La ingeniería legal del desfalco: PAE de Sincelejo, la «joya» de la contratación pública
Un contrato de $256.470 millones de pesos. Adjudicado en solo 15 días. Con un único oferente. Que compromete recursos públicos hasta 2027. Y que incluye presupuesto para 59 motocarros y 6 busetas. Todo perfectamente legal. Bienvenidos al fascinante mundo del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Sincelejo, la obra maestra de la ingeniería contractual colombiana.
Un pequeño municipio, un gigantesco contrato
La escena parece sacada de una novela kafkiana: Sincelejo, un municipio de 310 mil habitantes, firma el segundo contrato de alimentación escolar más grande de Colombia durante 2023. El monto: $256 mil millones de pesos. Para ponerlo en perspectiva, este contrato supera lo que invierten departamentos enteros como Huila, Cesar, Chocó, Córdoba y La Guajira en el mismo programa.
«Nosotros hoy tenemos cobertura universal. Algo que muchos entes territoriales no tienen«, se defiende la administración del alcalde Yahir Acuña. Lo que olvidan mencionar es que esta «cobertura universal» viene con un precio tan inflado que pondría a sudar a un elefante en sauna.
La maravilla del «régimen especial»
¿Cómo se adjudica un contrato de esta magnitud? Con la delicadeza de un cirujano jurídico. La administración municipal recurrió al «régimen especial con ofertas«, un procedimiento que evita las molestas complejidades de una licitación pública tradicional.
El cronograma fue una obra de arte en sí mismo: cuatro días para recibir propuestas (dos de ellos en fin de semana). ¿El resultado? Un solo proponente, la Unión Temporal PAE Universal 2024-2027, conformada por las fundaciones ‘Los Flamingos Alcanzando Nuestros Sueños‘ y ‘Proniños de hoy para hombres del mañana‘.
Como por arte de magia, en apenas 15 días desde el inicio del proceso, ya tenían adjudicado el jugoso contrato. Eficiencia pura. O al menos eso nos quieren hacer creer.
Vigencias futuras: hipotecando el futuro con elegancia
«La contratación del PAE por cuatro años busca estabilidad en el programa«, argumenta la administración. Traducción: amarramos los recursos de tres administraciones futuras sin que puedan objetar.
El contrato establece «vigencias futuras» de entre 50 y 60 mil millones de pesos anuales hasta diciembre de 2027. Una estrategia brillante que garantiza al contratista un flujo constante de recursos independientemente de los resultados o del próximo alcalde.
Como diría Alejandro Nieto en su libro «El desgobierno de lo público», no estamos ante casos aislados sino ante una «corrupción estructural» integrada perfectamente en el funcionamiento del Estado.
La cereza del pastel: motocarros y busetas
¿Pensaban que terminaría ahí? La creatividad no conoce límites. Para 2025, el contratista solicitó una adición de $8.680 millones de pesos. Entre los gastos justificados: 59 motocarros «cabinados de transporte ligero» y 6 busetas para transportar al personal.
La justificación es digna de un premio a la innovación: «El municipio no cuenta con un servicio de transporte público seguro» y el mototaxismo «supera el monto reconocido por auxilio de transporte«. Problema nacional resuelto con presupuesto público.
Cuando lo legal se convierte en coartada
Lo realmente perturbador de este caso no es que se estén rompiendo leyes abiertamente, sino que todo el entramado está construido dentro de los límites de la legalidad. Es precisamente lo que Alejandro Nieto denomina «desgobierno de lo público«: un sistema donde la estructura burocrática y política genera impunidad legalizada.
La administración insiste en que el proceso «ha sido fiscalizado a través de rendiciones públicas en vivo«. Pero como bien señala el texto sobre la corrupción estructural en Colombia, los «mecanismos de fiscalización resultan ineficaces o están cooptados«.
El círculo vicioso de la indiferencia ciudadana
Mientras tanto, la ciudadanía sigue el guion establecido: indignación efímera en redes sociales, alguna nota periodística y vuelta a la normalidad. Como apunta el análisis sobre la impunidad de gobernantes, «la indiferencia, la cobardía y la resignación» generan un círculo vicioso donde «la falta de acción popular refuerza la impunidad de quienes ostentan y detentan el poder«.
Los sincelejanos pagarán $256 mil millones hasta 2027 por un programa que incluye motocarros y busetas. Mientras tanto, el contratista se frota las manos y la administración celebra su «modelo de eficiencia«.
La verdad desnuda: sistema blindado
Si algo nos enseña el caso del PAE de Sincelejo es cómo operan los sistemas blindados de contratación pública en Colombia. No se trata de violar la ley abiertamente, sino de utilizarla como escudo.
Las «vigencias futuras» aprobadas por el Concejo, el «régimen especial» perfectamente legal, las adiciones presupuestales justificadas con argumentos plausibles… Todo enmarcado en un lenguaje técnico que esconde la realidad: estamos ante un contrato descomunal para un municipio de tamaño medio, adjudicado en tiempo récord, con un único oferente.
Como proponía Alejandro Nieto, lo que necesitamos no son solo nuevas leyes, sino transformar un sistema donde la impunidad se ha institucionalizado y la ciudadanía ha normalizado la corrupción como parte inevitable del paisaje político.
Mientras no exijamos mecanismos reales de transparencia, eliminación del aforamiento, responsabilidad patrimonial de funcionarios corruptos y penas severas para delitos de corrupción, seguiremos viendo cómo Sincelejo y cientos de municipios más son saqueados a plena luz del día.
Con la ley en la mano.
