Esta semana la asamblea del Atlántico aprobó sin mayores reparos, el proyecto de ordenanza mediante el cual vuelve a exonerarse del pago de las estampillas departamentales a los contratistas del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que suministran la alimentación a casi 49 mil estudiantes del departamento, en los municipios no certificados por el Ministerio de Educación.
En esta oportunidad, quien gane la licitación pública para la operación del suministro de raciones alimentarias para la población escolar, convocada hace escasos 10 días, por un valor de 20.558 millones de pesos, se ahorrará la nada despreciable suma de 2.549 millones de pesos.
El Privilegio que Sangra las Arcas Públicas
La impunidad tiene nombre y apellido en el Departamento del Atlántico: exoneración de estampillas. Un mecanismo perverso mediante el cual la Gobernación regala más de $2.500 millones al contratista del Programa de Alimentación Escolar (PAE), mientras la sociedad observa, impotente, cómo se desangran los recursos destinados al desarrollo social.
La jugada es tan elegante como cínica: bajo el supuesto de «ampliar la cobertura» del programa, la Asamblea departamental aprobó un proyecto que exime al futuro contratista del PAE del pago de siete diferentes estampillas que, en conjunto, representan un 11.8% del valor total del contrato.
No es un error, no es un accidente: la corrupción en Colombia no es un conjunto de casos aislados, es el modelo de negocio de una clase política que ha secuestrado el Estado como si fuera su propiedad privada.
El profesor Alejandro Nieto, cuya obra «El desgobierno de lo público» es casi un manifiesto contra la podredumbre institucional, lo describe con precisión quirúrgica: el Estado no está gobernado en favor de los ciudadanos, sino que ha sido capturado por una casta política que actúa como un parásito corporativo.
Los Números de la Indignación
Un contrato de $20.558 millones será «aligerado» en $2.549 millones. ¿El pretexto? Supuestamente para beneficiar a mil estudiantes más. Lo absurdo del argumento resulta evidente: ¿por qué un contratista millonario necesitaría ser eximido para hacer algo que debería ser parte de su responsabilidad social?
Esto es una prueba más de la política es un negocio, por lo que no es descabellado preguntarse ¿cuál fue el negocio para que los diputados del Atlántico aprobaran este regalo?
Las estampillas exoneradas son un catálogo de desarrollo truncado:
- Pro cultura: 2% del valor del contrato. Como si nos sobrara el dinero para la inversión en cultura.
- Pro Desarrollo económico: 2%. ¿Cuántas comunidades del Atlántico gritan por una ayuda económica para sus proyectos productivos?
- Pro electrificación rural: 2%. Ni hablar del atraso en materia de energías aternativas.
- Prohospitales universitarios: 2%. Allí los trabajadores llevan más de tres meses sin sueldol.
- Prociudadela universitaria: 0,9%. Sedes precarias y abandonadas.
- Pro dotación Tercera edad: 0.9%. Estos programas necesitan oxígeno urgente, no tienen recursos.
- Prohospitales primer y segundo nivel: 2%. Aquí, cada día las cosas se ponen más feas, procupante la falta de recursos.
El Método del Privilegio
La estrategia no es nueva. Desde 2018, amparados en un oscuro fallo del Consejo de Estado, la Gobernación ha venido concediendo estos «beneficios» que huelen más a complicidad que a política pública.
El protagonista recurrente: Servicios de Alimentación N.P S.A – La Vianda, un megacontratista que ha conseguido contratos millonarios año tras año, y que ahora recibe otro regalo envuelto en un discurso de «ampliación de cobertura«.
Preguntas sin Respuesta
¿Bajo qué criterios legales se exonera a unos contratistas y no a otros? ¿Cómo justifican violar principios de igualdad y equidad? ¿De dónde saldrán los recursos que dejan de ingresar?
El silencio administrativo es ensordecedor.
Radiografía: Más Allá de los Números
Este no es solo un problema de $2.549 millones. Es un síntoma de un sistema que normaliza la corrupción, que convierte el privilegio en política pública y que destroza cualquier posibilidad de desarrollo social genuine.
Cada peso exonerado es un hospital sin equipar, una escuela sin mejoras, un adulto mayor sin atención.
La verdad no es un titular. Es una radiografía.
