Crisis de Salud en Colombia: Impacto de las Liquidaciones de EPS

Las liquidaciones de Empresas Promotoras de Salud (EPS) que han ordenado los distintos gobiernos desde hace más de 20 años, se han constituido en uno de los problemas más grandes del sistema de salud en Colombia, principalmente por cuenta de las billonarias deudas que han dejado a IPS públicas y privadas, ante las cuales no hay quién responda.

Se trata de clínicas y hospitales de Colombia que soportan sobre sus hombros las duras cargas que dejan las innumerables cuentas que omitieron pagar las EPS liquidadas; y otras que sucumben y terminan cerrando sus puertas porque se quedan literalmente asfixiadas y sin ningún apoyo para enfrentar esa realidad.

Deudas Millonarias y Consecuencias para Clínicas y Hospitales

Datos que suministran expertos en esta materia, como el investigador Vicente Calvo, aseguran que en solo 11 EPS liquidadas durante el gobierno de Iván Duque, las IPS se quedaron sin cobrar $7.1 billones de pesos entre 2018 y 2022 según sus propios estados financieros.

Solo por no hacerlas cumplir a cabalidad el régimen de inversiones de las reservas técnicas”, explica Calvo. Sin mencionar que las EPS receptoras tuvieron que volver a cargar al sistema sus costos de atención a seis millones setecientos mil (6.700.000) afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado, que tuvieron que ser trasladados a otras EPS.

Tras los hechos de corrupción, que quedaron al descubierto y ocasionaron la liquidación de la EPS Saludcoop en el 2011 (la que más usuarios atendía en ese entonces), la estocada final al sistema de salud, lo dieron Coomeva y Medimás con sus liquidaciones en 2021, porque dejaron 2 millones de afiliados con reservas técnicas aprovisionadas y no resguardadas por $3.5 billones, con el agravante de que los pacientes con enfermedades más crónicas y costosas los recibió SURA teniendo que duplicar costos (ya asumidos previamente por el sistema).

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Reservas Técnicas y su Rol en la Crisis

Es decir que no les faltó razón a quienes desde hace meses venían advirtiendo lo grave que resultaba que las EPS no contaran con sus reservas técnicas.

A la hora de hablar de responsables, mucho no dudan en apuntar hacia quienes habilitaron EPS con activos intangibles por más de $1.5 billones para respaldar patrimonio y los que permitieron que las liquidadas se fueran tranquilamente del sistema con las deudas pendientes.

Por ejemplo, en el 2022, tras su liquidación, los accionistas de Saludvida EPS despidieron a sus empleados, bajaron los avisos, entregaron las llaves de sus oficinas, de los pocos activos que tenían y se fueron para sus elegantes casas. Nadie les respondió a sus acreedores y por el contrario el agente liquidador, Darío Laguado Monsalve, expidió la resolución 0808 del 22 de abril del 2022, en la cual declaró un desequilibrio financiero de la entidad, y quedó debiendo más de un billón 400 mil pesos, de los cuales, $350 mil millones de pesos, correspondías a deudas con la red pública hospitalaria en 17 departamentos del país.

Nadie persiguió a estos ladrones inescrupulosos, ni la Fiscalía ni la Procuraduría y mucho menos la Contraloría movieron un dedo para recuperar este dinero.

Casos Destacados de Liquidaciones

Entre el 2021 y 2022, tres EPS liquidadas, Cafesalud, Cruz BlancaSaludvida sumaron más de $3.099.090.009.168 en pasivos por reconocimiento de acreencias que no pagaron, porque no tenían la provisión de las reservas técnicas.

Es por esto que conocedores del tema, como la exministra de Salud Carolina Corcho, afirman que el concepto de «aseguramiento» nunca ha existido en su totalidad y la prueba está en el no resguardo por parte de las EPS de las reservas técnicas.

Cabe anotar que diversos expertos reafirman que es diferente cuando se quiebra una EPS a cuando se quiebran muchas, porque las implicaciones negativas se multiplican exponencialmente, con pérdidas para los pacientes, los prestadores y el sistema mismo. Además, de nada han valido demandas, acciones populares y recursos jurídicos para reclamar el pago de deudas de EPS liquidadas e, incluso, se ha avizorado el riesgo de una crisis hospitalaria nacional por cuenta del número de EPS en liquidación.

Pero este panorama crítico del sistema de salud en Colombia no es nuevo, ni los procesos de liquidación de EPS.

La historia da la razón a quienes critican la Ley 100

Causas y Responsabilidades

La Ley 100 de 1993 creó las EPS como entidades responsables de la afiliación, el registro de los afiliados y el recaudo de sus cotizaciones. Esta norma también estableció que la función básica de las EPS es organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del entonces llamado Plan de Salud Obligatorio (POS) a los afiliados (hoy Plan de Beneficios en Salud [PBS]).

Pero, resulta que apenas cuatro años después, desde 1997, empezaron a sonar voces de alerta acerca de la situación financiera crítica de algunas EPS, que ponía en duda su continuidad en el sistema. Para ese entonces, Luis Prada del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, analizó los estados de resultados para el periodo 1997-2000, que fueron entregados a Supersalud por las 27 EPS activas a diciembre de 2000 (nueve EPS públicas y dieciocho EPS no públicas, entre EPS privadas y programas de Cajas de Compensación).

En dicho estudio denominado «Márgenes de utilidad de Entidades Promotoras de Salud en Colombia», se concluyó que los dos grupos de EPS analizadas presentaban resultados operacionales y netos negativos

Sin embargo, el estudio no incluyó a las Empresas Solidarias de Salud (ESS) del régimen subsidiado, a las cuales también autorizó el Gobierno a hacer parte del sistema de salud.

Estas empresas fueron creadas por el Documento CONPES Social 001 (23 de febrero/1993), con aportes del Gobierno nacional, departamental y municipal. Al promulgarse la Ley 100 en diciembre/1993, las ESS entraron a participar como administradoras preferenciales del régimen subsidiado si acreditaban ante Supersalud un patrimonio equivalente a 100 SMLMV por cada 5.000 afiliados (aportes de asociados, donaciones y excedentes capitalizados); un mínimo de 5.000 afiliados a la fecha de suscripción del contrato de administración de subsidios y de 50.000 al finalizar el tercer año, así como un margen de solvencia equivalente al 40% del valor mensual de la UPC-S.

A finales de 1997, existían 175 ESS en 28 departamentos, que sumaban 2,4 millones de afiliados: 155 empresas (el 65,7%) contaban entre 5.000 y 20.000 afiliados; 33 (el 18,9%) tenían menos de 5.000 afiliados, 24 (el 13,7%) tenían entre 20.000 y 50.000, y 3 (el 1,7%) más de 50.000 afiliados. La más pequeña contaba con solo 500 afiliados, mientras que la más grande tenía 172.763.

En los primeros años del SGSSS proliferaron pequeñas ARS y ESS que rápidamente se estancaron en cobertura, perdieron rentabilidad e incurrieron en prácticas de corrupción, por lo que el Gobierno modificó las exigencias de tamaño y condiciones financieras (Decreto 1804/1999). Esto implicó la fuerte reducción de la oferta y tamaño de ARS, principalmente de las ESS y programas de salud de cajas de compensación familiar (CCF).

Según datos de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales (ACHC), ya en 1996 la oferta de aseguramiento estaba constituida por 211 entidades, así: 18 EPS (que ofrecían ambos regímenes), 49 CCF y 144 ESS; para 2001, eran 53 y, en 2002, solo 43 entidades: 13 EPS, 13 CCF, 9 ESS y 8 EPS indígenas.

Es decir que en siete años desapareció casi el 80% de las aseguradoras que arrancaron cuando se promulgó la Ley 100.

Falta de Fiscalización y Cumplimiento de Normativas

En este contexto, el Gobierno nacional replanteó los requisitos exigidos a las ARS para administrar recursos del régimen subsidiado con el Decreto 1804 de 1999, las que no cumplían fueron objeto de liquidación y disolución por el Gobierno nacional. La gran mayoría de mutuales y cooperativas no pudo cumplir los requisitos para funcionar por lo que la Supersalud ordenó revocó su autorización para administrar el régimen subsidiado y su liquidación.

No obstante, llama la atención que, a este barrejobo de mutuales, curiosamente sobrevivieron cooperativas como Coomeva y Saludcoop, a las cuales el sistema, en cambio, terminó fortaleciendo al transferirle cantidad de afiliados.

Luego, para tratar de paliar la crisis generada principalmente en el régimen subsidiado, situación que se vino a sumar con la ampliación de la cobertura para llegar a la llamada cobertura universal, en el 2007 el Gobierno expide el decreto 574 de 2007 que definió las condiciones financieras y de solvencia del Sistema Único de Habilitación de EPS del régimen contributivo y Entidades Adaptadas. Además, les exigió acreditar y mantener un capital mínimo de 10.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), un monto de patrimonio técnico superior al monto de margen de solvencia, y constituir y mantener reservas técnicas.

Es decir, solo 13 años después de haberse promulgado la Ley 100, que creó las EPS como empresas aseguradoras del riesgo en salud de los colombianos, es que el Gobierno comienza a exigirles el resguardo de las reservas técnicas.

En el mundo de las aseguradoras, las reservas técnicas son un componente muy importante del pasivo en el balance contable de una compañía de seguros. De hecho, según los expertos, es el más importante y representa la estimación de los siniestros que pagará la compañía, incluyendo los gastos en que incurrirá al administrar sus pólizas y siniestros. Es decir, son las obligaciones presentes y futuras que tiene esta con los asegurados.

Por eso, no se entiende cómo el gobierno de la época (César Gaviria), se aprestó a crear un sistema de salud a través de la Ley 100, basado supuestamente en el aseguramiento, cuando ni siquiera exigía a esas aseguradoras una obligación tan básica como la tenencia de las reservas técnicas. O, simplemente hubo un descarado interés por favorecer a sectores políticos y empresariales, que vieron en los recursos de la salud, un buen negocio.

Lo cierto es que demasiado tarde se reaccionó, pues ya para el 2007, las quejas por la mala prestación del servicio de salud iban en aumento y muchos hospitales habían quebrado por falta de pago;  paralelamente iban conociéndose hechos de corrupción en el manejo de los recursos del sistema.

La crisis llegó a tal punto que la propia Corte Constitucional tuvo que intervenir y expidió la Sentencia 760 en julio del 2008, en la que ordenó a las entidades responsables de la salud en Colombia corregir las fallas que presentaba el sistema de salud pública y que marcó un nuevo punto de partida para transformaciones en el sistema de salud.

No obstante, no evitó esta sentencia que la corrupción se siguiera apoderando de los recursos del sector. Se le abona no obstante que gracias a ella se empezó a observar a la salud como un derecho fundamental autónomo y no como el negocio del que muchos aprovecharon.

Hoy, el panorama en vez de mejorar, empeora, o, por lo menos no varía mucho.

Ahora, nuevamente la solicitud de la EPS Sura para abandonar el sistema, y la liquidación voluntaria de Compensar,  vuelve a poner sobre el radar al sistema de salud, pero la crisis ni es nueva, ni ha sido causada por el actual Gobierno, con el que las EPS efectivamente sí tienen un enfrentamiento por el proyecto de Reforma a la Salud, que proponía la eliminación de las aseguradoras.

Propuestas y Soluciones

La semana pasada la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), gremio que agrupa a 11 EPS del régimen contributivo, Ana María Vesga, insistió que “la principal causa de la crisis estaba relacionada con la insuficiencia de la prima reconocida por la Nación (UPC). Ha pasado un año y no se tomó ninguna acción concreta que hiciera corregir el rumbo. Al contrario, el ajuste de la UPC impuso mayores cargas a las EPS y destinó crecientes recursos a fines distintos a la atención en salud de la población”.

Pero no dedica una sola línea a reconocer la falta de cumplimiento durante muchos años por parte de las EPS, con el régimen de inversiones y reservas técnicas.

Ni tampoco sobre el manejo inadecuado y corrupto que han hecho varias EPS de los recursos que deberían ser invertidos para asegurar la solvencia y calidad del servicio, lo cual según expresa el experto Vicente Calvo, “ha contribuido a déficits significativos. Resulta paradójico que, con fondos aparentemente suficientes, el sistema enfrenta crisis que podrían ser prevenidas con una gestión financiera prudente y transparente”.

Mejora de la Gestión Financiera y Transparencia

Por último Calvo indica que la actual situación “llama a una revisión urgente de las prácticas de las EPS y una mayor fiscalización por parte de las autoridades. La transparencia en la gestión y el uso adecuado de los recursos públicos son esenciales para restablecer la confianza en el sistema de salud y asegurar su sostenibilidad a largo plazo”, pues solo así “se podrá garantizar que el sistema de salud realmente responda a las necesidades de la población, brindando servicios de calidad y accesibles para todos”.

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Para entender mejor la situación actual del sistema de salud en Colombia, lee nuestro artículo sobre las propuestas de reforma a la Ley 100.


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