Extinción de dominio a bienes de exalcaldes de Cúcuta y también a la pareja del exalcalde Ramiro Suárez
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación adelantan en Cúcuta desde la semana pasada sendas medidas de extinción de dominio y cautelares a unos bienes de los exalcaldes Donamaris Ramírez París y César Rojas Ayala, así como de la pareja sentimental del exalcalde Ramiro Suárez Corzo, Isabel Márquez Rubio, quien fue funcionaria en el gobierno de Rojas .
De igual forma la Fiscalía actuó contra bienes de algunos exfuncionarios y contratistas que participaron en hechos de corrupción con los anteriormente nombrados.
Exalcalde César Rojas Ayala, imagen generada con AI.
Según informó el periódico La Opinión de Cúcuta, en total se aplicarán medidas cautelares a 126 bienes, valorados en $46.000 millones de pesos, por los presuntos hechos de corrupción. La operación no solo se está dando en Cúcuta, sino también en Tibú, Ocaña, Chinácota y Villa del Rosario, donde están los inmuebles de los implicados.
La medida de extinción de dominio contra la vivienda del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, acción dirigida contra Isabel Márquez Rubio, tiene que ver con la investigación que le adelantan las autoridades por presuntos actos de corrupción, cuando fue secretaria de Equidad y Género de la Alcaldía.
Isabel Márquez Rubio, imagen generada por IA.
En el operativo un grupo de la Fiscalía llegó hasta la vivienda del exalcalde de Cúcuta, ubicada en conjunto cerrado Vegas del Río, en donde además, permaneció recluido cerca de un año pagando su pena de 27 años por el delito de homicidio.
Las órdenes de extinción de dominio obedecen a las investigaciones por la celebración indebida de contratos como la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del barrio Cormoranes de Cúcuta, pero que antes de entrar en funcionamiento ya representaba un peligro para la comunidad, donde se invirtieron $4.695 millones.
A esto se suman los contratos 0133 de 2016 del Plan de Alimentación Escolar (PAE), por un monto superior a los $19.434 millones, y el suscrito en 2016 entre la Alcaldía y la Corporación América Barí (Cambari), por $16.500 millones.
La fuente aseguró que a pesar de que los procesos penales han avanzado lentamente, esta acción legal se dio lo más rápido posible, pues debían actuar para recuperar el dinero que se habría malversado.
Pero luego de esto, será un juez, durante un juicio, el que tenga la última palabra para saber si definitivamente la SAE toma posesión total de los bienes.
El exalcalde Donamaris Ramírez
Por lo ocurrido en el contrato de la construcción del CDI de Cormoranes, las autoridades iniciaron un proceso jurídico contra el exalcalde de Cúcuta Donamaris Ramírez París; Irly Yesenia Sandoval Pacheco, quien ocupó los cargos de subsecretaria de despacho y subsecretaria de Contaduría Municipal, entre 2012 y 2015; Jimy Galán Villamizar, secretario de despacho del Área de Dirección de Fortalecimiento Corporativo; Jhon Freddy Maldonado Peñaranda y César Augusto Martínez Álvarez, representante legal de la Unión Temporal CDI y director de obra, respectivamente.
Un juez decretó detención domiciliaria para estas cinco personas que están siendo procesadas penalmente por prevaricato por omisión, en calidad de autor, en concurso material, heterogéneo y sucesivo; contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros, en calidad de coautor.
A eso se le sumó la extinción de dominio a varios bienes de algunos de ellos, para que respondan económicamente.
En el caso del exmandatario Ramírez París (2012-2015), la medida cautelar le fue aplicada a un lote que tiene en Cúcuta, mientras que a Irly Sandoval la Fiscalía le ocupó una casa en un condominio por el Anillo Vial Oriental.
Otro exfuncionario cuyos bienes fueron cobijados por la medida es Oswaldo Grajales Rosas, a quien le ocuparon una finca de 35 hectáreas en Tibú. Grajales ocupó el cargo de secretario de Infraestructura municipal durante el mandato de Donamaris Ramírez.
Grajales Rosas estuvo preso y luego un juez le cambió la medida de aseguramiento por detención domiciliaria, también por el caso del CDI de Cormoranes, por celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Tanto el exfuncionario como Donamaris también fueron sancionados por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento, con una inhabilidad de nueve años para ejercer cargos públicos.
El CDI de Cormoranes no alcanzó a ser ni inaugurado.
A los representantes legales de la Unión Temporal CDI y director de obra, Jhon Maldonado Peñaranda y César Martínez Álvarez, las autoridades también les embargaron dos apartamentos que tienen, cada uno de ellos, en un edificio ubicado en Barrio Blanco.
Además, la Fiscalía también decidió afectar la propiedad de los bienes de los responsables de la interventoría del CDI. A Felipe Andrés Gómez Sánchez le embargaron un inmueble en Ocaña, mientras que a Germán Colmenares Rojas le ocuparon un apartamento en el barrio Guaimaral.
Ex alcalde César Rojas y sus exfuncionarios
Al exalcalde Rojas, quien estuvo en el cargo después Ramírez, se le investiga por los contratos de 2016 del PAE, por $19.434 millones, y el suscrito entre la Alcaldía y la Corporación América Barí (Cambari), por $16.500 millones.
Al exmandatario cucuteño (2016-2019), que hasta el viernes pasado buscaba llegar nuevamente al primer cargo de la ciudad, le aplicaron la medida cautelar a dos fincas que tiene en Chinácota.
Por lo ocurrido con PAE de 2016, le imputaron cargos no solo a Rojas Ayala por contratar con un socio suyo (José Antonio Manrique Torres) la operación de manera directa, es decir, a dedo y sin mediar licitación, sino también a Telésforo Blanco y Lola Carvajal, además de los responsables de la Corporación Paz y Futuro y Unión Temporal ‘Dadle Vosotros de Comer’.
Según la fuente judicial, por la celebración indebida de contratos, la medida cautelar le será aplicada a 90 bienes que tendría la Corporación Paz y Futuro y los exfuncionarios que están inmersos en ese proceso penal.
A Wilmer Omar González le aplicaron extinción a un inmueble que tiene en la urbanización Trapiches.
Además, la Diócesis de Cúcuta también sería afectada con la ocupación de bienes por parte de la Fiscalía.
Y por lo ocurrido con el contrato con la Corporación América Barí, en el que la Alcaldía buscaba contratar a mujeres, la Fiscalía también aplicó la extinción de dominio a los presuntos responsables, así como a la pareja sentimental del exalcalde Suárez, Isabel Márquez Rubio, que se desempeñaba como secretaria de Equidad y Género de la Alcaldía.
A Carlos Alberto Salcedo Salazar, representante de la corporación Cambari, también le ocuparon un bien que tiene en Ocaña. Se conoció que este hombre también tendría otras contrataciones en otros municipios.
El contrato, adjudicado a Cambari, en abril de 2016, el único proponente de la licitación, tenía como objeto contratar durante seis meses los servicios de un operador que garantizara el programa de emprendimiento y generación de empleo con Equidad de Género en Cúcuta.
En junio de 2016 despegó el programa de generación de empleo con 3.500 trabajadores de medio tiempo de los sectores más pobres de Cúcuta, para actividades relacionadas con mantenimiento de parques, canales de aguas lluvias, control de tránsito y recuperación del espacio público, entre otros.
Apenas termine la intervención de los bienes será un juez, durante un juicio, el que tenga la última palabra para saber si definitivamente la SAE toma posesión total de los bienes.
