Cuando me decidí a estudiar Derecho, venía cursando la mitad de la Licenciatura en Ciencias Sociales y Económicas. No pretendía ser ABOGADO, sólo deseaba leer, entonces, el Código Civil Colombiano por aquello que era una traducción del francés realizada por el sabio chileno Andrés Bello del Código de Napoleón. Además quería aprender cómo defenderme.
Con esa pretensión, aún viva, estudié, hedonísticamente, durante muchos años la carrera de Derecho matriculándome, en distintos tiempos de aquella vida, en tres Facultades: la CUC, Atlántico y la Libre. Sólo vine a graduarme en ésta última cuando era padre de tres hijos, hoy postgraduados. Y en todas fui docente y en dos Decano.
Pero durante todo ese periplo de estudios universitarios descubrí, por cuenta propia, que el Derecho es un lenguaje, construido sólo para resolver aparentes conflictos originados por el otro lenguaje, el de los “mortales”, no para hacer justicia, sino para ejercer poder. Con esa palabra justicia no conozco, hasta hoy, ninguna asignatura en el sistema de enseñanza del Derecho en Colombia.
La vine a comprender qué es LA JUSTICIA, cuando Lelio Fernández, un sicólogo argentino, nos recomendó en un curso preselectivo para estudiar Maestría en Ética y Filosofía Política, que había que leer y estudiar a Aristóteles.
Traigo a cuento ese recuerdo académico, como todo abuelo de balcón, porque los colegas abogados litigantes de Barranquilla están protestando, en estos tiempos de pandemia, marchando y gritando con tapabocas, megáfonos y pancartas, por los alrededores del edificio del Centro Cívico, contra el Consejo Superior de la Judicatura para que se reabran, con las medidas de bio-seguridad necesarias, los despachos judiciales de nuestro reconocido Palacio de Justicia, cerrado después de Carnavales.
Y en la protesta, el colega Ángel de Paz declaró: “La Justicia Virtual no es justicia. Y además, es injusta!” Para rematar su discurso callejero contra la decisión epidémica de mantener el Palacio de Justicia cerrado para litigantes y público en general, comparó la apertura de iglesias con los juzgados.
Dijo, aflojando el tapaboca: “…Cómo es posible que se abran los templos y los comercios, y no se abra la Justicia que es lo más esencial” (ver Zona Cero viernes 4/9/2020). En las pancartas se leía que los litigantes del plantón exigían LA PRESENCIALIDAD en los estrados judiciales.
En verdad, las palabras del Ángel de la Paz, abogado como yo, me pusieron a meditar sobre una situación que nos ha traído la pandemia: La virtualidad de la nueva vida y como tal, lo virtual en la administración del servicio público de justicia. He ahí el origen de esta nota periodística que, de inmediato, nos recordó el reciente pronunciamiento virtual de un Juez de Cartagena de Indias ante la petición de matrimonio civil de un pareja homosexual. Es decir, EL PROBLEMA DE SI LO JUSTO ES UN DEBER MORAL O UN DEBER LEGAL. Semejante pleito para un torero de verónicas y estocada sangrienta. ¡Al ruedo torero! ¡Y olé!
Como ven creo aquí tiene que terciar Aristóteles quien, en occidente, expuso una teoría de la justicia y de la injusticia en el Libro V de la Ética Nicomaquea donde afirmó que:
Me dirán que eso fue en la antigüedad previa a la era cristiana, pero la actualidad del pensar de Aristóteles, más allá de los tiempos, está vigente si deseamos formar humanos decentes, es decir, virtuosos para que sirvan a los otros desde la Administración de la justicia, como la que diseñó la Constitución Política del 91 para lograr la igualdad socio-económica y el respeto por la dignidad humana.
En ese orden, lo injusto que denuncia Ángel de Paz no es el instrumento de la VIRTUALIDAD, sino la calidad humana de quien resuelve los conflictos. Lo virtual es otro de los lenguajes que EL DERECHO usa para ser vehículo de JUSTICIA, así como la PRESENCIALIDAD en los estratos. Sólo que LO VIRTUAL, por ser el lenguaje de éstos tiempos de pandemia, es lo más garantizador para que la peste “que mata”, como la hierba de la Sierra que, ahora, cura, no arrase con más vida entre abogados y ciudadanos contagiados por el virus que mata en “homicidios colectivos”. ¡El lenguaje!
En ese sentido creo que mantener los pasillos y despachos del Centro Cívico cerrados, que no clausurados, es una medida sana, apreciado colega Ángel de Paz porque en ese lugar, por ejemplo:
1. Los ascensores no funcionan óptimamente. Y cuando sirven son unos auténticos colmeneros de pasajeros. No sé cómo sería usar esos ascensores con 2 metros de distancia social;
2. En el Centro Cívico, NO HAY SERVICIOS SANITARIOS ADECUADOS. Y los que hay sólo los usan empleados. Los del público en general son pequeños, sucios y la mayoría de las veces están dañados. No sé dónde colocaran lavamanos y alcoholes como medidas de bioseguridad. Allá no hay espacios cómodos ” pá tanta gente” que clama ¡justicia! en cada esquina de Killa;
3. Si nuestros jueces o técnicos no oyen a gritos, no me imagino escuchando sobre tapabocas o escafandras. Un “torre de babel”;
4. Los espacios de las salas de audiencias, diseñados para la oralidad, son tan estrechos que no se puede guardar la distancia social y cualquier desadaptado, con una plebeda intestinal, puede provocar una estampida.
En fin, la cosa urbanística y arquitectónica de nuestros Palacio de Justicia es bien complicada frente a la epidemia que se propaga como verdolaga en playa.
Otra cosa son los jueces, como por ejemplo, el de Cartagena que aprovechando LA VIRTUALIDAD decidió transformar su Despacho “casero” en un TEMPLO y dictó sentencia contra una pareja diversa a sus creencias, alegando que su fe religiosa estaba por encima de la Ley a la que juró servir cuando se posesionó.
Creo que ese fallo es prevaricador. Y obvio, injusto, porque no solo causó daño a unos ciudadanos distintos a la mayoría, sino a una sociedad que consagró, en su Constitución Política, LA INCLUSIÓN como elemento integrador de la democracia participativa. No democracia de MAYORÍAS, sino de TODOS. De iguales ante la ley, sin importar sexo o religión.
Debe quedar claro que los estrados judiciales no son sitios para predicas y púlpitos, sino para definir conflictos de otros por un juez que es, según Carnelutti, un DIOS entre incivilizados que no son virtuosos y quieren imponer su “ley”. He ahí, el origen de los conflictos judiciales, muchos de los cuales se pueden evitar con una mejor educación jurídica, que privilegie los principios ante las reglas. Entre más desigualdad, más abundancia de leyes. Deben existir menos “legisladores” de voto comprado y más jueces lectores de Aristóteles.
Es imposible negar que en Colombia la administración de justicia sufre por la corrupción, que no es otra cosa que el interés personal primando sobre el interés general. El llamado “Cartel de la Toga” lo fundaron los legisladores elegidos por las mafias del narcotráfico, las chequeras y la violencia guerrillera. Y qué Justicia virtuosa se puede esperar de una sociedad de rodilla al poder del dinero de la droga, del terrorismo, las clientelas y la ignorancia. Una justicia de maldades. De vicios, no de virtudes ciudadanas.
Creo que los litigantes afectados todos por la emergencia sanitaria del Coronavirus debemos luchar por La DIGITALIZACIÓN de toda la administración de LA JUSTICIA y que sus espacios de PRESENCIALIDAD sean decentes, adecuados para un servicio público tan esencial como unos granos de sal sobre un huevo de gallina al desayuno.
No debe causar extrañeza al pedirle al Des-CABELLADO Ministerio de Justicia que, como hace Min-educación, obsequie tabletas a todo abogado litigante que no tenga aparatos tecnológicos para ganarse, honestamente, el pan de cada día. El hambre no tiene estrato socio-económico y no se aplaca con títulos para adornar paredes.
Además debemos ABOGAR por que en los claustros universitarios no se formen sólo ABOGADOS, técnicos en leyes, LEGULEYOS nos dicen con sevicia unos vecinos, sino JURISTAS, o sea sabios en hermenéutica. Hombres y mujeres doctos en virtudes.
Recuerden colegas que la palabra ABOGADO proviene del latín AD-VOCATÚ que significa UNA PARTE. Mientras JURISTA viene de IURIS, ley escrita por sabios. Los abogados somos partes en los conflictos judiciales, los juristas son legisladores, escriben libros, sientan doctrina y hasta redactan juris-prudencia. Prudencia es sabiduría. Enseñanza de Cicerón, quien fue advocatu y jurista.
Colombia, entonces, entró en LO DIGITAL en su administración de LA JUSTICIA, de emergencia, sin haber aprendido LA ORALIDAD Y SU TECNOLÓGIA. Volver a La Olivetti es ir para atrás. Sería INJUSTO.
Pero por favor, volvamos a leer, cada vez más, los 71 primeros artículos del Código Civil de Andrés Bello. Y veremos lo BELLO QUE ES IMPARTIR JUSTICIA PARA SERES HUMANOS. Y respetados Jueces de la República, no de un determinada iglesia, partido político o logía, no olviden nunca las virtudes consagradas en los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución Política vigente, la que juraron cumplir cuando aceptaron semejante empleo, destinado a divinidades. UN JUEZ ES UN DIOS: DECIDE EL DESTINOS DE SUS VECINOS, LOS MORTALES.