La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra Martha Reyes Parra, ex secretaria general de despacho en la Dirección de Fortalecimiento Corporativo (2016-2019) del municipio de Cúcuta y Emerson Meneses González, jefe de la Oficina Jurídica (2016-2017).
A los exfuncionarios se les acusa de posibles anomalías en la suscripción y supervisión, respectivamente, de un contrato de prestación de servicios profesionales celebrado contra expresa prohibición legal de ceder a un particular el ejercicio de facultades tributarias.
Y es que según la queja que originó la investigación, Reyes cedió a un particular el ejercicio de facultades tributarias, pues una de las tareas del contratista era desarrollar acciones de fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones e imposición de sanciones, contrario a lo que dispone la ley.
Allí también se alertó que otras de las situaciones, aparentemente irregulares, que rodeaban el contrato, era, por un lado, la posibilidad que tenía esta persona de manejar información reservada y por otro, la forma de pago que se definió a su favor y la cual le otorgaba un porcentaje del recaudo logrado por concepto de plusvalía.
Tras evaluar las pruebas y los documentos aportados al proceso, el Ministerio Público resolvió endilgarle dos cargos a la exsecretaria general de la Alcaldía: el primero, por haber celebrado un contrato que no le estaba permitido a la administración municipal y el segundo, porque Martha María Reyes participó en la etapa precontractual del mismo y allí se habrían detectado serias irregularidades.
Con relación al primer cargo, dice la Procuraduría que la exfuncionaria deberá entregar explicaciones, pues: “Revisados los informes, se desprende que las actividades efectuadas por el contratista no se trataron de simples tareas de apoyo a la gestión para asesorar y dar acompañamiento al municipio en la implementación y regularización de la contribución de Plusvalía como estaba descrito en el objeto del contrato, sino que, por el contrario, las acciones ejecutadas en forma independiente por el contratista podrían enmarcarse en la determinación, liquidación y discusión del tributo”.
En el pliego de cargos advierten también que se encuentra probado que el contratista presentó ante la Subsecretaría de Gestión de Rentas e Impuestos de la Alcaldía un total de 159 proyectos de resoluciones para el cobro de la contribución de plusvalía, sobre predios y contribuyentes debidamente identificados.
“Esto podría demostrar que la Alcaldía Municipal, a través de la Subsecretaría de Gestión de Rentas e Impuestos, se limitó simplemente a efectuar la firma de los proyectos presentados por el contratista, vaciándose en este particular la labor de determinación y liquidación del tributo”, señala un aparte del pliego.
Así las cosas, la falta que se le achaca en este caso a la exsecretaria por parte de la Procuraduría es calificada como grave, a título de culpa gravísima.
Así mismo la Procuraduría cuestiona a la exfuncionaria de la administración de César Rojas por su participación en el proceso de contratación, pues en ese trámite se habrían desconocido principios como el de la economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal.
Lo anterior, por cuanto la Procuraduría evidenció posibles deficiencias en la estimación del valor del contrato, las necesidades del personal a contratar y su experiencia, entre otros aspectos.
“El valor del contrato quedó definido en la cláusula tercera por $10 millones de pesos, como valor para efectos fiscales, más no determinado, ya que la forma de pago quedó sujeta a los resultados de las actuaciones realizadas por el contratista, a quien le sería cancelado el equivalente al 10% de los valores causados por concepto de contribución de plusvalía, IPC e intereses liquidados por el municipio, una vez se produjera la resolución de liquidación en firme y la inscripción de la acreencia”, dice el Ministerio Público.
Vale recordar que Reyes pese a tener ya abiertas investigaciones, fungió posteriormente por dos años como contralora municipal, siendo muy cuestionado su nombramiento, pues ni siquiera cuenta con el título de abogada, sino de periodista.
Además fue la candidata del condenado exalcalde Ramiro Suárez a la alcaldía de Cúcuta.
Entre tanto, al exjefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, Emerson Meneses, quien tenía a su cargo la supervisión del contrato de prestación de servicios, la Procuraduría le pide explicar por qué omitió el deber de informar a la secretaria General la presunta imposibilidad de adelantar “el objeto del referido contrato, en razón a la prohibición de entregar a terceros la administración de tributos”.
“Con el anterior comportamiento, el señor Emerson Meneses González, en su condición de supervisor del contrato, posiblemente incurrió en la falta disciplinaria gravísima”, pues para la Procuraduría, el exfuncionario lo que debió fue salvaguardar los intereses de la entidad territorial.
En su defensa, Meneses precisó que en su condición de supervisor del contrato, sí verificó las actividades y obligaciones que debía desarrollar el contratista y que bajo esos criterios validó su labor, “no encontrando anomalía alguna que lo llevara a presumir que el contrato se encontraba en contravención con la ley”.
Una vez notificada la decisión, el pliego de cargos pasa ahora a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cúcuta, en donde continuará en curso la investigación.
