La trama de corrupción detrás de la catástrofe de Córdoba
Adlai Stevenson Samper
@AdlaiSteven
En la aparente paradoja de por qué el presidente Gustavo Petro solicitó la renuncia —y no la destitución inmediata— del presidente de la Hidroeléctrica Urrá, se esconden las claves de una de las peores crisis humanitarias y ambientales que ha vivido Córdoba: 24 municipios afectados, 22 fallecidos, 69.000 familias damnificadas y 67.200 hectáreas inundadas. Detrás de cada metro cúbico de agua vertido irresponsablemente, hay un entramado de corrupción política que involucra a senadores, contratos billonarios y un negocio millonario con las termoeléctricas que sacrificó la vida de miles de cordobeses.
La emergencia que desnudó el negocio criminal
La respuesta a una inocente pregunta de carácter administrativo laboral encierra las claves de una crisis sin precedentes. Según datos satelitales de la Universidad de Córdoba, el 80% del departamento quedó bajo el agua, con una mancha de inundación que alcanzó 67.200 hectáreas. Pero la gravedad de la situación no reside únicamente en el fenómeno climático de La Niña, sino en las decisiones deliberadas que se tomaron en la operación de la represa.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) presentó evidencia técnica demoledora: desde 2020 hasta la fecha, la hidroeléctrica sobrepasó de manera sistemática los niveles máximos del embalse. Durante periodos continuos entre 2020 y 2026 se superaron los valores de la Curva Guía Máxima (CGM), el nivel máximo que garantiza un volumen vacío suficiente para enfrentar crecientes.
Los números no mienten: durante el monitoreo de 2024, el 20% de las mediciones incumplieron la CGM. En 2025, la situación empeoró. El patrón se consolidó en el segundo semestre, con la Curva Guía Máxima superada el 30,6% del tiempo evaluado. Estos datos confirman, según la ANLA, un comportamiento sistemático que aumenta el riesgo de emergencias en la región.
El negocio millonario detrás de los embalses llenos
Los indicios apuntan a una manipulación deliberada de los niveles de represamiento con diversos objetivos. Según el presidente Petro, el principal era apuntalar altas tarifas eléctricas mediante un mecanismo perverso: mantener las cotas de rebasamiento elevadas, dejando de generar energía hidroeléctrica barata para impulsar el consumo de las termoeléctricas, un negocio multimillonario en manos privadas.
La estrategia es de una simplicidad criminal: con las represas con cotas elevadas no se utiliza su potencial para las turbinas, dejando acumular el agua en el embalse con el propósito de dejarle una tajada del mercado eléctrico nacional a las térmicas. El resultado: mayores costos para los usuarios y mayores ganancias para los operadores privados de las plantas termoeléctricas.
El diseño del sistema eléctrico nacional contempla que hidroeléctricas y termoeléctricas funcionen de manera complementaria. En temporadas veraneras, con los embalses en descenso, las térmicas entran a suplir el déficit para evitar apagones. Pero lo que debería ser una relación técnica se convirtió en un acuerdo ilícito para repartirse el mercado, fijar precios y obtener beneficios ilegales. Una práctica anticompetitiva llamada técnicamente colusión.
La evidencia irrefutable
Alex Tordecilla Acevedo, gerente de Termobarranquilla (TEBSA), lo confirmó en octubre de 2024: «En estos momentos las térmicas estamos trabajando a toda capacidad para permitir que los embalses tengan un mejor nivel, eso se llama embalsar el agua. Lo que se quiere es que cuando empiece el verano eléctrico, que es cuando menos llueve, se pueda generar energía con esa agua almacenada y así evitar el racionamiento«.
Con esa misma lógica, pero invertida: en la medida en que los embalses estén altos, la energía se abarata y salen del mercado las termoeléctricas por sus costos. Así que dejar de producir en las hidroeléctricas implica que esa demanda la asumen las termoeléctricas con mayores costos, generando ganancias para los privados y mayores costos para el usuario. Urra suple de energía principalmente a Córdoba, Sucre, Bolívar y Atlántico.
La pregunta clave: ¿Renuncia o destitución?
Urra es una empresa estatal cuya directriz pertenece a la rama ejecutiva. El principal accionista es el Ministerio de Hacienda con 1.523.175.080 acciones que representan el 99.98%. En su junta directiva se encuentran tres representantes del Ministerio de Hacienda, dos del Ministerio de Minas y Energía, el gobernador de Córdoba y el alcalde del municipio de Tierralta.
El presidente Petro tiene amplia mayoría de cinco votos para cualquier decisión respecto a las directrices de la empresa. La posición de Presidente de una empresa descentralizada como Urrá S.A. E.S.P. es de libre nombramiento y remoción. Estos cargos implican especial confianza, funciones de dirección y gerencia, y su provisión depende de la discrecionalidad del nominador, no de concurso de méritos.
No era necesario solicitar la renuncia de Juan de Jesús Acevedo Rocha, presidente de Urra ESP. Bastaba, por las condiciones de irresponsabilidad en el manejo de la situación de emergencia de la represa, con destituirlo. Aquí empiezan las respuestas de este enigma: se trata solo de Acevedo, o de quienes lo impulsaron a esa posición, es decir, sus padrinos políticos.
Los ruidos de agua en el Congreso: el escándalo de los contratos
El 17 de septiembre de 2024, en la Comisión Quinta del Senado, se efectuó una sesión de control político a la Central Hidroeléctrica de Urrá. Los senadores citantes José David Name Cardozo, Marcos Daniel Pineda García y Didier Lobo Chinchilla solicitaron información sobre la contratación realizada en los últimos 15 años con las empresas Generarco S.A., Energéticos ESP y Energía Limpia y Eficiente, y las implicaciones en los estados financieros y utilidades de la empresa.
A la sesión fueron invitados el gerente de Urra, Eduardo Díaz Pérez, miembros de su Junta Directiva, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla González, la Procuradora General Margarita Cabello Blanco, la Fiscal General Luz Adriana Camargo Garzón y el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez Becerra.
Las denuncias fueron contundentes, muy apesar de que inieron de voceros cuestionados:
El senador Marcos Daniel Pineda (Partido Conservador) señaló que Urra es indolente social con la Región Caribe: «En medio de las crisis tarifarias que viven los habitantes, esta empresa prefiere venderles energía a otras empresas en el interior del país«.
El senador José David Name (Partido de la U) indicó que Urra hizo grandes ventas de energía por valor de $1,4 billones de pesos, de los cuales el 74% se concentró en tres empresas privadas: «No les vende a las empresas públicas del Estado como Afinia, AIR-E, Chocó, Huila. Esto no tiene explicación«.
El senador Didier Lobo (Cambio Radical) denunció que es insólito que se le regale energía a otras empresas y no se le venda a buen precio a las operadoras de energía de los departamentos de la costa: «Los entes de control deben investigar las denuncias hechas en esta comisión, donde se nota la falta de transparencia y el favoritismo en la adjudicación de los contratos«.
La investigación de la Procuraduría
El 2 de septiembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios del Ministerio de Hacienda y de Urrá S.A E.S.P por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos que superarían el billón de pesos.
El caso se remonta a la gestión de negocios con 10 empresas para la venta de energía a comercializadoras —léase intermediarios— sin criterios técnicos de asignación. Se generaban ganancias para estas empresas en condiciones simuladas de negociación para darle apariencia de legalidad.
Estas empresas, vinculadas a personas allegadas al poder político, de forma sigilosa y subrepticia, compraron a Urra 5.319 gigavatios a precios inusualmente bajos. El monto de estos contratos rondaba los $1.4 billones, dejando a los compradores réditos de $300.000 millones con pérdida para la hidroeléctrica y su patrimonio.
El truco del estatuto
El negocio se generó en el segundo semestre de 2024 y parte de 2025, y guarda relación con la determinación del precio de oferta de energía durante el periodo de aplicación del Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento. Este mecanismo genera enormes ganancias a sus controladores y socios.
El truco consiste en un conjunto normativo que permite activar el mecanismo de recuperación forzada del sistema frenando el «desembalsamiento«, sustituyendo el despacho de energía de las centrales hidroeléctricas por fuentes térmicas. En ese proceso, se almacena energía en forma de agua al reducir el uso del agua de los embalses, usando las térmicas y subiendo los costos.
Según la Contraloría, Urra mantuvo siempre por debajo del precio de escasez su precio de oferta diaria de energía. Durante 46 de los 52 días de aplicación del Estatuto (del 15 al 20 de noviembre de 2024), el precio de oferta diaria estuvo por debajo del precio en bolsa con gran margen. Esta rebaja impactó financieramente a la empresa, asumiendo cargos por valor de $241.614.659.909, pagados durante 2025, afectando ingresos, patrimonio y liquidez de Urrá.
Los dueños del negocio: la conexión con el poder
¿Quiénes son los propietarios mayoritarios de las empresas beneficiadas con esta política de rebajas en la venta de energía?
Generarco S.A. es de Mauricio Sanguino Kuri, socio de años atrás de Danilo Romero, casado con una de las mejores amigas de Verónica Alcocer y cercano a Ricardo Roa, quien por esos días lo proponía como la cabeza de CENIT, dentro del grupo Ecopetrol.
Energéticos ESP es de Marisol Segura Díaz, propietaria del edificio donde funciona la empresa de Julián Caicedo Cano, pareja de Ricardo Roa y de una hija de Santiago Vargas, financiador de la Colombia Humana.
Energía Limpia y Eficiente (ELEFI ESP), cuyo gestor de negocios ha sido uno de los mejores amigos de Nicolás Petro.
Los controladores políticos de Urra: el clan Chagüi
El año 2026 es eminentemente electoral. Las empresas del estado controladas por políticos hacen todo tipo de pilatunas jurídicas para armar contratación con vistas a financiar las campañas. Los senadores Julio Elías Chagüi y Julio Alberto Elías, del Partido de la U, nativos de Córdoba, colocaron a personas de sus grupos en posiciones directivas en Urrá. Chagüi es actualmente el presidente de la Comisión Primera del Senado.
Juan Acevedo, el presidente renunciado, pertenece al grupo político de Chagüi. Como nadie llega a esos puestos por méritos sino en condición de cuota política, al llegar Acevedo al cargo comenzó a funcionar la podadora y contratadora de la maquinaria de Chagüi. La primera irregularidad es que estaba inhabilitado para el ejercicio pues había llegado a la edad de pensión.
Otros directivos con respaldo directo de Chagüi y Elías son Marcelo Escalante Barguil, gerente administrativo y financiero de Urrá S.A., quien fue secretario de gestión administrativa y financiera de Salim Chagüi cuando fue alcalde de Cereté.
El senador Chagüi: el intermediario de la corrupción
Julio Elías Chagüi no es un senador cualquiera. Su nombre ha sido mencionado reiteradamente en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Es investigado por presuntamente haber actuado en representación de nueve congresistas de la comisión que ahora preside en el direccionamiento irregular de contratos públicos.
Durante la audiencia de imputación de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, la fiscal de apoyo ante la Corte Suprema de Justicia, Andrea Muñoz, señaló: «El 4 de diciembre de 2023, usted, señor Olmedo López se reunió con el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, quien le solicitó direccionar contratos al interior de la Unidad para favorecer al congresista Julio Elías Chagüi Flórez, por un valor aproximado de $35.000 millones de pesos«.
Olmedo López, exdirector de la UNGRD, entregó información a la Fiscalía sobre la presunta coordinación entre Chagüi y Velasco para comprar votos de congresistas, destrabar la discusión de proyectos del gobierno y entregar contratos a cambio de favores políticos. María Alejandra Benavides, exasesora del exministro Bonilla, describió a Chagüi como «una especie de cacique entre los congresistas de la Comisión de Crédito Público» que operaba como intermediario para canjear votos por contratos.
El contrato de Sahagún y Cotorra: cuando la corrupción mata
La Fiscalía investiga cómo Chagüi presionó para que un contrato de $28.141 millones en Sahagún (su feudo político) fuera declarado «obra de emergencia«, figura jurídica que permite ejecución rápida sin cumplir requisitos técnicos. El atajo perfecto para la corrupción.
Pero hay algo más grave. A través de Chagüi se había pactado también un contrato para Cotorra, municipio de 8.000 habitantes en zona inundable, por $44.522 millones. El contrato, que debía proteger a la población, nunca se ejecutó. ¿El resultado? En febrero 2026, Cotorra se inundó. La alcaldesa María Eugenia López Díaz fue lacónica: el municipio fue «víctima del entramado de la UNGRD«.
Dato revelador: Salim Chagüi, hermano del senador, recibió pagos mensuales de $7 millones por «labores jurídicas y de enlace» con el Ministerio del Interior. Total: $120 millones entre 2023 y 2024. Según Olmedo López, a través de Chagüi se canalizaba «la compra general de apoyo legislativo» de la Comisión de Crédito Público.
La cadena de irregularidades administrativas, financieras y contractuales
Es una larga cadena de irregularidades administrativas, financieras y contractuales en Urra ESP que, por sus características de alta tecnología, manejo ambiental e impacto en la generación de energía, no debería ser entregada como cuota a politiqueros de Córdoba.
Es difícil creer que las decisiones de embalsar agua en la represa y dejar de generar energía hayan sido tomadas motu proprio por Juan Acevedo. Allí se encuentran claves de negociaciones secretas con termoeléctricas, corrupción armada en tejemanejes jurídicos con obvios beneficios a un grupo de interesados.
De malas que se les metió el mal tiempo anunciado por el IDEAM y lograron, indirectamente, propiciar una terrible crisis social y ambiental en Córdoba. El meteorólogo Max Henríquez fue contundente: «Un embalse no se llena con tres días de lluvia. Un embalse se llena con una temporada lluviosa. Solamente con un puro sentido común y lógica, entiendo que uno debe recibir un fenómeno de La Niña con un embalse a medio llenar«.
La responsabilidad del presidente Petro
En ese sentido, Petro, más que pedir la renuncia de Acevedo a la presidencia de Urra, debió retirar ipso facto al grupo de control político del senador Julio Chagüi por el irresponsable manejo de esta represa con tanta incidencia ambiental e hidrográfica sobre el territorio de Córdoba. Chagüi es indirectamente responsable de inundaciones, familias desplazadas, damnificados y fallecidos por su codicia y sed de poder.
Una parte de la responsabilidad la tiene también, aunque ahora pretenda acusar a los directivos de Urra, el propio presidente Petro. Ni que hubiese nacido en otra zona del país y no conociese a la clase política depredadora —con fama nacional— del departamento de Córdoba asumiendo control integral de una empresa estratégica.
Esas entregas por cuotas burocráticas no constituyen ningún cambio histórico. Son la perpetuación del mismo sistema de corrupción que Petro prometió combatir. Mientras el presidente juega a pedir renuncias en lugar de ejecutar destituciones, los verdaderos responsables —los padrinos políticos que colocaron a sus fichas en Urra— permanecen intocables, tejiendo nuevas redes de contratos para las elecciones de 2026.
Conclusión: corrupción estructural
Esta no es una historia de incompetencia técnica ni de fenómenos naturales impredecibles. Es la historia de cómo la corrupción estructural convirtió una empresa estratégica del Estado en botín político, sacrificando la vida y el patrimonio de 250.000 cordobeses en el altar de los negocios millonarios y las cuotas burocráticas.
Es la historia de senadores que trafican con la desesperación de las comunidades, de contratos billonarios que nunca se ejecutan, de embalses manipulados para beneficiar a las termoeléctricas privadas, de funcionarios inhabilitados que llegan a cargos directivos por ser fichas políticas, de un presidente que conoce la podredumbre pero opta por solicitar renuncias en lugar de ejecutar destituciones.
Mientras las 69.000 familias damnificadas intentan reconstruir sus vidas y llorar a sus 22 muertos, los verdaderos culpables —Julio Elías Chagüi y su maquinaria política— ya están preparando los contratos de «reconstrucción» que les permitirán financiar sus campañas para 2026. Porque en Colombia, como lo demostró una investigación del Banco de la República, existe estrecha relación entre la frecuencia de desastres naturales y un aumento en la corrupción observada. A más desastres, más dinero sin control, más corrupción.
Este es el verdadero crimen: no solo las 67.200 hectáreas inundadas, sino el sistema de corrupción que las hizo posibles. Y hasta que no se desarticulen estos entramados políticos que controlan empresas estratégicas como Urra, seguiremos contando muertos cada vez que llueva en Córdoba.
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