaldes PDET, y —casualidad de las casualidades— creador y mayor accionista del Fondo Mixto Sierra Nevada.

El conflicto de intereses es tan monumental que casi parece cómico. El mismo hombre que representaba a los municipios más vulnerables del país ante el órgano que decidía qué proyectos financiar, era simultáneamente el dueño del vehículo jurídico que recibiría esos contratos. Juzgado y ejecutor. Votante y beneficiario. Árbitro y jugador. En cualquier sistema de control interno medianamente funcional, esto habría activado todas las alarmas. En Colombia, activó los contratos.

LOS ACTORES Y SUS ROLES — UN NEGOCIO REDONDO EN FAMILIA

Diseccionemos el caso de Puerto Gaitán, porque es una radiografía perfecta del sistema. La Alcaldía de ese municipio del Meta firma un contrato con el Fondo Mixto Sierra Nevada por $18.372.331.866 de pesos para estudios y diseños de vías rurales. Hasta ahí, nada extraordinario en el paisaje de la contratación colombiana.

Pero el Fondo no ejecuta solo. Para ejecutar los $18.000 millones, subcontrata a Conbases SAS: una empresa creada en 2021 con capital de $30 millones, cuyos socios son Juan Carlos Betancourt Nova y su esposa, Mónica Marcela Cruz. Perfil de contratista: capital mínimo, experiencia no acreditada, capacidad financiera cuestionable. Perfil de contrato: dieciocho mil millones de pesos. La diferencia entre ambos perfiles es tan abismal que uno casi podría admirar el descaro.

Y para vigilar que el contrato se ejecute bien, el Fondo designa como interventora a Proyectos de Ingeniería Fepal SAS: también creada en 2021, también con $30 millones de capital, con única socia Paula Alejandra Guacaneme Nova. Aquí viene el detalle que lo explica todo: Juan Carlos Betancourt Nova (contratista) y Paula Alejandra Guacaneme Nova (interventora) son hermanos por parte de madre. El vigilante y el vigilado comparten apellido materno. La auditora y el auditado se sientan en la misma mesa familiar. Esto no es un descuido administrativo. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado.

Para maquillar el conflicto de intereses, la señora Guacaneme transfirió el 100% de sus acciones a Víctor Manuel Puello Vigoya pocas horas antes de que se hiciera evidente la irregularidad. Un movimiento que, lejos de resolver el problema, lo confirma: si no había nada malo, ¿para qué transferir? La respuesta a esa pregunta es la misma que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia exigió por escrito a la Alcaldía de Puerto Gaitán, al contratista y a la interventora. Ninguno respondió.

Ahora multipliquen este patrón por 150 contratos en Albania y Barrancas (La Guajira), Becerril, La Jagua de Ibirico y Codazzi (Cesar). Y por más de $2,7 billones de pesos. La lógica no varía: empresas constituidas meses antes de recibir contratos millonarios, socios con vínculos familiares en la cadena contratista-interventor, y un silencio institucional que habla más que cualquier declaración.

LA RED FAMILIAR DETRÁS DEL FONDO MIXTO SIERRA NEVADA

EL OCAD-PAZ Y EL FESTÍN DE LAS REGALÍAS — 500.000 MILLONES EN COIMAS

Para entender la magnitud del saqueo, hay que entender qué es el OCAD-Paz: el órgano del Sistema General de Regalías diseñado específicamente para financiar proyectos en los 170 municipios más pobres y más golpeados por el conflicto armado. Carreteras que nunca se construyeron. Escuelas que quedaron a medias. Acueductos que son papel firmado en una oficina de Bogotá. El dinero del posconflicto convertido en activo de campaña, en gasolina para maquinarias políticas regionales, en garantía para reelecciones.

Las investigaciones de Blu Radio, El Espectador, Pulzo y La Silla Vacía —cinco fuentes independientes que cruzan datos con documentos de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría— establecen un patrón consistente: para que un proyecto llegara a sesión del OCAD-Paz, había que pagar entre el 6% y el 15% del valor del contrato como dádivas. En la jerga de los involucrados, según los audios revelados de Martín Zuleta, los proyectos eran «carpetas» y los sobornos eran «hojas de block«. Bella metáfora para describir cómo se vendía la paz de Colombia al mejor postor.

Los números son brutales. Entre junio y diciembre de 2021, cuando se aprobaron 355 proyectos del OCAD-Paz, las coimas estimadas habrían alcanzado los $500.000 millones de pesos. El departamento del Cesar recibió $618.648 millones mientras que Guainía —uno de los territorios más abandonados del país— obtuvo apenas $1.500 millones. La proporcionalidad brilló por su ausencia. Los «padrinos» llenaron las alcancías de sus regiones. Los sin padrino esperaron en vano.

Y hay algo más que merece subrayarse: los recursos del OCAD-Paz que se ejecutaron en 2021 representaban el adelanto de diez años de regalías. El propio consejero Emilio Archila lo admitió: lo que se aprobó en 2021 era el adelanto de los próximos diez años. Esa bolsa, difícilmente podrá llenarse de nuevo. Lo que se robaron no fue solo plata: fue una década de posibilidades para los municipios más devastados por la guerra.

APE CUELLO Y MANZUR — LOS PADRINOS CON EXPEDIENTE

Alfredo ‘Ape’ Cuello lleva en el Congreso desde 2002. Veinticuatro años. Cinco períodos. Un historial que incluye: investigación por parapolítica (precluyó en 2010), señalamientos en el caso Odebrecht, y hoy, una indagación preliminar de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por el escándalo OCAD-Paz. Doce procesos en su nombre en esa misma Corte. Doce. Y aun así: reelecto. Aun así: en el Congreso. Aun así: gestionando contratos para sus aliados en el Ministerio del Deporte, según reveló Infobae en septiembre de 2025.

La mecánica de Cuello en el OCAD-Paz es la que varios alcaldes de municipios PDET describieron por su nombre al periodismo independiente: él era el padrino del Cesar. El que garantizaba que los proyectos de la región llegaran a sesión. El que, según las denuncias consignadas ante la Corte Suprema, facilitaba el trámite a cambio de su parte correspondiente. No hay condena. Hay proceso. Hay doce procesos. Y hay un congresista que, incluso mientras es investigado, ha logrado posicionar personas de su confianza en distintas carteras del gobierno Petro. Eso es lo que en este país se llama impunidad con wifi.

Wadith Manzur llegó a la Cámara en 2018. Hijo del exsenador Julio Manzur, procesado en la JEP por parapolítica. Cordobés. Conservador. Amigo de Ape Cuello —las fotos de las parrandas vallenatas son el mejor testimonio de una alianza que va más allá de lo ideológico. Manzur también figuró como invitado permanente en las sesiones del OCAD-Paz donde se aprobaban los contratos investigados.

Manzur acaba de ser enviado a la cárcel. No por el OCAD-Paz —ese proceso sigue abierto— sino por el escándalo de la UNGRD: la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde presuntamente vendió su voto en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de contratos en Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar por más de $92.000 millones de pesos. La Corte Suprema de Justicia, el 11 de marzo de 2026 —apenas siete días antes de la publicación de este artículo— ordenó su captura. El mismo día en que fue reelecto con 134.914 votos. Colombia es el único país del mundo donde puedes ganar una elección y una orden de captura el mismo domingo.

Su patrimonio líquido pasó de $2.010 millones en 2021 a $3.198 millones en 2023: un incremento del 59% en dos años de congresista. Tiene 47 propiedades registradas en la Superintendencia de Notariado y Registro. Nació en Montería. Llegó al Congreso a los 31 años. A los 39, tiene más inmuebles que muchos colombianos en toda una vida. El Ciclo Secreto tiene sus propias matemáticas.

EL SISTEMA QUE LO PERMITE — ANATOMÍA DE LA IMPUNIDAD

¿Por qué ocurre esto? No por ignorancia. No por descuido. El sistema fue diseñado con precisión para que ocurra. Cada pieza encaja. Analicemos:

1. La reforma legal que abrió la puerta.

La modificación a la Ley de Regalías permitió que entidades de economía mixta ejecutaran recursos del OCAD-Paz sin licitación. Esto fue aprobado en 2020 con votos de congresistas que luego aparecen como señalados en el saqueo. La norma que habilitó el robo fue tramitada por los mismos que se beneficiaron del robo. Simetría perfecta.

2. El control previo de la Contraloría: herramienta de extorsión.

La reforma de 2020 también asignó a la Contraloría facultades de control previo sobre los proyectos. Lo que en teoría era una garantía de transparencia, en la práctica fue un instrumento de presión. Los delegados Aníbal Quiroz y Juan Carlos Gualdrón, según múltiples fuentes y denuncias documentadas, rechazaban proyectos sin razones técnicas claras hasta que los alcaldes pagaban. Luego, ‘por arte de magia’, los proyectos superaban las falencias. Los mismos Quiroz y Gualdrón —junto con Luis Alberto Rodríguez, exdirector del DNP— fueron candidatos para reemplazar al Contralor General en 2022. Así funciona la Conexión Perdida: el corrupto aspira a ser el supervisor de la corrupción.

3. El aforamiento: la armadura legal del político corrupto.

Como explica el libro ‘El desgobierno de lo público’ del jurista Alejandro Nieto —citado en el artículo más profundo de este mismo expediente—, la corrupción estructural no es un problema de casos aislados sino una práctica sistemática integrada al funcionamiento del Estado. El aforamiento, que obliga a que los congresistas sean juzgados por la Corte Suprema y no por jueces ordinarios, ralentiza los procesos décadas enteras. Ape Cuello lleva en investigación desde 2022 por OCAD-Paz. El expediente sigue en fase preliminar.

4. La resignación ciudadana: el combustible del ciclo.

James Buchanan, Premio Nobel de Economía y fundador de la teoría de la economía constitucional, definió la sociedad civil como la comunidad de ciudadanos que pacta las reglas del juego político antes de que exista un gobierno, y que tiene la función de vigilar al poder. En el Cesar, en Córdoba, en los municipios PDET, esa sociedad civil existe: es la madre que denuncia, el periodista local que publica, el alcalde que se queja por carta. Pero está fragmentada, intimidada, y a veces convencida de que la resignación es la única respuesta racional. Cada vez que eso ocurre, los Zuleta, los Cuello y los Manzur ganan un ciclo más.

ANÁLISIS JURÍDICO RIGUROSO — ¿QUÉ DELITOS ESTÁN EN JUEGO?

NOTA JURÍDICA: Todos los señalamientos mencionados corresponden a investigaciones en curso o hipótesis investigativas de los organismos de control. Ninguna persona mencionada tiene condena en firme por los hechos aquí descritos —a excepción de Wadith Manzur, quien al cierre de esta edición enfrenta medida de aseguramiento carcelaria por cohecho impropio en el caso UNGRD. Se presume inocencia hasta sentencia ejecutoriada.

EL IMPACTO REAL: LO QUE SE DEJÓ DE CONSTRUIR

Este artículo habla de billones. Pero los billones tienen cara. La cara de un campesino en Becerril esperando una carretera que nunca llegó porque los recursos se fueron a pagar comisiones. La cara de una comunidad en La Jagua de Ibirico que sigue sin acueducto porque el proyecto fue aprobado en el OCAD-Paz pero los recursos se evaporaron en el trayecto entre Bogotá y la región. La cara de los municipios PDET —los más pobres, los más golpeados por la violencia— que fueron usados como excusa para crear una bolsa de recursos y luego como víctimas silenciosas de su vaciamiento.

La Fiscalía entró a las oficinas del Fondo Mixto Sierra Nevada en Valledupar. Los peritos de informática forense se llevaron computadores y documentos. El proceso judicial apenas comienza. Cuello sigue en el Congreso. Manzur está en la cárcel por otro caso. Zuleta ya no es alcalde pero sus redes siguen operando. El Fondo sigue existiendo.

Fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción culminaron esta semana las diligencias de allanamiento en dos sedes del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social Sierra Nevada ubicadas en Valledupar (Cesar). Los procedimientos hacen parte de las acciones definidas por el Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de hechos de corrupción relacionados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

Las investigaciones que se adelantan contra el Fondo Mixto iniciaron luego de que entidades como la Contraloría General de la República y el mismo Departamento de Planeación Nacional evidenciaran que varias alcaldías y gobernaciones del centro, oriente y norte del país le adjudicaran al Fondo millonarios contratos por más de 2,7 billones de pesos con partidas de regalías. En ese sentido, las hipótesis de la Fiscalía General de la Nación apuntan a la posible existencia de una red delincuencial dedicada al direccionamiento de contratos y apropiación indebida de dineros públicos.

El Sistema Silencioso seguirá funcionando mientras la ciudadanía lo permita. Mientras las familias que perdieron la oportunidad de tener agua potable no sepan que la perdieron porque alguien en Bogotá cobró su hoja de block. Mientras los electores del Cesar sigan votando por el mismo que lleva doce procesos en la Corte Suprema. Mientras el sistema político encuentre más rentable blindar a sus corruptos que expulsarlos.

Porque si hay algo que este expediente demuestra con claridad implacable, es esto: la corrupción no es solo lo que roban. Es también lo que construyen para que nadie los pueda detener.

Entra a corrupcionaldia.com y no permitas que el silencio sea el último acto de injusticia contra los municipios a los que le robaron la paz.

METODOLOGÍA TRANSPARENTE Y REPLICABLE

Este artículo fue elaborado cruzando las siguientes fuentes independientes:

1. Comunicados oficiales de la Fiscalía General de la Nación (marzo de 2026)

2. Investigaciones de Blu Radio sobre audios del alcalde Martín Zuleta (julio 2022)

3. Reportajes de Pulzo, El Espectador y El Tiempo sobre OCAD-Paz y congresistas investigados (2022–2026)

4. Infobae: perfil y análisis político de Alfredo Ape Cuello (2025)

5. Decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre Wadith Manzur (11 de marzo de 2026)

6. Investigaciones de La Silla Vacía y Las 2 Orillas sobre el entramado OCAD-Paz (2022–2025)

7. Denuncia de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia (2024) citada por El Nuevo Siglo

Todos los datos numéricos son atribuibles a fuentes oficiales citadas. Todos los señalamientos jurídicos respetan la presunción de inocencia.

corrupcionaldia.com

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Periodismo investigativo con ética, estrategia y sensibilidad narrativa.

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