Mientras en España la justicia empieza a condenar a los responsables del desfalco a Canal Isabel II, en Colombia no hay resultados notables al respecto de los negociados sobre la empresa Triple A de Barranquilla. Lo poco en que se ha avanzado es por las evidencias incontrovertibles producidas en el marco de la hispánica Operación Lezo.
La investigación local, bautizada por el entonces Fiscal General Néstor Martínez –no sabemos si en un rapto de su conocido sentido del humor– Acordeón, no solo está desafinada sino que el 80% de los hechos investigados, no ha sonado. Es pues, un caso sui generis de acordeón muda.
El caso tiene varias líneas de investigación en lo relacionado con Inassa y Triple A de Barranquilla que dan para conformar un extenso libro, pues sus ramificaciones pasan por el poder político y la corrupción empresarial en un gigantesco concierto para delinquir.
Recordemos que uno de los episodios más sonados –“mi acordeón pitador, como pita!”- sucedió cuando el vicepresidente madrileño Ignacio González estuvo de visita en Bogotá y Cartagena de Indias (Colombia) cuadrando caja y negocios. Lo hizo como responsable de Canal Isabel II en tono alegre y turístico sin percatarse que tras sus pasos tenía un equipo de investigadores que se encargaron de grabarlo –a él y otras personas– en las operaciones irregulares llevadas a cabo.
Este viaje a Colombia sucedió en agosto de 2008 llegando el día 28 a Cartagena en clase business en el vuelo AV8548. Acá se entrevistó con el entonces presidente Uribe solicitando su apoyo para evitar que los negocios en Colombia se malograran debido a decisiones administrativas que estaba dispuesto a tomar Alex Char, Alcalde de Barranquilla, en torno a la participación del Distrito en el accionariado de Triple A.
En España indican que en la comitiva había un constructor, J.B., que supuestamente tenía parentesco con el jefe de la trama delictiva. Es cuando aparece la célebre escena del sequito de Ignacio González entrando a un inmueble alquilado por la Triple A de Barranquilla en Cartagena, llevando en sus manos bolsas blancas que según ellos eran “regalos” –totalmente cierto– y que para investigadores era el pago en rama, en “cash money”, de coimas. Total, entraron con bolsas y presto salieron a los diez minutos sin ellas.
Levante de cargos a los implicados
El 29 de enero de 2020 la Fiscalía Anticorrupción española pidió ocho años de cárcel y 19 de inhabilitación absoluta para el expresidente madrileño Ignacio González en el caso Lezo por fraude a la administración y malversación de caudales públicos. El centro de la investigación fue la compra en 2013 de la empresa Emissao de Brasil, inflando los precios de compra para repartirse el botín entre los implicados. Fue González quien aprobó la compra del 75% de las acciones de Emissao en donde la comunidad de Madrid sacó más de 20 millones de euros y al mes había bajado misteriosamente a su verdadero nivel de 10.6 millones de euros y luego –oh desaliento madrileño- costaban apenas 5.3 millones en una depreciación real del 75%. Un auténtico robo de alto nivel por $15 millones de euros.
Señala la Fiscalía Anticorrupción española que «el acusado Jaime Ignacio González González aceptó el plan propuesto en consciente perjuicio de la Administración autonómica y contactó a tal fin con su íntimo amigo, el acusado Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo de INASSA, sociedad a través de la cual el Ente Público Canal de Isabel II ejecutaba su política de expansión internacional, encomendándole la gestión de dicha operación con el encargo de que garantizara en todo caso el cobro de comisiones».
Aquí aparece de cómplice y compinche empresarial la sociedad Inassa, de Barranquilla, propietaria de la Triple A en un 82%, dirigida por Edmundo Rodríguez. En el mismo escrito de acusación dice la fiscalía española que «todo ello se llevaría a cabo bajo la permanente supervisión y vigilancia del acusado Jaime Ignacio González González, quien fijaría las cuantías de las comisiones, siendo la suya el doble que las de los demás, para lo cual mantuvo reuniones con algunos de los acusados en su propio despacho oficial de la Presidencia de la Comunidad de Madrid».
No tenía salida Jaime Ignacio González en el proceso pues uno de los testimonios demoledores en su contra lo dio Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, filial del Canal de Isabel II en Sudamérica. Rodríguez, viéndose perdido, con apartamentos y cuentas investigadas, decidió presentar un escrito la Audiencia Nacional admitiendo que recibió una comisión ilegal de 1,8 millones de dólares que tenía como último destinatario al expresidente de la Comunidad de Madrid.
Este dinero permaneció oculto en una cuenta bancaria en Colombia hasta que la Operación Lezo en abril de 2017 empezara a dar resultados palpables. Para Rodríguez Sobrino, ex presidente de Inassa. el juzgado de la Audiencia Nacional española que instruye el caso pidió 7 años de cárcel y 16 años de inhabilitación en los cargos de fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos.
A este torrente de autoincriminaciones se sumó Diego García Arias, detenido en Colombia, exdirector de Negocios y Expansión de Inassa. Desde 2017 le dio a la fiscalía española nombres de empresas, políticos sobornados, testaferros y nominaciones de cuentas bancarias en donde se ocultaban los fondos productos de las defraudaciones. Según él, cinco personas se llevaron 5,4 millones de dólares, entre ellas Ignacio González, Edmundo Rodríguez y él mismo. Dijo la fiscalía: «Al acusado Jaime Ignacio González González, oculto bajo el apodo Conde, le correspondían 1,8 millones de dólares». Para el caso de García, por notoria colaboración para desatar el entramado de corrupción, la fiscalía española pidió dos años de prisión y cinco de inhabilitación.
En el testimonio de García a la Fiscalía española dijo que 2 de los $5.4 millones de dólares se entregaron a Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta; y a Ramón Navarro Pereira, ex gerente de la Triple A en Barranquilla. Para el primero la Fiscalía española pidió 7 años de cárcel y cinco de inhabilitación. Para Navarro 2 años de cárcel y 5 de inhabilitación. Otros encartados fueron María Fernanda Richmond, exdirectora del Canal, y Sebastiao Cristovam, exrepresentante de Emissao. A la primera se le atribuye un delito de malversación de caudales públicos y se enfrenta a cinco años de prisión y a doce de inhabilitación absoluta, mientras que al segundo se le atribuye tanto malversación como fraude a la administración: la Fiscalía pide para él seis años y seis meses de cárcel y quince de inhabilitación para empleo o cargo público.
Es preciso señala que a Ramón Navarro Pereira los directivos de Canal Isabel II lo despidieron al encontrarse su nombre y el de su esposa en cuentas bancarias en paraísos fiscales, trama develada en el escándalo del bufete panameño Mossack-Fonseca, aunque en Barranquilla los medios de comunicación echaron a andar el cuento que “Navarro había renunciado”. Despedido y después capturado.
Las cuentas bancarias en Suiza
Con el levantamiento de cargos, la delación y el cruce de investigaciones, se han producido otros resultados relacionados con los capitales sustraídos de Canal Isabel, Inassa y por supuesto Triple A ubicados en cuentas bancarias en paraísos fiscales. El 2 de marzo de 2020 el juez de la Audiencia Nacional española Manuel García-Castellón dijo que las autoridades suizas le habían remitido más de 2.300 documentos bancarios relacionados con cuentas en el país helvético vinculadas a uno de los imputados en el caso Lezo, Ildefonso de Miguel, ex gerente de Canal Isabel II y hombre de confianza de Ignacio González.
Los datos pertenecen a productos financieros abiertos en el Falcon Private Bank AG, de Zurich, a nombre de las sociedades pantalla Sparklingwater Management, SA y Surtain Trading, SA. La respuesta corresponde a una solicitud presentada en abril de 2017 cuando encontraron en un allanamiento de una empresa de De Miguel un correo electrónico con fecha febrero de 2011 en donde este solicitaba a un empleado de la oficina que Credit Suisse tiene en la isla de Guernsey —un territorio británico en el Canal de la Mancha que fue considerado paraíso fiscal por la UE hasta marzo de 2019— que transfiriera “todos los fondos” al depósito que la sociedad Sparklingwater tenía en el banco de Zurich.
Pedía la carta que “una vez que se haya realizado la transferencia”, se cerrase la cuenta en Guernsey en la que, según documentos bancarios, hubo un saldo cercano al medio millón de euros. La investigación, centrada en un primer momento en Sparklingwater se ha extendido a las cuentas a nombre de otra sociedad, Surtain Trading, registrada en Panamá en diciembre de 2000 y cerrada ocho años después. En total, la documentación enviada ahora por Suiza ocupa cinco tomos.
Puede apreciarse que en España el manco y ciego Blas de Lezo ha caminado perfectamente en la operación que lleva su heroico nombre, mientras que la denominada Acordeón en Colombia sigue en sospechoso silencio sobre los responsables de la rapiña a la ciudadanía de Barranquilla de su empresa de servicios públicos.
La excepción de esta “prudencia” investigativa es una confiscación de acciones decretada durante la Fiscalía de Martínez Neira las cuales ingresaron en la Sociedad de Activos Especiales en calidad de custodia mientras aparece desde las sombras, los nuevos pretendientes de la joya de la corona de Canal Isabel II en América latina.
El acordeón suena mal.
