La Contraloría General de la República reveló un informe en el que detalla que tras analizar la contratación de los años 2020, 2021, 2022 y 2023, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, (UNGRD), ha detectado irregularidades en contratos que ascienden a los 5 billones de pesos.
Léase bien (óigalo bien): “irregularidades” que se traducen en manejos corruptos de un cúmulo de contratos, cuyos valores suman un total de $5 billones de pesos desde el 2020. Es decir, que hasta el momento no se sabe la cuantía de lo que se han llevado los corruptos con la anuencia de los diferentes gobiernos y entidades de control.
Solo hasta ahora la Contraloría es que actúa
Aun cuando en la investigación del organismo de control no se detalla la cuantía de los recursos con que se habrían quedado los corruptos por estos contratos, se señaló que esta contratación está relacionada con el programa “Hambre Cero“, así como el de carrotanques para el suministro de agua potable y el suministro de maquinaria para atender emergencias; y que estos procesos están concentrados en los departamentos de Santander, Córdoba, La Guajira, Bolívar y Boyacá.
“Estamos atendiendo las advertencias sobre una presunta afectación de dineros públicos por la compra de carrotanques, realizadas por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría” aseguró el contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga quien explicó que todas las actuaciones del caso estarán lidereadas por la unidad de investigaciones especiales contra la corrupción.
Sobre el tema de los carrotanques señaló que dicha contratación se focalizó únicamente en tres empresas a las que se les adjudicaron los millonarios contratos. De tal suerte, se investiga también un presunto favorecimiento en la contratación, dirigida a menoscabar el erario público.
Igualmente el organismo de control observó la presencia y continuidad de algunas empresas en la adjudicación de los contratos, empresas que vienen presentando incumplimientos en la formalización de los mismos, presuntos sobrecostos y violación a las normas contractuales.
El ente de control anunció que abrirá investigaciones por la presunta pérdida de más de $80 mil millones de pesos en la sola contratación de carrotanques, atendiendo sobrecostos, ejecución y funcionabilidad de los proyectos de suministro y abastecimiento de agua potable, en todo el país.
Durante el año 2023 se realizaron 31 contratos para provisionar alimentos a damnificados por el Fenómeno de La Niña. Los contratos fueron otorgados por Sneyder Pinilla, entonces subdirector de manejo de Desastres y el entonces director de la entidad Olmedo López.
Según Zuluaga en estos 31 contratos, valorados en $131.812 millones, se detectaron varias irregularidades, como que fueron otorgados a empresas que no contaban con personería jurídica o cuyo objeto de constitución no guarda relación con las actividades para las que fueron contratadas, carecen de experiencia o son presuntas empresas de papel. Se observa, además, un presunto interés indebido en la contratación e incumplimiento en el régimen contractual.
Así mismo reveló un incremento del 160% en la erogación destinada a la contratación de suministro de maquinaria amarilla en 2023, pasando de aproximadamente $88 mil millones durante el 2022 a cerca de $227 mil millones en la vigencia del año pasado, por lo que se indaga si se habrían dado dobles pagos o maquinaria no utilizada.
A esto se suma que una sola empresa acumuló 13 contratos que le fueron adjudicados por un monto superior a los $21 mil millones entre el 2021 y el 2024, año en el que la empresa presuntamente habría obtenido un contrato por casi un tercio del total mencionado.
En los últimos cinco años, la ejecución de obras para la mitigación de riesgos ha estado concentrada en el departamento de Santander, alcanzando un 29.78% del total nacional.
No obstante la Contraloría advirtió que las mayores irregularidades se habrían dado en contratos que iban dirigidos al departamento de Santander.
En los últimos cinco años, la ejecución de obras para la mitigación de riesgos ha estado concentrada en ese departamento, alcanzando un 29.78% del total nacional.
«Destaca el contrato actualmente en ejecución por la Unión Temporal Conexión Carrizal, con un valor de $185.439 millones, en una zona previamente intervenida por la UNGRD por los mismos riesgos», se lee en el comunicado de la Contraloría.
Dicha unión temporal ya recibió $37.087 millones para controlar inundaciones y socavaciones en Girón, Santander. Sin embargo, resalta que ya previamente se habían realizado cuatro contratos, por $36.341 millones, con el mismo fin.
Por ello el organismo anunció que auditará y evaluará 25 contratos adicionales de la UNGRD en Santander, que ascienden a $317.325 millones.
La también tardía actuación de la Procuraduría
En esa misma línea la semana pasada la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exdirector la UNGRD, Olmedo López Martínez, por los presuntos sobrecostos en la adquisición de 40 carrotanques destinados para el abastecimiento de agua potable en el departamento de La Guajira.
La Tercera Delegada para la Contratación Estatal también formuló cargos al exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el exsubdirector General, Víctor Andrés Meza Galván, quienes al parecer participaron en las actuaciones objeto de la investigación.
El ente de control indicó que los funcionarios supuestamente participaron en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público, al adquirir los vehículos con un sobrecosto superior a los $16.000 millones, es decir un incremento superior al 54 % con respecto a los precios reales del mercado y de $412 millones por cada uno de los carrotanques.
En el caso de Sneyder Pinilla, por su rol como supervisor del contrato, la Procuraduría formuló un segundo cargo por haber recibido a satisfacción los 40 carrotanques que se compraron, y aparentemente pasar por alto que no fueron entregados en las condiciones legales pactadas, por lo que no se cumplió a cabalidad el contrato.
Soborno del negocio de carrotanques se movió en bolsas de basura: testigo clave
Los extractos bancarios de una de las cuentas del empresario Luis Eduardo López Rosero se acaban de convertir en una de las evidencias clave dentro del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En febrero pasado, cuando EL TIEMPO reveló en primicia su nombre y nexo con la firma Impoamericana Roger SAS y con el turbio contrato de adquisición de 40 carrotanques, López Rosero y su entorno borraron fotos y datos en redes sociales.
‘Tenemos problemas’
Además, en la única entrevista que hasta ahora ha dado a medios, le dijo a EL TIEMPO que él y una de sus hijas le prestaron plata a Roger Pastas Fuertes (su trabajador) para adquirir los vehículos y por eso aparece gestionando su ensamblaje.
Pero, la investigación periodística estableció que, para esa fecha, López Rosero asegura haber recibido una llamada de Sneyder Pinilla, entonces subdirector de atención de desastres.
“En la comunicación, Pinilla habría dado el contacto de un abogado y dicho: 'Tenemos problemas'”, señaló una fuente enterada.
Lo concreto es que el empresario pastuso –viejo contratista de la UNGRD– es ahora piedra angular de la investigación por el contrato de $46.800 millones de pesos de los carrotanques que este diario reveló.
La cuarta empresa
El jueves, 30 de mayo, López Rosero rindió una declaración de más de 10 horas (con dos recesos) en la que terminó admitiendo su participación en el caso.
Confirmó, que no fue aleatorio –como dijo Olmedo López, ex director de la UNGRD– que las tres firmas que ofertaron los carrotanques estén ligadas a él.
Impoamericana Roger SAS aparece a nombre de su trabajador (testaferro) Roger Pastas. Un joven de 27 años, estudiante de veterinaria, que apenas modula algunas palabras cuando le preguntan sobre el caso.
La otra, Brand Sas, es de Sandra Brand Pantoja, esposa de López Rosero. Y la tercera, Luket SAS, es del empresario pastuso. Pero hay una cuarta empresa que llevó a López Rosero a colaborar con la justicia: Kalmo SAS.
Los extractos y bolsas
Se trata de una firma, donde figura su hija Karen, que aparece recibiendo uno de los desembolsos del opaco negocio. A cambio de desligar del caso a su esposa e hija (a quienes califica como terceras de buena fe), López Rosero entregó datos sobre cómo se ‘cocinó’ el contrato y mencionó a un asesor de Olmedo López.
Se refiere a Pedro Rodríguez, también de Nariño y exjefe jurídico de la gobernación de Camilo Romero (Alianza Verde).
Además de los tiquetes de viajes a Bogotá, López Rosero le dio a la Fiscalía los extractos bancarios de los desembolsos del soborno. Una fuente judicial confirmó que fueron $7.200 millones de pesos.
“Dijo que la plata se movió en bolsas de basura negras”, le aseguró a EL TIEMPO una fuente judicial.
El prestamista
Y aseguró que fueron desembolsados entre enero y febrero pasado. Por eso, se descarta que haya sido la partida que, según Olmedo López y Sneyder Pinilla, se usó para entregarles $4 mil millones de pesos a los presidentes de Senado, Ivan Name (Alianza Verde), y de Cámara, Andrés Calle (Liberal cercano al Gobierno Petro).
Desde un principio, Sneyder Pinilla dijo que un contratista le prestó la plata mientras salía el negocio de los carrotanques. Ahora, él y Olmedo López tendrán que revelar quién es el supuesto prestamista y probar el giro de la plata.
Además, entregar evidencia de los otros señalamientos que salpican al congresista Wadith Manzur y a funcionarios del Gobierno Petro, incluida la consejera para las regiones, Sandra Ortiz, quien renunció a su cargo.
Todos dicen que Pinilla y su ex jefe mienten.
Segunda parte de este artículo fue tomada de El Tiempo
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