Con más de 67 mil votos en las elecciones de octubre de 2018, Cesar Lorduy Maldonado fue elegido como representante a la Cámara por departamento del Atlántico, apoyado (casi que cargado) por los jefes de su partido Cambio Radical en Barranquilla. 

Este congresista ha estado en el ojo del huracán este fin de año por ser señalado como el creador e impulsor de una iniciativa que fue considerada un atentado contra la libertad de prensa.  

Lorduy fue el ponente del proyecto de ley anticorrupción y que fue aprobado en dos debates en la Cámara de Representantes a principios de mes, y aparentemente, aunque lo negó, fue el responsable de incluir un artículo que aumentaba las penas por los delitos de injuria y calumnia contra funcionarios públicos, lo que según asociaciones de prensa abrías la puerta a duras y desproporcionadas sanciones por la labor periodística. 

En pocas palabras era el responsable de hacer aprobar una Ley comparable a las regulaciones fascistas contra la prensa en los años de la Alemania nazi, para que la corrupción siga campeando y aprovechándose de los recursos públicos. Un favor para los corruptos.

El Código Penal colombiano actualmente estipula la calumnia y la injuria de forma general y no solo para servidores públicos con penas de prisión de 16 a 72 meses, después de otra enmienda de 2004. 

Pero el artículo 68 del proyecto de ley en mención, proponía que: “El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses”.  

César Lorduy quedó entonces en la picota pública, como un claro enemigo no solo del ejercicio periodístico, sino del derecho que le cabe a todo ciudadano a expresar su libre opinión y de cuestionar a quienes ostentan cargos públicos, lo cual deja mucho que pensar. 

Pero no es la primera vez que el cogresista barranquillero, quien ahora aspira ser elegido Senador de la República, se expone al escarnio público. 

Lorduy, a quien le gusta figurar en los medios con bastante frecuencia, anduvo de “intermediario” en la disputa que se generó en 2019 al interior del partido Cambio Radical, entre la llamada casa Char y el líder natural de esa colectividad, Germán Vargas Lleras. 

Para ese año, cuando le correspondía por acuerdos previos la presidencia de la Cámara de Representantes, Lorduy se postuló con el apoyo de los Char. Incluso desconociendo la trayectoria de su contrincante del mismo partido, Carlos Cuenca, quien finalmente resultó elegido con el apoyo de Vargas Lleras. 

Lorduy también minimizó lo ocurrido cuando se debatía el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso. El día de la votación final, se realizaba en Valledupar el congreso de Cambio Radical, y se suponía que por instrucciones de Vargas Lleras, sus congresistas no iban a apoyar el proyecto; pero no contaba con que uno de los suyos se presentara a última hora al capitolio y completara el quorum para conseguir la aprobación del Plan de Desarrollo, lo que generó un distanciamiento entre los Char y Vargas lleras; en este escenario Lorduy quizás pescando en río revuelto, decía que solo se trataba de discusiones menores. 

Antes de ser congresista Cesar Lorduy ejercía su profesión de abogado y muchos años fue asesor jurídico de la firma Monómeros Colombo-Venezolano. Así se granjeó un puesto entre la clase empresarial y política de Barranquilla y se mostraba muy “amigo” de los medios de comunicación. 

Sin ser empresario, pero sí ya allegado a los Char, consiguió ser nombrado representante del sector gremial en el consejo directivo de la Universidad del Atlántico. 

Apoyó con su voto a la elección de Carlos Prasca en la rectoría de esa institución. Prasca resultó luego envuelto en escándalos de acoso sexual a estudiantes, que según las denuncias, era una práctica que ya hacía cuando era rector del Instituto Tecnológica de Soledad (ITSA). 

Lorduy también fue denunciado ante los medios por una seguidora de su Tweeter, a quien acosaba y enviaba videos pornográficos para seducirla. O sea que compartía con Prasca los mismo desenfrenos.

Prasca llegó a la rectoría en el 2017 con el voto de Lorduy. Y en noviembre de 2019, renunció a su cargo y la Procuraduría General de la Nación le mantiene el proceso por acoso sexual. 

En la carta, Prasca dijo que tomó la decisión en respuesta al rechazo que generó en la comunidad educativa la autorización que dio al Esmad de ingresar a la universidad para controlar a los encapuchados que se tomaron el campus el 24 de octubre. Además, que él y miembros de su familia habían sido víctimas de amenazas y agresiones.

En el párrafo final de su renuncia, agradeció a varias personas, en sus palabras, por su apoyo especial para su designación y durante su gestión. En esas líneas hizo un reconocimiento a César Lorduy, actual representante a la Cámara de Representantes por el Atlántico, y a Leyton Barrios, actual concejal electo de Barranquilla.

Según los corrillos de pasillo, los agradecimientos a Lorduy y Barrios tuvieron que ver con que el par de políticos se beneficiaron con la rectoría de Prasca, ya que en el momento de su elección estos hacían parte del Superior y votaron a su favor a cambio de supuestas prebendas, uno en representación de los gremios industriales y el otro de los exalumnos.  

Y algo debe haber en el canto de cabulla porque un tiempo después ambos fueron avalados y respaldados por el Partido Cambio Radical y la familia Char en sus aspiraciones políticas.

Este apoyo de la casa Char a Prasca, según algunos profesores de la institución, habría sido correspondida con la autorización de OPS en 2018, que según los mismos docentes y alumnos alcanzarían casi $18.000 millones de pesos.

Lorduy, afirmó en medios de comunicación que la crisis de la Universidad no era nueva y que está asociada al desconocimiento y respeto a cualquier gobernabilidad. Que él votó, en ejercicio de su libertad por Prasca, como otros lo hicieron por otros candidatos, a pesar que por muchos medios se trató de impedir que ejerciera tal derecho.

«Para esa fecha, estaba lejos de mi visión explorar en la actividad política, la que con posterioridad asumí, no como un beneficio personal, sino como un compromiso con mi región. No tengo recomendados en la Universidad, no tengo ninguna OPS, jamás las he tenido, y para demás elementos de transparencia, jamás visité ni me reuní con el rector Prasca en la Universidad del Atlantico, ni en ninguna otra parte, con el objeto de pedir prebendas o contraprestaciones». 

César Lorduy también tiene en su historial, el asesinato de una joven, Alicia Ribaldo Pardo, en Barranquilla. La noche del 5 de marzo de 1979 en el establecimiento Coffe Shop, Alicia recibió un disparo con una escopeta que accionó Cesar Lorduy, quien nunca fue procesado, ni siquiera por homicidio culposo porque según Lorduy se tratói de un accidente porque «estaban jugando con el arma de dotación del celador del lugar». Sin embargo, testigos del hecho afirman que le apuntó a la cara, le dijo que la iba a matar y le disparó. 

Para la época la joven fallecida tenía 16 años y César Lorduy 23 y trabajaban juntos en ese lugar cuando eran estudiantes, ella de colegio y él de universidad. 

En resumen, César Lorduy se presenta como un defensor de la democracia y la libertad de expresión, pero solo si le sirven a sus propósitos. 

Supuesto defensor de la educación pública, pero no tuvo reparos en apoyar y defender a un rector a quien la Procuraduría lo acusó de «presunta extralimitación de funciones al utilizar su cargo para la supuesta obtención de favores sexuales de alumnas de la institución educativa». 

Como quien dice, el flamante congresista Lorduy es experto en tirar la piedra y esconder la mano. Y con todo y eso, aspira a seguir en el congreso de la República. 

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