Análisis y estudios a fondo sobre la corrupción en Colombia indican que en este país anualmente se pierden (se roban) más de $50 billones por asuntos relacionados con este tema, lo cual nos lleva a pensar que el informe de la Contraloría General de la República no tiene suficiente peso.
Pero vamos a otorgarles el beneficio de la duda y aceptemos, por ahora, que esta inoperante entidad de control hizo bien su trabajo. Veamos.
En un reciente balance de lo que va corrido del 2023, la Contraloría General de la República señaló que ha aperturado procesos de responsabilidad fiscal por el orden de los $6 billones de pesos.
Según el vicecontralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga advirtió que persisten los comportamientos corruptos a la hora de utilizar los recursos públicos.
Por el presunto uso irregular de recursos de regalías, por ejemplo, en este año la entidad ha iniciado procesos por $254 mil millones. “Y hemos cerrado las auditorías del primer semestre con hallazgos fiscales que suman $222 mil millones, de los cuales $100 mil millones corresponden a recursos de OCAD PAZ”, dijo en medio del Foro “La Protección al Patrimonio Público a través del Contrato Fiscal y del Contrato de Seguro”, convocado por el organismo de control.
Carlos Mario Zuluaga sobre un elefante blanco. Imagen generada con AI.
No obstante también informó que este año han logrado recuperar $422 mil millones, relacionados con obras inconclusas, a través de las aseguradoras. Una cifra que comparada con los recursos recaudados en los 4 años anteriores ($240 mil millones), significa casi el doble.
En cuanto a los llamados elefantes blancos aseguró que las obras inconclusas y proyectos críticos en el país, pasaron de representar $15 billones a $14.3 billones.
Por su parte, la directora de la Agencia Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, reveló que actualmente hay 362.600 procesos activos de demandas contra el Estado, con pretensiones por la astronómica suma de $606 billones de pesos.
Y demandas por controversias contractuales, hay activos 2.050 procesos, con pretensiones por $20 billones.
Consideró como una vena rota las demandas que se tramitan por el tema de atención de cesantías y derechos laborales de los maestros.
Pero, una preocupante revelación fue la que hizo durante la intervención el ministro de Transporte, William Camargo, en el sentido de que cada vez es más evidente la vulnerabilidad frente a los corruptos, que se tiene con el tema de las pólizas de aseguramiento de obras del sector infraestructura.
Citó entonces un ejemplo reciente: el puente de Los Grillos, un contrato que tenía pólizas, que cumplió sus ciclos de póliza de estabilidad, de obra y garantía, y que al momento de su siniestro no estaba asegurada (no tenía cobertura). “Eso nos empieza a reflejar una debilidad en la forma como la infraestructura del Estado se está gestionando”.
Para el ministro de Transporte, un puente es una estructura que se construye para 20, 50, 100 años, y las coberturas de las pólizas deberían estar constituidas con esa misma longevidad.
Camargo dijo también que “muchas entidades territoriales contratan las pólizas, pero no hay un seguimiento riguroso de cómo están asociadas estas pólizas a los activos que administran˝.
En respuesta a esta alerta, el vicepresidente de La Previsora de Seguros, Gelman Rodríguez, le propuso al Vicecontralor firmar un convenio donde la aseguradora del Estado le pueda reportar a la Contraloría, de manera periódica, aquellos proyectos que tienen un nivel de riesgo de incumplimiento.
A su vez, el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), Hernando Monroy consideró necesario revisar permanentemente todos los elementos en la cadena de aseguramientos. “Debemos tener un manual de buenas prácticas, para minimizar riesgos en daños jurídicos, económicos y reclamaciones”, dijo.
La directora del INVÍAS, Mercedes Gómez, mencionó como algunos contratistas llegan de manera corrupta a las licitaciones, se ganan las obras sin el respaldo financiero requerido o no tienen la experticia necesaria para el tema particular de la obra que asumen, lo que al final genera situaciones de parálisis y que algunos proyectos no se pueden terminar.
Recordó que en el Plan Nacional de Desarrollo se establece la posibilidad de tener un seguro paramétrico, que se está analizando por parte del INVÍAS, lo que se supone debe ser una buena noticia para las aseguradoras.
Sobre el mismo tema el CEO de Mapfre Colombia, Rafael Prado González, fue enfático en decir “Las aseguradoras estamos para pagar. Nosotros no ganamos plata por no pagar. Ganamos plata cuando cuantificamos bien los riesgos. Cuando no emitimos una póliza o resaltamos una inconsistencia, eso debería ser tenido en cuenta por todos. Esa información debería ser recibida de inmediato, como alertas, por el Estado”.
Al finalizar este foro, el Contralor Delegado para el Sector de Infraestructura, Luis Fernando Mejía, destacó que todos los intervenientes en este Foro hayan estado de acuerdo en la necesidad de proteger el patrimonio público y expresaran su firme voluntad para que los proyectos se hagan y se hagan bien, a satisfacción.
Manifestó la necesidad de que la Contraloría reciba información en tiempo real sobre los cumplimientos contractuales, a través de la DIARI y de las Contralorías Delegadas.
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