Todo un revuelo han armado en el país algunos medios de comunicación afines a los grandes grupos económicos, difundiendo con bombos y platillos la noticia de que la justicia venezolana tiene una orden de detención contra la fiscal Angélica Monsalve.
Lo curioso es que si la noticia hubiera tenido como protagonista a un opositor del gobierno maduro, o un fiscal afecto a Francisco Barbosa, no les llamaría la atención sino para criticar el aparato judicial al servicio del régimen de Maduro.
Pero como se trata de una fiscal incómoda para esa sociedad corrupta que vive y enriquece de los recursos públicos, que maneja los medios tradicionales de comunicación y controla la administración de justicia en Colombia, esa noticia es útil sin importar la fuente de donde venga y en ese caso sí hay que hablar de “justicia venezolana” y no del “aparato judicial al servicio del régimen”.
La historia
A mediados de julio, algunos medios de comunicación, con una clara tendencia de derecha, dieron a conocer un proceso que se le adelantó en Venezuela a Monsalve por los presuntos delitos de hurto calificado y estafa, en el año 2014.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano se confirmó que, efectivamente, hay «una orden de aprehensión vigente» en contra de Monsalve, incluso con una supuesta notificación a la Interpol desde el 2016.
«El 4 de julio de 2016 se solicitó ante el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del área metropolitana de Caracas, publicación de notificación roja a Interpol».
Según publicaciones periodísticas, se trata de una denuncia interpuesta por un ciudadano iraní quien se desempeñaba como presidente de la empresa Tarasazeh Tabriz Co., quien adquirió los servicios de la compañía Zumaseguros luego de que la empresa del iraní fuera seleccionada para un contrato con el Estado venezolano.
Precisamente la abogada que habría sido asignada por parte de Zumaseguros para llevar el proceso fue Angélica Monsalve, empleada de esta empresa en ese momento.
Respecto al estado del proceso indicaron desde el documento emitido por el ministerio: «la presente investigación se encuentra en fase preparatoria de investigación, ya que existe vigente requisitoria por parte de las autoridades».
Por su parte la fiscal Monsalve mediante su cuenta de Twitter nuevamente señaló que es víctima de una persecución a manos de Francisco Barbosa:
“Todo me está pasando por judicializar a influyentes, muchos de ellos cercanos al Fiscal General”, le dijo Monsalve a El Tiempo. Señala que la supuesta persecución que ha denunciado tiene relación con los procesos de los Ríos Velilla por el polémico contrato de TransMilenio en el que el fiscal Gabriel Jaimes decidió archivar la investigación en favor de los procesados; así como por el carrusel de carros blindados.
En este último proceso, Monsalve busca una nueva imputación durante los primeros días de agosto, aunque uno de los involucrados la denunció. Martín Ricardo Manjarrés Cabezas, dueño de M&M Group, y exrepresentante de Toyota y Renault denunció a la funcionaria judicial por estafa porque sostiene que lo presionó a aceptar un principio de oportunidad, declarar contra de varios implicados como los generales retirados Óscar Atehortúa y Rodolfo Palomino, a cambio de no imputar a su esposa.
El empresario fue imputado por concierto para delinquir, cohecho y tráfico de influencias en el proceso que lleva Monsalve como fiscal 414 de la seccional Bogotá. “Un imputado mío, Martín Manjarrés, denunció que abogados le están pidiendo plata para mí y la Fiscalía movió su aparataje judicial contra mí, sin pruebas”, le dijo al diario citado la funcionaria.
Monsalve sostiene que el proceso que se lleva en su contra en Venezuela también es un montaje judicial en el que pidieron su cabeza.
”Me informan que la @fiscaliacol pretende, después de solicitarlo ante 26 juzgados, capturarme. Debo advertir, ni pretendo suicidarme, ni asilarme, y además, ya informe a @CIDH, @ONUHumanRights y embajadas, de la presunta pretensión de Martha Mancera y su equipo. Repito: No podrán”, escribió Monsalve el 12 de julio en Twitter.
Lo curioso de este caso es que ahora la justicia venezolana, esa que ha sido tan atacada y cuestionada por funcionarios colombianos, principalmente por militantes del partido Centro Democrático (Álvaro Uribe), del cual es afecto el actual fiscal, Francisco Barbosa, sí cuenta ahora con la credibilidad suficiente para respaldar el caso contra la fiscal Monsalve.
También llama la atención que después de siete años, salga a relucir una orden de detención contra Monsalve, quien ocupa el cargo de Fiscal desde el 2017. Y cabe la pregunta: ¿acaso no se inveatigan los antecedentes judiciales o disciplinarios de cualquier ciudadano que aspira a un cargo público, más aún en una entidad como la Fiscalía?
Monsalve obtuvo su grado de Derecho en la Universidad de Táchira en Venezuela, donde también ocupó varios cargos.
Posteriormente en el 2014 regresó a Colombia, convalidó su título y tres años más tarde entró a la Fiscalía.
Desde el 2022, Monsalve mantiene un enfrentamiento con el fiscal Franciso Barbosa, a quien señala de perseguirla para evitar que adelante casos de corrupción. Y argumenta que como no pudieron trasladarla al Putumayo, se han dedicado a enlodar su ejercicio profesional.
El caso más reciente tiene que ver con la denuncia de Martín Ricardo Manjarrés, en el marco de la investigación por corrupción que sigue la Fiscal contra la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Según Manjarres, fue abordado por la Fiscal Monsalve en distintas oportunidades bajo la amenaza de que si no aceptaba el principio de oportunidad y declaraba contra varias personas entre las que se encuentrn, el exdirector de la Policía Nacional Rodolfo Palomino, su esposa Eva de Palomino, el excontralor Felipe Córdoba y su esposa Marcela Yepes terminaría preso.
Además, supuestamente un abogado cercano a la fiscal Monsalve le habría exigido 700 millones de pesos de los cuales.
La misma Fiscalía le adelanta otra investigación a Monalve por presuntamente haberse autoasignado el caso de la UNP, en el que está involucrado el sindicalista Wilson Devia.
Sobre la investigación penal y disciplinaria, por no aportar testimonios, ni pruebas para comprobar la veracidad de las presuntas presiones que recibió en el proceso contra los empresarios Ríos Velilla relacionado con el recaudo de Transmilenio, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia asumió el caso y dispuso varias actividades investigativas, entre estas escuchar en entrevista a la funcionaria judicial para que ampliara la versión que había entregado a varios medios de comunicación y diera detalles sobre las presuntas presiones en su contra y se le solicitó aportar los audios y otros elementos que también suministró a distintos a periodistas.
Los audios que se conocieron en marzo del 2022, se refieren a una conversación entre Monsalve y el entonces rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, que le pedía no imputarle cargos a Felipe Ríos, hijo de Alberto Ríos Velilla, conocido como el zar de las basuras. Felipe Ríos habría utilizado sus influencias como concejal en el año 2011, para que le fuera adjudicado el sistema de recaudo de Transmilenio a su tío y primo, Carlos y Javier Rios.
En ese momento la Fiscal Monsalve denunció que había sido ordenado su traslado al Putumayo, para quitarle las investigaciones de distintos casos de corrupción.
Monsalve se ha defendido de todas las acusaciones que se le han hecho y mantiene su teoría de la persecución por parte del Fiscal Barbosa.
Y el 19 de agosto escribió en su cuenta de twitter: Colombia mi país tu país, es un lugar muy peligroso. Quien levante la voz contra las mafias y el sistema corrupto termina acribillado física o moralmente, pretenden complicidad por la fuerza, y el aparato judicial un instrumento de extorsión para callarte y proteger al bandido.
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